Sentencia nº 1091 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Noviembre de 2015.

Fecha de Resolución:11 de Noviembre de 2015
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 1091

G.A. de S., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una resolución de fecha 11 de noviembre de 2015, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 11 de noviembre de 2015.

Rechaza Preside: J.C.C.G..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los señores T.A. y B.J., dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 008-0013604-6 y 008-0013857-0, domiciliados y residentes en el Paraje Yabacao Arriba, distrito municipal de C., provincia Monte Plata, contra la sentencia civil núm. 009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 19 de enero de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. F.G.G., por sí y por la Licda. V.P.S., abogados de los recurrentes T.A. y B.J.;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, "Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de febrero de 2012, suscrito por los Licdos. F.G.G. y V.P.S., abogados de los recurrentes T.A. y B.J., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de marzo de 2012, suscrito por las Licdas. J.V.R. y E.F.L., abogadas de la parte recurrida J.F.M.R.; Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 13 de marzo de 2013, estando presentes los magistrados J.C.C.G., P.; V.J.C.E., J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos del S., y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de una demanda en guarda de menor incoada por los señores T.A. y B.J. contra el señor J.F.M.R., la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata dictó el 14 de junio de 2011, la sentencia de familia núm. 179/2011, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE la presente Demanda en Guarda, interpuesta por los Señores TEÓFILO ALCALÁ Y B.J., en contra del S.J.F.M.R., en la cual reclaman la guarda de sus nietos los niños FREDERIC Y RIZ KELVIN MORENO ALCALÁ, de 9 y 8 años de edad, procreados por el hoy demandado con su hija IVELISSE ALCALÁ JAVIER, por las motivaciones precedentemente expuestas, y en consecuencia OTORGAR a los Señores TEÓFILO ALCALÁ Y B.J., la guarda y cuidado de sus nietos FREDERIC Y RIZ KELVIN MORENO ALCALÁ; SEGUNDO: OTORGA al S.J.F.M.R., el derecho de visitar a sus hijos FREDERIC Y RIZ KELVIN MORENO ALCALÁ, pudiendo visitarles el día que desee sin traslado, y con derecho a traslado el último fin de semana de casa mes, recibiéndole el viernes a las 2:00 de la tarde y entregándolos el domingo a las 6:00 de la tarde; TERCERO: DECLARA el proceso libre de costas; CUARTO: DECLARA la presente sentencia ejecutoria provisionalmente no obstante cualquier recurso; QUINTO: ORDENA que la presente sentencia le sea notificada vía secretaría al Magistrado Procurador Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de este Distrito Judicial para los fines correspondientes”(sic); b) que no conforme con dicha decisión y mediante acto núm. 244/2011, de fecha 18 de agosto de 2011, instrumentado por el ministerial J. delC.B., alguacil de estrados del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monte Plata, el señor J.F.M.R. procedió a interponer formal recurso de apelación contra la misma, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 009, de fecha 19 de enero de 2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor J.F.M.R., contra la sentencia No. 179/2011, dictada en fecha catorce (14) del mes de junio del año 2011, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, por haber sido interpuestos en tiempo hábil y de conformidad con los preceptos legales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo el presente recurso de apelación, y en consecuencia, REVOCA en todas sus partes la sentencia impugnada, por los motivos anteriormente expuestos; TERCERO: RECHAZA, por el efecto devolutivo del recurso de apelación, la demanda en guarda incoada por los señores TEÓFILO ALCALÁ y B.J., y en consecuencia mantiene la guarda de los menores de edad FREDERIC y R.K.M.A., a cargo de su padre, señor J.F.M.R., conforme a las razones dadas más arriba; CUARTO: CONCEDE un régimen de visitas a los abuelos TEÓFILO ALCALÁ y B.J., para que éstos compartan con sus nietos FREDERIC y R.K.M.A., en la forma siguiente: el último fin de semana de casa mes, desde los viernes a las dos de la tarde hasta los domingos a las seis de la tarde; las vacaciones escolares serán compartidas por el padre y los abuelos maternos en períodos iguales; los tres primeros días de la semana santa los niños compartirán con los abuelos y los últimos días con el padre; las vacaciones de navidad serán compartidas en períodos iguales, el 24 de Diciembre de este año los niños compartirán con el padre y el 31 de Diciembre con los abuelos, y así sucesivamente será rotativo cada año; los abuelos se comunicarán previamente con el padre antes de recoger a los niños; QUINTO: COMPENSA las costas entre las partes, por tratarse de un asunto de familia; SEXTO: ORDENA comunicar la presente sentencia vía Secretaría de esta Corte, al Magistrado Procurador Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Monte Plata, para su conocimiento y fines de lugar”(sic);

Considerando, que la parte recurrente alega como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: Errónea desnaturalización de los hechos, sobre la solicitud de inadmisibilidad; Segundo Medio: Errónea apreciación de los hechos en cuanto a salvaguardar el interés superior de los niños; Tercer Medio: Errónea apreciación de los hechos en cuanto al deseo de los niños de vivir con sus abuelos maternos; Cuarto Medio: Errónea apreciación”;

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto que se discute en el recurso, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y de la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica: 1. que los señores T.A. y B.J. demandaron en guarda al señor J.F.M.R., padre de los menores F. y R.K.J.; 2. Que de la demanda antes indicada resultó apoderada la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, la cual acogió la demanda y otorgó el derecho de visita al demandado; 3. Que no conforme con la decisión, el actual recurrido apeló el fallo ante la Corte de Apelación correspondiente;
4. Que los apelados plantearon un medio de inadmisión con relación al recurso de apelación por no haberse interpuesto según las formalidades que establece la Ley núm. 136; 5. que la corte a-qua rechazó el medio de inadmisión y, en cuanto al fondo, acogió el recurso, revocó la sentencia de primer grado y le otorgó la guarda de los menores al padre, señor J.F.M.R., y concedió a los actuales recurrentes el régimen de visitas para que estos compartieran con sus nietos F. y R.K.M.A. mediante sentencia núm. 009, objeto del presente recurso de casación;

Considerando, que del estudio del memorial de casación se evidencia, que las partes fundamentan su primer medio en los siguientes argumentos: que la corte a-qua para rechazar el medio de inadmisión planteado indicó, que la Suprema Corte de Justicia por medio de la resolución núm. 1841-2005 en su ordinal 4to. modificó el Art. 319 de la Ley núm. 136-03 referente al Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual establece el procedimiento para interponer el recurso de apelación. La Suprema Corte de Justicia no tiene capacidad constitucional para modificar una ley pues cada Poder del Estado tiene sus funciones, por tanto, es al Poder Legislativo según la Constitución de la República al que le corresponde legislar;

Considerando, que para rechazar el medio de inadmisión planteado por los actuales recurrentes ante la corte a-qua indicó: “… toda vez que las disposiciones contenidas en el Art. 319 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, L. 136-03, en la forma de la interposición de los recursos de apelación fueron modificadas por el ordinal 4to. la resolución 1841-2005, de fecha 29 de septiembre del 2005, de la Suprema Corte de Justicia, que si bien este ordinal establece que dicho recurso de apelación deberá interponerse mediante instancia depositada en la Secretaría de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y A., el hecho de que el mismo se haya hecho mediante un acto de alguacil, notificado a la parte no afecta en nada el derecho de defensa del recurrido…” (sic); Considerando, que con relación al agravio bajo examen, es preciso indicar que la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para determinar el procedimiento judicial que deberá observarse cuando no esté establecido por ley o resolver cualquier punto a fin de poner en ejecución tal procedimiento, al tenor de lo dispuesto en el Art. 14 literal h) de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia Núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991 y sus modificaciones; que es por ello que ante la necesidad de viabilizar los procesos judiciales en materia de Niños, Niñas y Adolescentes, la Suprema Corte de Justicia dictó la Resolución 1841-2005 del 29 de septiembre de 2005 a fin de establecer algunos aspectos en cuanto al procedimiento para los procesos de familia ante los tribunales y cortes de niños, niñas y adolescentes;

Considerando, que en materia penal el Código para el Sistema para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, ya había consignado en el Art. 319 la forma de recurrir en apelación no estableciéndose nada en relación a la materia civil, por lo que mediante la resolución citada núm. 1841-2005 la Suprema Corte de Justicia trazó las formalidades de apelar en esta materia;

Considerando, que del estudio de la decisión impugnada como de las piezas depositadas ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia se verifica, que la notificación de la sentencia núm. 719 del 14 de junio de 2011 de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Monte Plata fue notificada mediante acto núm. 242/2011 del 19 de julio de 2011 y, contra ella, se interpuso recurso de apelación a través del acto núm. 244/2011 del 18 de agosto de 2011 mediante actuación ministerial de J. delC.B. notificado a los actuales recurrentes; que si bien es cierto que ante la ausencia legislativa, como se ha indicado precedentemente, la Suprema Corte de Justicia emitió la Resolución 1841-2005 del 29 de septiembre de 2005 a fin de suplir esas faltas procedimentales y viabilizar los procesos judiciales consignó en su ordinal cuarto, lo siguiente: “El recurso se interpondrá en el plazo de un
(1) mes, a pena de caducidad, contado a partir de la notificación de la sentencia, mediante instancia depositada en la secretaría de la corte de apelación de niños, niñas, y adolescentes o mediante declaración formulada en dicha secretaría…”, que la parte apelante, no interpuso el recurso respetando estas formalidades; sino que intentó el mismo mediante las formalidades establecidas en los artículos 61 y 456 del Código de Procedimiento Civil, es decir, a través de un acto de emplazamiento, siendo esta forma válida en cuanto a sus efectos legales a pesar de no haberse cumplido con las formalidades citadas en la mencionada Resolución 1841-2005, pues ambas formalidades no son excluyente sino que una y otra coexisten, tal y como lo ha reiterado la Suprema Corte de Justicia cuantas veces ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este punto, pues las disposiciones del Código de Procedimiento Civil tienen carácter supletorio en la materia que nos ocupa, por lo que al haberse intentando el recurso bajo esta modalidad no se violó la ley ni el interés superior del niño, en tal sentido, la jurisdicción a-qua actuó correctamente cuando declaró bueno y válido el recurso de apelación interpuesto;

Considerando, que en adicción a lo antes expuesto, el incumplimiento del requisito formal establecido por la ley, referente a la forma de interposición del recurso de apelación, da origen a una excepción de nulidad, que solo puede ser declarada cuando ha causado un agravio a quien la invoca, en virtud del Art. 37 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978; que de la lectura de la sentencia atacada resulta evidente, que los hoy recurrentes en casación, antes apelados, constituyeron abogado y presentaron sus medios de defensa, con lo cual no sufrieron ningún menoscabo en su derecho de defensa, además, el acto contentivo del recurso de apelación se interpuso dentro del plazo de un mes señalado en la Resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia; que al rechazar la corte a-qua el incidente planteado es evidente que la alzada interpretó y aplicó correctamente el derecho, razones por las cuales procede desestimar el primer medio planteado; Considerando, que procede examinar reunidos por su estrecho vínculo los medios de casación segundo, tercero, cuarto y quinto, planteados por los recurrentes en su memorial de casación; que en resumen los recurrentes plantean en fundamento de los mismos lo siguiente: que la corte a-qua incurrió en una errónea apreciación de los hechos pues no tomó en consideración la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución de la República a fin de salvaguardar el interés superior del niño pues, en casa de sus abuelos maternos tenían un hogar estable y el cariño de todos sus familiares; la alzada, sin embargo, no tomó en consideración que el padre no le puede dar un hogar a los niños, ya que no tiene esposa y solo cuenta con su madre; que la corte a-qua desconoció de igual forma el derecho que tienen los niños de formular sus declaraciones, pues estas fueron desconocidas pues los niños en diferentes oportunidades manifestaron su voluntad de querer permanecer con sus abuelos maternos; que la alzada expresó en sus motivaciones para rechazar el recurso, y confirmar la sentencia de primer grado; que para despojar al padre del cuidado y la custodia de sus hijos es necesario aportar elementos de prueba suficientes, precisos y concordantes que demuestren el peligro que este representa para los menores los cuales fueron acreditados al demostrar que los elementos antes mencionados no se ponderaron en la alzada, además el núcleo familiar que los niños conocen es la casa de sus abuelos, que el hecho de llevárselos a otro lugar le ocasiona un daño psicológico, en contradicción con lo dispuesto en el principio VI y el Art. 59 de la Ley núm. 136, lo cual fue vulnerado por la alzada razón por la cual la decisión debe ser casada;

Considerando, que del estudio y revisión de la sentencia atacada resulta evidente, que la corte a-qua para acoger el recurso de apelación sobre los hechos invocados y el derecho reclamado indicó para adoptar su decisión, lo siguiente: “que el padre y la madre son quienes tienen la obligación y responsabilidad de garantizar ese interés superior y solo en ausencia de ellos, estos deberes serán asumidos por aquella persona que tenga la guarda de hecho o asignarla a un tercero, que no ocurriendo en el caso que nos ocupa la ausencia de los padres, ya que si bien es cierto no está la madre, pero está el padre, y más cuando según consta en la sentencia que se impugna, que los menores manifestaron por ante el tribunal a-quo, querer a su padre y sentirse bien junto a él, se evidencia que el padre cuenta con todas las condiciones para tener la guarda de sus hijos menores que por derecho le asiste; que de lo anteriormente expuesto y de cara a que la juez a-quo, para tomar su decisión y otorgarle la guarda de los menores así solicitada, a sus abuelos maternos solo tomo en cuenta el deseo de dichos menores, dicha opinión debe ser tomada en cuenta al momento de tomar su decisión, no menos cierto es que la misma no ata al juez, sobre todo porque la misma no afecta al intimante; que del igual forma de la combinación del artículos 59, de la ley 136-03 y el principio VI, de la declaración de los derechos del niño, “que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen; y que el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor, y comprensión, siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso en un ambiente de afecto y seguridad moral y material”(sic);

Considerando, que la corte a-qua agrega: “por lo que somos del criterio que la demanda en solicitud de guarda es improcedente, toda vez que lo que debe primar en el caso que nos ocupa es salvaguardar el derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, siempre y cuando no se le prive de su sano desarrollo material y emocional, y uno de ellos es el de estar en contacto directo con sus padres, en este caso como la madre está ausente quien debe ostentar la guarda es el padre, señor J.F.M.R., quien ha demostrado ante esta Corte ser poseedor de una idoneidad intachable, lo que ha quedado comprobado con sendas certificaciones de no antecedentes penales, de buena conducta por la Junta de Vecinos de Yabacao Abajo (Talao), de la Parroquia de C., de la Escuela Básica Yabacao abajo, todas las cuales certifican que este es un padre responsable; así como una certificación de la Junta de Distrito Municipal de Chirino, sobre su salario de RD$6,500.00 como chofer de estudiantes”(sic);

Considerando, que un examen profundo de la decisión hoy recurrida en casación pone en evidencia que la alzada analizó y describió los hechos acaecidos entre las partes, asimismo transcribió en su sentencia las pretensiones de ambas partes y los documentos que las sustentaban; que en función de las piezas que le fueron presentadas, las cuales son valoradas en virtud de su poder soberano de apreciación, la alzada no encontró ningún impedimento legal para que el padre (ante la ausencia de la madre) asumiera la guarda de sus hijos, todo en aplicación del interés superior del niño y del Art. 59 de la Ley núm. 136-03 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que establece: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen. Excepcionalmente, en los casos en que ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en una familia sustituta, de conformidad con este Código. En ningún caso puede considerarse la falta de recursos económicos como un motivo para separar a los niños, niñas y adolescentes de su familia de origen.” Además, la corte a-qua estableció que en virtud del Art. 83 de la mencionada Ley núm. 136-03, la guarda es una institución jurídica de carácter provisional que nace para la protección integral del menor privado de su medio familiar y para suplir la falta eventual de uno o ambos padres;

Considerando, que, siguiendo el análisis anterior, cabe resaltar que la Suprema Corte de Justicia ha sido constante en el sentido de que el interés superior del niño, consagrado como norma fundamental por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de fecha 20 de noviembre de 1989, tiene su origen en la doctrina universal de los derechos humanos, y como tal, es un principio garantista de estos derechos; que los niños, niñas y adolescentes como personas humanas en desarrollo, tienen iguales derechos como todas las demás personas y por consiguiente, es preciso regular los conflictos jurídicos derivados de su incumplimiento, y de su colisión con los derechos de los adultos; que el interés superior del niño permite resolver conflictos de derechos recurriendo a la ponderación de esos derechos, y en ese sentido, siempre habrá de adoptarse aquella medida que asegure al máximo la satisfacción de los mismos;

Considerando, que, en ese mismo orden, es de importancia capital que una relación familiar debe mantenerse a través del contacto directo del padre y madre en forma regular, puesto que uno de los ejes fundamentales de la Convención Internacional, ya mencionada, es la regulación de la relación padres-hijos en la medida en que se reconoce el derecho de estos últimos a la crianza y la educación por parte de sus padres y madres, quienes ejercerán sus prerrogativas sin perjuicio del interés superior del niño, niña y adolescente por su carácter prioritario frente a los derechos de las personas adultas;

Considerando, que, por otro lado, el juez tiene el poder de valorar discrecionalmente las pruebas aportadas y establecer conclusiones relativas a su credibilidad en torno a la veracidad o falsedad de los enunciados a que se refieren los hechos de la causa; que tal y como estableció la corte a-qua al no presentarse elementos de prueba que demuestren que el padre representa un peligro para los niños o que estos han sido víctimas de maltrato de su parte, la guarda de los menores corresponde en principio a sus progenitores y solo en su ausencia puede asumirla un tercero; que al no constatar la alzada el perjuicio que sufrirían los niños al estar con su padre entendió dentro de su soberana apreciación por los hechos y circunstancias de la causa y en consonancia con el principio VI de la Declaración de los Derechos del Niño y el Art. 59 de la Ley núm. 136-03, como se ha dicho, que todo niño tiene derecho a criarse y desarrollar en el seno de su familia de origen salvo en los casos en que eso sea imposible; por lo que la corte a-qua no incurrió en la violación de las disposiciones legales invocadas ni tampoco desnaturalizó los documentos, hechos y circunstancias de la causa; que es preciso señalar además, que respecto de la guarda de los hijos menores no tiene en razón de su naturaleza intrínseca, un carácter definitivo y por lo mismo irrevocable, sino por el contrario, es meramente provisional, por tanto, puede revisarse si sobrevienen cambios en la situación de los menores o de sus padres, que exijan nuevas disposiciones o medidas con relación a la guarda de que se trata;

Considerando, que, además, el estudio de la sentencia impugnada revela, que ella contiene una relación completa de los hechos de la causa, a los que ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación pertinente que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que, por lo tanto, la sentencia impugnada no adolece de los vicios denunciados, por lo que el presente recurso debe ser rechazado.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores T.A. y B.J. contra la sentencia núm. 009, dictada el 19 de enero de 2012, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas del procedimiento por tratarse de un asunto de familia.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 11 de noviembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.

(Firmados): J.C.C.G..- J.A.C.A..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.