Sentencia nº 128 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Febrero de 2016.

Fecha de Resolución:24 de Febrero de 2016
Emisor:Primera Sala

Fecha : 24 de febrero de 2016

Mercedes A. Minervino A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 24 de febrero de 2016, que dice:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 24 de febrero de 2016. Rechaza Preside: J.C.C.G..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Chelsea Manufacturing Company L. T. D., entidad organizada de acuerdo con las leyes de la isla de Tortola, con asiento y razón social en la zona Franca Industrial de H.M., debidamente representada por su presidente el señor A.D.A., ciudadano norteamericano, mayor de edad, casado, ejecutivo de corporaciones, portador de la cédula de identidad núm. 001-1713361-1, domiciliado en el apartamento 316, edificio G.V., ubicado en la intercepción de las avenidas N. de C. con Sarasota, de esta ciudad,

Sentencia Núm. 128 Fecha : 24 de febrero de 2016

contra la sentencia civil núm. 78-2002, dictada el 2 de abril de 2002, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. C.Á., por sí y por el Lic. C.S.G., abogados de la parte recurrida A.H.R.;

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Que procede declarar INADMISIBLE el Recurso de Casación interpuesto contra la Sentencia Civil No. 788-2002 (sic), de fecha 2 de Abril del año 2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 31 de julio de 2002, suscrito por el Dr. G.Z.G., abogado de la parte recurrente Chelsea Manufacturing Company L. T. D., en cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante; Fecha: 24 de febrero de 2016

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de agosto de 2002, suscrito por el Lic. C.S.G., abogado de la parte recurrida A.H.R.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana, es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 22 de mayo de 2003, estando presentes los magistrados, R.L.P., P.; M.T., E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos del Secretario;

Visto el auto dictado el 21 de febrero de 2016, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad, y a los magistrados M.O.G.S., V. Fecha: 24 de febrero de 2016

J.C.E., J.A.C.A. y F.A.J.M., jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, consta que: a) con motivo de una demanda en validez de embargo retentivo u oposición y cobro de pesos interpuesta por el señor A.H.R. contra Chelsea Manufacturing, LTD, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de H.M. dictó el 21 de agosto de 2001, la sentencia civil núm. 114-2001, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZAR, como al efecto RECHAZAMOS las conclusiones vertidas por la parte Demandada CHELSEA MANUFACTURING L.T.D. a través de su abogado constituido, por improcedente y mal fundada; SEGUNDO: Declarando bueno y válido por ser regular en la forma el Embargo Retentivo u oposición trabado por ASMAR HERNÁNDEZ en perjuicio de CHELSEA MANUFACTURING INC. en manos del Banco Popular Dominicano, S.A., Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco Intercontinental S. A. Fecha: 24 de febrero de 2016

y Banco BHD, S.A.; TERCERO: Declarando bueno y válido el embargo conservatorio trabado mediante Acto 66/00 de fecha 23 de Junio del 2000, y convirtiéndolo de pleno derecho en embargo ejecutivo, disponiendo la Venta de los Muebles Embargados Previo cumplimiento de las Formalidades de Ley; CUARTO: ORDENAR, como al efecto ORDENAMOS a los terceros embargados indicados anteriormente, que las sumas por las que se reconozcan o sean Juzgados deudores frente a la CHELSEA MANUFACTURING sean entregadas a manos de los abogados constituidos por el D. a fin de desinteresar al requiriente su Crédito Principal, intereses legales y Accesorios de derecho; QUINTO: En cuanto al fondo se acogen con Modificaciones las conclusiones vertidas por la parte D., y en consecuencia se condena a la CHELSEA MANUFACTURING INC. al pago de la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y DOS DOLLARES AMERICANOS (RD$9,740.52) o su equivalente en pesos dominicanos al momento de hacerse el pago más los intereses legales de dicha suma a constar de la Demanda; SEXTO: CONDENAR, como al efecto CONDENAMOS a CHELSEA MANUFACTURING INC. al pago de las costas del presente procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados LIC. C.S.G. y LIC. Fecha: 24 de febrero de 2016

R.G.R., por haberlas avanzado en su mayor parte”; b) que no conformes con dicha decisión interpusieron formales recursos de apelación contra la misma, de manera principal la entidad Chelsea Manufacturing LTD, mediante acto núm. 152/01, de fecha 27 de noviembre de 2001, instrumentado por el ministerial P.R.N., alguacil de estrados de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, y de manera incidental el señor A.H.R., mediante acto núm. 17/2002, de fecha 14 de febrero de 2002, instrumentado por el ministerial F.J.T., alguacil de estrados de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de H.M., en ocasión de los cuales la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 2 de abril de 2002, la sentencia núm. 78-2002, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente:PRIMERO: FUSIONANDO los recursos de apelación a que se contraen las actas Nos. 152-01 y 17-02 de los alguaciles P.R.N. y F.A.J.T., respectivamente, fechados a 27 de Noviembre del 2001 y 14 de Febrero del 2002; SEGUNDO: DESESTIMANDO las conclusiones principales propuestas incidentalmente por el Sr. A.H.R., en mérito a los motivos desarrollados ut supra en tal sentido; TERCERO: ADMITIENDO en la forma, tanto la apelación principal como la incidental de que versa el presente expediente, por ser correcta la diligenciación de Fecha: 24 de febrero de 2016

ambas y dentro de los plazos pertinentes; CUARTO : RECHAZANDO en cuanto al fondo el recurso de apelación incidental interpuesto por el Sr. A.H., tendente a la acogida en su total extensión de la demanda introductiva de instancia, por falta de pruebas que justifiquen el alcance del crédito, más allá de los comprobantes en original contentivos, en total, de un monto de US$9,533.52; QUINTO : RECHAZANDO también, en el fondo, la apelación principal deducida por la entidad “Chelsea Manufacturing, Ltd.” con relación a la sentencia del 21 de Agosto del 2002 del Juzgado de Primera Instancia de Hato Mayor (Cámara Civil, Comercial y de Trabajo), por las causales anteriormente expuestas, reasumiendo la Corte la validación de los embargos conservatorio y retentivo diligenciados a requerimiento del Sr. A.H.R., y extendiendo el reconocimiento del crédito en su favor, solo hasta la concurrencia del equivalente en moneda dominicana de unos NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (US$9,533.52), más los intereses legales generados por esa suma a partir de la demanda en justicia; SEXTO : COMPENSANDO las costas del procedimiento, por haber ambas partes sucumbido en algún aspecto de sus pretensiones en justicia”;

Considerando, que la recurrente propone en su memorial de casación el siguiente medio: “Único Medio: Violación al artículo primero de la Ley 22 de 1963, violación a la Ley 5337 del año 1912, en sus artículos 1, 2 y 3”;

Considerando, que en el desarrollo de su único medio la recurrente Fecha: 24 de febrero de 2016

alega que la corte a-qua violó el artículo primero de la Ley 22 de 1963 y la Ley 5337 del año 1912, en sus artículos 1, 2 y 3, porque confirmó la sentencia de primer grado mediante la cual se validan los embargos retentivo y conservatorio autorizados a su contraparte en virtud de documentos redactados en idioma inglés y sin estar acompañados con su traducción oficial, como es de rigor, por lo que de los mismos jamás podían deducirse consecuencias jurídicas, razón por la cual el referido proceso estaba afectado de una nulidad absoluta que lo invalidaba desde el principio hasta el final;

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella hace referencia se advierte que: a) Coats América Inc., emitió varias facturas a cargo de Chelsea Manufacturing, L.T.D., las cuales fueron objeto de una cesión de crédito a favor de A.H.R., notificada mediante acto núm. 165 del 2000, instrumentado por el ministerial J.M.M.J., alguacil ordinario del Juzgado de Primera Instancia de H.M.; b) en fecha 7 de abril de 2000, A.H.R. solicitó la autorización para embargar retentiva y conservatoriamente los bienes de Chelsea Manufacturing, L.T.D., la cual obtuvo mediante Auto núm. 24/2000, de fecha 19 de mayo de 2000, en el cual se evaluó provisionalmente su crédito por el monto de veintinueve mil trescientos veintitrés dólares estadounidenses (US$29,323.00); c) en fechas 14 de abril del Fecha: 24 de febrero de 2016

2000 y 23 de junio de 2000, A.H.R. trabó embargos retentivo y conservatorio en perjuicio de Chelsea Manufacturing, L.T.D., mediante actos núms. 166-4-2000 y 66/2000 instrumentados por los ministeriales J.M.M.J., alguacil ordinario del Juzgado de Primera Instancia F.F.C., alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís; d) en fecha 23 de junio del 2000, A.H.R. interpuso una demanda en cobro de pesos y validez de embargos contra Chelsea Manufacturing, L.T.D., mediante acto núm. 67/2000, instrumentado por el ministerial mencionado anteriormente, la cual fue acogida por el tribunal de primera instancia apoderado mediante sentencia cuya apelación fue decidida por la corte a-qua a través del fallo hoy impugnado;

Considerando, que Chelsea Manufacturing, L.T.D. apeló la sentencia de primer grado invocando los alegatos en que ahora sustenta el medio de casación examinado, relativo a la falta de traducción de los documentos que sustentaban el crédito reclamado al momento de solicitarse la autorización de medida conservatoria; que, la corte a-qua rechazó su apelación por los motivos que se transcriben textualmente a continuación. “que es obligación de la corte, como corolario del efecto devolutivo reconocido a la vía de la apelación, en tanto que recurso ordinario, reasumir el litigio en toda su Fecha: 24 de febrero de 2016

extensión e instruirlo independientemente de las incidencias del primer grado de jurisdicción; que en esa tesitura, huelga precisar que como sustento probatorio de su demanda en cobro de dinero y en validez de los embargos retentivo y conservatorio que gestionara en contra de la “Chelsea Manufacturing, LTD”, el Sr. A.H.R. somete al proceso unos 41 comprobantes, entre facturas y/o recibos de embarque, todos debidamente traducidos del inglés al idioma castellano, que a su juicio dan fe de la existencia del crédito en su favor por los señores “Coats American”, así como del monto global del mismo; que el solo evento de que el demandante haya puesto a disposición de la Corte las correspondientes traducciones al español de las pruebas literales que a juicio suyo acreditarían la obligación de pago cuyo cumplimiento justamente reclama, no lo libera, en lo absoluto, del deber de aportar los originales de esos comprobantes, ya que el intérprete judicial que los descifra no da fe (no puede darla) ni de su fecha ni de su real existencia, y más aún cuando la parte a quien se oponen, insiste en desconocerlos; que si bien en caso de urgencia y estando en peligro la cobranza de la deuda, a discreción del Juez competente, podría ser autorizada la toma de medidas cautelares en base a documentos producidos bajo la modalidad de copias fotostáticas, toda vez que a estos fines basta con que el crédito “parezca justificado en principio”, la misma solución no opera a F.: 24 de febrero de 2016

propósito de la acción en validación o al fondo que más adelante se ejerza, en que sí estarían los jueces en la obligación de condicionar la acogida de la demanda así planteada, a la presentación, en originales, de los instrumentos de prueba de lugar; que entre los 41 recibos de mercancías incorporados al dossier por el Sr. A.H.R., dirigidos a hacer la prueba de las transacciones que a su vez constituyen la génesis de la obligación invocada, únicamente figuran respaldados con sus correspondientes versiones originales, los de fechas 20 de Marzo de 1998 (US$1,457.15); 22 de Mayo de 1998 (US$892.00); 12 de Junio de 1998 (US$779.36); 31 de Julio de 1998 (US$406.69); 31 de Julio de 1998 (US$810.00); 21 de agosto de 1998 (US$886.15); 24 de Agosto de 1998 (US$576.00); 26 de Agosto de 1998 (US$423.00); 12 de Octubre de 1998 (US$684.22); 16 de Octubre de 1998 (US$828.57); 16 de Octubre de 1998 (US$988.15) y 23 de Octubre de 1998 (US$801.73); que la sumatoria de todos ellos totaliza el quantum de nueve mil quinientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América con cincuentidós centavos (US$9,533.52) o su equivalente en pesos dominicanos a la tasa de cambio legal en vigencia; que asumiendo la realidad de que no constan de los restantes comprobantes los originales, y que las denominadas fotocopias por sí solas resultan ineficaces e imponen a quien se sirva de ellas la obligación de completarlas en su fortaleza probante con otros medios o Fecha: 24 de febrero de 2016

mecanismos de prueba, lo cual en la especie no ha sido hecho, no cabe otra solución que no sea la de descartarlos, y en ese mismo tenor rechazar las tendencias del recurso de apelación incidental interpuesto por el Sr. A.H.R., tendente, conforme llevamos dicho, a obtener el reconocimiento de la demanda primigenia en toda su extensión y contenido; que en lo atinente a la apelación principal, la circunstancia de que el tribunal a-quo se haya permitido el desliz de admitir la demanda introductiva de instancia, sin que le fuesen aportadas las necesarias traducciones al español de las “facturas” que, en efecto, le servían de sostén existencial, ha quedado cubierta por el demandante originario en la presente instancia de segundo grado, quien por órgano de sus abogados las ha producido; que tanto jurisprudencia como doctrina son constantes en el criterio de que en grado de apelación, está permitido el uso de documentos en adición a los que se hicieran valer en primera instancia, la exposición de hechos y alegaciones diferentes o que no hubieran sido desenvueltos precedentemente, sin que nada de ello implique transmutación alguna del objeto del proceso; que al Juez de la apelación, más que la sentencia impugnada, se le somete el proceso íntegramente, como si conociera de él por vez primera, por lo que aun en la hipótesis de que esta corte decidiera anular o dejar sin efecto el fallo de primer grado, estaría aun en la obligación de decidir el fondo, por Fecha: 24 de febrero de 2016

consecuencias del efecto devolutivo: “Res devolvitur ad iudicem superiorem”; que establecida la extensión del crédito solo hasta la concurrencia equivalente en pesos dominicanos a los nueve mil quinientos treinta y tres dólares estadounidenses con cincuenta y dos centavos (US$9,533.52), avalados por los originales de los instrumentos probatorios de lugar, ha lugar a la validación de las medidas cautelares tomadas hasta la fecha por el acreedor, Sr. A.H.R., solo por esa suma, y la conversión de las mismas en ejecutivas de conformidad con el estatuto que rige la materia”;

Considerando, que de acuerdo a la Ley número 5132 del 18 de julio de 1912, en su artículo 1º declara como idioma oficial la lengua castellana, y en ese mismo orden de ideas expresa en sus artículos 2º y 3º que toda solicitud, exposición o reclamo por ante cualquiera de los Poderes del Estado, como lo es el Poder Judicial, ya sea verbal o escrita, debe ser realizada en idioma castellano, y que por lo tanto se harán traducir por los intérpretes correspondientes, aquellos documentos escritos en idioma extraño; que, en adición a lo expuesto, el artículo 1 de la Ley núm. 22 del 10 de mayo de 1963, requiere la redacción en español de los documentos sometidos al conocimiento y fiscalización de las oficinas públicas; que tal como alega la parte recurrente, del contenido de la sentencia impugnada se advierte que, Fecha: 24 de febrero de 2016

inicialmente, su contraparte no depositó las facturas en que sustentaba la acreencia cobrada acompañadas de su traducción oficial como es de rigor, no obstante, tal situación no impedía a la corte a-qua valorarlas en su justa dimensión una vez dicha omisión fue subsanada oportunamente mediante el respectivo depósito ante la alzada, puesto que en virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación dicho tribunal estaba obligado a conocer íntegramente la demanda original, como tribunal de fondo, ponderando todas las cuestiones de hecho y de derecho objeto de apelación, pudiendo incluso admitir documentos nuevos en esa segunda instancia y deducir de ellos consecuencias jurídicas, como sucedió en la especie; que por lo tanto, es evidente que dicho tribunal no violó las disposiciones legales citadas en el único medio examinado, por lo que procede rechazarlo;

Considerando, que finalmente, el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma contiene una relación completa de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, comprobar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede el presente recurso de casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto Fecha: 24 de febrero de 2016

por Chelsea Manufacturing Company L.T.D., contra la sentencia civil núm. 78-2002, dictada el 2 de abril de 2002, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior de la presente sentencia; Segundo: Condena a Chelsea Manufacturing Company L.T.D., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor del L.. C.S.G., quien afirma estarlas avanzando en su mayor parte.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 24 de febrero de 2016, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.

(Firmados).-Julio C.C.G..-M.O.G.S..-J.A.C.A..-F.A.J.M..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.