Sentencia nº 1179 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Noviembre de 2016.

Fecha de Resolución:21 de Noviembre de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 1179

M.A.M.A., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 21 de noviembre de 2016, que dice así:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; F.E.S.S. e H.R., asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 21 de noviembre de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación incoado por S.S. Boada, venezolano, mayor de edad, casado, portador del pasaporte núm. 068335807, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, querellante, actor civil, contra la resolución núm. 0497-TS-2015, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo será copiado más adelante; Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Magistrado F.E.S.S.P. en funciones otorgar la palabra a las partes del proceso, a fin de dar sus calidades;

Oído al Dr. R. delV., por sí y por el Dr. J. delV., actuando a nombre y representación de S.S. Boada, parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones;

Oído a la Licda. L.T., por sí y por los Licdos. C.M. y C.B.R.J. delV., actuando a nombre y en representación de C.L.F., Llobregar, S.R.L., parte recurrida, en la presentación de sus conclusiones;

Oído el dictamen de la Magistrada Licda. C.B., Procuradora General Adjunta de la República;

Visto el escrito motivado mediante el cual la parte recurrente, S.S.B., a través de sus abogados, D.. R. delV. y J. delV.; interpone y fundamenta dicho recurso de casación, depositado en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del distrito Nacional el 30 de noviembre de 2015;

Visto el escrito de contestación suscrito por los Licdos. C.A.M.C., M.S.M. y C.B., actuando a nombre y en representación de Carolina Llobregat Ferré y Llobresur, S.R.L., depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 23 de diciembre de 2015;

Visto la resolución núm. 1175-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 9 de mayo de 2016, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por S.S. Boada, en cuanto a la forma y fijó audiencia para conocer del mismo el 1 de agosto de 2016 a fin de debatir oralmente, fecha en la cual las partes presentes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 282, 283, 393, 396, 397, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la resolución impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el señor S.S.B., inversionista Venezolano, quien entendiendo que existe un buen clima de negocios y seguridad jurídica decidió instalar su base de operaciones y residencia en la República Dominicana, desde poco más de un (1) año; procediendo este a adquirir los derechos del restaurante Grappa en el Distrito Nacional, negocio de mayor prestigio del país al momento de que el hoy querellante lo adquiriera, el motivo de la adquisición del antedicho restauran obedeció a la creación del centro de expendio de comidas y bebidas más lujoso e importante de la cuenca del Caribe, para esto en fecha 22 de noviembre de 2013, contrata los servicios de la constructora Llobresur, S.R.L., sociedad comercial representada por la señora C.L., suscribiendo contrato de remodelación y obra determinada para la realización de los trabajos de remozamiento de lo que se denominaría Restaurante La Mansion/Santru, que no es más que una franquicia de lujosos restaurante estadounidenses. A que en el contrato de remozamiento y obra determinada de fecha 22 de noviembre de 2013, firmado entre las partes S.S. y Llobresur, S.R.L., debidamente representada por su gerente, la señora C.L.F., estipularon en su artículo quinto que “el presente contrato se hace intuito-persona con el contratista, el cual se compromete a no cederlo, traspasarlo o subcontratarlo, ni otorgar el mismo ni parte del mismo a otra empresa o persona sin el consentimiento del propietario”, impidiendo así la subcontratación de cualquier empresa o persona para la realización de trabajos dentro de la constructora, toda vez que ella había garantizado que poseía los equipos y el personal necesario altamente calificado para la realización cabal de las tareas contratadas. Que una vez pagados los montos casi totales el señor S. se retira a manejar sus negocios turísticos en la región este, permitiendo que la constructora L., dirigiera y manejara la obra puesta a su cargo, en ese entonces la señora C.L.F., mediante la constructora, le ofrece terminar su trabajo de remozamiento de interior, construcción y distribución de espacios del restaurante de lujo donde funcionaba Grappa, que se llamaría S., en un tiempo record de termino de dicha obra de construcción no mayor de 90 días, siendo una red de falsedad, mentira con el objetivo de timar al querellante, incumpliendo la constructora con su parte del contrato, puesto que a más de cinco meses de haberse firmado el mismo, la obra no se encontraba realizada. Esto provocó que en fecha 9 de junio de 2014, y mediante el acto de alguacil núm. 835/2014 S.S. notificara formalmente a Llobresur, la terminación de su contrato. Que de manera inexplicable y al margen del contrato suscrito entre los hoy co-imputados, una compañía desconocida como lo es I.C.P., S.R.L., para ese entonces por el hoy demandado S.S., interpone formal querella en contra de este por ante la fiscalía del Distrito Nacional en fecha 20 de junio 2014, argumentando principalmente que la mencionada acción penal era supuesta violación a los enunciados de la Ley núm. 3143 en lo referente al Trabajo Realizado y No Pagado;

  2. que el 30 de octubre de 2014, fue incoada querella con constitución en actoría civil, por el señor S.S.B., a través de sus abogados representantes, los Dres. R. delV. y J. delV., en contra de G.A.A., C.L.F., I.C.P., S.R.L. y Llobresur, S.R.L., por presunta violación a los artículos 265, 266, 400 del código Penal;

  3. que el 3 de octubre de 2014, fue incoada querella con constitución en actoría civil, por el señor S.S.B., a través de sus abogados representantes, los Dres. R. delV. y J. delV., en contra de C.L.F. y Llobresur, S.R.L.; por presunta violación a los artículos 408 del Código Penal y 513 de la Ley núm. 479-08 sobre Sociedades Comerciales;

  4. que el 28 de junio 2014, fue incoada querella con constitución en actor civil, por la sociedad comercial Inox Cribbeam Precision, S.R.L., a través de su abogado representante C.A.L.M., en contra de la Constructora Llobregat, C.L., R.S., antiguo Grappa y S.S., por presunta violación a la Ley núm. 3143 y artículo 265 del código Penal;

  5. que por instancia del 27 de mayo de 2015, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial del Distrito Nacional, procedió a dictaminar el archivo, que reza en el siguiente tenor:

    PRIMERO: Procede a declarar la admisibilidad de la querella de fecha seis (06) de octubre del dos mil catorce (2014), interpuesta por Sociedad Comercial Inox Caribbeam Precision, S.R.L., en contra de Constructora Llobregat, C.L., R.S., antiguo Grappa y S.S., por supuesta violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, que tipifica el abuso de confianza, y en ese sentido ordena la remisión al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, para fines de investigación; SEGUNDO: Declarar la inadmisibilidad de la querella de fecha trece (13) de octubre del dos mil catorce (2014), interpuesta por S.S. Boada, en contra de C.L.F. y Llobresur, S.R.L., en virtud del artículo 281-6 del Código Procesal Penal, toda vez que los hechos no se subsumen en los tipos penales arguidos, desprendienodose de los hechos un conflicto meramente civil; TERCERO: Declara la inadmisibilidad de la querella de fecha treinta (30) de octubre del dos mil catorce (2014), interpuesta por S.S. Boada, en contra de G.A., C.L.F., I.C.P., S.R.L. y Llobresur, S.R.L., en virtud del numeral 6 del artículo 281 del Código Procesal Penal, toda vez que en los hechos no se observan configurados los elementos constitutivos de los tipos penales argüidos; CUARTO: Que la presente decisión sea notificada a las partes que han intervenido en el presente proceso, a los fines de que tomen conocimiento de la misma y para que puedan objetar ante el Juez de la Instrucción, en un plazo de cinco (05) días a partir de la notificación de la presente decisión, en casi de no estar de acuerdo con la misma”; f) que apoderado el Séptimo Juzgado de la Instrucción de la Jurisdicción del Distrito Nacional, dictó la resolución núm. 762/15, consistente en objeción al dictamen de querella del Ministerio Público, de fecha 25 de septiembre de 2015, cuya parte dispositiva dispones:

    “PRIMERO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma la objeción presentada por los Dres. R. delV. y J. delV., abogados de los Tribunales de la República Dominicana, actuando a nombre y representación del señor S.S. Boada, respecto al dictamen producido por el Licdo. C.V.M., Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Director del Departamento de Sistema de Atención de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en la investigación iniciada en relación a los ciudadanos Constructora Llobregat, C.L., R.S. antiguo Grappa, S.S., C.L.F. y L.S.R.L., G.A.A., I.C.P., S.R.L., por la presunta violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 400 y 408 del Código Penal Dominicano, 513 de la Ley 479-08, de Sociedades Comerciales, en perjuicio de Sociedad Comercial Inox Cabibeam Precison S. R. L., y S.S. Boada; SEGUNDO: En cuanto al fondo rechaza la objeción planteada, por los motivos citados precedentemente; TERCERO: Difiere la lectura íntegra de la presente resolución para el día veinticinco (25) de septiembre del año mil quince (2015), a las once horas de la mañana (11:00 A.M.), quedando todas las partes presentes y representadas notificadas”;

  6. que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por S.S. Boada, intervino la resolución núm. 0497-TS-2015, ahora impugnada en casación, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Desestima el recurso de apelación interpuesto por el señor S.S.B., representado por sus abogados D.. R. delV. y J. delV., en fecha 30/9/2015, contra la resolución núm. 762-2015, de fecha 25/9/2015, dictada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra copiado en otra parte de la presente decisión; SEGUNDO: Confirma la decisión impugnada, por ser justa y reposar en buena aplicación del derecho; TERCERO: Declara el proceso libre del pago de las costas producidas en el grado de apelación; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Sala para que una copia de la presente decisión sea notificada a todas las partes envueltas en el proceso, a saber: a) S.S. Boada, objetante e imputado; b) C.L.F., objetada e imputada; c) L.S.R.L., representada por C.L.F., objetada; d) Sociedad Comercial Inox Caribbeam Precisión S. R. L., representada por el señor G.A.A., objetado; e) G.A.A., objetado;
    f) D.. R. delV. y J. delV., abogados del objetante; g) Licdos. C.A.M.C., M.S.M. y C.B., abogados de Carolina Llobregat y Llobresur, S.R.L., objetados; h) Licdos. R.N. y C.L.M., abogados del G.A., y la razón social I.C.S.R.L., objetados; i) Procurador General por ante la Corte; j) Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional; k) Licdo. C.V.M., Procurador Fiscal del Distrito Nacional”;
    Considerando, que la parte recurrente S.S.B., por intermedio de sus abogados representantes, propone contra la sentencia impugnada en síntesis lo siguiente:

    “Primer Medio : El quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos, que ocasionen indefensión (sentencia sea manifiestamente infundada); Segundo medio: La violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica”;

    Considerando, que antes de proceder al escrutinio de los medios propuestos contra la sentencia, esta Alzada se encuentra en la obligación de determinar si la decisión dictada por la Corte a-qua, puede ser objeto del recurso presentado por la parte que lo interpone, lo que se indaga a pesar de los medios y alegatos esbozados en su escrito recursivo, siendo deber de todo Tribunal verificar el cumplimiento de las formas establecidas por la ley, y en ese tenor se pronuncia el artículo 393 del Código Procesal, que dispone: “Las decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en este código. El derecho de recurrir corresponde a quienes les es expresamente acordado por la ley. Las partes sólo pueden impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables”; Considerando, que el régimen legal vigente que administra el procedimiento, establecido en el Código Procesal Penal, instituye las formas, los límites y las decisiones que pueden ser impugnadas, por lo tanto la posibilidad de recurrir las decisiones debe ser conforme al mandato taxativo y expresamente delimitado, siendo las mismas recurribles sólo por los medios y en los casos que expresamente estén establecidos, ya que, las resoluciones o decisiones sean recurribles se requiere que la ley así lo consigne, y le otorgue a quien lo promueva la facultad de hacerlo, lo que en doctrina se conoce como el principio de taxatividad de los recursos;

    Considerando, el artículo 283 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, establece que: “…El juez puede confirmar o revocar el archivo. Esta decisión es apelable. El juez puede confirmar o revocar el archivo. En caso que el juez revoque el archivo, el ministerio público tendrá un plazo de veinte días para presentar el acto conclusivo pertinente, excepto el de archivar. La revocación o confirmación del archivo es apelable. La decisión de la Corte no es susceptible de ningún recurso y se impone a todas las partes”;

    Considerando, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha podido comprobar, previo examen de las diligencias procesales remitidas por la Corte a-qua, y en atención al artículo precitado; que el presente proceso, es el resultado de un recurso de apelación incoado en contra de la objeción al dictamen del ministerio público, la cual no es recurrible en casación;

    Considerando, que todo lo anterior adquiere mayor certeza en lo pronunciado por el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes de manera vertical, es decir a todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado, en relación a la limitaciones para la interposición de los recursos, estableciendo que, “el derecho fundamental del impetrante a recurrir ante el juez o tribunal superior, no debe interpretarse en el sentido de consagrar la obligatoriedad del recurso de apelación en todas las materias, incluyendo la revisión de las sentencias ante el Tribunal Constitucional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69.9 de la Constitución, “Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley”, y, según su artículo 149, árrafo III, “Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes”. En ambos casos, la Constitución hace reserva para que el recurso sea “de conformidad con la ley” y “sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes”, de lo cual se infiere que nuestra Carta Magna ha dejado al legislador la posibilidad de regular, limitar e incluso restringir el derecho a un recurso mediante una disposición de tipo adjetivo”. (Sentencia núm. TC/0007/2012, de fecha 22 de marzo de 2012, del Tribunal Constitucional Dominicano)”; Considerando, que conforme lo razonado, esta Segunda Sala, procede a declarar al rechazo del recurso de casación que le apodera, ya que se encuentra imposibilitada para estatuir sobre el recurso por mandato expreso de la ley, en tal virtud procede al rechazo del mismo, sin necesidad de examinar ni ponderar respecto de lo alegado, por el recurrente sobre lo estatuido por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, toda vez que la decisión, no es susceptible de recurso de casación;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal modificado por la Ley núm. 10-15, dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos, siendo posible decidir sobre la base de las comprobaciones de los hechos fijados o el envío directo al tribunal de juicio, cuando sea necesaria una nueva valoración de pruebas que requieran inmediación;

    Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispones: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o parcialmente”; compensa el pago de las costas del proceso.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia;

    FALLA:

    Primero: Admite como intervinientes a C.L.F. y Llobresur, S.R.L., en el recurso de casación interpuesto por S.S. Boada, contra la resolución núm. 0497-TS-2015, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza dicho recurso por improcedente;

    Tercero: Compensa las costas;

    Cuarto: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte la notificación de la presente decisión a las partes envueltas en el proceso.

    (Firmados): M.C.G.B..- F.E.S.S. .- H.R.

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General Interina, que certifico.