Sentencia nº 189 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Marzo de 2016.

Fecha de Resolución: 9 de Marzo de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 189

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2016, QUE DICE:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces F.E.S.S., en funciones de P.; E.E.A.C. e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 9 de marzo de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por F.M.G., dominicano, mayor de edad, unión libre, domiciliado y residente en la calle 7 núm. 54 del sector Pekín del municipio de Santiago, imputado, contra la sentencia marcada con el núm. 0308/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 21 de julio de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la Licda. D.C., abogada adscrita a la defensoría pública, por sí y por la Licda. L.G.R., defensora pública, actuando a nombre y representación del recurrente F.M.G.;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. L.Y.R.C., en representación del recurrente F.M.G., depositado el 29 de junio de 2015 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 4021-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 2 de noviembre de 2015, que declaró admisible el presente recurso de casación, fijando audiencia para su conocimiento el día 21 de diciembre de 2015, a las 9:00 A.M.;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 20 de julio de 2009 fue realizado un allanamiento en el callejón de la Gallera casa s/n frente a un ventorrillo de madera y zinc del municipio de Tamboril;

  2. que en la referida vivienda se encontró a los acusados J.L.J.M. (a) Wit y/o J.L.J.M. (a) Wit y F.M.G.H. (LBF), quienes estaban sentados en los muebles de la sala de la referida vivienda, y quienes al notar la presencia del fiscal actuante y demás agentes mostraron un perfil sospecho e intentaron emprender la huida:

  3. que el imputado J.L.J.M. (a) Wit y/o J.L.J.M. (a) Wit y F.M.G.H. (LBF), penetró en la primera habitación, ubicada en el extremo derecho tomando como referencia la puerta de entrada principal, que acto seguido el fiscal procedió a invitar a los referidos acusados a presenciar la requisa que se realizaría en su vivienda;

  4. que en el patio de la vivienda, la cual está delimitada por una empalizada de alambres los cuales dividen la vivienda de las demás, justamente pegado a la pared lateral izquierda tomando como referencia la puerta trasera que da acceso a la cocina a una distancia aproximada de cuatro metros debajo de una tapa de metal de color gris el fiscal actuante ocupó una funda plástica de color negro y en su interior una porción de un polvo blanco de naturaleza desconocida que por su olor y características se presume es cocaína con un peso aproximado de 7.1 gramos, además de ocupar una balanza marca Tanita modelo 1479V negra con un su estuche de piel negro, v arios recortes pequeños de funda plástica de diversos colores;

  5. que el 21 de octubre de 2009 el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, L.. R.A.D., presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de J.L.J.M. (a) Wit y/o J.L.J.M. (a) Wit y F.M.G.H. (LBF), por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 4 literal a, 5 literal a, 8 categoría II acápite II, 9 literal d, 58 literal a, 60, y 75 párrafo II de la Ley 50-88;

  6. que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegido del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual en fecha 15 de noviembre de 2013, dictó la sentencia marcada con el núm. 0359/2013, dispositivo que copiado textualmente expresa lo siguiente:

“PRIMERO: Declara al ciudadano F.M.G.H., dominicano, 33 años de edad, unión libre, ebanista, no porta cédula, domiciliado y residente en la calle 7, casa núm. 54, sector Pekín, Santiago, culpable de cometer el ilícito penal de traficante de drogas, previsto y sancionado por los artículos 4 letra d, 5 letra a, 8 categorías II acápite I, código 9041, 9 letra d, 58 letra a y 75 párrafo II de la Ley 50-88 (sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana) en perjuicio del Estado Dominicano; en consecuencia, se le condena a la pena de cinco (5) años en el Centro de Corrección y Rehabilitación del Pinito La Vega; así como al pago de una multa de Cincuenta Mil pesos (RD$50,000.00); y, de las costas penales del procedimiento; SEGUNDO: Ordena la destrucción por medio del a incineración de las drogas a que hace referencia el Certificado de Análisis Químico Forense núm. SC2-2009-07-25-003416 de fecha veintidós (22) de julio del año Dos Mil Nueve (2009), consistente en una (1) porción de cocaína clorhidratada con un peso de (6.96) gramos; ordena la confiscación de las pruebas materiales la suma de Mil Cuarenta Pesos (RD$1,040.00); una funda plástica color negro; una balanza marca tanita modelo 1479V, color negro; varios recortes pequeños de fundas plásticas; TERCERO: Acoge las conclusiones del órgano acusador, rechazando obviamente las formuladas la defensa técnica del encartado, por devenir estas últimas en improcedente, mal fundadas y carente de cobertura legal; CUARTO: Ordena a la secretaría común de este Distrito Judicial comunicar copia de la presente decisión a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Consejo Nacional de Drogas, y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, una vez transcurran los plazos previstos para la interposición de los recursos”;
g) que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia ahora impugnada, la cual figurada marcada con el núm. 0308/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 21 de julio de 2014, y su dispositivo es el siguiente:

“PRIMERO : En cuanto al fondo desestima el recurso de apelación promovido por la Licenciada L.Y.R.C., en calidad de defensora pública del Departamento Judicial de Santiago, quien actúa a nombre y representación de F.M.G., en contra de la sentencia núm. 0359-2013 de fecha 15 del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO : Confirma en todas sus partes la sentencia apelada; TERCERO : Exime el pago de las costas del recurso; CUARTO : Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes vinculadas”;

Considerando, que el recurrente F.M.G., por intermedio de su defensa técnica propone los siguientes medios:
1. “Que la sentencia es manifiestamente infundada, porque se procedió a condenar al encartado acreditando el contenido de una acusación que inobservó el principio 19 del Código Procesal Penal, relativo a la formulación precisa de cargos, esto así debido a que en el proceso se discutió una coautoría, sin embargo no se definió que cantidad de droga le pertenecía a cada uno de los imputados;

2. Que en esa misma tesitura cabe indicar que se vulneró el derecho de defensa, tutelado por los artículos 69.4 de la Constitución, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 17.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 18 del Código Procesal Penal, ya que nadie puede defenderse efectivamente de unos cargos cuyo contenido no es claro ni preciso;

3. Que además de lo anterior, la sentencia atacada posee un vicio insalvable, porque los jueces formaron a partir de pruebas derivadas de un allanamiento irregular debido a que se efectuó fuera del horario regular previsto para los allanamientos, díganse 9:30 P.M., sin que la orden que habilitó la práctica del mismo indicara que razones motivaron al juzgador a autorizar al fiscal a allanar en horas de la noche;

4. Que a los planteamientos preindicados la corte respondió alegando que no llevaba la razón, la censura, en el sentido de falta de precisión de formulación de cargos debido a que el auto de apertura indicó cuales eran los cargos a dilucidar en el fondo, es evidente que la corte erró al asumir que el hecho de que el auto de apertura indicaba cual era el tema a debatir en el juicio resultaba ser suficiente para cubrir el contenido de una formulación precisa de cargos, toda vez que en este caso habían coimputados de manera que debió indicarse el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión del tipo y tratándose de un supuesto de violación a la ley de drogas debió exponerse de manera clara y precisa la cantidad de drogas cuyo dominio se le imputaba a cada uno de los coacusados;

5. Que en lo que tiene que ver con el planteamiento de la irregularidad del allanamiento debido a que se efectuó fuera del horario regular previsto para los allanamientos dígase 9:30 P.M., sin que la orden que habilitó la práctica del mismo indicara que razones motivaron al juzgador a autorizar al fiscal a allanar en horas de la noche, la Corte argumentó alegando que el simple hecho de que la orden dijese que permitía la práctica del allanamiento a cualquier hora del día o de la noche cubría el contenido del artículo 179 y suplía la motivación debida. Lógicamente la ponderación efectuada por la Corte no soporta un análisis jurídico ponderado, toda vez que si la regla general prevista por la norma es que el allanamiento en moradas se practique en el horario comprendido de 6 a 6 y el fiscal contempla la necesidad de llevarlo a cabo fuera de ese horario debe indicarle al juez que razones motivaron esa práctica excepcional y asimismo el juez, tutor de derechos fundamentales, debe indicar de forma precisa, detallada y clara porque estima que en este caso es procedente permitir que el fiscal penetre a una vivienda fuera del horario ordinario; que validar este tipo de actuaciones abre una puerta hacia la arbitrariedad en la administración de la justicia, puesto que los operadores asumen que pueden limitar derechos fundamentales sin dar explicación a nadie”;

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

Considerando, que la esencia del presente recurso de casación se circunscribir a objetar contra la decisión impugnada que la misma es infundada, debido a que no existió una formulación precisa de cargos en contra del imputado-recurrente, y que existió irregularidad en la hora en que fue ejecutado el allanamiento donde se ocupó la sustancia ilícita;

Considerando, que del examen de las piezas que integran el proceso analizado, se evidencia que contrario a lo señalado por el recurrente F.M.G., no fue violentado en el presente caso el principio de formulación precisa de cargos, toda vez que la acusación de que se trata cumple la debida formulación precisa de cargos, conforme a la cual se describe de manera precisa y circunstanciada el hecho, indicando además la participación los imputados, con lo cual se advierte el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 294 numeral 2 del Código Procesal Penal; por lo que, procede el rechazo del aspecto analizado;

Considerando, que según las disposiciones del artículo 179 del Código Procesal Penal, los registros en lugares cerrados o cercados, aunque sean de acceso público, solo pueden ser practicados entre las seis horas de la mañana y seis horas de la tarde, estableciendo el mismo artículo excepcionalmente pueden realizarse registros en horas de la noche en los lugares de acceso público, abiertos durante la noche y cuando el juez autorice de modo expreso mediante resorción motivada;

Considerando, que en el caso que nos ocupa, contrario a lo denunciado r el recurrente F.M.G. en este proceso no resultan aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 179 del Código Procesal Penal, toda vez aquí se trata del registro de moradas y lugares privados; y conforme el artículo 180 de la normativa antes indicada, este solo puede realizarse a solicitud del ministerio público por orden de allanamiento expedida mediante resolución judicial motivada, lo que ocurrió en el presente caso, ya que el allanamiento realizado en la vivienda donde resultó detenido el imputado fue autorizado mediante la resolución marcada con el núm. 1462-2009 expedida el de julio de 2009, expedida por la Oficinal Judicial de Servicios de Atención Permanente, la cual “… autorizó al Lic. O.G., P.F.A. la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago a realizar allanamiento a cualquier hora del día o de la noche en ……”;

Considerando, que lo indispensable para los registros que se vayan a efectuar de noche es la autorización motivada mediante resolución por parte de juez, no la justificación del por qué se realizara de noche; que conforme la transcripción de la autorización para realizar el allanamiento objeto de la presente controversia se desprende el hecho de que la misma cumple con las condiciones requeridas por nuestra normativa procesal penal, por lo que, el argumento invocado carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en base a las consideraciones que anteceden, procede pronunciar el rechazo del recurso de casación analizado, ya que el estudio cuidadoso y debidamente ponderado de la decisión impugnada evidencia que la Corte a-qua satisfizo su debe de tutelar efectivamente las prerrogativas del reclamante, al dar cuenta del examen de los motivos presentados por éste, exponiendo la corte una adecuada y suficiente fundamentación para rechazar su recurso de apelación.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA: Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por F.M.G., contra la sentencia marcada con el núm. 0308/2014 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 21 de julio de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;

Segundo: Declara las costas penales del procedimiento en grado de casación de oficio, en razón del imputado haber sido asistido por un miembro de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública;

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago.

(FIRMADOS).- F.E.S.S..- E.E.A.C..- A.A.M.S..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

Mercedes A. Minervino A.

Secretaria General Interina

/Mog/Are