Sentencia nº 120 de Suprema Corte de Justicia, del 19 de Octubre de 2016.

Fecha de Resolución:19 de Octubre de 2016
Emisor:Salas Reunidas
 
CONTENIDO

Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

Sentencia Núm. 120

M.A.M.A., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 19 de octubre de 2016, que dice:

LAS SALAS REUNIDAS

Audiencia pública del 19 de octubre de 2016. Preside: M.G.M..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en Cámara de Consejo la siguiente resolución:

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 28 de mayo de 2015, incoado por:

1) El Licenciado R.J.V.A., Procurador de la Corte de Apelación de La Vega;

2) La Licenciada V.G.M., Procuradora General de la Corte de Apelación de La Vega;

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol; Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

Oídos: a los licenciados J.C.S., L.A.P., J.Z., M.G. y M.M., actuando en representación de R.A.M.J., imputado;

V.: el memorial de casación depositado, el 19 de junio de 2015, en la secretaría de la Corte A-qua, mediante el cual los recurrentes: licenciado R.J.V.A., Procurador de la Corte de Apelación de La Vega, y la licenciada V.G.M., Procuradora General de la Corte de Apelación de La Vega, interponen su recurso de casación;

Visto: el escrito de defensa, depositado el 06 de agosto de 2015, en la secretaría de la Corte A-qua, por: R.A.M.J., imputado, por intermedio de su abogado, licenciado M.E.M.B.;

Vista: la Resolución No. 1708-2015 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 10 de diciembre de 2015, que declaran admisible el recurso de casación interpuesto por el licenciado R.J.V.A., Procurador de la Corte de Apelación de La Vega, y la licenciada V.G.M., Procuradora General de la Corte de Apelación de La Vega, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 28 de mayo de 2015, y fijó audiencia para el día 03 de febrero de 2016, la cual fue conocida ese mismo día;

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997; Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

Penal, de fecha 10 de febrero de 2015;

Vistas: Las demás disposiciones legales invocadas como fundamento de los medios de casación del recurso de que se trata;

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró audiencia pública del día 03 de febrero de 2016; estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: J.C.C.G., Primer Sustituto, en funciones de P.; M.R.H.C., V.J.C.E., E.H.M., S.I.H.M., J.A.C.A., F.E.S.S., A.A.M.S., F.A.J.M., J.H.R.C. y R.P.Á.; y llamados por auto para completar el quórum los M.B.B. de G., J.P. de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; y B.R.F.G., J.P. de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; asistidos de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos los Artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha posterior;

Considerando: que en fecha seis (06) de octubre de 2016, el M.M.G.M., Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

Dulce Ma. R. de G., M.O.G.S., E.E.A.C. y F.A.O.P., para integrar Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley No. 684 de 1934;

Considerando: que del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como hechos constantes que:

  1. En fecha 28 de diciembre de 2007, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de J.A.B., A.A.R.R., R.A.M.J., M.E.M.N. y L.A.P.C., por alegada violación a las disposiciones de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancia Controladas de la República Dominicana;

2. Para la instrucción del caso fue apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó auto de apertura a juicio, el 10 de abril de 2008;

3. Para el conocimiento del fondo del caso, fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictando al respecto la sentencia, de fecha 14 de marzo de 2012; cuyo dispositivo es el siguiente:

PRIMERO: Se varía la calificación jurídica otorgada al presente proceso instrumentado en contra de los ciudadanos J.A.B., A.A.R., R.A.M.J., M.E.M. y L.A.P., de violación a las disposiciones consagradas en los artículos 2 acápite XLVI, 4 letra d, 5 letra a, parte in Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

párrafo II, en la categoría de traficantes, y en relación a los ciudadanos M.E.M. y L.A.P., de violación a las disposiciones consagradas en los artículos 2 acápite XLVI, 4 letras d y e, 5 letra a, parte in fine, 8 categoría II, acápite II, código 9041, 9 letras c y d, 58 literal a y 75 párrafos I y II d la Ley 5088, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en la categoría de traficantes y patrocinadores, por la de violación a las disposiciones consagradas en los artículos 2 acápite XLVI, 4 letra d, 5 letra a, parte in fine, 8 categoría II, acápite II, código 9041, 9 letras c y d, 58 literal a y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en la categoría de traficantes; SEGUNDO: A la luz de la nueva calificación jurídica, se declara a los ciudadanos J.A.B., dominicano, 50 años de edad, soltero, portador de la cédula de identidad núm. 026-0095886-8, domiciliado y residente en la calle B, núm. 16, Jardines de R., Santiago; R.A.M.J., dominicano, 43 años de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad núm. 001-1460828-4, domiciliado y residente en el Residencial Atlantic, Km 6 ½, apartamento F1, Gurabo, Santiago; M.E.M.N., dominicano, 52 años de edad, unión libre, comerciante, portador de la cédula de identidad núm. 001-1333241-5, domiciliado y residente en la Av. T., núm. 48, apartamento 1202, ensanche Naco, edificio M.S.J., Santo Domingo; A.A.R., dominicano, 37 años de edad, soltero, portador de la cédula de identidad núm. 026-0070021-1, domiciliado y residente en la calle Restauración, núm. 25, La Romana; y L.A.P., dominicano, 57 años de edad, casado, portador de la cédula de identidad núm. 001-0989596-1, domiciliado y residente en la calle segunda, barrio Nuevo, V.M., núm. 5, S.D., culpables de violar las disposiciones consagradas en los artículos 2 acápite XLVI, 4 letra d, 5 letra a, parte in fine, 8 categoría II, acápite II, código 9041, 9 letras c y d, 58 literal a y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en la categoría de traficantes, en perjuicio del Estado Dominicano; TERCERO: Se condena a los ciudadanos J.A.B., R.A.M.J., M.E.M.N., A.A.R. y L.A.P., a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de esta ciudad de Santiago, la pena de veinte (20) años de Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

000.00), y al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: Se ordena la incineración de las sustancias descritas en los Certificados de Análisis Químico Forenses, marcados en los números SC2-2007-09-25-8061 y SC2-2007-08-25-8062, emitidos por el INACIF en fecha veintisiete (27) de agosto del año 2007; QUINTO: Se ordena la confiscación de los objetos materiales consistentes en: un celular marca Sanyo, Sprint, modelo núm. Scp-3100, FCCIDAEZSCP-3111, un celular Samsung Sprint, modelo sph-a6660, 0405, 04008176651,287cc40b, un vehículo, marca Dodge, color blanco, placa núm. I007302, chasis 2B4GP25RIVR414075, una yeepeta, placa núm. G119397, M.M., chasis núm. JA4MT41R9YP053838; SEXTO: Se acogen las conclusiones vertidas por el Ministerio Público y se rechazan las de las defensas técnicas de los imputados, así como las cuestiones incidentales planteadas por el Licdo. J.R.G., en representación del imputado L.A.P.C. (Sic)”;

4. No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de apelación por: J.A.B., R.A.M.J., M.E.M.N., A.A.R. y L.A.P., imputados; siendo apoderada para el conocimiento de dicho recurso la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la cual dictó sentencia, el 20 de marzo de 2013, siendo su dispositivo:

PRIMERO: En cuanto a la forma, ratifica la regularidad de los recursos de apelación incoados: 1) Siendo las 3:36 horas de la tarde, a los un (1) día del mes de mayo del año dos mil doce (2012), por el imputado A.A.R., por intermedio de los licenciados J.A.F.V., J.R.M.M. y A.M.; 2) Siendo las 4:03 horas de la tarde, el día ocho (8) del mes de mayo del año dos mil doce (2012), por el imputado L.A.P.C., por intermedio del licenciado J.R.G.; 3) Siendo las 4:03 horas de la tarde, el día once (11) del mes de mayo del año dos mil doce (2012), por el imputado R.A.M.J., por intermedio del licenciado E.M.B.; 4) Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

M.N., por intermedio del licenciado F.A.A.;
5) Siendo las 11:51 horas de la mañana, el día once (11) del mes de julio del año dos mil doce (2012), por el imputado L.A.P.C., por intermedio de los licenciados Mérido de Jesús Torres Espinal, P.C.S. y R.O.Y.; 6) Siendo las 4:16 horas de la tarde, el día dieciocho (18) del mes de julio del año dos mil doce (2012), por el imputado J.A.B., por intermedio de los abogados apoderados licenciados L.F.E.N. y M.F.S.O.; todos en contra de la sentencia núm. 75-2012, de fecha catorce (14) del mes de marzo del dos mil doce (2012), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago;
SEGUNDO: En cuanto al fondo, desestima los recursos quedando confirmada la sentencia impugnada; TERCERO: Condena a las partes recurrentes al pago de las costas generadas por su recurso, eximiendo la del imputado L.A.P.C., por haber sido desarrollado su recurso por la Defensoría Pública; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a todas las partes del proceso y que indica la ley (Sic)”;

5.No conforme con esta sentencia, fue interpuesto recurso de casación por: R.A.M., J.A.B., M.E.M.N. y A.A.R., imputados, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual mediante sentencia del 20 de octubre de 2014, casó la decisión impugnada y ordenó el envío del asunto por ante la Cámara Penal Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega porque:

  1. la sentencia impugnada carece de motivos, en razón de que las justificaciones en cuanto a la participación individual de los imputados en la ocurrencia de los hechos, no satisfacen el principio de individualización de la pena, siendo éste un elemento esencial del debido proceso; Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

J., J.A.B., M.E.M.N. y A.A.R.R. la posesión de la sustancia ocupada, aunque del cuadro fáctico de la acusación y de las declaraciones de los testigos a cargo no se hace constar las circunstancias en que cada uno participó en la ocurrencia de los hechos;

6.Apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, como tribunal de envío, ésta dictó su sentencia incidental, en fecha 25 de marzo de 2015, sobre solicitud de inconstitucionalidad invocada por los imputados, por haber vencido el plazo razonable establecido en el Artículo 148 del Código Procesal Penal, mediante la cual, rechaza la acción de inconstitucionalidad; estableciendo que las causas que provocaron la dilación en el proceso fueron fundamentalmente las actuaciones de los imputados tendentes a evitar su procesamiento definitivo;

7. Con motivo del conocimiento del fondo del proceso, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, como tribunal de envío, dictó su sentencia, en fecha 28 de mayo de 2015, ahora impugnada; siendo su parte dispositiva:

PRIMERO: Declara la extinción de la acción penal del proceso seguido a los imputados J.A.B., R.A.M.J., M.E.M.N., L.A.P.C. y A.A.R.R., por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso, en consecuencia dispone el archivo definitivo del expediente, por las razones expuestas; SEGUNDO: Se ordena la libertad definitiva de los imputados A.A.R.R., L.A.P.C. y J.A.B.; TERCERO: Declara las costas del proceso de oficio; TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes que quedaron citadas para su lectura (Sic)”; Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

8. Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: el licenciado R.J.V.A., Procurador de la Corte de Apelación de La Vega, y la licenciada V.G.M., Procuradora General de la Corte de Apelación de La Vega; Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 10 de diciembre de 2015, la Resolución No. 1708-2015, mediante la cual, declaró admisible dicho recurso, y al mismo tiempo fijó la audiencia sobre el fondo del recurso para el día, 03 de febrero de 2016;

Considerando: que los recurrentes, R.J.V.A. y V.G.M. alegan en su escrito de casación, depositado por ante la secretaría de la Corte A-qua, los medios siguientes:

Primer Medio: Contradicción e ilogicidad manifiesta entre las sentencias No. 113 de fecha 25/03/2015 y la sentencia No. 210 de fecha 28/05/2015 ambas dictadas por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega sobre el mismo proceso; Segundo Medio: Errónea aplicación de una norma jurídica. Art. 44.11 del CPP (Sic)”;

H.V., en síntesis, que:

1. Fallos contradictorios emitidos por la misma Corte;

2. En efecto, la Corte a qua, mediante sentencia incidental rechaza la petición de extinción de la acción fundamentada en que los aplazamientos producidos fueron motivados por los imputados y su defensa técnica; en tanto que en la sentencia de fondo acoge la extinción de la acción, fundamentada en que los aplazamientos fueron producidos por las actuaciones de la parte acusadora; Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

3. En ambas decisiones participaron los mismos jueces;

Considerando: que del análisis de los medios de casación invocados por los recurrentes, y de la lectura de las decisiones pronunciadas por la Corte A-qua (tanto de la sentencia incidental como de la sentencia de fondo), se advierte que, tal como se alega, la Corte a qua incurre en una contradicción al establecer en su decisión incidental, de fecha 25 de marzo de 2015, que: “(…) las razones que provocaron la dilación en el tiempo en el conocimiento de este proceso son debidas fundamentalmente a actuaciones de los imputados tendentes a evitarlo (…)”, procediendo mediante dicha sentencia a rechazar la acción de inconstitucionalidad formulada, tendente a declarar la extinción de la acción penal en contra de los imputados; mientras que en la sentencia de fondo, de fecha 28 de mayo de 2015, la misma Corte declara la extinción de la acción penal del proceso seguido a los imputados, ordenando la libertad definitiva de los mismos;

Considerando: que según la disposición contenida en el Artículo 426.2 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley No. 10-15, el recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenido en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en el caso de que la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal;

Considerando: que en el caso de que se trata, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega emitió una incidental, en fecha 25 de marzo de 2015, en la cual establece que: “(…) las razones que provocaron la dilación en el tiempo en el conocimiento de este proceso son debidas fundamentalmente a actuaciones de los imputados tendentes a evitarlo (…)”, procediendo mediante dicha sentencia a rechazar la Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

mayo de 2015, mediante la cual, declara la extinción de la acción penal del proceso seguido a los imputados, incurriendo con ello en una veraz contradicción de fallos;

Considerando: que ha sido establecido jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia que, para que exista un medio de casación fundado en la “contradicción de sentencias”, es preciso que se reúnan ciertas condiciones como son: 1) que las decisiones sean definitivas; 2) que emanen de tribunales diferentes;
3) que sean contrarias entre sí; y 4) que se hayan pronunciado en violación de la cosa juzgada;

Considerando: que por tratarse de dos sentencias pronunciadas por un mismo tribunal en fechas distintas y con dispositivos disímiles, ciertamente, se ha incurrido en una contradicción de sentencias, sin que pueda comprobarse que han surgido circunstancias fácticas procesales nuevas, que hayan podido ser tomadas en consideración por la Corte a qua a la hora de emitir su fallo incidental con relación a la acción en inconstitucionalidad propuesta;

Considerando: que como bien ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia, no basta con señalar la existencia de contradicción de sentencia, sino que, debe precisarse cuál es la decisión aludida y en qué puntos de derecho le es contraria, como ocurre en el caso de que se trata, en el cual los recurrentes indican que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega emitió una incidental, en fecha 25 de marzo de 2015, en la cual establece que: “(…) las razones que provocaron la dilación en el tiempo en el conocimiento de este proceso son debidas fundamentalmente a actuaciones de los imputados tendentes a evitarlo (…)”, procediendo mediante dicha sentencia a rechazar la acción de inconstitucionalidad Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

la Corte a qua declara la extinción de la acción penal del proceso seguido a los imputados;

Considerando: que conforme a la doctrina y jurisprudencia la contradicción de fallos debe ser real, es decir, que los mismos sean inejecutables simultáneamente e inconciliables entres sí, por lo que la contradicción debe existir entre los dispositivos de las dos decisiones;

Considerando: que de la revisión de la glosa procesal de que se trata, de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida, así como de la prueba documental incorporada al proceso, estas S.R. advierten que, ciertamente la Corte a qua ha incurrido en contradicción de sentencias;

Considerando: que por otra parte, la Constitución de la República dispone en su Artículo 69, numeral 2), sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso que, toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, destacando entre una de las garantías mínimas el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable;

Considerando: que de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 8 del Código Procesal Penal Dominicano, respecto al plazo razonable:

“Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código, frente a la inacción de la autoridad”;

Considerando: que por su parte, el Artículo 148 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley No. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015, dispone sobre la Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

“La duración máxima de todo proceso es de cuatro años, contados a
partir de los primeros actos del procedimiento, establecidos en los artículos 226 y 287 del presente código, correspondientes a las solicitudes de medidas de coerción y los anticipos de pruebas. Este plazo
sólo se puede extender por doce meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos. Los períodos de suspensión generados como consecuencia de dilaciones indebidas o tácticas dilatorias provocadas por el imputado y su defensa
no constituyen parte integral del cómputo de este plazo.

La fuga o rebeldía del imputado interrumpe el plazo de duración del
proceso, el cual se reinicia cuando éste comparezca o sea arrestado”;
Considerando: que más adelante, el indicado Código dispone en su Artículo 149, que:

“Vencido el plazo previsto en el artículo precedente, los jueces, de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este código”;

Considerando: que bajo las normas legales citadas anteriormente, la Suprema Corte de Justicia, dictó la Resolución No. 2802-2009, en fecha 25 de septiembre de 2009, la cual estatuyó sobre la duración máxima del proceso, estableciendo lo siguiente:

“Declara que la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiente en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado”;

Considerando: que con relación a la duración máxima del proceso, a lo que obliga la disposición legal establecida en el Artículo 148 del Código Procesal Penal, Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

de segundo grado que ponga fin al procedimiento, a más tardar el día en que se cumpla el cuarto aniversario de su inicio; lo cual es aplicable a los tribunales ordinarios que conocen del fondo de los hechos punibles;

Considerando: que sin embargo, debemos considerar que el tiempo de tramitación, conocimiento y decisión e cualquier proceso como consecuencia de una casación con envío ordenada por la Suprema Corte de Justicia, no deberá computarse a los fines de la extinción de la acción penal prevista en el numeral 11) del Artículo 44 del Código Procesal Penal; ya que, aceptar la tesis contraria sería desconocer la facultad que la Constitución de la República le otorga a la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de poder anular sentencias y ordenar la celebración de nuevos juicios en materia penal, toda vez que no sería ejecutable dicha facultad, si se extinguiera una acción penal antes de que el tribunal de envío pudiera conocer el asunto del cual fue apoderado;

Considerando: que sin lugar a dudas, y así ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia, la intención del legislador al reglamentar un régimen para el pronunciamiento de la extinción de la acción penal fue descongestionar los tribunales penales sin que esto en ningún caso signifique la consagración de la impunidad de la conducta delictiva de alta peligrosidad social, como lo es el caso de que se trata, donde existe alega violación a la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas;

Considerando: que estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia advierten que la Corte a qua incurrió igualmente en una errada interpretación y apreciación de lo que son los plazos, actuando en este sentido de manera errada al Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

mayo de 2015, al considerar que el plazo máximo de los cuatro (04) años de duración del proceso había transcurrido; en razón de que consta dentro de las actuaciones que conforman el expediente de que se trata, la existencia de recursos y actos introducidos por los imputados que interrumpían dicho plazo;

Considerando: que sostener el criterio contrario, sería permitir que los procesos estuvieren a merced de los imputados, quienes con sus incidentes dilatorios podrían fácilmente evadir los procesos penales que les siguen;

Considerando: que de las circunstancias precedentemente descritas, procede decidir, como al efecto se decide, en el dispositivo de la presente decisión, casando la sentencia impugnada y enviarla a fin de realizar una nueva valoración del recurso de apelación, es decir, de los alegatos de los recurrentes con relación a los hechos del caso, en base al debido proceso, al buen derecho y a los principios legales establecidos y anteriormente citados;

Considerando: que cuando una sentencia es casada por violación a normas cuya observancia está a cargo de los jueces las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, FALLAN:

PRIMERO:

Declaran con lugar, en cuanto al fondo, el recurso de casación incoado por: el licenciado R.J.V.A., Procurador de la Corte de Apelación de La Vega, y la licenciada V.G.M., Procuradora General de la Corte de Apelación de La Vega, contra la Sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en fecha 28 de mayo de 2015; casan la referida sentencia, y Rte.: R.J.V. y Vianela García (Procuradores Corte Apelación La Vega).

una nueva valoración del recurso de apelación en los términos precedentemente descritos;

SEGUNDO:

Compensan el pago de las costas;

TERCERO:

O. que la presente decisión sea notificada a las partes interesadas.

Así ha sido juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha seis (06) de octubre de 2016; y leída en la audiencia pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión.

(Firmados).-M.G.M..-Julio C.C.G..-M.
R.H.C.-DulceM.. R.G.-EdgarH.M..-M.
O.G.S..-J.A.C.A..-A.A.M.S.-EstherE.A.C.-JuanH.R.C.-RobertC.P.Á..-F.A.O.P..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.