Sentencia nº 116 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Febrero de 2016.

Fecha de Resolución:22 de Febrero de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 116

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2016, QUE DICE:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 22 de febrero de 2016, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación incoado por J.J.S.M., dominicano, mayor de edad, mecánico, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 229-0004199-7, domiciliado y residente en la calle S.A.G., núm. 26, barrio Puerto Rico, municipio de Santo Domingo Este; y J.S.Z., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 229-0003341-0, domiciliado y residente en la calle 6, respaldo p-4, barrio Puerto Rico, municipio Santo Domingo Este, en sus calidades de imputado, contra la sentencia núm. 279-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santo Domingo el 18 de junio del 2014;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Dr. B.C.L., conjuntamente con el Licdo. M.L., actuando a nombre y en representación de J.J.S.M. y J.S.Z., parte recurrente, en la exposición de sus conclusiones;

Oído el dictamen de la Magistrada Dra. C.B., Procuradora General Adjunta de la República;

Visto el escrito motivado mediante el cual los recurrentes, J.J.S.M. y J.S.Z., a través de su defensa técnica Dr. B.C.L. y el Licdo. M.Á.L., interponen y fundamentan dicho recurso de casación, depositado en la Secretaría General del Despacho Penal de Santo Domingo, Unidad de Recepción y Atención a Usuario Judicial, en fecha el 1 de agosto de 2014;

Visto la resolución núm. 1539-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 1 de julio de 2015, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por J.J.S.M. y J.S.Z., en su calidad de imputados, en cuanto a la forma, y fijó audiencia para conocer del mismo el 7 de octubre de 2015, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. En fecha 18 de febrero de 2011, a eso de las 12:30, horas, fueron sorprendidos en el momento que atracaban con pistola en mano, la Ferretería El Pedregal, ubicada en la carretera La Cuaba, kilometro 22, de la autopista D., municipio Santo Domingo Oeste, despojando a su propietario A.B.G., de la suma de Diez Mil Pesos y un celular marca Sony Erickson, color blanco, con el número 809-988-7828, activado con la compañía Orange Dominicana, saliendo de inmediato a bordo de una motocicleta color rojo, siendo perseguidos y arrestados por la policía, ocupándosele al primero mediante requisa la suma de Cuatro Mil Pesos (RD$4,000.00) en efectivo, la pistola ilegal, un carnet de identidad del Ejército Nacional, dos celulares, un M., color negro, modelo W388, Imel 011637000663498, activado por la compañía Claro Codetel, y el celular Sony Erickson Imel núm. 35273302-4587255126, por la compañía Orange Dominicana, propiedad de A.B.G., que le había despojado momentos antes, y al segundo se le ocupó la suma de Tres Mil Pesos, un celular marca Alcatel, color gris, Imel núm. 012219004344695, activado por la compañía Orange, el cual le fue sustraído mediante atraco a la señora L.Y.B.M., ocurrido en fecha 14 de febrero de 2011, en el referido sector, así también los celulares marca Huawei, color negro con rojo, Imel núm. 012115002164061, y un Alcatel, rojo con mamey, imel 012077000540413, de Orange Dominicana, de igual modo despojar a M.A.L.P., de la motocicleta marca JINCHEIN, color negro, a eso de las 02:30 horas del día 11 de febrero 2011. Que también están siendo señalados por el testigo ocular el señor T.G.M., de ser los autores de ocasionarle la muerte a J.M. de Oleo, a causa de herida de arma de fuego cañón corto en tórax abdominal con orificio de entrada y salida para despojarlo de la motocicleta tipo pasola marca Yamaha, modelo 3KJ, color negra, chasis núm. 3KJ-6536789, hecho ocurrido el 14 de febrero de 2011, en la carretera Duarte Vieja, atrás del Ayuntamiento de P.B., provincia de Santo Domingo;

  2. Que por instancia del 3 de noviembre de 2011, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santo Domingo, presentó formal acusación con solicitud de auto de apertura a juicio en contra de los imputados J.J.S.M. y J.S.Z.;

  3. Que en fecha 27 de marzo de 2012, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo dictó el auto núm. 52-2012, consistente en auto de apertura a juicio, mediante la cual se admitió la acusación en contra de los imputados;

  4. Que el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó sentencia núm. 141/2013, el 17 de abril del 2013, cuyo dispositivo esta copiado en la decisión recurrida:

  5. Que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por los imputados J.J.S.M. y J.S.Z., intervino el fallo núm. 279-2014, objeto del presente recurso de casación, dictado por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 18 de junio del 2014, y su dispositivo es el siguiente:

“PRIMERO : Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Dr. B.C.L. y el Licdo. M.Á.L., en nombre y representación de los señores J.J.S.M. y J.S.Z., en fecha once (11) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), en contra de la sentencia 141/2013, de fecha diecisiete (17) del mes de abril del año dos mil trece (2013), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: “ Primero : Declara el voto disidente de la magistrada D.I.M.P., sobre absolución de ambos procesados; Segundo : Varia la calificación jurídica reteniendo solamente la violación de los artículos 265, 266, 379 del Código Penal Dominicano y los artículos 39 y 40 de la Ley 36, excluyendo los artículos 295, 304 y 383 del Código Penal Dominicano; Tercero : Declara a los señores J.S.Z., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad núm. 229-0003341-0, domiciliado y residente en la calle 6, R.P.-4, barrio Puerto Rico, municipio Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo y J.J.S.M., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad núm. 229-0004199-7, domiciliado y residente en la calle S.A.G., núm. 26, barrio Puerto Rico, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, culpables de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 379 del Código Penal Dominicano y los artículos 39 y 40 de la Ley 36, en perjuicio de A.E.G., por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal, en consecuencia se condena a cumplir la pena de quince (15) años de prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, así como al pago de las costas penales; Cuarto : Rechaza el pedimento del Ministerio Público, sobre variación de medida de coerción de garantía económica por la prisión preventiva; Quinto : Convoca a las partes del proceso para el próximo día veinticuatro (24) del mes de abril el año dos mil trece (2013), a las 9:00 a.m., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale citación para las partes presentes”; SEGUNDO : Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO : Condena a la parte recurrente al pago de las costas del proceso; CUARTO : Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una copia de la presente sentencia a cada una de las partes que componen el proceso”;

Considerando, que los recurrentes, por intermedio de su defensa técnica, proponen contra la sentencia impugnada lo siguiente:

A que como se podrá ver y analizar la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, en su sentencia no motivó lo suficiente como lo establece el artículo 24 del Código Procesal Penal, de una manera detallada, de una manera precisa y sin los fundamentos necesarios que determinen que los imputados se le ha podido demostrar en ninguna instancia llámese medida de coerción, proceso preliminar, juicio de fondo y ahora y dicha corte una mínima partición de los hechos que se le imputan y además el ministerio público no pudo demostrar en su investigación la participación de los mismos en los hechos que se le imputan, como se podrá analizar ha habido una falta de ilogicidad, falta de un razonamiento sin fundamentos y una correlación de sentencia que la Corte ha dictado contrario a los fundamentos y a los hechos reales y precisos, ya que la misma corte de una manera vaga, no preciso en que se le pueden vincular en los hechos que sucedieron. A que si analizamos las páginas del 1-10 de dicha sentencia de la Corte de Apelación como se podrá ver y analizar fríamente, sin una racionalidad lógica, incoherente, no especifica, no es preciso en violación a nuestra Constitución de la República en sus artículos 38 y 39, y de una manera grosera el artículo 24 sobre motivación de la sentencia, falta de motivación”;

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

Considerando, que la Corte a-qua al momento de fundamentar su rechazo estableció de manera puntual, lo siguiente: “Considerando: Que del análisis de la sentencia impugnada esta Corte ha podido comprobar que el tribunal a-quo para fallar como lo hizo tomó en consideración los elementos de pruebas presentados por el Ministerio Público en la acusación y de manera especial las declaraciones del testigo y víctima A.E.B.G., quien de manera coherente y precisa estableció en sus declaraciones que identificaba al imputado J.S.Z. como la persona que le apuntó con un arma de fuego, misma que fue identificada por este, y que el imputado J.J.S.M., fue la persona que le sustrajo la suma de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00) de la caja, hecho ocurrido en la ferretería donde este labora; Considerando: Que en el presente caso quedaron configurados los elementos constitutivos del crimen de asociación de malhechores, ya que los imputados penetraron a la ferretería y despojaron al querellante de la suma de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00) y un celular, la sustracción fue fraudulenta pues no hubo consentimiento de la víctima para entregar los bienes, la cosa sustraída fraudulentamente es una cosa mueble, ajena, ya que pertenecía a la víctima y la intención quedó probada porque los justiciables se encontraban libres para ejercer su acción; Considerando: Que conforme a la sana crítica de los elementos de pruebas documentales y testimoniales presentados, los jueces a-quo valoraron los hechos y circunstancias de la causa, dejando por establecido que los imputados señores J.J.S.M. y J.S.Z., fueron las personas que cometieron el atraco realizado al señor A.E.B.G., violentando con ello lo establecido en los artículos 265, 266 y 379 del Código Penal Dominicano y 39 y 40 de la Ley 36, comprometiendo con ello su responsabilidad penal, situación esta que dio al traste con la presunción de inocencia de que estaban revestidos los imputados; Considerando: Que de lo anteriormente expuesto quedó evidenciado que contrario a lo establecido por la parte recurrente el tribunal a-quo no violentó las disposiciones del artículo 336 del código Procesal Penal, ni se violentó el debido proceso de ley, pues como quedó demostrado, en el caso de la especie, si existe una correlación entre la acusación presentada por el Ministerio Público y la sentencia de marras, pues quedó configurado el delito de asociación de malhechores y al momento de imponer la pena los jueces a-quo lo hicieron basado en las disposiciones contenidas en el artículo 339 del Código Procesal Penal y le impusieron a los justiciables una pena de quince (15) años de prisión enmarcada en el rango establecido para este tipo de infracción, imponiendo incluso una pena inferior a la solicitada por el acusador público en sus conclusiones; Considerando: Que procede desestimar el motivo propuesto por el recurrente por carecer de fundamento”;

Considerando, que no ha lugar al reclamo de la parte recurrente, ya que de lo precedentemente transcrito, en virtud de los medios de pruebas puestos en causa, así como los hechos, se logra determinar que la Corte aquo realizó una adecuada ponderación al análisis del recurso de apelación que le fue sometido, toda vez que al estudio por memorizado de los aspectos de la decisión de la Corte a-qua se verifica que la motivación esgrimida es conforme a los parámetros asignados por la norma, no evidenciándose las alegadas violaciones a nuestro derecho positivo, ni inobservancia, errónea aplicación o interpretación de la norma procesal penal; por tanto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que la sentencia recurrida es justa y apegada a los parámetros de su apoderamiento, dando al traste con la confirmación de la declaratoria de culpabilidad de los imputados J.J.S.M. y J.S.Z., de la violación a los artículos 265, 266, 379 del Código Penal y los artículos 39 y 40 de la Ley núm. 36, la cual acogió como adecuada a los hechos fijados en aplicación de su soberanía al sopesar los elementos de prueba que rodearon la causa, en aplicación del artículo 336 de la normativa procesal y en beneficio de los imputados, ya que la tipificación dada resultó ser menos grave que la que sometió el ministerio público en su instancia de acusación y la cual fue posteriormente acogida por el juez de la instrucción al dictar su auto de apertura a juicio, garantizando así el debido proceso y la tutela judicial efectiva;

Considerando, que en cuanto a la cuantía de la pena impuesta, es de lugar establecer, que para su determinación el legislador ha dejado por sentado que debe existir una correlación entre la acusación y la sentencia, pudiendo los juzgadores imponer penas distintas a las solicitadas pero nunca por encima de estas, en el caso de la especie, el ministerio Público solicitó la imposición de 20 años y la defensa solicitó la declaratoria de no culpabilidad, que tratándose nuestro sistema acusatorio de “un sistema de justicia rogada”, los juzgadores se encontraban dentro de estos parámetros para la imposición de la pena conforme a su verificación de los hechos y los medios de prueba fueron debatidos en la audiencia oral, pública y contradictoria que dieron al traste como enunciamos anteriormente con la responsabilidad penal de los imputados. Por otro lado, la imposición de la pena no puede ser cuestionada, siempre que la misma se encuentre dentro de lo previsto por el legislador y bajo el principio de la razonabilidad, aplicar la pena suficiente o condigna en cada caso particular. Que en base al razonamiento del a-quo se evidencia que el cumplimiento a los lineamientos del artículo 339 en el entendido de que motivó el porqué de la imposición de la pena a ser impuesta, lo que no puede generar ninguna censura hacia el tribunal y como se evidencia de la lectura y análisis de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, la pena impuesta surgió de la comprobación de los elementos que se dieron al desarrollo de la causa, fijando a los imputados en tiempo y espacio que le responsabilizan de los hechos que fueron puestos a su cargo;

Considerando, que la Corte, no solo apreció los hechos en forma correcta, sino que también hizo una adecuada aplicación del derecho, con apego a las normas, tal y como se aprecia del cuerpo motivacional de la decisión impugnada; por lo que al no encontrarse los vicios invocados, procede rechazar el recurso de casación interpuesto, de conformidad con las disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la ley No. 10-15, del 10 de febrero de 2015; Considerando, es conforme a lo previsto en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, así como la Resolución núm. 296-2005, referentes al Juez de la Ejecución de la Pena, copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaria de esta alzada, al Juez de la Pena de la jurisdicción, para los fines de ley correspondientes;

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o parcialmente”; en la especie procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas por no haber prosperado en sus pretensiones por ante esta alzada.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por J.J.S.M., y J.S.Z., contra la sentencia núm. 279-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santo Domingo el 18 de junio del 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;

Segundo: Confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Tercero: Condena a la parte recurrente al pago de las costas;

Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena de la jurisdicción de Santo Domingo, para los fines de ley correspondiente;

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes.

(FIRMADOS).- M.C.G.B..- A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

G.A. de Subero

Secretaria General

MCGB/DLC/Mog/Hc