Sentencia nº 1058 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Noviembre de 2015.

Fecha de Resolución: 4 de Noviembre de 2015
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha : 4 de noviembre de 2015

Grimilda A. De Subero, secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha 4 de noviembre de 2015, que dice:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 4 de noviembre de 2015. Casa Preside: J.C.C.G..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Inversiones Mavijo, S. A. entidad comercial constituida conforme las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principal ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina entrada El Dorado II, Plaza Alpha, segundo nivel, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, debidamente representada por su presidente señor V.J.D.M., dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0125481-1, domiciliado en la ciudad de Santiago de los Caballeros,

Sentencia Núm. 1058 Fecha : 4 de noviembre de 2015

contra la sentencia núm. 00326/2009, dictada el 28 de septiembre de 2009, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. J.S.M., abogado de la parte recurrida S.G.R.B.;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces de fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 30 de noviembre de 2009, suscrito por los Licdos. J.E.R. y B.J.E.R., abogados de la parte recurrente Inversiones Mavijo, S.A., en cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Fecha: 4 de noviembre de 2015

Suprema Corte de Justicia, el 20 de enero de 2010, suscrito por el Lic. J.S.M., abogado de la parte recurrida S.G.R.B.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana, es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 17 de agosto de 2011, estando presentes los magistrados, R.L.P., P.; E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la Secretaria;

Visto el auto dictado el 2 de noviembre de 2015, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad, y a los magistrados V.J.C.E., J.A.C.A. y F.A.J.M., jueces de esta Fecha: 4 de noviembre de 2015

Sala para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, consta que: a) que con motivo de una demanda en incumplimiento de contrato de venta y reparación de daños y perjuicios interpuesta por la señora S.G.R.B. contra Inversiones Mavijo, S.A., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó el 4 de julio de 2007, la sentencia civil núm. 1240, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Ordena a INVERSIONES MAVIJO, S.A., entregar a la señora S.G.R.B., el certificado de título que ampara el siguiente inmueble: “Dentro de los derechos que le corresponden en la Parcela No. 92-A, del Distrito Catastral No. 8, de Santiago, una porción de terreno con una extensión superficial de 787.88 m2. descrito como el Lote No. 6 del Grupo II, del plano particular de la Urbanización Jardines del Canabacoa I, limitado al Norte: Solar 7; Al Este; Parcela No. 295, Al Sur; S. No. 5; Al Oeste; Calle Penetración; SEGUNDO: CONDENA a INVERSIONES MAVIJO, S.A., al pago de un Fecha: 4 de noviembre de 2015

astreinte de CINCO MIL PESOS (RD$5,000.00), por cada día de retardo en el cumplimiento de la obligación puesta a su cargo, según el ordinal anterior; TERCERO: Condena a INVERSIONES MAVIJO, S.A., al pago de la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (RD$5,000,000.00), a favor de la señora S.G.R.B., a título de justa indemnización por daños y perjuicios; CUARTO: CONDENA a INVERSIONES MAVIJO, S.
A., al pago de las costas del proceso, con distracción de las mismas en provecho del LICDO. J.S., abogado que afirma estarlas avanzando; QUINTO: RECHAZA la demanda en lo que respecta al DR. V.J.D.M., por improcedente e infundada”; b) que no conforme con dicha decisión la razón social Inversiones Mavijo, S.A., interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 11/2008, de fecha 14 de enero de 2008, instrumentado por el ministerial A.V.G., alguacil ordinario del Tribunal de Tránsito No. 1 de Santiago, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago dictó el 28 de septiembre de 2009, la sentencia civil núm. 00326/2009, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: PRONUNCIA de oficio, la nulidad del recurso de apelación interpuesto por INVERSIONES MAVIJO, S.A., contra la sentencia civil No. 1240, dictada en fecha Cuatro (4) del Fecha: 4 de noviembre de 2015

mes de Julio del Dos Mil Siete (2007), por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, por las razones expuestas en la presente sentencia; SEGUNDO : CONDENA a la parte recurrente INVERSIONES MAVIJO, S.A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del LICDO. J.S., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando que la recurrente propone, contra la sentencia impugnada, el siguiente medio de casación: “Único Medio: Violación a la ley. Errónea aplicación de los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Civil”;

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación, la recurrente alega que la corte a-qua realizó una errónea aplicación de los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Civil al declarar nulo de oficio su recurso de apelación sobre la base de que no se notificó copia del mismo al Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, a pesar de que dicho texto legal lo que establece es que en las notificaciones a aquellos que no tienen ningún domicilio conocido en la República, debe entregarse una copia al fiscal, formalidad que fue cumplida en el acto anulado; que, la notificación del recurso de apelación en la persona del Procurador General de la Corte de Apelación no es un requisito exigido por texto legal alguno, por lo que no puede ser tomado como causal Fecha: 4 de noviembre de 2015

de su nulidad en virtud de la regla “no hay nulidad sin texto”, establecida en el artículo 37 de la Ley 834, del 15 de julio de 1978; que la referida nulidad tampoco podía ser pronunciada de oficio puesto que no se violó ninguna norma de orden público en el acto de apelación de que se trata y además, porque en todo el proceso de apelación, la parte apelada ejerció plenamente su derecho de defensa, constituyendo abogado en el plazo indicado en el emplazamiento, promoviendo la fijación de la audiencia y dando avenir, asistiendo a todas las audiencias, comunicando documentos, concluyendo y redactando escritos ampliatorios, sin embargo, nunca planteó ningún medio de nulidad o de inadmisibilidad fundamentado en que la notificación del recurso en la persona del fiscal constituía una causal de nulidad del recurso;

Considerando, que de la revisión de la sentencia impugnada se advierte que: a) la corte a-qua estaba apoderada de un recurso de apelación interpuesto por Inversiones Mavijo, S.A., contra la sentencia civil núm. 1240, dictada el 4 de julio de 2007, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, a favor de S.G.R.B., mediante acto núm. 11/2008, instrumentado el 14 de enero de 2008, por el ministerial A.V.G., alguacil ordinario del Tribunal de Tránsito No. 1, de Santiago; b) por ante dicho tribunal comparecieron ambas partes y en la última audiencia Fecha: 4 de noviembre de 2015

celebrada, Inversiones Mavijo, S.A., concluyó solicitando que se revoque la sentencia apelada mientras que S.G.R.B. solicitó, principalmente que se declare inadmisible la apelación de su contraparte por no haberse depositado el original de la sentencia apelada ni copia certificada de la misma, subsidiariamente, que se declare su caducidad, por haberse ejercido fuera del plazo establecido por la ley para interponer el recurso de apelación y, en consecuencia, que sea confirmada en todas sus partes la sentencia apelada; c) la corte a-qua pronunció de oficio, la nulidad del recurso de apelación del cual estaba apoderada por los motivos siguientes: “que antes de establecer cualquier tipo de consideración con relación al primer medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, relativo a la sentencia recurrida, la Corte está en la obligación de verificar en primer lugar la regularidad del apoderamiento de la Corte para conocer del referido recurso de apelación; que con relación a las segundas conclusiones de la parte recurrida relativas a que se declare caduco el recurso de apelación por haberse ejercido fuera del plazo establecido por la ley para imponer el recurso de apelación. La Corte determina que en primer lugar debe establecer la regularidad o no del recurso de apelación, para poder examinar la caducidad o no del recurso de apelación; (…) que con relación al acto No. 11/2008, contentivo del recurso de apelación, por domicilio desconocido, en Fecha: 4 de noviembre de 2015

el cual el primer traslado se hace por ante el Magistrado Procurador Fiscal en la persona de S.S., fiscal adjunto, luego por ante la señora B.G., secretaria titular de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago; se trasladó a la sala de audiencias de la Cámara Civil y Comercial de la Corte del Distrito Judicial de Santiago y procedió a fijar en la puerta de dicha sala de audiencia copia fiel del acto; asimismo indica en el acto que se trasladó al estudio profesional del L.. J.S., abogado de la señora S.G.R.B., a los mismos fines de notificación del referido acto contentivo del recurso de apelación contra la sentencia civil No. 1240, antes señalada; que el artículo 69, ordinal 7mo. Del Código de Procedimiento Civil señala: “A aquellos que no tienen ningún domicilio conocido en la República, en el lugar de su actual residencia, si no fuere conocido ese lugar, el emplazamiento se fijará en la puerta principal del local del tribunal que daba conocer de la demanda, entregándose una copia al fiscal, que visará el original”; que en el caso de la especie y tratándose de un recurso de apelación, la copia del emplazamiento por analogía no es visada por el F., sino al Procurador General de la Corte de Apelación; a pena de nulidad, de acuerdo al artículo 70 del mismo Código; que la jursirprudencia ha sostenido en innumerables ocasiones que los actos que introducen los Fecha: 4 de noviembre de 2015

recursos son sustanciales, y no pueden ser sustituidas por otras y su violación es sancionada expresamente por dicha disposición legal, con la nulidad del recurso; que la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal, ha sido constante y reiterativa, al afirmar que esas formalidades, la sanción incurrida por su violación, procede y debe ser acogida, independientemente de que haya causado o no algún agravio; que además, en casos como el de la especie, el alguacil actuante, no observó las formalidades de los artículos 68 y 69, sancionados expresamente su inobservancia, con la nulidad del acto de acuerdo al artículo 70, del Código de Procedimiento Civil; que la misma jurisprudencia sostiene que en el caso de que se trata, de la violación a formalidades sustanciales y de orden público cuya finalidad esencial es evitar dilaciones perjudiciales a la buena marcha del proceso, por lo cual no se aplican ni la regla contenida en la máxima que dice “no hay nulidad sin texto”, prevista en el artículo 1030 del Código de Procedimiento Civil, como tampoco aquella que dice “No hay nulidad sin agravio”, contenida en el artículo 37 de la Ley 834 de 1978; que por implicar una violación a la Constitución de la República y normas que integran el llamado bloque constitucional, el tribunal como garante del respeto debido a la Constitución y de los derechos por ella consagrados, el tribunal puede y procede a suplir de oficio la nulidad, sin que tenga que ponderar y fallar sobre las demás Fecha: 4 de noviembre de 2015

pretensiones de las partes en litis”;

Considerando, que si bien ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que las formalidades para la interposición de los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras, también se ha estatuido en múltiples ocasiones que la sanción a su incumplimiento, la nulidad del acto, solo puede ser pronunciada cuando la misma ha causado un agravio al destinatario del mismo1; que, en ese mismo sentido, se ha considerado que las formas procesales que deben ser observadas por las partes en el curso de un litigio, son aquéllas precisiones que rigen acerca del modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos del proceso, cuya finalidad es permitir el ejercicio del derecho de defensa de las partes y que, cuando una de las partes ha incumplido alguna de las formas procesales previstas, lo que el juez debe verificar es su efecto, si dicha omisión ha causado una violación al derecho de defensa; que cuando el destinatario del acto de emplazamiento comparece ante el tribunal y ejerce oportunamente su derecho de defensa sin que se compruebe el agravio causado por la irregularidad, el tribunal apoderado no puede declarar la nulidad correspondiente sin incurrir en la violación al artículo 37 de la Ley No. 834 de 1978, que consagra la máxima “no hay nulidad sin agravio” y a cuyo tenor la nulidad de los actos de procedimiento por vicios de forma, no

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puede ser pronunciada sino cuando el adversario que la invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aun cuando se trate de una formalidad sustancial o de orden público2; que, en el estado actual de nuestro derecho, que se inclina cada vez más a la eliminación de las formalidades excesivas en los actos de procedimiento, la máxima “no hay nulidad sin agravios” se ha convertido en una regla jurídica para las nulidades que resultan de una irregularidad de forma, regla que ha sido consagrada por el legislador en el artículo 37 de la Ley No. 834 de 1978; que el pronunciamiento de la nulidad, resulta inoperante, cuando los principios supremos establecidos al respecto en nuestra Constitución, dirigidos a “asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa”, son cumplidos; que, en consecuencia, ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo en virtud de dicha regla, si reúne sustancialmente las condiciones necesarias para cumplir su objeto, especialmente, si llega realmente a su destinatario y si no causa lesión en su derecho de defensa3;

Considerando, que tales criterios jurisprudenciales han sido ratificados por el Tribunal Constitucional de la República en un caso similar al de la especie al juzgarlo siguiente: “I.R.S. argumenta que se violó su derecho de defensa al no acogerse la excepción de nulidad planteada por ella bajo el argumento de que la notificación del recurso de apelación no fue

2 Sentencia núm. 49, del 17 de octubre de 2012, 1ra. Sala, S.C.J., B.J. 1223 Fecha: 4 de noviembre de 2015

realizada a persona o domicilio, conforme lo establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil. Dicho argumento fue desestimado tanto por la Corte de Apelación como por la Suprema Corte de Justicia, en razón de que, en aplicación del artículo 37 del referido Código de Procedimiento Civil, solo si esta irregularidad produce algún agravio, el tribunal apoderado debe pronunciar la nulidad del acto de notificación. b. Para que se verifique una violación a su derecho de defensa, la recurrente tendría que haberse visto impedida de defenderse y de presentar conclusiones en audiencia durante el proceso de apelación. No obstante, a pesar de la notificación irregular, la recurrente compareció, solicitó las medidas que estimó de lugar y pudo defender sus intereses al concluir sobre el fondo. c. En tal sentido, el tribunal apoderado al verificar que no se produjo una violación a su derecho de defensa y, por tanto, no hubo agravio, hizo una aplicación de las disposiciones legales vigentes correspondientes, y procedió a rechazar la excepción planteada; haciendo una aplicación correcta de la normativa correspondiente, como confirmó la Suprema Corte de Justicia. d. Por tanto, el presente recurso debe ser rechazado, en razón de que la aplicación de la norma que hizo la Suprema Corte de Justicia, fue correcta y no produjo la violación del derecho de defensa de la recurrente”4.

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Considerando, que como en la especie la corte a-qua decretó oficiosamente la nulidad del acto contentivo del recurso de apelación del cual estaba apoderada, sin comprobar que la irregularidad retenida haya causado ningún agravio a la parte apelada, quien, como ciertamente aduce el actual recurrente, ejerció plenamente su derecho de defensa, constituyendo abogado oportunamente, promoviendo la fijación de la audiencia, asistiendo a las audiencias y planteando las conclusiones que entendió de su interés sin nunca haber planteado ninguna excepción fundamentada en que la notificación del recurso en la persona del fiscal constituía una causal de nulidad del recurso, es evidente que dicho tribunal incurrió en una violación al artículo 37 de la Ley 834, del 15 de julio de 1978, como alega la recurrente, razón por la cual procede acoger el presente recurso y casar la sentencia impugnada, sin necesidad de valorar los demás alegatos del mismo;

Considerando, que procede compensar las costas, por tratarse de la violación de reglas procesales cuyo cumplimiento está a cargo de los jueces, conforme lo permite el numeral 3 del Art. 65, de la ley 3726, de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre procedimiento de casación.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00326/2009, dictada el 28 de septiembre de 2009, por la Cámara Civil y Comercial de la Fecha: 4 de noviembre de 2015

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo y, envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 4 de noviembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.

(Firmados).-Julio C.C.G..-V.J.C. Estrella.-José A.C.A..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.