Sentencia nº 16 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Febrero de 2021.
| Número de resolución | 16 |
| Emisor | Segunda Sala Suprema Corte de Justicia |
C.J.G.L., S. General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 04 de febrero del 2021, que dice así:
En Nombre de la República, las SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competentes para conocer del segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, ubicada en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, presidida por el magistradoL.H.M.quien la preside y demás jueces que suscriben, en fecha 04 de febrero del 2021, año 177° de la Independencia y año 158° de la Restauración, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:
En ocasión del recurso de casación interpuesto por R.A.U.B., dominicano, mayor de edad, soltero, chofer, titular de la cédula de identificación personal núm. 40305-54, domiciliado y residente en la calle Á.M. núm. 20 de la ciudad de Moca, entonces prevenido; P.R.P.P., de generales que constan, personacivilmente demandada; y la compañía Universal de Seguros C. por A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictadael 23 de diciembre de1983, en atribucionescorreccionalespor la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís.
VISTOS (AS): 1. El acta de recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte aqua el 4 de abril de1984a requerimiento del Dr.Mauricio E.A.S., en representación de los recurrentes.
3. El dictamenemitidoporel Procurador General de la Repúblicael16 de septiembrede2003.
4. El escrito de defensa depositado el 14 de abril de 2004 en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por el Dr. T.M.P., en representación de B., R.E., J.M. y C.Z.M., en parte civil constituida.
5. El auto emitido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual fijó audiencia para el día 14 de abril del 2004 a fin de conocer el recurso de casación de que se trata.
Resulta que:
1. Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte deJusticia conocieron el presente recurso de casación en la audiencia fijada al efecto, ocasión en la que decidieron reservar el fallo para dictar sentencia en una fecha posterior; por tal razón, y en vista de encontrarse aún pendiente de fallo, el magistrado L.H.M.P., presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto núm. 24-2020, el 10 de diciembre de 2020,por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a M.R.H.C., P.J.O., F.A.J.M., M.A.R.O., F.E.S.S., V.E.A.P., A.A.B.F., B.R.F.G., N.R.E.L., M.A.F.L., S.A.A.A., R.V.G., J.M.M., M.G.G.R. y F.A.O.P., para integrar las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes números 684 del año 1934 y 926 del año 1935.
2. Los jueces suscribientes se encuentran habilitados para pronunciar el fallo correspondiente al presente recurso de casación en virtud de que la audiencia se concentra en el debate sobre los fundamentos del recurso, y el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0099/17 del 15 de febrero de 2017 ha refrendado que el cambio de jueces en la corte de casación, para la deliberación y fallo del recurso, no constituye una violación al principio de inmediación en materia penal.
LAS SALAS REUNIDAS, LUEGO DE HABER DELIBERADO:
Del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como hechos constantes que: 1. ElMinisterio Públicosometió a la acción de la justicia aRafael A.U.B., por presuntamente haber violado las disposiciones contenidas en la Ley núm. 241 sobreTránsitoVehículos, por el hecho siguiente: “Que en fecha 9 de julio del 1973, mientras el señor E.Z., se encontraba caminando a pie por la calle, al llegar a la avenida D., vino el conductor R.A.U., a bordo de un vehículo de motor, lo atropelló y se dio a la fuga, ocasionándole golpes y heridas”.
2. Para el conocimiento del fondo del proceso fue apoderado la Octava Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Nacional, tribunal que el 29 de agosto de 1975 dictó sentencia en sus atribuciones correccionales, mediante la cual pronunció el defecto contra R.A.U.B., lo declaró culpable y lo condenó a cumplir la pena de un año de prisión correccional más al pago de las costas penales. En el aspecto civil, condenó a P.R.P.P., al pago de una indemnización de RD$5,000.00a favor de los señores B.Z.M. o B.M., R.E.Z.M. o R.E.M., J.M.Z. o R.E.M. y C.Z.M. o C.M., como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos.
3. Contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación B.Z.M. o B.M., R.E.Z.M., J.M.M. y C.M., parte civil constituida, resultando apoderada la Corte de Apelación de Santo Domingo, tribunal que el 12 de diciembre de 1978dictó sentencia en sus atribuciones correccionales, a través de la cual modificó el ordinal tercero de la sentencia recurrida, en lo que respecta a la indemnización acordada y fijóla misma en la suma de RD$6,000.00 a favor de las partes constituidas en parte civil,confirmando la sentencia en sus demás aspectos.
4. La sentencia precedentemente citada fue recurrida en casación por R.A.U.B., P.R.P.P. y la compañía Universal de Seguros C. por A., en sus respectivas calidades,a propósito de lo cual la Suprema Corte de Justicia pronunció sentencia el14deabrilde1982, en la cual casó la recurridaal entender que la Corte a qua elevó la indemnización a RD$6,000.00 sin dar motivos pertinentes, por lo que ordenó el envío del asunto ante la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís.
5. Apoderada del envío ordenado, la Corte a quadictó,el 23 de diciembre de 1983, la sentencia ahora impugnada nueva vez en casación, siendo su parte dispositiva:
PRIMERO: Admite como regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la Dra. H.M.C., abogada, a nombre y representación de la parte civil constituida B.Z.M. o B.Z.M., R.E.Z.M., J.M.M. y C.M., contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales y en fecha 29 de agosto de 1975, por la Octava Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que condenó en defecto al referido inculpado R.A.U.B., a sufrir la pena de un (01) año de prisión correccional y al pago de las costas penales por el delito de violación a la ley 241, en perjuicio de E.Z. (fallecido); condenó al referido inculpado y a P.R.P.P., en su calidad de persona civilmente responsable, al pago de una indemnización de Cinco Mil Pesos Oro (RD$5,000.00), a favor de B.Z.M. o B.Z.M., J.M.Z.M. y C.Z.M., en su calidad de parte civil constituida, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por ellos por la muerte de su padre E.Z.; y al pago de los intereses legales de dicha suma a título de indemnización supletoria; condenó además al prevenido y a la persona civilmente responsable al pago de las costas civiles distraídas a favor de la Dra. H.A.M.C., abogada que afirma haberlas avanzado en su totalidad; y declaró la oponibilidad de la sentencia a la Compañía Unión de Seguros C. por A, en su calidad de entidad aseguradora del vehículo causante del accidente; SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida en el aspecto en que ha sido apoderada esta Corte, en cuanto se refiere a que declara regular y valida en cuanto a la forma, la constitución en parte civil hecha por B.Z.M. o B.Z.M., R.E.Z.M., J.M.Z.M. y C.Z.M., y condenó al referido inculpado R.A.U.B. y a la persona civilmente responsable P.R.P.P., al pago de una indemnización de RD$5,000, a favor de las personas constituidas en parte civil, como justa reparación por los daños morales y materiales por estos sufridos a causa de la muerte de su padre E.Z., más el pago de los intereses legales de dicha suma, a título de indemnización supletoria; TERCERO: Condena a R.A.U.B. y a P.R.P.P., en su ya indicadas calidades, al pago de las costas civiles de esta instancia a favor de los D.R.M.P., H.A.M.C., por afirmar haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: Ordena que la presente sentencia sea común y oponible a la Compañía de Seguros Unión, en su calidad de entidad aseguradora del vehículo que ocasionó el accidente”.
Consideraciones de hecho y de derecho: 1. Del histórico del caso que ocupa nuestra atención resulta evidente quenos encontramos apoderados de un proceso correspondiente a laestructura liquidadora, pues la acción penal se contrae a un hecho acaecido en el año 1973,cuandose encontraba vigente el Código de Procedimiento Criminal, obrando en laglosa como primer acto procesalel contrato de libertad provisional bajo fianzasuscrito por Seguros Patria S.A. y el Estado dominicano en fecha 24 de octubre de 1973, como garantía judicial a favor de R.A.U.B..
2. Por definición de la Ley núm. 278-04 sobre la implementación del proceso penal instituido por la Ley núm. 76-02,lapresente es una causa en trámite1 y en
liquidación2, pues inició con el derogado Código de Procedimiento Criminal y la última actuación procesal consistió en la audiencia celebrada el 14 de abril de 2004. En este punto es importante observar que en la referida ley el legislador instauró un método de implementación y también de transición hacia el Código Procesal Penal, previendo la duración máxima de los procesos aún en curso al disponer lo siguiente:
Artículo 5. Duración del proceso. Las causas que, mediante la estructura liquidadora, deban continuar tramitándose de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884, por no estar sujetas a la
1 CAUSAS EN TRÁMITE: Son aquellas causas o procesos que se iniciaron bajo el imperio del Código de Procedimiento Criminal de 1884 y las disposiciones que lo modifican y complementan y que al 27 de septiembre del 2004 no hayan sido concluidos. (Artículo 1 de la Ley núm. 278-04 de 2004).
2 LIQUIDACIÓN: Es el proceso mediante el cual se dará término a las causas iniciadas de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884. (Artículo 1 de la Ley núm. 278-04 de 2004). extinción extraordinaria, deberán concluir en el plazo máximo de dos años, computables a partir del 27 de septiembre del 2004. Una vez vencido este plazo de dos años, las causas a las que se refiere este artículo que quedaren todavía pendientes dentro de la estructura liquidadora seguirán tramitándose de conformidad con el Código Procesal Penal. Sin embargo, el plazo de duración máxima del proceso a que se refiere el Artículo 148 del Código Procesal Penal tendrá su punto de partida, respecto de estos asuntos, el día en que corresponda su tramitación conforme al nuevo procedimiento.
Transcurridos todos estos plazos sin decisión irrevocable se declarará la extinción de la acción penal de las causas que quedaren pendientes dentro de la estructura liquidadora. Esta declaratoria tendrá lugar a petición de las partes o de oficio por el Tribunal, aún cuando haya mediado actividad procesal.
Párrafo: Durante este período, cuyo total es de cinco (5) años, y durante el primer trimestre de cada año podrá procederse, si es necesario, con respecto a las causas aun pendientes dentro de la estructura liquidadora, de la manera establecida por el Artículo 3 de la presente ley para la extinción extraordinaria.
3. A la llegada de los primeros dos años de la etapa liquidadora, la Suprema Corte de Justicia, en interés de evitar que el tránsito de los procesos de un modelo al otro se produjera de forma traumática, así como de asegurar la uniformidad de las actuaciones con dicho fin, emitió la resolución núm. 2529-2006 del 31 de agosto de 2006, mediante la cual dispuso -respecto de las causas en trámite ante la Suprema Corte de Justicia en atribución liquidadora- que los aspectos de admisibilidad del recurso se regirían por la legislación vigente al momento de su interposición. Luego, aproximándose el término del plazo de duración máxima del proceso, previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal, que era de tres años antes de la modificación efectuada por la Ley núm. 10-15, la Suprema Corte de Justicia dictó la resolución núm. 2802-2009 del 25 de septiembre de 2009, en la que resaltó el interés judicial de observar la dualidad de plazos de duración máxima del proceso atendiendo a que en los casos complejos el vencimiento operaba a los cuatro años, y, por otro lado, inspirada en las motivaciones del legislador de la Ley núm. 278-04 al sostener que aunque la extinción dispuesta persigue descongestionar los tribunales penales no podía constituir una causal de impunidad sobre todo en casos de alta peligrosidad, declaró que “la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado”;
4. Resulta evidente que aún con los procedimientos así regulados no fue posible concluir con la totalidad de asuntos pendientes y en trámite en el referido plazo de cinco años. Ante dicha realidad, este órgano está llamado a dar respuesta a las causas que en dicha situación les apodera, y para hacerlo debe someterse al principio de favorabilidad que rige en la aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, como lo dispone el numeral 4 del artículo 74 de la Constitución de la República; de igual manera al principio de no retroactividad o irretroactividad de la ley que se consagra en el artículo 110 del mismo canon constitucional, que establece: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.
5. En dicho orden, la principal cuestión que corresponde observar es la atinente a laprolongación en el tiempo sin que este proceso haya sido definitivamente resuelto,lo cual confronta elprincipiodelplazo razonableprevisto enel artículo 8 del Código Procesal Penal, que también se incluye dentro de las garantías mínimas que conforman el debido proceso. En esa tesitura, esta Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativa en el sentido de que: “El plazo razonable, es uno de los principios rectores del debido proceso penal, y establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudente y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, reconociéndosele tanto al imputado y como a la víctima el derecho de presentar acción o recurso, conforme lo establece el Código Procesal Penal, frente a la inacción de la autoridad; principio refrendado por lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en su artículo 69, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso; Considerando, que el artículo 148 del Código Procesal Penal, tal y como ya se ha expresado, al momento de ocurrir los hechos, disponía que la duración máxima del proceso, específicamente que la duración máxima, de todo proceso es de tres
(3) años; y que en el artículo 149 se dispone que, “Vencido el plazo previsto en el artículo precedente, los jueces de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este Código”; que de conformidad con la resolución núm. 2802-2009, del 25 de septiembre de 2009, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al tribunal apoderado evaluar, en consecuencia, la actuación del imputado; que en la especie, conforme los documentos y piezas que obran en el expediente, se observa que no es atribuible al imputado3”.
6. En el caso que nos ocupa, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia ha comprobado que la inactividad procesal de los últimos dieciséis (16) años no es atribuible ni a los recurrentes ni a los recurridos, pues no ha mediado actuación alguna de su parte, por lo que procede declarar la extinción de la acción penal al amparo de las disposiciones normativas y la jurisprudencia casacional citada.
7. Enatención a las circunstancias de hecho y derecho descritas, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, tomando en consideración las reglas procesales que conforman el debido proceso, el buen derecho y los principios legales antes citados, consideran que procede declarar oficiosamente la extinción de la acción penal por haber sido constatado de manera fehaciente que este proceso ha alcanzado una inactividad procesal de dieciséis (16) años, lo
3Ver sentencia 13, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 8 de enero de 2018. que sobrepasa a todas luces el plazo máximo de la duración del proceso establecido en la norma procesal penal, sin que de forma alguna pueda serle atribuible a las partes del proceso.
8. Finalmente, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal procede eximir el pago de las costas, en atención a la decisión que se adopta.
Por tales motivos, LAS SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 821 de Organización Judicial y sus modificaciones; la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; la Ley núm. 278 sobre la Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley núm. 76-02, el Código Procesal Penal de la República Dominicana; la Resolución núm. 2529–2006 del 31 de agosto del 2006, que reglamenta el tránsito de los procesos del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, y la Resolución núm. 2802-2009 que dispuso los criterios de evaluación previo al pronunciamiento de la extinción de la acción penal, ambas dictadas por la Suprema Corte de Justicia; y la sentencia número TC/0099/17 pronunciada por el Tribunal Constitucional el 15 de febrero de 2017.
FALLAN:
Declaran extinguida la acción penal seguida en contra de R.A.U.B., P.R.P.P. y la compañía Universal de Seguros C. por A., por las razones citadas en el cuerpo de esta decisión.
Declaran el proceso exento del pago de costas.
O. que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.
Firmado por L.H.M.P., F.A.J.M., M.A.R.O., V.E.A.P., A.A.B.F., B.R.F.G., N.R.E.L., M.A.F.L., S.A.A.A., R.V.G., J.M.M. y M.G.G.R..
C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO, que la sentencia que antecede fue dada y firmada por los jueces que figuran en ella, en la fecha arriba indicada.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 8 de febrero de 2021,para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.
