Sentencia nº 1219 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Noviembre de 2016.

Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 28 de noviembre de 2016

Sentencia núm. 1219

M.A.M.A., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de noviembre de 2016, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces F.E.S.S.,

P.; E.E.A.C., Alejandro Adolfo Moscoso

Segarra e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala

donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G.,

Distrito Nacional, hoy 28 de noviembre de 2016, años 173° de la

Independencia y 154° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como

Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por R.A.G.,

dominicano, menor de edad, estudiante, domiciliado y residente en la calle

R.M., núm. 6, sector C., del municipio de Higuey,

provincia La Altagracia, imputado, contra la sentencia núm. 07-2016, dictada

por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Fecha: 28 de noviembre de 2016

Judicial de San Pedro de Macorís el 28 de abril de 2016, cuyo dispositivo se

copia más adelante;

Oída a la Jueza Presidenta en funciones dejar abierta la presente

audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el

llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. F.A.V.A., defensor público, actuando a

nombre y representación del recurrente R.A.G., en sus

alegatos y posteriores conclusiones;

Oído el dictamen de la Magistrada Dra. A.M.B., Procuradora

General Adjunta de la República;

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, Ramón Alexis

Guerrero, a través del defensor público, L.. F.A.V.A.,

interpone y fundamenta dicho recurso de casación, el cual fue depositado en

la secretaría de la Corte a-qua el 30 de mayo de 2016;

Visto la resolución núm. 2219-2016, dictada por esta Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia del 22 de julio de 2016, mediante la cual se declaró

admisible el recurso de casación, incoado por R.A.G., en su Fecha: 28 de noviembre de 2016

calidad de imputado, en cuanto a la forma y fijó audiencia para conocer del

mismo el 12 de octubre de 2016, a fin de debatir oralmente, fecha en la cual la

parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del

fallo dentro del plazo de treinta (30) días establecidos por el Código Procesal

Penal;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber

deliberado y visto la Constitución de la República, los Tratados

Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394,

399, 400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (Modificados por

la Ley 10-2015 de fecha 10 de febrero de 2015); Ley núm. 278-04 sobre

Implementación del Código Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02 y la

esolución núm. 2529-2006 dictada por la Suprema Corte de Justicia;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que

en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

a).- que el 8 de julio de 2015, la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y

Adolescentes del Distrito Judicial de La Altagracia, Licda. R.V.G.,

presentó acusación contra R.A.G., por el hecho de que Fecha: 28 de noviembre de 2016

siendo las 04:18 de la tarde del 21 de abril de 2015, en operativo realizado por

miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en la calle

Cambronal esquina Las Carreras, del sector S.F., de la cuidad de

Higuey, resultó detenido R.A.G., habiéndose encontrado

junto al lado de donde se encontraba sentado, un bulto que contenía en la

parte delantera con zipper, una funda plástica con raya, la cual contenía en

su interior treinta y nueve (39) porciones de un polco, mas tres (3) porciones

más dentro del mismo bulto, haciendo un total de 42 porciones, que al ser

analizadas resultó sr cocaína clorhidratada con un peso de 186.75 gramos;

b).- que apoderado para la celebración del juicio el Tribunal de Primera

Instancia de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La

Altagracia, emitió sentencia condenatoria núm. 042-2015, del 3 de noviembre

de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:

PRIMERO: Se declara al adolescente R.A.G., responsable de violar los artículos 4 letra d, 5 letra a y 75 párrafo II de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; SEGUNDO: Se le aplica al adolescente R.A.G., la sanción establecida en el artículo 339-f y 340-b, modificados, de la Ley 136-03, se le impone la sanción establecida en el artículo 327 literal c, numeral 3 de la Ley 136-03, consistente en la privación de libertad por un período de 2 años, en el Centro Fecha: 28 de noviembre de 2016

para Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, C. delN.; TERCERO: Se ordena el decomiso de la droga envuelta en el proceso, en virtud de lo que establece el artículo 92 de la Ley 50-88; CUARTO: Esta sentencia es apelable en un plazo de 10 días a partir de que sea notificada de acuerdo a lo que establece el artículo 317 letra b de la Ley 136-03, Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes; QUINTO: Fija la lectura íntegra para el día jueves veinticuatro (24) del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), a las nueve (9:00 A. M.) horas de la mañana, vale citación para las partes presentes y representadas; SEXTO: Ordena a la secretaria de este tribunal enviar la presente sentencia por ante el Juez de la Ejecución de la Sanción del Departamento Judicial correspondiente; SÉPTIMO: Se declaran las costas de oficio en razón de la materia”;

c).- que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el imputado

R.A.G., contra la referida decisión, intervino la sentencia

núm. 07-2016, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y

Adolescentes del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 28 de

abril de 2016m que dispuso lo siguiente:

PRIMERO: Declara regular y válida en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto en fecha cinco (5) del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016), por el Licdo. F.A.V.A., defensor público, adscrito a la defensa pública, actuando a nombre y representación del adolescente R.A.G., contra la sentencia Fecha: 28 de noviembre de 2016

penal núm. 042-2015, dictada en fecha tres (3) del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), por el Tribunal de Primera Instancia de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Altagracia, cuyo dispositivo se transcribe en parte anterior de la presente sentencia, por haber sido interpuesto dentro de los plazos y demás formalidades legales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta Corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad y mandato expreso de la ley, acoge parcialmente el presente recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia supra indicada, en consecuencia modifica el cumplimiento de la sanción de dos años (2) que le fuera impuesta por el Tribunal a-quo; TERCERO: Impone al imputado R.A.G. un (1) año de privación de libertad en el Centro para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, C. delN. y un (1) año de prestación de servicios a la comunidad; CUARTO: Una vez cumplido dicho año el Juez del Control de la Ejecución de las Sanciones de Niños, Niñas y Adolescentes correspondiente, disponga qué tipo de trabajo comunitario deberá prestar dicho adolescente; QUINTO: Se ordena la revocación de la medida cautelar impuesta al adolescente R.A.G. y se ordena la establecida en el artículo 327 literal c, numeral 3 de la Ley 136-03, consistente en privación de libertad; SEXTO: Declara el proceso libre de costas en virtud del principio de gratuidad de la actuaciones que rige esta jurisdicción; SÉPTIMO: Ordena a la secretaria notificar la presente decisión a las partes envueltas en el proceso, para los fines de ley correspondiente”;

Considerando, que el recurrente R.A.G., propone en Fecha: 28 de noviembre de 2016

su recurso de casación, los medios siguientes:

“Primer Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. Que la Corte a-qua al hacer suyo los razonamientos y argumentaciones externados por el tribunal de primer grado cae en el vicio de la ilogicidad manifiesta, ya que analizamos los considerandos 21 y 22 de la sentencia de primer grado es evidente que la misma cae en el vicio de ilegalidad de una sentencia, donde el tribunal al igual que la Corte a-qua al momento de valorar las pruebas documentales y materiales no se puede extraer ninguna situación ni configuración de algún tipo penal, por lo que queda descartada la supuesta violación a la Ley 50-88; que en el caso de la especie, el solo hecho que la corte emitiera una sentencia sobre la base de los mismos argumentos del tribunal de primer grado, más no diera unas consideraciones propias al análisis y ponderación de los hechos y de los elementos de prueba, es considerado esto como una falta de motivación y en consecuencia un vicio de la sentencia que acarrea la nulidad de la misma; que la Corte a-qua en considerando núm. 22 de la sentencia de marras realizó una interpretación errónea de la norma jurídica, al establecer que el tribunal de primer grado lleva razón en el sentido de retener la responsabilidad penal del imputado con relación al tipo penal de tráfico y distribución de sustancias controladas, establece que para que se configure dicho tipo penal es necesario que la persona tenga dominio y posesión de la sustancia controlada, debiendo la Corte desglosar la consistencia de cada uno de los elementos constitutivos del referido tipo penal, por lo que, la Corte no solo debió ceñirse a establecer de manera genérica que se configuró el tipo penal sobre la base del resultado producido, Fecha: 28 de noviembre de 2016

sino que es un compromiso de los juzgadores desarrollar de manera inequívoca la concurrencia de los elementos constitutivos de trafico de sustancia controladas; que en el caso que nos ocupa, la Corte a-qua realizó una errónea interpretación y aplicación del artículo 28 de la Ley 50-88, en el sentido de que no fue presentado y sometido a la acción de la justicia únicamente la persona del adolescente R.A.G., por lo que no lleva razón la Corte al establecer que se probó el tipo penal de tráfico de sustancias controladas, pues no basta con decir que el imputado estaba con el dominio de la sustancia sino que dicha infracción debe ser probada por el órgano acusador; que la Corte a-qua, bajo el argumento utilizado por el tribunal de primer grado de que el testigo K.E., estableciera en el juicio de fondo de que al imputado se le apresara al lado de la sustancia, no pudiendo establecer el juez de primer grado que dicho menor sea quien tenga el dominio del lugar, el dominio de la sustancia y que tenga en si una responsabilidad penal, toda vez que la fiscalía en su acusación de manera aérea, narró que el adolescente el día de la ocurrencia de los hechos se encontraba con otra persona (refiriéndose al ciudadano Y.G.D., sobre esa base el tribunal retuvo responsabilidad penal al menor de edad, sin embargo, el tribunal no debió aplicar dichas normas, ya que la fiscalía no probó la configuración del tipo penal de traficar con sustancias controladas, puesto que no basta con que el ministerio público establezca en su teoría de caso que en el hecho participaron dos personas sino que debe probar lo sustentado al tribunal, en tal sentido, el Tribunal a-quo debió observar, primero, que el órgano acusador en su certificado de análisis forense, establece que hay dos Fecha: 28 de noviembre de 2016

personas, segundo que el órgano acusador debió probar quien de los dos tenia dominio y posesión de la sustancia controlada, tercero, y presentar medios de pruebas que sustenten dicho ilícito penal; que con relación a la aplicación de los artículos 4-d, 5-a y 75 párrafo II de la Ley 50-88, la Corte, en el caso de la especie aplicó de manera errónea dicha norma, en el sentido de que como bien pudo comprobar el tribunal y de acuerdo a sus propias consideraciones, al imputado no se le pudo comprobar que tuviera dominio y posesión de la sustancia en cuestión, por lo que, siendo así no debió el tribunal imponer sanción alguna sobre la base del tipo penal de tráfico de sustancia controlada; que la Corte a-qua valoró de manera errónea las pruebas testimoniales y documentales presentadas a cargo por parte del órgano acusador, toda vez las declaraciones ofertadas por los testigos no fueron lo suficientemente clara y coherente que permitiera al tribunal determinar más allá de toda duda razonable que el justiciable cometiera los hechos en las circunstancias que alega el Ministerio Público; que de la lectura integral dada a la sentencia, al momento de valorar el testimonio de los testigos anteriormente citados, se colige que la Corte a-qua valoró de manera errónea sus declaraciones, toda vez que, consideró los mismos como coherente y creíble sin analizar las debilidades señaladas anteriormente; que el juzgador debe ponderar los elementos de pruebas conforme la regla general de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicos; Segundo Medio: Violación al principio de duda razonables y presunción de inocencia, artículo 14 del Código Procesal penal, 40 y 69 de la Constitución. Que por otra parte la Corte ha habido una evidente violación a la presunción de Fecha: 28 de noviembre de 2016

inocencia que cobija al encartado, toda vez que al tribunal imponer una condena un (1) año de privación de libertad y un (1) año de servicio comunitario, sobre la base de los testimonios y pruebas documentales de naturaleza dudosa, las cuales no tuvieron peso probatorio para destruir la presunción de inocencia del encartado, sin embargo, el tribunal obviando la regla general de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicos a la que hacen referencia los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, de esta manera vulneró la presunción de inocencia del imputado”;

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

Considerando, que en su primer medio el recurrente Ramón Alexis

Guerrero recrimina que la sentencia impugnada resulta manifiestamente

infundada, dado que la alzada cae en el mismo vicio de ilegalidad de una

sentencia debido a que al valorar las pruebas documentales y materiales no

se puede extraer ninguna situación ni configuración de algún tipo penal,

descartando la violación a la Ley 50-88, y realizando así una errada

interpretación de la norma jurídica al retenerle al imputado el tipo penal de

tráfico y distribución, sin establecer ni comprobar los elementos constitutivos

del tipo y sin ponderar primero, que el órgano acusador en su certificado de

análisis forense establece que hay dos personas; segundo que el órgano

acusador debió probar quien de los dos tenía el dominio y posesión de la Fecha: 28 de noviembre de 2016

sustancia controlada; y tercero, presentar medios de pruebas que sustenten

dicho ilícito penal;

Considerando, que sobre los argumentos antes indicado, del examen de

las actuaciones remitidas a esta S., se evidencia que el acusador público

ofertó como prueba testimonial las declaraciones del agente actuante Kelvin

Espinosa, perteneciente a la Dirección Nacional de Control de Drogas, y

como pruebas documentales el acta de arresto flagrante de fecha 2 de abril de

2015, acta de inspección de lugar y certificado de análisis químico forense

expedida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con las cuales,

ciertamente como expone el recurrente en parte de los alegatos ahora

analizados, este fue apresado al lado de la sustancia ocupada y que también

fue apresada junto con él una persona mayor de edad; que en ese orden, el

acto jurisdiccional impugnado contiene las motivaciones que sirven de

fundamento a lo decido, y que no contravienen disposiciones

constitucionales, legales ni las contenidas en los acuerdos internacionales;

por tanto, dada la inexistencia de los defectos acusados en el desarrollo del

primer medio esgrimido por el recurrente R.A.G., procede

su rechazo;

Considerando, que en su segundo medio el recurrente R.A. Fecha: 28 de noviembre de 2016

G. denuncia la violación al principio de duda razonable y presunción

de inocencia, por habérsele impuesto una condena de 1 año de privación de

libertad, y 1 año de servicio comunitario, condena que fue basada sobre

testimonios y pruebas documentales de naturaleza dudosa, las cuales no

tuvieron peso probatorio para destruir la presunción de inocencia del

encartado, incurriendo en violación a los artículos 172 y 333 del Código

Procesal Penal; que contrario a lo denunciado por el referido recurrente la

decisión adoptada por el tribunal de juicio y confirmada por la Corte a-qua,

no provino de manera exclusiva del aporte de la prueba testimonial y

documental tal y como este refiere, sino más bien es el producto de la

valoración integral del cúmulo de elementos que conformó el acusador

público en su carpeta de elementos de prueba, los cuales tuvieron como

consecuencia tras la comprobación de los hechos puestos a su cargo las

respectivas condenas en contra del ahora recurrente, en tal sentido y bajo el

análisis de la combinación de los artículos 172 y 333 de nuestro Código

Procesal Penal, se evidencia que el juzgador realizó una correcta motivación

conforme los elementos de pruebas aportados y debidamente valorados, los

cuales resultaron suficientes para establecer la culpabilidad del imputado sin

incurrir en las violaciones denunciadas, por lo que, procede el rechazo del

medio analizado; Fecha: 28 de noviembre de 2016

Considerando, que al no encontrarse los vicios invocados, procede

echazar el recurso de casación analizado de conformidad con las

disposiciones establecidas en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal

modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal

modificados por la Ley núm. 10-15, así como la resolución marcada con el

núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de

la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta

Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser

remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena

del Distrito Nacional, para los fines de ley correspondientes;

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone:

“Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archiva, o resuelve

alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son

impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razón suficiente para

eximirla total o parcialmente”; que en el presente caso procede que las mismas

sean eximidas de su pago, en razón de que el imputado Ramón Alexis

Guerrero, está siendo asistido por un miembro de la Oficina Nacional de la

Defensa Pública, y en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo

28.8 de la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensoría Fecha: 28 de noviembre de 2016

Pública, establece como uno de los derechos de los defensores en el ejercicio

de sus funciones el de “no ser condenados en costas en las causas en que

intervengan”, de donde emana el impedimento de que se pueda establecer

condena en costas en estos casos.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por R.A.G., contra la sentencia núm. 07-2016, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 28 de abril de 2016, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;

Segundo: Confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;

Tercero: Declara las costas penales del procedimiento en grado de casación de oficio, en razón del imputado ramón A.G., haber sido asistido por un miembro de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública;

Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la sanción de la persona Fecha: 28 de noviembre de 2016

adolescente del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, para los fines de ley correspondiente;

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes.

(Firmados): .- F.E.S.S..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- H.R..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran

en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él

expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General

Interina, que certifico.