Sentencia nº 1067 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Noviembre de 2015.

Fecha de Resolución: 4 de Noviembre de 2015
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia Núm. 1067

M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 4 de noviembre de 2015, que dice:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 4 de noviembre de 2015. Rechaza Preside: J.C.C.G..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Á.R.A., dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 049-0057433-8, domiciliada y residente en España, contra la sentencia civil núm. 291, dictada el 22 de julio de 2009, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo el artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 28 de agosto de 2009, suscrito por la Licda. B.J.J.G., abogada de la parte recurrente Á.R.A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 30 de septiembre de 2009, suscrito por el Licdo. R.O.R., abogado de la parte recurrida J.G.C.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 4 de julio de 2012, estando presentes los magistrados J.C.C.G., P.; V.J.C.E., M.O.G.S. y J.A.C.A., asistidos del Secretario;

Visto el auto dictado el 2 de noviembre de 2015, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado F.A.J.M., juez de esta S., para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de la demanda en partición de bienes interpuesta por Ángela Rosario Adames contra J.G.C., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó en fecha 9 de junio de 2008, la sentencia núm. 1892, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA como al efecto rechazamos la intervención voluntaria de que se trata, por los motivos anteriormente expuestos; SEGUNDO: ACOGE la presente demanda en partición de bienes incoada por la señora Á.R.A., contra el señor JOSÉ GIL CRESPO, notificado mediante Acto No. 121/2006 de fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del año Dos Mil Seis (2006), instrumentado por el ministerial OSCAR ERUDIS URBÁEZ PÉREZ Alguacil Ordinario de la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este, por los motivos anteriormente expuestos; SEGUNDO (sic): SE ORDENA la partición y liquidación de los bienes que componen el patrimonio de los señores ÁNGELA ROSARIO ADAMES Y JOSÉ GIL CRESPO; TERCERO: Se designa notario al LIC. A.L.Z., para que haga la liquidación y rendición de cuentas de los bienes a partir; CUARTO: Se designa como PERITO al señor LIC. R.L.S., Contador Público Autorizado, para que previamente a estas operaciones examinen los inmuebles, que integran el patrimonio de la comunidad, los cuales se indicaron anteriormente, perito el cual después de prestar el juramento de ley, en presencia de todas las partes, o está debidamente llamada, haga la designación sumaria de los inmuebles informen si los mismos son o no de cómoda división en naturaleza, así determinar el valor de cada uno de los inmuebles a venderse en pública subasta adjudicado al mayor postor y último subastador; QUINTO: NOS AUTODESIGNAMOS juez comisario; SEXTO: PONE LAS COSTAS del procedimiento a cargo de la masa a partir” (sic); b) que, no conformes con dicha decisión, interpusieron formales recursos de apelación, principal, J.G.C., mediante actos núms. 519/08, 520/08 y 521/08, de fecha 10 de julio de 2008, instrumentado por el ministerial S.M.S.V., Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y de manera incidental, la señora F.L.F., mediante acto núm. 518/08, de fecha 10 de julio de 2008, instrumentado por el ministerial S.M.S.V., Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ambos contra la sentencia antes descrita, los cuales fueron resueltos por la sentencia civil núm. 291, de fecha 22 de julio de 2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: PRIMERO: DECLARA regulares y válidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos por los señores JOSÉ GIL CRESPO y F.L.F., contra la sentencia No. 1892, relativa a los expedientes Nos. 549-06-05595 y 06-05600, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, en fecha 09 de junio del 2008, por haber sido interpuestos conforme a las exigencias procesales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, los ACOGE, por ser justos y reposar en prueba legal, en consecuencia, la Corte, actuando por propia autoridad y contrario imperio, DECLARA NULA y sin ningún valor ni efecto jurídico la sentencia recurrida, por los motivos expuestos; TERCERO: En cuanto al fondo de la demanda y en virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación, DECLARA INADMISIBLE la demanda en partición de bienes incoada por la señora Á. ROSARIOA., por falta de calidad e interés, conforme a los motivos dados en el cuerpo de esta sentencia; CUARTO: CONDENA a la señora Á.R.A., al pago de las costas del procedimiento y dispone su distracción a favor y provecho de los LICDOS. R.O. REYES y A.J.A.V., quienes han afirmado en audiencia haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando, que en su memorial la recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación a la ley, ya que se acogieron recursos de apelación, sobre una sentencia preparatoria sobre partición, lo cual está prohibido por el artículo 822 del Código Civil Dominicano; Segundo Medio: Violación a la ley por haber inobservado las disposiciones contenidas en él; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa por no ponderar el contenido de todas las pruebas documentales aportadas”;

Considerando, que el primer medio de casación se sustenta en que el recurso de apelación debió ser declarado inadmisible por haber sido interpuesto contra una sentencia dictada en ocasión de una demanda en partición que no es susceptible de recursos en virtud de lo consagrado en el artículo 822 del Código Civil y el criterio jurisprudencial constante que establece que es inadmisible el recurso de apelación contra decisiones dictadas en ocasión de las demandas en partición de bienes que no resuelven litigio alguno ni ningún punto contencioso entre las partes, sino que la misma da inicio al procedimiento de la partición;

Considerando, que el caso planteado la sentencia dictada en ocasión de la demanda partición decidió, previo a ordenar la partición de los bienes y designar los funcionarios competentes para realizar las operaciones preliminares de la partición, un medio de inadmisión contra la demanda, estatuyó además sobre demandas incidentales en intervención voluntaria y forzosa y resolvió un pedimento de inadmisibilidad contra la intervención voluntaria y una demanda reconvencional; que con la solución sobre los referidos puntos litigiosos queda establecida la posibilidad de recurrir en apelación la decisión dictada por la jurisdicción de fondo, razones por las cuales procede desestimar el primer medio de casación;

Considerando, que en el segundo medio de casación la recurrente alega que la corte a-qua no observó las pruebas contundentes y los alegatos verídicos por ella expuestos, limitándose la alzada a expresar que carecía de calidad para incoar la demanda por no existir una unión consensual entre ella y el señor J.G.C. porque este último estaba casado con la señora F.L.F., desconociendo en su decisión la alzada las pruebas por ella aportadas que demostraban que el demandado se encontraba separado judicialmente de su esposa desde el año 1978 y divorciado en el año 2005 mediante sentencia de divorcio pronunciada en España que estableció que la sociedad conyugal que existió entre ellos quedó disuelta con anterioridad al divorcio; que sin embargo, ese hecho no fue valorado por la corte a-qua incurriendo en una mala interpretación de la ley y de la jurisprudencia que establece los requisitos para dar la calidad de concubina a la hoy recurrente; que tampoco observó la alzada que todos los documentos en que figura el recurrido adquiriendo bienes en la República Dominicana expresa el status de soltero, demostrando los hechos referidos la existencia de un concubinato notorio y que su relación no fue en ningún momento pérfida o encubierta como fue admitido por la corte a-qua; que denuncia la recurrente que el único culpable de la situación es el actual recurrido al no informarle en su calidad de compañera de casi una década que no había formalizado su divorcio y que solo se encontraba separado judicialmente de su esposa; que si se confirma la sentencia ahora impugnada en casación no solo estaría ignorando la sentencia española de separación judicial de cuerpos y sus efectos legales sino también la sentencia que pronunció el divorcio, corriendo el riesgo la hoy recurrente de perder los bienes que le corresponden;

Considerando, que de la sentencia impugnada y los documentos que sometidos al debate ante la alzada, relacionados al punto impugnado en casación, permiten apreciar los antecedentes procesales siguientes: a) que el hoy recurrido, J.G.C. casó con la señora F.L.F. en la ciudad de España en fecha 22 de diciembre de 1968 bajo el régimen canónico; b) que la separación conyugal entre dichos esposos fue pronunciada en fecha 9 de diciembre de 1998 mediante la decisión adoptada por el Tribunal Eclesiástico de la Diósesis de Vich, Barcelona, España y produciéndose el divorcio entre ellos en fecha 21 de octubre de 2005 mediante la sentencia núm. 153-2005 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Igualada, Barcelona, España; c) que la ahora recurrente, Á.C.R.A. mantuvo una relación de concubinato con el señor J.G.C., conforme el empadronamiento Español expedido en fecha 6 de abril de 2002 y que una vez terminada esa unión consensual formalizaron en la referida ciudad de España un acuerdo de partición; d) que en base a los hechos referidos, la señora Á.C.R.A., apoderó los tribunales dominicanos de la partición de los bienes fomentados en el País durante la relación de concubinato que manutuvo con el señor J.G.C. por más de cinco
(5) años, en cuyo proceso intervino voluntariamente la señora F.L.F. oponiéndose a la partición arguyendo que hasta el año 2005 mantuvo su calidad de esposa del demandado, siendo rechazada su pretensión tras juzgar el tribunal que su divorcio se había producido desde el año 2005 y la comunidad entre ellos quedó disuelta al momento de la separación conyugal y en cuanto al pedimento de inadmisibilidad formulado por la parte demandada, hoy recurrida, apoyado en que durante la relación de concubinato se encontraba casado con la señora F.L.F., fue desestimado expresando el juez como motivo decisorio que la sociedad conyugal existente entre ellos quedó disuelta antes de la sentencia de divorcio; e) que tras desestimar las pretensiones incidentales procedió luego a acoger la demanda apoyado, en esencia, que la sociedad de hecho fomentada durante la relación de concubinato cumplía con las características fijadas por la doctrina jurisprudencial y porque los bienes cuya división se pretendía fueron adquiridos dentro del tiempo que estuvieron bajo el vínculo de unión libre o concubinato, decisión que está contenida en la sentencia núm. 1892 de fecha 9 de junio de 2008, descrita precedentemente;

Considerando, que por efecto de los recursos de apelación interpuestos contra la referida decisión por el demandado original, J.G.C., y la interviniente voluntaria, F.L.F., la corte a-qua, tras aniquilar la eficacia de los documentos referentes a la separación de cuerpos, al empadronamiento del concubinato y a la partición amigable realizadas en la ciudad de España por no cumplir con las legitimaciones consulares requeridas, acogió ambos recursos y pronunció la inadmisibilidad de la demanda en partición, sosteniendo en apoyo de su decisión, como razonamiento decisorio, que la relación de concubinato no cumplía con el carácter monogámico exigido por la doctrina jurisprudencial para acreditar una relación con las características de una convivencia more uxorio, toda vez que al producirse la disolución del matrimonio entre la señora F.L.F. y el señor J.G.C. en fecha 21 de octubre de 2005 no podía admitirse la demanda en partición incoada por la señora Á.R.A. en el año 2006 a menos de un año de la disolución del matrimonio e invocando una relación de concubinato de más de nueve años con el señor J.G.C., toda vez que, agrega la alzada, la unión libre no es susceptible de producir efectos jurídicos, sino cuando la situación de los concubinos exhibe las características de cierta estabilidad emulativa al matrimonio, ya que la sola cohabitación, así sea prolongada, de personas no casadas que aparentan y se comportan como esposos no es suficiente para dar nacimiento entre ellos a una sociedad;

Considerando, que el aspecto a examinar se sustenta en que la corte aqua desconoció la sociedad de hecho fomentada en una relación de concubinato que coexistió conjuntamente con el matrimonio entre uno de los concubinos con una tercera persona de la cual se encontraba separado de cuerpos;

Considerando, que previo a toda reflexión debe establecerse que el enfoque sobre el que descansa la pretensión de la ahora recurrente se orienta a que le sea reconocida validez y eficacia extraterritorial al pronunciamiento judicial hecho en la Ciudad de Barcelona, España sobre la separación conyugal entre el hoy recurrido y su esposa la señora F.L.F. y en consecuencia que se le reconozcan efectos jurídicos al empadronamiento de concubinato entre la hoy recurrente y el actual recurrido con la misma validez y efectos que los producidos en el territorio dentro del cual fue otorgado, cuya pretensión es insostenible toda vez que, sin desmedro de las acreditaciones que debe contener una decisión judicial para hacerla valer fuera de la jurisdicción donde es dictada, su reconocimiento extraterritorial exige observar no solo la legislación interna del país de origen sino que no sea contraria a la legislación del Estado en el que aspira a ser reconocido el fallo judicial a fin de investirlo de los mismos efectos que tiene una sentencia nacional;

Considerando, que, en ese orden de ideas, en nuestro ordenamiento jurídico lo atinente al régimen jurídico de la sociedad de hecho fomentada entre concubinos ha sido regulada por nuestro fuero interno a través de los criterios jurisprudenciales que han reconocido que las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de constitución de un grupo familiar, reuniendo las mismas un potencial con trascendencia jurídica, considerada o aceptada por el legislador en el ordenamiento legal como una modalidad familiar, criterio que debe ser admitido, siempre y cuando esa unión se encuentre revestida de las características siguientes: a) una convivencia more uxorio, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad legal en la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de efectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aun cuando haya cesado esta condición por la disolución posterior del vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer, sin estar casados entre sí;

Considerando, que en los términos del artículo primero de la Ley núm. 1306 Bis sobre Divorcio “el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio”, de lo que resulta que la separación de cuerpos no produce, en el marco de nuestra legislación, la disolución del vínculo matrimonial y por tanto carece de efectos jurídicos para admitir el concubinato entre una persona separada de cuerpo con una tercera persona;

Considerando, que los antecedentes procesales suscitados ante las jurisdicción de fondo que originó el fallo ahora impugnado, descritos con anterioridad, ponen de manifiesto como un hecho no controvertido que la unión de concubinato dentro de la cual se fomentó la sociedad de hecho cuya partición se pretendía coexistió con el matrimonio de uno de los integrantes de esa relación consensual, razón por la cual no cumple con la característica establecida en el literal d) de la decisión adoptada por esta Corte de Casación para acreditar una relación consensual more uxorio y que consiste en que debe existir de parte de los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma simultánea aun cuando haya cesado esta condición por la disolución posterior del vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera persona;

Considerando, que en el caso ahora planteado luego de producirse el divorcio de uno de los integrantes de la unión consensual es que la hoy recurrente debió justificar, conforme las leyes y normas que rigen la legislación dominicana, una sociedad de hecho justificada en una relación de concubinato con las características more uxorio, sin embargo, tomando en consideración que entre la fecha del divorcio y de la demanda en partición transcurrieron menos de dos (2) años ese lapso de convivencia no puede ser considerado como suficiente para configurar una comunidad de vida familiar estable y duradera como establece en el literal b) de la sentencia dictada por esta Corte de Casación, citada;

Considerando, que si la ahora recurrente entiende ostentar la calidad de copropietaria de bienes con el actual recurrido debe canalizar su acción en procura de obtener el dominio individual de la porción que le corresponde justificando su pretensión en otra causa, distinta a la partición derivada de una relación consensual more uxorio por no reunir las características establecidas por la doctrina jurisprudencial;

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Á.R.A., contra la sentencia civil núm. 291, de fecha 22 de julio de 2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas y ordena su distracción a favor y provecho del L.. R.O.R., abogado de la parte recurrida, quien afirma haberla avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 4 de noviembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración. (Firmados).-Julio C.C.G..-V.J.C.E..- J.A.C.A.-FranciscoA.J.M..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.