Sentencia nº 1135 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Noviembre de 2017.

Fecha de Resolución:22 de Noviembre de 2017
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

2017-1032

Rc: J.A.G.A.F.: 22 de noviembre de 2017

Sentencia núm. 1135

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 22 de noviembre del 2017, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C. y A.A.M.S., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 22 de noviembre de 2017, año 174º de la Independencia y 155º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por J.A.G.A., dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la carretera S., Km. 18 Itabo, municipio de Nigua, San Cristóbal, República Dominicana, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00310, 2017-1032

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dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 23 de noviembre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la señora J.A.B.A., parte recurrida en el presente proceso, exponer sus generales;

Oído a la Licda. L.D.P., del Ministerio de la Mujer, en representación de la parte recurrida, en sus conclusiones;

Oído al Dr. F.A.H.B., actuando a nombre y representación del recurrente G.A.A.G., en sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Julio Dotel, defensor úblico, en representación del recurrente J.A.G.A., depositado el 20 de enero de 2017, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso de casación; 2017-1032

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Visto la resolución núm. 2429-2017 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 16 de mayo de 2017, en la cual declaró admisible el indicado recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el día 28 de agosto de 2017;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la Constitución Dominicana, los Tratados Internacionales refrendados por la República Dominicana, sobre Derechos Humanos, así como los artículos 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. El 17 de febrero de 2016, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Cristóbal, presentó formal acusación en contra del imputado J.A.G.A. (a) M., por presunta violación a los artículos 295, 296, 2017-1032

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    297, 298, 304, 309 del Código Penal Dominicano, 50 y 56 de la Ley 36 sobre P. y Tenencias de Armas;

  2. El 29 de marzo de 2016, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, emitió la resolución núm. 092-2016, mediante la cual admitió de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público, y ordenó auto de apertura a juicio para que el imputado J.A.G.A. (a) M., sea juzgado por presunta violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 304, 309 del Código Penal Dominicano, 50 y 56 de la Ley 36 sobre P. y Tenencias de Armas;

  3. en virtud de la indicada resolución, resultó apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, el cual dictó sentencia núm. 301-03-2016-SSEN-00111, el 7 de julio de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Declara a J.A.G.A. (a) M., de generales que constan, culpable de los ilícitos de asesinato, golpes y heridas voluntarias y porte ilegal de armas blanca, en violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 309 del Código Penal Dominicano, y 50 y 56 de la Ley 36-65, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, el asesinato en perjuicio de la hoy occisa E.A.G., los golpes y heridas voluntarias en perjuicio de 2017-1032

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    Y.A.B.A., y el porte ilegal de arma blanca en perjuicio del Estado Dominicano, en consecuencia, se le condena a treinta (30) años de reclusión mayor a ser cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo Hombre; SEGUNDO: Ratifica la validez de la constitución en actor civil realizada por la señora Y.A.B.A., en su calidad de hija de la occisa E.A.G., y por los daños recibidos directamente en su calidad de víctima de golpes y heridas voluntarios , a través de su abogada, llevada dicha acción accesoriamente a la acción penal, en contra del imputado J.A.G.A. (a) M., por haber sido ejercida dicha acción conforme a la ley, en cuanto a la forma; y en cuanto al fondo, se condena al imputado antes mencionado, al pago de una indemnización de Tres Millones Doscientos Mil Pesos Dominicanos (RD$3,200,000.00), a favor de dicha parte civil constituida, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por esta, a consecuencia del accionar del imputado; TERCERO: Condena al imputado J.A.G.A. (a) Montilla, al pago de las costas penales y civiles del proceso, sin distracción estas últimas por no haber sido solicitado ello por la abogada concluyente L.. E.G.P.; CUARTO: Rechaza las conclusiones del defensor del imputado, siendo que los hechos han sido probados en los tipos penales de referencia en los incisos primero y segundo, con pruebas licitas y suficientes, capaces de destruir la presunción de inocencia que hasta este momento beneficiaba a los imputados; QUINTO: Ordena que la representante del Ministerio Público de conformidad con las disposiciones de los artículos 189 y 338 del Código Procesal Penal, mantenga bajo 2017-1032

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    custodia y responsabilidad la prueba material acreditada consistente en un machete de aproximadamente 30 pulgadas de largo mango amarillo, marca Surtek”;
    d) Que con motivo del recurso de apelación interpuesto por J.A.G.A., intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 23 de noviembre de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veintitrés (23) del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016), por el Licdo. Julio C.D.P., defensor público, actuando a nombre y representación del imputado J.A.G.A., en contra de la sentencia núm. 301-03-2016-SSEN-00111, de fecha siete
    (7) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el
    Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del
    Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura
    copiado en parte anterior de la presente sentencia, en
    consecuencia la referida sentencia queda confirmada;

    SEGUNDO: E. al recurrente J.A.G.A., al pago de las costas penales del procedimiento de
    alzada, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal,
    por haber sido asistido por un abogado de la defensa pública
    en esta instancia;
    TERCERO: La lectura y posterior
    entrega de la presente sentencia vale notificación para las
    partes”;

    Considerando, que el recurrente J.A.G.A., por medio 2017-1032

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    de su abogado propone contra la sentencia impugnada el siguiente medio:

    “Sentencia manifiestamente infundada por falta de motivación. El recurso de apelación se sustentó en dos medios: 1.- errónea valoración de los elementos de prueba, sustentado en la contradicción entre el lugar de las heridas que presenta la occisa y las declaraciones de los testigos que fueron contradictorias con la autopsia y también por la forma que fue valorado el certificado médico hecho al imputado. También la valoración de la experticia hecha a un machete aportado cómo elemento de prueba a cargo; 2.- Ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Ese medio se fundamentó en el hecho de que el tribunal de juicio descartó los medios de prueba testimoniales a descargo pero luego dice que la responsabilidad penal del procesado quedó probada a través de las declaraciones de los testigos tanto a cargo como a descargo. La Corte utiliza fórmulas genéricas para referirse al medio invocado que consistía en las declaraciones de los testigos cuando establecieron que el imputado agredió a la víctima con un arma blanca cuando esta se encontraba en la parte delantera de un taxi, lo que significa que el flanco que le quedaba al imputado era el flanco derecho, sin embargo la autopsia establece que las heridas fueron recibidas del lado izquierdo. Ese es un punto al cual la Corte no se refirió en ningún momento. Otro aspecto argumentado por el recurrente y que la Corte no contestó es lo concerniente a la versión que da el imputado de que las heridas fueron causadas de manera accidental por la hija de la víctima. No contesta las inconsistencias entre las declaraciones del agente y el certificado médico hecho al 2017-1032

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    imputado. Otro aspecto invocado y sobre el cual no se refirió la Corte fue la violación al principio de presunción de inocencia al dar por ciertos los hechos de la acusación. También referimos la errónea valoración del informe pericial, de las declaraciones del testigo a descargo J. de Oleo. Respecto al segundo medio la Corte continúa con fórmulas genéricas señalando que no existe contradicción entre lo que dijeron los testigos a cargo y los testigos a descargo, la Corte pasa por alto el núcleo del medio interpuesto por el recurrente”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente:

    Considerando, que de acuerdo a lo expuesto por el recurrente J.A.G.A., en su único medio casacional, le atribuye a la Corte -qua haber emitido una sentencia carente de motivación, respecto de los vicios invocados a través del recurso de apelación del que estuvo apoderada, donde cuestionó la valoración realizada por los juzgadores a las pruebas que fueron presentadas por las partes, haciendo referencia a contradicciones entre las declaraciones de los testigos y el informe de autopsia, en lo que respecta al lugar donde la víctima recibió las heridas, así como sobre su versión de que su hija fue quien le infirió las mismas de manera accidental, y por último en cuanto a la valoración de las declaraciones de los testigos a descargo;

    Considerando, que del examen y ponderación de la sentencia recurrida 2017-1032

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    se evidencia que, contrario a lo afirmado por el reclamante, el tribunal de alzada justificó de manera suficiente su decisión de rechazar el indicado recurso de apelación que interpusiera en contra de la sentencia condenatoria pronunciada en su contra, ponderando de manera específica cada uno de los planteamientos en los cuales los fundamentó, haciendo constar en las páginas 17 y siguientes de la sentencia objeto de examen lo siguiente:

  4. La correcta actuación de los juzgadores del tribunal de primer grado al ponderar de manera objetiva los elementos de prueba presentados, quienes no solo fundamentaron su decisión en las declaraciones de los testigos a cargo, ya que sus relatos fueron corroborados con los demás elementos de prueba, los cuales resultaron ser vinculantes en forma directa con el imputado, respecto del hecho endilgado;

  5. La valoración objetiva de las declaraciones de los testigos a descargo, los cuales no contradijeron las afirmaciones expuestas por los presentados por la parte acusadora, quienes a pesar de no responsabilizar al imputado J.A.G.A. de haber ocasionado las heridas que le produjeron la muerte a ex pareja, ambos lo sitúan en el lugar del suceso cuando afirman que el mismo fue agredido por familiares de la víctima;

  6. La no corroboración de la versión sostenida por el imputado, de que las 2017-1032

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    lesiones que presenta la víctima le fueron inferidas de manera accidental por su hija Y.A.B.A., cuando intentó agredirlo;

  7. La inexistencia de argumentos valederos por parte de la defensa sobre el lugar donde la víctima recibió las heridas, quien se encontraba en la parte delantera del carro en el asiento del pasajero, por lo que al ser agredida intentó salir por la puerta del chofer, momento que aprovechó su agresor para propinarle las heridas por el flanco izquierdo, situación que fue descrita de manera detallada por el señor M.F., chofer del carro y testigo presencial,

  8. Verificó, además la alzada, el cumplimiento por parte de los jueces del tribunal de juicio a las exigencias establecidas en el artículo 24 del Código Procesal Penal, quienes realizaron una reconstrucción lógica y armónica de los hechos, los cuales se corresponden con los elementos de prueba aportados y valorados, dando lugar a la confirmación de la sentencia condenatoria pronunciada en contra del hoy recurrente;

    Considerando, que siendo el aspecto nodal de los cuestionamientos invocados por el recurrente la valoración realizada por los jueces del tribunal sentenciador a los elementos de prueba presentados por las partes, cuyas críticas estuvieron dirigidas de manera específica a las circunstancias en que 2017-1032

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    aconteció el suceso donde perdió la vida la señora E.A.G., las cuales fueron debidamente ponderadas por los jueces de la Corte a qua, conforme lo hicimos constar en el considerado que antecede; esta S. estima pertinente destacar que de acuerdo a las pruebas aportadas a los jueces del tribunal de juicio además de realizar una reconstrucción lógica del citado acontecimiento, establecieron la existencia de eventos previos característicos de estos tipos de crímenes, como la relación sentimental que existió entre el imputado y la víctima por más 16 años, con la que esta última decidió terminar abandonando la vivienda que compartían, quien enfrentó la resistencia del imputado a la ruptura de la relación, pretendiendo ejercer sobre ella autoridad y control, al punto de molestarse tras recibir la información de que ese día la occisa había decidió asistir a una fiesta, prohibiéndoselo de manera directa, quien a pesar de ello decidió acudir a la misma, lo que provocó la molestia del imputado, quien se apostó en la acera del frente de la casa donde residía la víctima, de donde vociferó improperios, así como amenazas de muerte contra su persona, portando un machete e ingiriendo bebidas alcohólicas. Esta situación motivó a que la hija de la occisa, Y.A.B.A., le llamara para informarle sobre las actuaciones del imputado frente a su residencia, advirtiéndole que tomara las medidas de precaución, advertencias que fueron ignoradas por dicha señora, 2017-1032

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    quien al llegar a bordo de un taxi fue agredida por el imputado, causándole las heridas que le provocaron la muerte;

    Considerando, que al tratarse de una sentencia de femenicidio, caracterizada por antecedentes de violencia física, sicológica, económica y sexual, siendo identificadas algunas de estas condiciones en el caso de marras, de conformidad con los hechos que fueron establecidos como ciertos, y que hemos descrito en el considerando que antecede, constituye un elemento que debe ser evaluado por el Juzgador dentro de las agravantes del homicidio, como de hecho se hizo en el caso de la especie, en consonancia con lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de la que nuestro país es signataria;

    Considerando, que de lo descrito precedentemente se comprueba que los jueces de la Corte a qua justificaron de forma adecuada y suficiente su decisión de rechazar el recurso de apelación interpuesto por el imputado J.A.G.A., en consonancia con lo establecido en la normativa procesal penal, respecto de su obligación que sus decisiones estén provistas de las justificaciones en las cuales se fundamentan, sin incurrir en las violaciones ahora denunciadas; 2017-1032

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    Considerando, que conforme las especificaciones antes indicadas, se evidencia que los reclamos del recurrente carecen de fundamentos, toda vez que el razonamiento dado por la Corte a-qua al momento de examinar la decisión emanada por el Tribunal a-quo a la luz de lo planteado en su recurso de apelación, fue resuelto conforme derecho y debidamente fundamentado; por lo que se desestima el medio analizado, y en consecuencia procede rechazar el recurso de casación que nos ocupa, en virtud a lo establecido en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    PRIMERO: Rechaza el recurso de casación interpuesto por J.A.G.A., contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00310, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 23 de noviembre de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

    SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión impugnada; 2017-1032

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    TERCERO: E. al recurrente del pago de las costas del procedimiento, por haber sido asistido por un abogado adscrito a la Defensoría Pública;

    CUARTO: Ordena a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes del proceso y al Juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal.

    (Firmados) M.C.G.B.-E.E.A.C.-A.A.M.S.

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.