Sentencia nº 1377 de Suprema Corte de Justicia, del 14 de Diciembre de 2016.

Fecha de Resolución:14 de Diciembre de 2016
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia Núm. 1377

M.A.M.A., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 14 de diciembre de 2016, que dice:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 14 de diciembre de 2016. Rechaza Preside: F.A.J.M..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por J.A.A.G., dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0070599-1, domiciliado y residente en la calle Rosa Luxemburgo núm. 3, Bloque I, Puerta B, R.V., España, contra la sentencia civil núm. 170/11, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 31 de octubre de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. J.A.A., actuando por sí y por la Licda. N.F.J., abogados de la parte recurrente J.A.A.G.;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. D.A.F.B., actuando por sí y por la Licda. C.M.A.H., abogados de la parte recurrida J.D.R.A.;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que procede declarar INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por J.A.A.G., contra la sentencia civil No. 170/11 de fecha 31 de octubre del 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de marzo de 2012, suscrito por los Licdos. J.A.A. y N.F.J., abogados de la parte recurrente J.A.A.G., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de marzo de 2012, suscrito por los Licdos. D.A.F.B. y C.M.A.H., abogados de la parte recurrida J.D.R.A.; Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 20 de noviembre de 2013, estando presentes los magistrados J.C.C.G., presidente; V.J.C.E., M.O.G.S. y J.A.C.A., asistidos del secretario;

Visto el auto dictado el 12 de diciembre de 2016, por el magistrado F.A.J.M., juez en funciones de presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad, y a la magistrada D.M.R. de G., jueza de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de una demanda en partición incoada por el señor J.A.A.G. contra la señora J.D.R.A., la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega dictó la sentencia civil núm. 1256, de fecha 8 de junio de 2010, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se rechaza la solicitud de exclusión de inmueble planteada por la parte demandante, por los motivos expuestos; SEGUNDO: Se homologa el informe pericial ejecutada por la LICDA. M.F.J., en su calidad de perito designada por este tribunal, informe de fecha 15 del mes de marzo del año dos mil diez (2010); TERCERO: Se ordena la venta en pública subasta de los siguientes inmuebles: a) Parcela No. 110 del D. C. No. 11, dentro de la Parcela No. 15, solar No. 16, ubicado en la Urbanización Don Nieto Cordero del Municipio de La Vega, con una extensión superficial de 270 mts2; b) Parcela No. 157 del
D. C. No. 7 ubicada en Las Yayas del Municipio de La Vega, con una extensión superficial de 314 mts2; y c) Parcela No. 57 D. C. No. 7 certificado de título No. 96, ubicada en Las Yayas del Municipio de La Vega, con una extensión de una tarea, por el valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ORO CON 00 100 (RD$992.382.00), venta que tendrá lugar en audiencia de pregones, por ante este tribunal, quedando a solicitud de parte interesada la fijación de la audiencia para dicha venta” (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor J.A.A.G. interpuso formal recurso de apelación mediante acto núm. 369, de fecha 5 de agosto de 2010, del ministerial A.A.V.N., alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 170/11, de fecha 31 de octubre de 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia numero 1256 de fecha ocho (8) del mes de junio del año 2010, dictada en atribuciones civiles por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega; SEGUNDO: en cuanto al fondo, rechaza el mismo por improcedente, mal fundado y carente de base legal y en consecuencia confirma dicha sentencia; TERCERO: pone las costas a cargo de la masa de bienes a partir ordenando su distracción provecho de los L.D.A.F.B. y C.M.A.H., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte"; Considerando, que el recurrente propone en apoyo de su recurso los medios de casación siguientes: Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa. Violación al contrato de compraventa e insuficiencia de motivos; Segundo Medio: Violación al principio del efecto devolutivo del recurso de apelación y al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil (Falta de motivos) y Falta de ponderación de las conclusiones del recurrente;

Considerando, que la recurrida solicita en su memorial de defensa que se declare inadmisible el presente recurso “en virtud de que la sentencia atacada no fue recurrida dentro del plazo de treinta (30) días después de haber sido debidamente notificada,…”; que por su carácter prioritario procede conocer en primer orden el medio de inadmisión propuesto; que del estudio detenido de la documentación aportada al expediente, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, ha podido comprobar lo siguiente: a) que por el acto No. 2301/2011, de fecha 24 de noviembre de 2011, contentivo de la notificación de la sentencia hoy impugnada, marcada con el No.170/11, de fecha 31 de octubre de 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, a requerimiento de la señora J.D.R.A., el cual fue recibido y visado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial La Vega, en manos de Y.V., institución que posteriormente emitió el oficio No. 0337 de fecha 28 de noviembre de 2011 dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los fines de dar cumplimiento con la notificación a persona domiciliada en el extranjero, conforme lo establecido en el acápite 8vo. del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil; b) que mediante comunicación del 2 de febrero de 2012, el Cónsul General de la República Dominicana en Madrid, España le informó a J.A.A.G. que la Procuraduría Fiscal de La Vega le notifica para que comparezca ante dicha oficina a requerimiento de J.D.R.A., este comunicado tiene la constancia de que fue recibido personalmente por su destinatario en la sede del mencionado consulado en fecha 21 de marzo de 2012; c) que el presente recurso de casación se interpuso en fecha 6 de marzo de 2012, mediante el depósito del correspondiente memorial en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia;

Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, párrafo 8vo., del Código de Procedimiento Civil, a las personas domiciliadas en el extranjero se les emplazará en manos del representante del Ministerio Público ante el tribunal que habrá de conocer la demanda, quien visará el original del acto y remitirá la copia al Ministerio de Relaciones Exteriores;

Considerando, que si bien el citado artículo establece el mecanismo legal para canalizar el emplazamiento o cualquier otra notificación dirigida a una persona residente o domiciliada en el extranjero, es de buen derecho que cuando el acto no ha sido recibido por su destinatario en tiempo oportuno, independientemente del motivo que haya provocado esa situación, lo cual indica que no se ha cumplido con el voto de la ley, la persona a requerimiento del cual se notifica el acto procesal no puede prevalecerse de esa circunstancia, cuando como en el caso, se ha comprobado que los funcionarios encargados de hacer llegar el acto a su destinatario, no hicieron las diligencias necesarias para lograr que lo recibiera en tiempo pertinente;

Considerando, que efectivamente, como el acto de notificación de la sentencia dictada por la corte a qua llegó a manos del recurrente en fecha 21 de marzo de 2012, es obvio que a partir de la fecha de recepción es que se apertura al plazo de la casación, y que al interponerse dicho recurso el 6 de marzo del 2012, el mismo se hizo en tiempo hábil; que, en tal sentido, procede desestimar el medio de inadmisión analizado y, en consecuencia, proceder al examen del presente recurso; Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación el recurrente expresa, básicamente, que tanto el tribunal de primer grado como la corte a qua al fallar como lo hicieron desnaturalizaron los hechos de la causa en virtud de que no tomaron en cuenta los planteamientos hechos ni las declaraciones presentadas por el recurrente, las cuales fueron sustentadas y corroboradas por los testigos, ni mucho menos tomaron en cuenta los documentos aportados al proceso, probatorios de que tanto el terreno como la mejora construida en el mismo pertenecían al recurrente; que la corte a qua de igual manera desnaturaliza los hechos al establecer que los litigantes antes de contraer matrimonio mantuvieron una relación de hecho o concubinato; que el tribunal de alzada no le dio el verdadero sentido y alcance al acto de venta de fecha 2 de julio de 1997, en el que el recurrente figura como propietario del 50% del terreno sobre el que recae la referida venta, en el cual el recurrente construyó la mejora, al mismo tiempo que desechó dicho acto de venta y le otorgó derechos a la hoy recurrida que jamás le pertenecieron; que ambos tribunales le atribuyeron la calidad de “unión libre notoria y pública” a una relación que no tiene parámetro para medirse, toda vez que al principio era clandestina y en caso de que se estableciera el tiempo de duración de la misma habría que iniciar el conteo a partir de la fecha en que el recurrente comenzó a hacer vida en común con la recurrida, lo cual aconteció en el año 2000, pues al inicio de esa relación el recurrente vivía en unión libre con la señora J.A., con quien procreó dos hijos; Considerando, que la jurisdicción a-qua expuso en las motivaciones del fallo recurrido que “contrario a lo que alega el recurrente de que al momento de la adquisición del inmueble no tenía relación alguna con la recurrida, es de lugar señalar que si bien es cierto que había tenido una relación con otra mujer con la que procreó dos hijos, al momento de la compraventa en fecha dos (2) del mes de julio del año 1997, estaba relacionado maritalmente con la señora J.D.R.A. dado que se había roto el vínculo con la señora J.A. e incluso en el acto contentivo de la operación figura como co-comprador su padre B.R.S., declarante en la audiencia celebrada por esta corte en fecha treinta y uno (31) del mes de marzo del año 2011; que es en el año 1994, el catorce (14) de noviembre cuando nace el hijo de ambos E.A. conforme el acta expedida por la Oficialía del Estado Civil de la Primera Circunscripción del Municipio de La Vega y posteriormente en el año 2002, el cinco (5) de enero contraen matrimonio dichos señores J.A.A.G. y J.D.R.A., lo que indica que estaban vinculados y que coincide con la declaración del señor M.A.M. vertida en la audiencia ya indicada de fecha treinta y uno (31) del mes de marzo del año 2011, en cuanto a que: “mi sobrina estaba embarazada cuando ellos compraron” y con lo expresado ese mismo día por la señora D.M.S.A. de que vivieron en la casa: “ellos dos J. y J.”; que además, con motivo del divorcio y la partición de bienes se fijó sellos en la casa de J.D.R.A. y J.A.A.G., conforme el acta levantada por la Licenciada D.H., Juez suplente del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Municipio de La Vega en fecha treinta (30) del mes de abril del año 2008, lo que indica que la relación existente entre ambos se mantuvo y actuaron como propietarios del inmueble adquirido en el año 1997 ” (sic); Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que conforman el expediente se advierten los hechos siguientes:
1) que J.D.R.A. y J.A.A.G. antes de contraer matrimonio convivieron en unión libre procreando en el año 1994 un hijo al que nombraron E.A.; 2) que M.R.S. le vendió a los señores B.R.S. y J.A.A.G. los derechos que le correspondían dentro del ámbito de la parcela No. 157, del Distrito Catastral No. 7, del Municipio de La Vega, sitio del Paraje Las Yayas, por la suma de tres mil pesos (RD$3,000.00), según consta en el “contrato de Venta de Inmueble Bajo Firma Privada” de fecha 2 de julio de 1997, legalizadas las firmas por el Lic. J.F.R.E., Notario Público para los del Número del Municipio de La Vega; 3) que los señores J.D.R.A. y J.A.A.G. contrajeron matrimonio el 5 de enero de 2002; 4) que una vez disuelto dicho matrimonio el señor J.A.A.G. demandó a J.D.R.A. en partición de los bienes fomentados durante dicha unión; 5) que en el curso de dicha demanda se solicitó la homologación del informe pericial realizado por la Licda. M.F.J. en su calidad de perito designado por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega mediante sentencia No. 1314 de fecha 1ro. de septiembre de 2009; 6) que en la audiencia celebrada por dicho tribunal el 28 de abril de 2010, J.A.A.G. requirió que fuera excluido del proceso de partición por haber sido adquirido fuera del matrimonio el inmueble que se describe a continuación: la parcela No. 157, del Distrito Catastral No. 7, del Municipio de La Vega, sitio del Paraje Las Yayas, al igual que la mejora construida en el mismo; 7) que mediante la sentencia No. 1256 del 8 de junio de 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, se rechazó el señalado pedimento de exclusión de inmueble y se homologó el informe pericial ejecutado por la Licda. M.F.J.; decisión que fue recurrida en apelación por el señor J.A.A.G.; 8) que con motivo de dicho recurso de apelación la corte a qua dictó la sentencia hoy impugnada; Considerando, que ha sido establecido de manera constante por la Suprema Corte de Justicia que no se incurre en el vicio de desnaturalización de los hechos cuando los jueces del fondo aprecian el valor de los elementos de prueba que se les han sido sometido, en el ejercicio de su poder soberano; que cuando la corte a qua falló en el sentido de que los señores J.D.R.A. y J.A.A.G. antes de contraer matrimonio el 5 de enero de 2002, mantuvieron una relación de hecho o concubinato y que al momento de efectuarse el referido contrato de compraventa éstos estaban relacionados maritalmente ya que se había roto el vínculo que el señor A.G. tenía con la señora J.A., lo hace fundamentándose, en uso de sus facultades, en la documentación aportada al expediente y sobre todo en las declaraciones vertidas en la audiencia celebrada por dicha alzada el 31 de marzo de 2011, por los testigos B.R.S., M.A.M. y D.M.S.A.; que, en consecuencia, la jurisdicción a qua no ha incurrido en la desnaturalización de los hechos de la causa, como postula el recurrente; que por las razones expresadas anteriormente, el medio analizado resulta infundado y debe ser rechazado;

Considerando, que el recurrente en apoyo de su segundo medio sostiene, en resumen, que la corte a-qua cometió una flagrante violación al efecto devolutivo del recurso de apelación al confirmar la sentencia de primer grado y poner las costas a cargo de la masa a partir, sin tomar en cuenta o referirse al fondo de la demanda en solicitud de exclusión del inmueble planteada por pertenecer única y exclusivamente al exponente y no al acervo de la comunidad de hecho ni a la comunidad matrimonial disuelta entre los litigantes; que dicho tribunal no dio motivos suficientes y pertinentes ni formulo una relación completa de los hechos de la causa, que hagan correcta comunión con el dispositivo deviniendo en tal sentido, en falta de motivos y de base legal, elementos que constituyen a la luz de las decisiones tomadas por ese alto tribunal de justicia, la casación de la sentencia recurrida, dada la obligación que tienen los jueces del fondo de motivar sus sentencias, como una garantía para todo litigante, quien tiene derecho de conocer las razones o motivos por los cuales sucumbió en un proceso;

Considerando, que en cuanto al argumento de que la sentencia recurrida viola el efecto devolutivo del recurso de apelación al no referirse al fondo de la demanda en solicitud de exclusión del inmueble; que en el ordinal primero del dispositivo de la sentencia del primer grado se rechaza la solicitud de exclusión del inmueble planteada por J.A.A.G.; que del análisis de la motivación del fallo impugnado, precedentemente transcrita, resulta evidente que la misma está orientada a establecer que el inmueble cuya exclusión se solicita fue adquirido por el señor J.A.A.G., mientras mantenía una relación de hecho o concubinato con J.D.R.A. y que por lo tanto el inmueble en cuestión debía permanecer entre los bienes objeto de la demanda en partición que cursa entre los litigantes, razón por cual la jurisdicción a-qua confirmó la decisión de la primera instancia; que, siendo esto así, el fallo atacado no violenta el principio señalado, por lo que procede desestimar este aspecto del medio examinado; Considerando, que en lo concerniente a la alegada falta de motivos; que conforme se destila del contenido del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos, o lo que es lo mismo, los motivos en los que el tribunal funda su decisión; en ese sentido, se impone destacar que por motivación hay que entender aquella en la que el tribunal expresa, de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión. En esa línea de pensamiento, y luego de una atenta lectura de la sentencia recurrida, esta Corte de Casación ha comprobado que la misma no está afectada de un déficit motivacional como lo denuncia la parte recurrente, al contrario, la decisión impugnada sí contiene una congruente y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, así como una motivación suficiente, pertinente y coherente, lo cual ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su poder de control y determinar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación del derecho; que, en consecuencia, procede desestimar el medio estudiado por carecer de fundamento y con ello el presente recurso de casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por J.A.A.G., contra la sentencia núm. 170-11, dictada en atribuciones civiles el 31 de octubre de 2011, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena al recurrente, J.A.A.G., al pago de las costas procesales y ordena su distracción en provecho de los Licdos. D.A.F.B. y C.M.A.H., abogados de la parte recurrida.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 14 de diciembre de 2016, años 173º de la Independencia y 154º de la Restauración.

(Firmados).-F.A.J.M.-MarthaO.G.S..- Dulce M.R. de G..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.