Sentencia nº 200 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Mayo de 2013.

Fecha de Resolución:15 de Mayo de 2013
Emisor:Primera Sala

Fecha: 15/05/2013

Materia: Civil

Recurrente(s): P.V.C. de Ortiz

Abogado(s): Dr. V.L.C.

Recurrido(s): Jacasa Comercial, C. por A

Abogado(s): L.. Juan Antonio Bautista Arias

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por P.V.C. de O., dominicana, mayor de edad, casada, de quehaceres domésticos, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0694445-7, domiciliada y residente en la calle J.D. núm. 11, del sector H., municipio Santo Domingo Oeste, contra las sentencias civiles núms. 00765-2007 y 00767-2007, ambas de fecha 7 de mayo de 2007, dictadas por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, cuyos dispositivos se copian más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, que termina de la siguiente manera: "Único: Que procede declarar inadmisible, el recurso de casación contra la sentencia civil No. 00767-2007 de fecha 07 de mayo del 2007, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, por los motivos precedentemente expuestos.”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de agosto de 2007, suscrito por el Dr. V.L.C.J., abogado de la recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 24 de agosto de 2007, suscrito por el Licdo. J.A.B.A., abogado de la parte recurrida, Jacasa Comercial, C. por A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 15 de junio de 2011, estando presentes los jueces R.L.P., P.; E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la Secretaria;

Visto el auto dictado el 13 de mayo de 2013, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados V.J.C.E., M.O.G.S., J.A.C.A. y F.A.J.M., jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 del 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en las sentencias impugnadas y en los documentos a que ellas se refieren consta: a) que en ocasión de un procedimiento de embargo inmobiliario regido por la Ley núm. 6186, sobre Fomento Agrícola, iniciado a requerimiento de Jacasa Comercial, C. por A., en perjuicio de P.V.C. de O., dicha embargada interpuso una demanda incidental en nulidad del procedimiento de embargo inmobiliario seguido en su contra, la cual fue decidida mediante la sentencia civil núm. 00767-2007, de fecha 7 de mayo de 2007, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, Municipio Oeste, objeto del presente recurso de casación y cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: "PRIMERO: Se pronuncie el defecto en contra de la parte demandante, por falta de comparecer; SEGUNDO: DESCARGA al demandado de los efectos del acto No. 385/07, de fecha cuatro (04) del mes de Mayo del año dos mil Siete (2007), instrumentado por el ministerial S.Z.G., Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de apelación del Distrito Nacional; TERCERO: COMPENSA pura y simplemente las costas del procedimiento; CUARTO: COMISIONA al Ministerial RAFAEL ORLANDO CASTILLO, Alguacil de Estrado de esta Sala para la notificación de la presente sentencia.”; b) que, una vez decidido por el juez del embargo la cuestión incidental a que se ha hecho referencia, procedió a darle continuidad a dicha vía de expropiación forzosa, dictando al efecto la sentencia civil núm. 00765-2007 de fecha 7 de marzo, también impugnada por el presente recurso de casación, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: "PRIMERO: Se adjudica el inmueble embargado al persiguiente JACASA COMERCIAL, C x A., por no haber licitadores, por el precio de primera puja de Tres Millones de Pesos Dominicanos con cero centavos (RD$3,000,000.00), monto que está libre de toda carga y gravaciones; SEGUNDO: SE ORDENA el desalojo de toda persona física o moral que, bajo cualquier título se encuentre ocupando el inmueble; TERCERO: ORDENA la ejecución provisional de la presente Sentencia, sobre minuta, no obstante cualquier recurso y sin prestación de fianza; CUARTO: COMISIONA Al ministerial O.R.B., Alguacil Ordinario de este Tribunal para la notificación de la presente Sentencia.”;

Considerando, que la recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: "Primer Medio: Violación del artículo 8, numeral 2, literal "J” de la Constitución y al numeral 14, de la Resolución No. 1920-2003, de la Suprema Corte de Justicia, referentes al derecho de defensa; y violación a los artículos...(sic); Segundo Medio: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, (falta de motivos), y del numeral 19 de la Resolución 1920-2003, de la Suprema Corte de Justicia y desnaturalización de los hechos y de los documentos.”;

Considerando, que la parte recurrida concluye en su memorial de defensa solicitando la inadmisiblidad del recurso de casación, sobre la base de que tratándose la sentencia impugnada de una decisión de adjudicación que no estatuyó sobre incidentes, no es susceptible de ser atacada por la vía del recurso de casación, sino a través de la acción principal en nulidad;

Considerando, que, como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisibilidad contra el recurso, procede, atendiendo a un correcto orden procesal, su examen en primer término;

Considerando, que mediante el presente recurso de casación se impugnan dos decisiones dictadas en ocasión de un procedimiento de embargo inmobiliario, las cuales, aunque adoptadas en la misma fecha, se decidieron mediante sentencias separadas, una que estatuyó sobre un incidente del embargo y otra, la que ordenó la adjudicación del inmueble objeto del embargo;

Considerando, que respecto al recurso de casación interpuesto contra la sentencia núm. 00767-2007, que estatuyó sobre la demanda incidental en nulidad del embargo, si bien es cierto que dicha decisión incidental intervino como resultado de un procedimiento de embargo inmobiliario regido por la Ley núm. 6186, la cual por aplicación a las disposiciones del artículo 148 de la Ley citada puede ser susceptible del recurso de casación, no obstante, habiéndose limitado el juez del embargo a ordenar el descargo puro y simple de dicha demanda incidental, cuya decisión no juzga ni hace derecho alguno sobre la controversia de que fue apoderado, se impone, atendiendo a la naturaleza de la decisión adoptada, determinar si es susceptible de ser impugnada a través del recurso extraordinario de la casación;

Considerando, que, en ese sentido, la sentencia impugnada hace constar que mediante acto núm. 119-2004, de fecha 4 de mayo de 2007 instrumentado por S.Z.G., la ahora recurrente, emplazó a la actual recurrida para comparecer a la audiencia que en fecha 7 de mayo de 2007 sería en ocasión de la demanda en nulidad de embargo inmobiliario por ella interpuesta, audiencia a la cual no compareció dicha demandante a formular sus conclusiones; que, prevaliéndose de dicha situación, la parte demandada solicitó el defecto en contra de la demandante por falta de concluir y, consecuentemente, el descargo puro y simple de la demanda, procediendo la jurisdicción a-qua mediante decisión in-voce, luego de pronunciar el defecto contra la recurrente por falta de concluir, a pronunciar el descargo puro simple;

Considerando, que conforme a la doctrina mantenida de manera firme por esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, sobre la solución que debe imperar en estos casos, en el cual el abogado del demandante no concluye sobre las pretensiones de su demanda, el abogado de la demandada puede, a su elección, solicitar que sea pronunciado el defecto y el descargo puro y simple de la demanda, o que sea examinado y fallado el fondo; siempre que se cumplan, en la primera hipótesis, los siguientes requisitos, a saber: a) que el demandante haya sido correctamente citado a la audiencia y no se vulnere, por tanto, ningún aspecto de relieve constitucional que pueda causar alguna merma lesiva al derecho de defensa y al debido proceso, b) que incurra en defecto por falta de concluir y c) que la parte demandada solicite el pronunciamiento del descargo puro y simple de la apelación, el tribunal puede, interpretando el defecto del apelante como un desistimiento tácito, pronunciar el descargo puro y simple de la demanda, sin proceder al examen del fondo del proceso, exigencias estas que, conforme se comprueba del fallo impugnado, fueron observadas por el juez del embargo para pronunciar el descargo puro y simple de la demanda, limitándose la ahora recurrente en casación a alegar, a fin de justificar su incomparecencia, que la audiencia en que se conoció la demanda incidental no fue celebrada en el horario que figura en el acto de emplazamiento, sino que fue enviada por la secretaria del tribunal para ser celebrada en horas de la tarde sin existir auto del juez que lo autorizara y sin tener conocimiento de ese hecho, sin embargo, ni aporta la recurrente ningún medio de prueba de sus argumentaciones, ni se advierte en la sentencia impugnada el hecho alegado, acto auténtico creíble hasta inscripción en falsedad, razón por la cual dichos argumentos deben ser desestimados;

Considerando, que, de igual manera, ha sido criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, en su indicada función, que las sentencias que se limitan a pronunciar el descargo puro y simple, no son susceptibles de ningún recurso, en razón de que no acogen ni rechazan las conclusiones de las partes, ni resuelven en su dispositivo ningún punto de derecho, sino que se limitan, como quedó dicho, a pronunciar el defecto por falta de concluir del apelante y a descargar de la apelación pura y simplemente a la parte recurrida;

Considerando, que la supresión de los recursos, en estos casos, tiene su fundamento en razones de interés público, en el deseo de impedir que los procesos se extiendan u ocasionen gastos en detrimento del interés de las partes, por lo que procede, de oficio, declarar inadmisible el presente recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en ocasión de la demanda incidental en nulidad de embargo inmobiliario, sin necesidad de examinar los medios de casación propuestos por la parte recurrente contra ese fallo;

Considerando, que de igual manera, resulta inadmisible el presente recurso de casación en cuanto a la decisión núm. 00765-2007, mediante la cual se ordenó la adjudicación del inmueble objeto del embargo, por no reunir dicha decisión las condiciones requeridas por el artículo primero de la Ley sobre Procedimiento de Casación para ser impugnada a través de esta extraordinaria vía de impugnación, cuyo texto legal dispone, que la Suprema Corte de Justicia decide, como corte de casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial;

Considerando, que, sobre el caso planteado, esta Corte de Casación ha sostenido, de manera reiterada, que la vía procedente para impugnar una decisión de adjudicación resultante de un procedimiento de venta en pública subasta por embargo inmobiliario, regido sea por el procedimiento común u ordinario o por el abreviado consagrado en la ley núm. 6186, sobre Fomento Agrícola, como en la especie, está determinada por la naturaleza de la decisión que adopte el juez del embargo, en ese sentido, cuando la decisión de adjudicación se limita a reproducir el cuaderno de cargas, cláusulas y condiciones y hacer constar la transferencia en provecho del adjudicatario del derecho de propiedad del inmueble subastado sin resolver por esa decisión ninguna controversia, sino que el juez del embargo, actuando en jurisdicción graciosa, se limita a dar acta del transporte del derecho de propiedad del inmueble subastado en provecho del adjudicatario, la decisión dictada en ese escenario procesal adquiere un carácter puramente administrativo susceptible, por tanto, de una acción principal en nulidad, de igual manera constituye un criterio jurisprudencial fijo, que cuando la decisión de adjudicación a la vez que constata la adjudicación resuelve o decide en la misma sentencia alguna contestación litigiosa, la sentencia dictada en esas condiciones adquiere el carácter de un verdadero acto jurisdiccional sujeto a los recursos establecidos por el legislador, que en la materia tratada es el recurso de apelación;

Considerando, que, en base a las razones expuestas, no siendo susceptibles las sentencias dictadas por el tribunal a-quo de ser impugnadas mediante extraordinaria vía de recurso, procede declarar inadmisible el recurso de casación, no por los motivos en que se sustenta el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, sino por los que suple, de oficio, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por P.V.C. de O., contra las sentencias núm. 00765-2007 y 00767-2007, ambas de fecha 7 de mayo de 2011, dictadas por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 15 de mayo de 2013, años 170º de la Independencia y 150º de la Restauración.

Firmado: J.C.C.G., M.O.G.S., F.A.J.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.