Sentencia nº 0081 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Enero de 2020.

EmisorPrimera Sala Suprema Corte de Justicia
Número de resolución0081
Número de sentencia0081

Sentencia núm. 0081-2020

Exp. núm. 2008-2177

Partes: Central Oriental de Casas y su Plan Hogar Central vs. Banco Popular Dominicano, C. por A. Materia: Demanda en reparación de daños y perjuicios, cumplimiento y ejecución de contratos Decisión: Rechaza

Ponente: M.. N.R.E.L.

C.J.G.L., S. General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 29 de enero de 2020, que dice así:

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, constituida por los jueces P.J.O., presidente, N.R.E.L., miembro y R.V.G., juez de la Tercera Sala, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de G., Distrito Nacional, en fecha 29 de enero de 2020, año 176° de la Independencia y año 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Central Oriental de Casas y su Plan Hogar Central, entidad organizada bajo las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la calle A.F. de N. # 112 alto, ensanche Los Mina, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente representada por el señor S.C., dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0519434-4, con el mismo domicilio de la recurrente. Sentencia núm. 0081-2020

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Partes: Central Oriental de Casas y su Plan Hogar Central vs. Banco Popular Dominicano, C. por A. Materia: Demanda en reparación de daños y perjuicios, cumplimiento y ejecución de contratos Decisión: Rechaza

Ponente: M.. N.R.E.L.

En este proceso figura como parte recurrida el Banco Popular Dominicano, C. por
A., institución bancaria de servicios múltiples, organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la avenida J.F.K. #20, esquina M.G., T.P., de esta ciudad de Santo Domingo de G., quien tiene como abogados constituidos a los Licdos. C.M.Z.S. y Y.R.P.P., dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0066343-4 y 001-0892819-3, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida G.M.R. esquina avenida A.L., T.P., piso 11, local 1102, ensanche P., de esta ciudad de Santo Domingo de G..

Contra la sentencia núm. 019-2008, dictada el 17 de enero de 2008, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente establece lo siguiente:

PRIMERO: Declara bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la compañía CENTRAL ORIENTAL DE CASAS, S.A. y su PLAN HOGAR CENTRAL, mediante acto No. 255/07, de fecha dieciséis (16) del mes de mayo del año dos mil siete (2007), del ministerial J.A.A.G., alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 0268-7, relativa al expediente No. 036-05-0925, de fecha diecinueve (19) del mes de marzo del año dos Sentencia núm. 0081-2020

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mil siete (2007), expedida por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor del BANCO POPULAR DOMINICANO, C.P.A.; por haber sido interpuesto de conformidad con las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en parte el mencionado recurso de apelación, REVOCA en todas sus partes la sentencia recurrida y, en consecuencia, AVOCA al conocimiento del fondo de la demanda en Cumplimiento de Contrato y Reparación de Daños y Perjuicios; TERCERO: RECHAZA la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por la entidad CENTRAL ORIENTAL DE CASAS, S.A. y su PLAN HOGAR CENTRAL contra el BANCO POPULAR DOMINICANO, C.P.A., mediante acto No. 821, de fecha 29 de septiembre de 2005, del ministerial P.P.B.R., alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; CUARTO: COMPENSA las costas del proceso, por haber sucumbido ambas partes en respectivos puntos de derecho.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA QUE:

A) En el expediente constan depositados: a) memorial de casación depositado en fecha 5 de junio de 2008, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia recurrida; b) memorial de defensa depositado en fecha 4 de diciembre de 2009, donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y c) dictamen del Procurador General de la República, de fecha 24 de febrero de 2010, donde expresa que deja al criterio de la Suprema Corte de Justicia la solución del recurso de casación del que estamos apoderados. Sentencia núm. 0081-2020

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B) Esta sala en fecha 2 de octubre de 2013 celebró audiencia para conocer del indicado recurso de casación, en la cual estuvieron presentes los magistrados que figuran en el acta levantada al efecto, asistidos del secretario y del ministerial de turno; con la comparecencia del abogado de la parte recurrida; quedando el expediente en estado de fallo.

C) Mediante auto núm. 0010-2020, de fecha 22 de enero de 2020, la magistrada P.J.O., presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, llamó al magistrado R.V.G., para que participe en la deliberación y fallo del presente recurso de casación, en vista de que los magistrados S.A.A. y J.M.M., miembros de esta sala, conocieron y decidieron del proceso en las instancias de fondo, y el magistrado B.R.F.G., se encuentra de licencia al momento de su deliberación y fallo.

LA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO, CONSIDERA QUE:

1) En el presente recurso de casación figura Central Oriental de Casas y su Plan Hogar Central, parte recurrente; y Banco Popular Dominicano, C. por A., parte recurrida; litigio que se originó en ocasión de una demanda de reparación de daños y perjuicios, cumplimiento y ejecución de contrato, interpuesta por la actual recurrente contra el ahora recurrido, la cual fue declarada inadmisible por el tribunal de primer grado mediante sentencia núm. 268-07, de fecha 19 de marzo Sentencia núm. 0081-2020

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de 2007, decisión que fue recurrida ante la corte a qua, la cual acogió en parte el recurso, revocó el fallo apelado y rechazó la demanda original mediante sentencia núm. 19-2008, de fecha 17 de enero de 2008, decisión ahora impugnada en casación.

2) La parte recurrente plantea contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: “Primero Medio: Violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento está a cargo de los Jueces. Documentos no ponderados por los Jueces; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Tercer Medio: Violación a los artículos 1226 y 1134 del Código Civil, combinados; Cuarto Medio: Violación a los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil; Quinto Medio: falta de base legal y contradicción de motivos”.

3) La sentencia impugnada se sustenta en los motivos que textualmente se transcriben a continuación:

“(…) que la parte recurrente sostiene que se mantuvo por espacio de más de siete años desde la fecha en que fue suscrito el contrato de préstamo solicitándole al banco el certificado de títulos duplicado del acreedor hipotecario, sin embargo no consta en el expediente ningún documento o reclamación que se corresponda con la mencionada fecha, solo consta depositado en el expediente que el certificado de título fue solicitado en fecha 31 de enero de 2005, mediante actos Nos. 90/2005 y 91/2005, así como que el banco al mes y cuatro días después de realizada esta notificación, en fecha 4 de marzo de 2005, depositó una instancia en solicitud de cancelación de hipoteca sin certificado de título de duplicado de acreedor Hipotecario ante el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, sosteniendo que el mismo nunca fue Sentencia núm. 0081-2020

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expedido por dicha entidad, notificando dicha instancia a la parte recurrente en fecha 9 de marzo de 2005, mediante acto No. 195/05, del ministerial R.P.R. […]; que no se ha demostrado que el BANCO POPULAR DOMINICANO, C.P.
.A., haya cometido falta alguna, toda vez que como mencionamos tan pronto fue solicitado el certificado de títulos del acreedor hipotecario en fecha 31 de enero de 2005, este sustentó que nunca le fue entregado por el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, solicitando al mes y cuatro días en fecha 4 de marzo la cancelación de la indicada hipoteca sin certificado de título de duplicado de acreedor hipotecario, por lo que no actuó negligentemente ya que respondió a las solicitudes de su cliente notificándole la mencionada situación en fecha 9 de marzo de 2005 (…)”.

4) En el desarrollo del primer medio de casación, la parte recurrente sostiene, en esencia, que la corte a qua no ponderó los documentos aportados por la parte recurrente en apoyo de sus pretensiones, ya que solo se limitó a enunciarlos, ignorando su alcance y haciendo una incorrecta interpretación de los mismos, pues, de los actos núms. 90/2005, de fecha 31 de enero de 2005 y 91/2005, de 24 de febrero de 2005, se comprueban las diligencias realizadas por el ahora recurrente para obtener de manos del recurrido Banco Popular Dominicano, C. por A., el certificado del duplicado del acorredor hipotecario.

5) Mientras que la parte recurrida defiende la sentencia impugnada del referido medio, alegando en su memorial de defensa, que contrario a lo denunciado por la parte recurrente, la corte a qua expuso todos los documentos que fueron depositados y que le sirvieron para fundamentar su decisión. Sentencia núm. 0081-2020

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6) De la lectura del fallo impugnado se verifica que en fecha 15 de enero de 1997, Central Oriental de Casas y su Plan Hogar Central y el Banco Popular Dominicano, C. por A., suscribieron un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, en virtud del cual se inscribió una hipoteca en primer rango sobre una porción de la parcela núm. 1-B-Ref-2 del Distrito Catastral núm. 6, del Distrito Nacional, propiedad de la hoy recurrente; que una vez saldado el referido préstamo, y a requerimiento de la parte recurrente, en fecha 4 de marzo de 2005 el Banco Popular Dominicano, C. por A., solicitó al Registro de Títulos del Distrito Nacional la cancelación del gravamen que pesaba sobre el inmueble puesto en garantía, sin la presentación del duplicado del acreedor hipotecario, toda vez que el recurrido no había retirado del Registro de Títulos el referido documento.

7) Después de analizar el fallo atacado, se pudo constatar que para formar su convicción, la corte a qua se basó en los documentos que fueron aportados por las partes, de los cuales comprobó que entre los mismos no existe constancia de que la recurrente haya solicitado al Banco Popular Dominicano, C. por A. la entrega del duplicado del acreedor hipotecario con anterioridad a la notificación de los actos núms. 90/2005 y 91/2005, y además, la alzada estableció que después de recibir las referidas notificaciones, el Banco Popular Dominicano, C. por A., gestionó ante el Registro de Título del Distrito Nacional la solicitud de cancelación de hipoteca sin el certificado del acreedor, puesto que no tenía en su poder el mismo. Sentencia núm. 0081-2020

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8) En este sentido ha sido juzgado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, que los tribunales no tienen la obligación de detallar particularmente los documentos de los cuales extraen los hechos por ellos comprobados, siendo suficiente que digan que lo han establecido por los documentos de la causa1; que además, los jueces del fondo al examinar los documentos que entre otros elementos de juicio se le aportaron para la solución del caso, no tienen que dar motivos particulares acerca de cada uno de ellos, bastando que lo hagan respecto de aquellos que resultan decisivos como elementos de juicio; que, en el presente caso, contrario a lo alegado por la recurrente, el estudio del fallo impugnado pone de relieve que la corte a qua para adoptar su decisión valoró, esencialmente, los “actos núms. 90/2005, de fecha 31 de enero y 91/2005, de fecha 24 de febrero ambos del año 2005”, así como la “instancia de solicitud de Cancelación de Hipoteca de fecha 4 de marzo de 2005, dirigida al Registrador de Títulos del Distrito Nacional”, por lo que resulta notorio que la alzada ponderó debidamente aquellos que consideró relevantes para la solución del litigio, razón por la cual procede desestimar el aspecto examinado.

9) En cuanto al segundo medio de casación la recurrente alega, en síntesis, que la corte a qua desnaturalizó los hechos de la causa al no retener la falta cometida por

1 SCJ 1ra. Sala, sentencia núm. 1749 del 31 de octubre de 2018, B.J. inédito. Sentencia núm. 0081-2020

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el Banco Popular Dominicano, C. por A. y conferirle la responsabilidad de su perjuicio a un tercero como lo es el Registrador de Títulos del Distrito Nacional.

10) Por su parte, la recurrida se defiende del referido medio alegando en su memorial de defensa que, lejos de incurrir en la desnaturalización denunciada, la corte a qua dio su verdadero sentido y alcance los hechos de la causa.

11) Resulta que tras analizar el acto jurisdiccional atacado se evidencia que el medio señalado va dirigido contra la sentencia dictada por el tribunal de primer grado; en ese sentido, se debe indicar que los únicos hechos que debe considerar la Corte de Casación para determinar violación o no a la ley, son los establecidos en la sentencia contra la cual se dirige el recurso y no en otra; que, lo expuesto es una consecuencia de las disposiciones del art. 1 de la Ley núm. 3726 de 1953, sobre Procedimiento de Casación, según el cual la Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial; que, por lo tanto, la violación denunciada en el medio examinado resulta inoperante por no estar dirigida contra la sentencia que ha sido objeto del presente recurso de casación, razón por la cual dicho medio deviene inadmisible.

12) Con relación al tercer y cuarto medio de casación, reunidos para su examen por estar estrechamente relacionados, la recurrente alega, en síntesis, que la corte a qua violó las disposiciones contenidas en los arts. 1126 y 1134 del Código Civil al pasar Sentencia núm. 0081-2020

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por alto la mala fe y negligencia en que incurrió el Banco Popular Dominicano, C. por A., al incumplir con su obligación de entregar el certificado del acreedor hipotecario en el tiempo pautado, conforme lo dispuesto en el contrato de préstamo hipotecario; que la alzada despojó de su verdadero alcance a los arts. 1382, 1383 y 1384 del Código Civil al no reconocer la falta incurrida por el Banco Popular Dominicano, C. por A., puesto que, entre éste y el Registrador de Títulos del Distrito Nacional no existe un vínculo de comitente-proposé.

13) La parte recurrida se defiende del referido medio alegando en su memorial de defensa, en síntesis, que contrario a lo alegado por la parte recurrente, la corte a qua determinó que el Banco Popular Dominicano, C. por A., realizó todas las diligencias necesarias para dar respuesta oportuna y en tiempo hábil al requerimiento de la parte ahora recurrente, de lo que se evidencia el desinterés del Banco Popular Dominicano, C. por A., en mantener el gravamen registrado en su beneficio; que de los elementos probatorios que conformaron el expediente no se demostró que la entidad bancaria haya cometido falta alguna para comprometer su responsabilidad, pues, si bien es cierto que el recurrido tenía la obligación de entregar el referido certificado de acreedor hipotecario, no menos cierto es que este nunca lo tuvo en su poder, sino que se encontraba en manos del Registro de Títulos del Distrito Nacional. Sentencia núm. 0081-2020

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14) Del estudio de la sentencia impugnada se verifica que la corte a qua no incurrió en las violaciones de los arts. 1126 y 1134 del Código Civil, denunciadas por la parte recurrente, pues del legajo probatorio que conforma el presente expediente se comprueba que el Banco Popular Dominicano, C. por A., una vez saldado el préstamo hipotecario realizó las debidas diligencias para que le fuera entregado el certificado del acreedor hipotecario a la entidad Central Oriental de Casas y su Plan Hogar Central, lo que se evidencia de la entrega del acto de radicación de hipoteca, así como del posterior depósito de la instancia de solicitud de radiación de hipoteca sin el duplicado del acreedor hipotecario, ante el Registrador de Título del Distrito Nacional, de fecha 4 de marzo de 2007, pues resulta un hecho que el referido certificado no se encontraba en su poder, por lo que, no se evidencia negligencia alguna por parte del recurrido, pues en el caso de la especie, tal y como ponderó la corte a qua, se verifica una justificante válida para la falta de entrega del documento del que se trata.

15) Respecto a la violación a los arts. 1382, 1383 y 1384 del Código Civil, ha sido juzgado que, para que procedan a reclamarse los daños y perjuicios en virtud de los mismos, es preciso que haya habido falta de una parte y que esa falta haya ocasionado un daño a otra parte; que los jueces del fondo deben establecer en su sentencia clara y precisamente la existencia de la falta, la del daño y la relación de causa efecto existente entre la falta y el daño; por lo que, a fin de que estos puedan Sentencia núm. 0081-2020

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operar, es preciso en primer lugar que el demandante demuestre la comisión de una falta atribuible al demandado; que en la especie, de la lectura del fallo impugnado, se ha comprobado que la alzada estableció en base a los elementos de pruebas aportados, que la recurrente en apelación no logró demostrar que el banco recurrido haya cometido una falta que comprometa su responsabilidad civil, puesto que la referida institución actuó de forma diligente al responder el requerimiento mediante acto de alguacil de su cliente en un plazo prudente; gestionando la cancelación del gravamen que poseía a su favor, así como la solicitud de entrega del certificado; razón por la cual el aspecto examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

16) En cuanto al quinto medio de casación la recurrente alega, en síntesis, que la decisión adoptada por la alzada es contradictoria al indicar que la recurrente no aportó documentación alguna respecto a sus reclamaciones de entregar el certificado del acreedor hipotecario, empero, la misma señala que fueron depositados los actos núms. 90/2005 y 91/2005, contentivos de las solicitudes de entrega del duplicado del acreedor hipotecario; por lo que la sentencia impugnada carece de las motivaciones en hechos y derecho oportunas que le permitan al fallo impugnado cumplir con el voto de la ley.

17) Por su parte el banco recurrido se defiende del referido medio alegando, en síntesis, que el fallo impugnado cuenta con todas las motivaciones necesarias en Sentencia núm. 0081-2020

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hecho y en derecho por las cuales la alzada adoptó su convicción, siendo además dichos razonamientos suficientes para que esta Suprema Corte de Justica pueda realizar su función fiscalizadora, razón por la cual no se materializan las condiciones necesarias para anular la sentencia impugnada.

18) Sobre este particular, ha sido establecido que para que exista el vicio de contradicción de motivos es necesario que se produzca una verdadera incompatibilidad entre las motivaciones alegadamente contradictorias, fueran éstas de hecho o derecho, o entre estas y el dispositivo u otras disposiciones de la sentencia impugnada, lo cual no ha ocurrido en la especie, ya que la corte a qua juzgó: “que la parte recurrente sostiene que se mantuvo por espacio de más de siete años desde la fecha en que fue suscrito el contrato de préstamo solicitándole al banco el certificado de títulos duplicado del acreedor hipotecario, sin embargo no consta en el expedite ningún documento o reclamación que se corresponda con la mencionada fecha, solo consta depositado en el expediente que el certificado de título fue solicitado en fecha 31 de enero de 2005, mediante actos Nos. 90/2005 y 91/2005”, no incurriendo, por tanto, en la alegada contradicción de motivos, así como tampoco en una falta de motivación, puesto que de las motivaciones que componen la sentencia atacada no se desprende contradicción alguna, además de contener una exposición congruente y completa de las razones por las que se Sentencia núm. 0081-2020

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estableció la decisión adoptada, razón por la cual procede desestimar el medio examinado y por ende rechazar el recurso de casación.

19) Al tenor del art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, toda parte que sucumba en casación será condenada al pago de las costas del procedimiento.

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; art. 65 Ley núm. 3726-53; art. 141 Código Procedimiento Civil.

FALLA

PRIMERO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por Central Oriental de Casas y su Plan Hogar Central, contra la sentencia núm. 019-2008, dictada el 17 de enero de 2008, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente, Central Oriental de Casas y su Plan Hogar Central, S.A., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Licdos. C.M.Z.S. y Yesenia R. Peña Sentencia núm. 0081-2020

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Ponente: M.. N.R.E.L.

Pérez, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

(Firmados) P.J.O..- N.R.E.L..- R.V.G..

C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICA, que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en su encabezamiento, en la fecha arriba indicada.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 28 de febrero de 2020, a solicitud de parte interesada, exonerada de pagos de recibos y sellos de impuestos internos.

C.J.G.L.S. general

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