Sentencia nº 1075 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Octubre de 2016.

• Fecha: 24 Octubre 2016
• Número de resolución: 1075
• Número de sentencia: 1075
• Emisor: Segunda Sala Suprema Corte de Justicia

Fecha: 24 de octubre de 2016

Sentencia núm. 1075

M.A.M.A., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 7 24 de octubre de 2016, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 24 de octubre de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Fiscal de Puerto Plata, L.. Alba N.P., contra la resolución núm. 00050-2015 dictada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata el 6 de febrero de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; Fecha: 24 de octubre de 2016

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Alba N.P., Procuradora Fiscal de Puerto Plata, depositado el 21 de mayo de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su recurso;

Visto la resolución núm. 2779-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia del 20 de julio de 2015, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 21 de octubre de 2015;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Leyes núms. 156 de 1997, y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015, y la resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: Fecha: 24 de octubre de 2016

1. que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha sido apoderada para conocer del recurso de casación interpuesto por la Licda. Alba N.P., Procuradora Fiscal de Puerto Plata, contra la resolución de extinción de acción penal núm. 00050-2015, dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata el 6 de febrero de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:

   “ PRIMERO : Declara extinguida la acción penal contenida en
   los procesos descritos, por los motivos expuestos; SEGUNDO:
   Ordena el cese de cualquier medida de coerción existente
   impuesta en ocasión de los procesos indicados; TERCERO:
   Exime de costas; CUARTO: Ordena el retiro de cualquier información existente en el sistema de investigación criminal
   nacida a raíz de los mencionados procesos; QUINTO: Ordena
   la notificación de la presente resolución al Ministerio Público,
   así como la publicación de esta decisión en la puerta del tribunal
   y en la secretaría del Despacho Judicial Penal de este Departamento Judicial, disponiéndose además la notificación vía
   secretaria a las partes que lo requieran”;

   Considerando, que la recurrente, argumenta en su escrito de casación, en síntesis, los medios siguientes:

   “ Primer Medio: Violación a la ley por inobservancia y errónea aplicación de una norma jurídica (Art. 417 núm. 4 del Código Procesal Penal). Violación a la ley por inobservancia del artículo 151 del Código Procesal Penal. El Juzgado de la Instrucción inobserva lo dispuesto por el mandato de la ley cuando Fecha: 24 de octubre de 2016

   declarado de manera masiva la extinción de 83 procesos correspondientes al año 2008 y 2009, sin haber intimado a los fiscales apoderados de dichos procesos ni muchos menos al superior inmediato del Ministerio Público, en violación al precitado artículo; es totalmente imposible que el Ministerio Público no hay presentado acto conclusivo en tiempo oportuno, pues el mismo se limita a verificar la fecha de la resolución que impuso medida de coerción en cada proceso, verificar a ciencia cierta que no se hubiera presentado requerimiento conclusivo, pues ha ocurrido con frecuencia que el acto conclusivo no se archiva en el tribunal conjuntamente con la resolución de medida de coerción y se intima al Ministerio Público o se declara la extinción erróneamente en caso que se ha presentado acto conclusivo oportunamente. Es totalmente falso que no que no se haya producido acto conclusivo sobre todos esos procesos en los años 2008 y 2009, como expresa el juez a-quo, sino que en su momento el Ministerio Público, en esos casos presentó archivo provisional, de lo cual no se hace mención en la resolución impugnada, pues una cosa es que declara la extinción de procesos por la implementación del archivo, otra muy distinta es que se extinga porque no se presentó ningún requerimiento, pues de haber sido así el Ministerio Público ni el juez estaban cumpliendo con su rol, el primero de presentar acto conclusivo y el segundo de tutelar la investigación. El tribunal no toma en cuenta que se habían depositado archivos a cada uno de ellos y sin intimar previamente en caso de que algunos de ellos se debiera presentar archivo definitivo, perdiendo de vista las consecuencias que puede generar la extinción masiva de proceso en violación al mandato de la norma independientemente del tiempo que haya transcurrido; Segundo Medio: Violación a la ley por errónea aplicación del artículo Fecha: 24 de octubre de 2016

   149 del Código Procesal Penal. El juzgado de la instrucción ha
   hecho una errónea aplicación de la norma cuando dispone la
   extinción sin haber cumplido con el requerimiento del artículo
   149 del Código Procesal Penal, de verificar con certeza en cada
   proceso el acto conclusivo presentado e intimar al Ministerio
   Público. En el remoto caso de que en alguno de ellos no se
   hubiese depositado acusación o archivo. La declaratoria de
   extinción debe darse a partir del cumplimiento de la condición
   del artículo 151 de la intimación al Ministerio Público y la notificación a la víctima lo cual no ha ocurrido en el caso que
   nos ocupa”;

   Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente:

   Considerando, que el supuesto sometido a la consideración de la Sala Penal la Suprema Corte de Justicia, reviste una importancia particular, ante una alegada actuación que puede ser calificada de “sui géneris”, en la que un juzgado instrucción en una misma decisión y de forma masiva declara la extinción de 83 expedientes correspondientes a procesos entre los años 2008 y 2009;

   Considerando, que en el caso de la especie cobra especial relevancia el rol nomofiláctico del recurso de casación, al proceder a aquilatar la razonabilidad de una decisión judicial susceptible de comprometer la legitimación material que debe adornar cualquier estamento perteneciente al tren judicial y cuyo órgano superior es la Suprema Corte de Justicia; Fecha: 24 de octubre de 2016

   Considerando, que en consonancia con lo antes dicho se justifica que esta Sala Penal se encause al escrutinio de los motivos denunciados por la parte recurrente en el caso de marras;
   1. En cuanto al primer medio denunciado por la recurrente sobre inobservancia de la norma jurídica, bajo los siguientes argumentos:
   a) decidir extinguir 83 procesos de forma masiva y sin intimación a los fiscales apoderados de los mismos ni a su superior jerárquico;
   b) que en varios de estos casos el Ministerio público declaró “archivo provisional” situación de la que no se hace mención en la resolución impugnada;

   Considerando, que en cuanto al segundo motivo de aplicación errónea del artículo 149 del Código Procesal Penal, al declarar la extinción sin haber agotado procedimiento establecido en el artículo 151 del código de marras, de verificar certeza en cada proceso el correspondiente acto conclusivo y proceder a la intimación;

   Considerando, que procede evaluar de forma conjunta los dos motivos denunciados por fundamentarse en el debido proceso a seguir, y en la interpretación de las disposiciones de los artículos 148 y 151 del Código Procesal Penal, así como el rol del juzgador en un estado de derecho a fin de legitimar su actuación frente a los usuarios y frente a la comunidad a la que sirve dentro de los límites constitucionales y legales de sus funciones; Fecha: 24 de octubre de 2016

1. que del análisis de la resolución núm. 00050/2005, recurrida se evidencia desde el punto de vista formal contiene 7 páginas, la primera de las cuales

   plasma el encabezado del tribunal nombre del juez y secretaria y a seguidas 6 páginas contentivas de recuadros en los que se describen 83 expedientes con los datos siguientes: El número de proceso, nombre del imputado, la calificación jurídica y el número y fecha de la Resolución de medida de coerción que le fuera impuesta a cada uno de los coimputados;
   b) que en la resolución de marras en la página 7 el Juzgador se limita a transcribir las disposiciones de los artículos 148, 149 y 44.11 del Código Procesal Penal, que consagran los plazos máximos para la celebración de los procesos y la extinción de la acción penal como sanción, plasmando en consecuencia en su parte dispositiva la extinción de la acción penal en los procesos descritos y el cese de las medidas de coerción correspondientes;

   Considerando, que la actuación del juzgador en la resolución atacada motiva a esta Segunda Sala a realizar reflexiones nodales acerca del rol del juez un Estado de Derecho, de su deber constitucional de motivación y de salvaguardar el debido proceso so pena de arbitrariedad y arracionalidad de sus decisiones;

   Considerando, que en un Estado neoconstitucionalizado el sistema de justicia y los órganos que lo integran, tribunales y operadores jurídicos, son los Fecha: 24 de octubre de 2016

   principales responsables de legitimar a través de sus decisiones la respuesta que se le da al usurario, litigante y comunidad a la que sirve;

   Considerando, que esta legitimación, como parte de la función política de decisión, se satisface con una correcta justificación en hechos y derecho de los resultados que son plasmados en la decisión, resolución, auto, o sentencia, pues está en juego no solo los intereses de los particulares, sino, tal como es en los casos penales, los bienes jurídicos de la comunidad, sobre todo en supuestos de envergadura o gravedad; es por esto que se afirma que la motivación de la decisión es un derecho fundamental de las partes involucradas en un proceso de la índole que sea;

   Considerando, que el orden constitucional vigente a partir del año 2010 constituye un muro de contención a la mentalidad del juez decimonónico y aplicador automático de la norma, pues este cambio radical en el orden constitucional obliga al operador jurídico, especialmente en la área penal, a tomar en cuenta el equilibrio imperante entre derecho y justicia, derecho e igualdad, y a utilizar como brújulas orientativas de su accionar el debido proceso y los principios de razonabilidad y proporcionalidad;

   Considerando, que tomando como parámetros las reflexiones antes dichas, retomando la decisión recurrida, resulta imposible, realizar los análisis de los parámetros antes planteados, puesto que la misma evidencia una ausencia total Fecha: 24 de octubre de 2016

   motivación, limitándose al mínimo plano descriptivo de lista de expedientes con datos básicos tipo fichero bibliotecario;

   Considerando, que al obrar como lo hizo el juzgador violentó los principios basilares que rigen el proceso penal y la actuación de los operadores jurídicos en esta etapa, tales como: ausencia total de motivación, lo que imposibilita evaluar siquiera microscópicamente algún vestigio de debido proceso, por lo que su decisión resulta arbitraria, irracional y desproporcionada;

   Considerando, que el rol del juzgador en esos 83 casos, de mediada y mayor gravedad según se evidencia de las calificaciones jurídicas plasmados a modo de “lista” de casos, debieron ser escrutados de forma aislada y analítica a de satisfacer los parámetros de tutela judicial que debe ser materializada por el operador jurídico;

   Considerando, que la actuación del juzgador ha constituido un atentado contra la Seguridad Jurídica de raigambre constitucional, pues ha tomado una decisión sin verificar si en cada uno de estos casos se realizaron o no las intimaciones pertinentes, si efectivamente existían supuestos de archivo provisional, y más aún, no fueron salvaguardados los derechos de las víctimas a oídos y a participar de forma efectiva al momento de la toma de decisiones concernientes a estos casos, muchos de ellos con infracciones graves; Fecha: 24 de octubre de 2016

   Considerando, que la motivación de la decisión en palabras de los profesores A.G. y R.C., posee un doble carácter; de naturaleza jurídica, y por otra parte, de legitimación política, pues solo en la medida en que los jueces y funcionarios públicos en general, expresen las razones que han tenido para tomar una determinada decisión, de manera explícita y razonada, es que estas decisiones podrán adquirir la legitimidad indispensable para que el sistema jurídico funcione;

   Considerando, que como finalidades de la motivación el Profesor Alfredo

   Diego de Diez destaca las siguientes:
   1. Hacer patente el sometimiento del juez al imperio de la ley (entendida en nuestro ordenamiento en un sentido lato, primando la Constitución);
   2. Garantizar la posibilidad de control de la resolución judicial por los tribunales superiores que conozcan de los correspondientes recursos;
   3. Lograr el convencimiento de las partes sobre la “justicia” y “corrección” de la decisión judicial en cuanto: a la aplicación de la ley, eliminando la “sensación de arbitrariedad” y estableciendo su “razonabilidad” al conocer el por qué concreto de su contenido;
   4. Permitir el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de la publicidad; Fecha: 24 de octubre de 2016

   Considerando, que al no satisfacer la resolución recurrida los requisitos mínimos de motivación, razonabilidad, violentando así el debido proceso y la tutela judicial efectiva de la que son guardianes los operadores jurídicos del sistema de justicia bajo la lupa del ordenamiento constitucional actual, supuestos que van más allá de los vicios denunciados, procede declarar con lugar el recurso que nos ocupa y casar la resolución sometida a nuestra consideración;

   Considerando, que cuando una sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas deben ser compensadas.

   Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

   FALLA:

   Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto la Procuradora Fiscal de Puerto Plata, L.. Alba N.P., contra la resolución núm. 00050-2015 dictada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata el 6 de febrero de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;

   Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío del proceso por ante la Coordinadora de Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, para que designe otro Fecha: 24 de octubre de 2016

   Juzgado de la Instrucción que conozca la etapa intermedia del mismo;

   Tercero: Compensa las costas;

   Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes;

   Quinto: Se hace consignar el voto disidente de los magistrados F.E.S.S. e H.R..

   (Firmados).-M.C.G.B.-EstherE.A.C..- A.A.M.S.-FranE.S.S..- Juez Disidente .-H.R., J.D..-

   Voto disidente de los Magistrados F.E.S.S. e

   H.R.:

   Considerando, que la función del derecho en toda sociedad no es otra que de regular la vida de los ciudadanos, sus instituciones y sus intereses. Que en accionar la concesión jurídica como tal se encuentra en permanente evolución, tratando de adaptar y subsumir las disposiciones de los enunciados jurídicos, a las actuaciones cotidianas de todo grupo social que se encuentre en constante cambio, de ahí es que se habla que el derecho tiene un carácter dinámico, pues trata de amoldarse a las necesidades sociales como búsqueda de Fecha: 24 de octubre de 2016

   respuesta jurídica optima a los problemas sociales y económicos que se presenten. Que como consecuencia de la evolución a lo largo del desarrollo de la humanidad de la concepción jurídica se han ido incorporando múltiples formatos del derecho, destacándose la ley, la costumbre, los principios jurídicos, la doctrina y las decisiones jurisprudenciales;

   Considerando, que dependiendo de la fuente de derecho que primara en determinado ordenamiento, dio lugar al surgimiento de distintas corrientes jurídicas que de una y otra forma tienen como propósito esencial buscar la solución a los conflictos que se presenten por ante sus instancias jurisdiccionales incluso atendiendo que los tribunales no tienen la fórmula mágica para solucionar todas las disputas sometidas a su consideración, vemos como en la antigüedad y en la actualidad se han desarrollado mecanismos de conciliación y soluciones alternas a la instancia judicial;

   Considerando, que como consecuencia de esa priorización de fuentes han surgido tres grandes corrientes jurídicas, el positivismo jurídico, donde el derecho es igual a la ley, el iusnaturalismo, donde el derecho es igual a justicia y realismo jurídico donde el derecho es igual a hecho. El surgimiento y desarrollo de estas corrientes no fue un asunto aislado, dado a que en la consolidación de cada uno de ellos hubo influencia del ordenamiento romano, Fecha: 24 de octubre de 2016

   en sus orígenes y su desarrollo no hizo más que compilar esta combinación fuentes. Sin embargo, un elemento constante en la obsesión del derecho al regular los ordenamientos no ha sido otro que el desarrollo y la preservación de seguridad jurídica, es decir, independientemente de la fuente que se priorice, partes en conflicto, la ley y el derecho, deben saber claramente a cuáles consecuencias se exponen, es decir, la existencia de reglas claras en cuanto a las sanciones que puedan ser objeto a consecuencia del quebrantamiento del orden jurídico establecido y es en la búsqueda de garantizar esa seguridad jurídica que tuvo lugar la entrada en crisis del iusnaturalismo, el derecho asimilado a justicia el surgimiento del positivismo jurídico como su consecuencia, en el entendido no puede dejarse al libre albedrío del juzgador la solución de los conflictos sobre la base de la equidad, ya que, esto le daba un amplio margen para decidir desprovisto de todo tipo de control. Es en estas circunstancias que entra la ley como reguladora del juzgador tanto en el aspecto procedimental como sustantivo de la aplicación del derecho; sin embargo, esto no vino a significar el positivismo jurídico fuera superior al iusnaturalismo ni viceversa, sino que, solo puso en evidencia que ambas corrientes al igual que el realismo jurídico en la aplicación del derecho presentan sus lagunas y falencias , es así como se explica el surgimiento a la par del desarrollo del positivismo de corrientes de pensamiento jurídico como el neoconstitucionalismo en el Fecha: 24 de octubre de 2016

   entendido de que la ley strictu sensu no le da la solución a todos los problemas jurídicos que pudieran presentarse. Lo mismo sucedería con la aplicación de iusnaturalismo a ultranza, pues carecería de reglas claras y pudieran dar al traste la perpetración de las mayores arbitrariedades existentes como ha sido la experiencia en la historia;

   Considerando, que el ordenamiento penal dominicano, desde el surgimiento mismo de la vida penal republicana en el año 1844, adoptó como consecuencia de la dominación haitiana por espacio de veintidós años la codificación francesa en el ordenamiento penal adjetivo, el cual ha coexistido a lo largo de todo el desarrollo del Estado Dominicano con las distintas constituciones que hemos tenido y esto es un punto interesante a resaltar, pues la mayoría de las constituciones que han surgido en República Dominicana en su conformación han sido inspiradas en el constitucionalismo americano, esencialmente en lo atinente al derecho de los ciudadanos, sin obviar la influencia de la Constitución Haitiana del año 1843, la Constitución de Cádiz del

   1812 y la misma Constitución Francesa a raíz de la revolución. De donde podemos observar que en nuestro ordenamiento han convivido disposiciones jurídicas adjetivas de carácter netamente positivista con disposiciones jurídicas sustantivas de carácter iusnaturalista. Que dado al escaso desarrollo del derecho constitucional dominicano desde el punto de vista jurisprudencial no ha Fecha: 24 de octubre de 2016

   facilitado la convivencia de la norma escrita o principios jurídicos de la norma adjetiva y sustantiva y no es hasta tiempo reciente que ha empezado a implementarse una constitucionalización del proceso penal como fruto de la reforma experimentada a raíz del año 2004;

   Considerando, que ciertamente hoy día la ley no es la única fuente del derecho sino que existen múltiples fuentes como señalamos más arriba e incluso se le añade un ingrediente que quedaba excluido de la concepción netamente del derecho que es la moral, que hoy se entiende que constituye un eje transversal derecho, de donde se concluye que al momento de juzgar y decidir, el juzgador tiene un amplio margen de itemes a considerar que incluye aspectos jurídicos, económicos, sociales y éticos y como consecuencia de esa diversidad de fuentes y de tópicos este puede inscribirse en priorizar en determinadas circunstancias los aspectos formales sobre los de fondo o viceversa, atendiendo a las interrogantes planteadas para la solución adecuada de un conflicto están sujetas a múltiples condiciones y basta con acogerse a un determinado criterio de interpretación normativa o argumentación jurídica sobre la base del test de la ponderación de los elementos jurídicos, económicos y sociales en juego, para que arribe a una conclusión que entienda debidamente motivada al alcance de los requisitos necesarios para la legitimación de la misma; es por esta razón que lo se requiere del juzgador al momento de decidir no es que sea formalista Fecha: 24 de octubre de 2016

   (prioriza la forma al fondo) o consecuencialista (prioriza el fondo a la forma), sino que sea coherente para que los usuarios del sistema sepan de antemano a áles reglas se abstienen, es decir, que el ordenamiento como tal se distinga por seguridad jurídica que brinda a los conciudadanos. Y en esa circunstancia estos no se ven sujetos a expresar caprichos, incertidumbre o arbitrariedad de sus juzgadores porque indefectiblemente nunca vamos a encontrar, como ha sido la experiencia, que ninguna corriente de pensamiento jurídico sea perfecta, lo que sí quiere es que existan reglas para ya el otro saber a lo que se abstiene. Y es en definitiva que esta seguridad jurídica lo que busca plasmar son las tres grandes corrientes del pensamiento, sea a través de la ley (positivismo jurídico), sea a través de la justicia (iusnaturalismo) o sea a través del precedente jurisprudencial (realismo jurídico) y la seguridad jurídica como definimos más arriba depende esencialmente de la coherencia de los juzgadores al momento de decidir sus decisiones;

   Considerando, que el artículo 393 del Código Procesal Penal señala que: decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en este código. El derecho de recurrir corresponde a quienes le es expresamente acordado por la ley. Las partes sólo pueden impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables”; Fecha: 24 de octubre de 2016

   Considerando, que el artículo 399 del Código Procesal Penal dispone que: “los recursos se presentan en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código, con indicación específica y motivada de los puntos impugnados de la decisión”, su parte, el artículo 418 del código de referencia expresa que “se formaliza el recurso con la presentación de un escrito motivado en la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de veinte días a partir de su notificación. En el escrito se debe expresa concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos, la norma violada y la solución pretendida”;

   Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone, en cuanto al procedimiento del recurso de casación, que se aplican, analógicamente, las disposiciones del referido código relativas al recurso de apelación, salvo en lo relativo al plazo para decidir que se extiende hasta treinta días, en todos los casos; por consiguiente, es necesario que ante la interposición del recurso de casación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia decida primero sobre admisibilidad del mismo, en virtud de los artículos 425 y 426 del citado Código Procesal Penal;

   Considerando, que de conformidad con lo estipulado en el artículo 70 del Código Procesal Penal, la Suprema Corte de Justicia, es competente además de casos que expresamente le atribuyen la Constitución de la República y las leyes para conocer del recurso de casación; del recurso de revisión; del Fecha: 24 de octubre de 2016

   procedimiento relativo a los conflictos de competencia entre Corte de Apelación entre jueces o tribunales de distintos Departamentos Judiciales; de la

   recusación de los jueces de la Corte de Apelación; de las quejas por demora procesal o denegación de justicia contra las Cortes de Apelación; del procedimiento de solicitud de extradición;

   Considerando, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fue apoderada para conocer del recurso de casación incoado por la Licda. Alba N.P., Procuradora Fiscal Titular del Distrito Judicial de Puerto Plata, contra la resolución núm. 00162/2015, dictada por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, mediante la cual se declaró la extinción de la acción penal iniciada, por el vencimiento del plazo máximo de la duración del proceso conforme a las disposiciones de los artículos 44.11, 148 y 149 del Código Procesal Penal;

   Considerando, que la recurrente propone como sustento de la admisibilidad del recurso de casación en síntesis lo siguiente: que el recurso tiene motivo fundamental en que la decisión recurrida ha sido emanada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata y la misma pone fin al procedimiento, por lo que se sustenta en el artículo 425 del Código Procesal Penal; Fecha: 24 de octubre de 2016

   Considerando, que el artículo 425 del Código Procesal Penal, anterior a las modificaciones introducidas mediante la Ley núm.10-15 del 10 de febrero de 2015, G.O. 10791, establecía: “Decisiones recurribles. La casación es admisible contra sentencias de la Corte de Apelación, las decisiones que ponen fin al procedimiento, o deniegan la extinción o suspensión de la pena”; de lo que se infiere que la competencia de que se trata y alega la parte recurrente estaba atribuida de manera exclusiva a la Suprema Corte de Justicia por ser una decisión que ponía fin al proceso;

   Considerando, que sin embargo, posterior a dichas modificaciones, el mencionado artículo 425 del Código Procesal Penal expresa: “Decisiones recurribles. La casación es admisible contra las decisiones emanadas de las Cortes de Apelación en los casos siguientes: Cuando pronuncien condenas o absolución, cuando pongan fin al procedimiento, o cuando deniegan la extinción o suspensión de la pena”; dejando claro esta normativa que la competencia de que se trata le corresponde a

   Cortes de Apelación, no a la Suprema Corte de Justicia, como sucedía antes de la modificación del Código Procesal Penal en enero de 2015; tal y como consta decisiones dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, correspondiente al Exp. núm. 2012-5412 y de esta Segunda Sala, resoluciones núms. 3411-2013, 416-2016 y 1155-2016; Fecha: 24 de octubre de 2016

   Considerando, que de lo anteriormente establecido se desprende que la resolución sobre extinción de la acción penal no es susceptible de recurso de casación, salvo el caso de que se produzcan o se observen violaciones de índole constitucional, las cuales pueden ser invocadas por la parte recurrente u advertida de oficio por el tribunal que conoce del recurso de que fue apoderado, tal y como lo consagra el artículo 400 del referido código, lo que no sucedió en el caso de la especie;

   Considerando, que en ese tenor, a esta Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia, la norma le confiere la atribución para conocer de los recursos de casación de las decisiones emanadas de las Cortes de Apelación, en los casos que dispone el Código Procesal Penal;

   Considerando, que una decisión contraria quebrantaría el principio de legalidad, constituyendo una función de la labor jurisprudencial garantizar la seguridad jurídica sobre el sustento de la coherencia de sus decisiones tal como acuerda la misma norma procesal, que dice que es susceptible de casación toda decisión que es contraria de su precedente, no obstante la disyuntiva que siempre habrá de subsistir de los elementos en juego en el proceso;

   Considerando, que por lo antes expuesto y en relación al recurso de que se trata, del análisis de nuestra normativa procesal penal vigente, así como del Fecha: 24 de octubre de 2016

   examen de la decisión impugnada, se advierte que la sentencia proveniente del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, versa sobre pronunciamiento de una extinción de la acción penal, en consecuencia el presente recurso de casación deviene en inadmisible.

   (Firmados).-F.E.S.S..- H.R..-

   La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.