Sentencia nº 201 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Marzo de 2015.

Fecha de Resolución:25 de Marzo de 2015
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 201

GRIMILDA A. DE S., SECRETARIA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2015, QUE DICE:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 25 de marzo de 2015. Rechaza Preside: J.C.C.G..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por B.S., dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0015093-6, domiciliado y residente en la casa núm. 21, de la calle G.L. de la ciudad de Higüey, contra la sentencia civil núm. 73-2007, dictada el 26 de abril de 2007, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. R.C.M., en representación del L.H.H.V.G., abogado de la parte recurrente Bienvenido Santana;

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo el artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de julio de 2007, suscrito por el Dr. H.H.V.G., abogado de la parte recurrente B.S., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de agosto de 2007, suscrito por el Dr. J.R.F.L. y el Licdo. L.E.P.M., abogados de la parte recurrida L.A.R.G.; Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 2 de diciembre de 2009, estando presentes los magistrados R.L.P., P.; E.M.E. y J.E.H.M., asistidos de la Secretaria;

Visto el auto dictado el 18 de marzo de 2015, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad y a los magistrados V.J.C.E., J.A.C.A. y F.A.J.M., jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de una demanda en distracción interpuesta por B.S. contra L.A.R.G., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia dictó en fecha 10 de enero de 2006, la sentencia núm. 13/07, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en distracción interpuesta por el señor BIENVENIDO SANTANA en contra del señor L.A.R.G., mediante acto No. 391-2006 de fecha 10 de marzo del 2006, del ministerial R.D.A.R., por haber sido hecha conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se acoge la referida demanda y, en consecuencia, se ordena la distracción del vehículo marca Mitsubishi Montero 4x4, color gris, año 2002, Registro y Placa No. G094253, Matrícula No. 0046970, chasis No. JMYLYV78W2J000325, el embargo ejecutivo trabado a requerimiento del señor L.A.R.G. y en perjuicio de la señora ORFELINA PUELLO GUERRERO, mediante el Acto No. 214/2006, de fecha 7 de marzo del 2006, del ministerial R.A.S.M.; TERCERO: Se ordena al depositario del vehículo descrito, señor R.S.C., la entrega de dicho vehículo al señor B.S., tan pronto sea notificada la presente sentencia; CUARTO: Se rechaza la solicitud de la parte demandante principal de condenar la parte demandada a pagar una indemnización de RD$5,000,000.00 por daños y perjuicios, por los motivos expuestos; QUINTO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda reconvencional interpuesta por el señor L.A.R.G. en contra del señor B.S., mediante Acto No. 52/2006, de fecha 24 de abril del 2006, del ministerial Z.P., por haber sido hecha conforme al derecho y, en cuanto al fondo, se rechaza dicha demanda, por los motivos expuestos; SEXTO: Se declara la presente sentencia ejecutoria provisionalmente, no obstante cualquier recurso que se interponga en su contra, tan pronto sea notificada y previa interposición de una fianza de VEINTICINCO MIL PESOS (RD$25,000.00) para cubrir los daños que podría generar dicha ejecución; SÉPTIMO: Se condena al señor L.A.R.G. al pago de las costas causadas y se ordena su distracción a favor del LIC. H.H.V.G., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, L.A.R.G. interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 95/2007, de fecha 8 de febrero de 2007, del ministerial R.A.S.M., alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 26 de abril de 2007, la sentencia civil núm. 73-2007, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: Primero: Admitiendo como bueno y válido en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación por haber sido diligenciado en tiempo hábil y en consonancia a nuestro ordenamiento jurídico vigente; Segundo: R. en todas sus partes la sentencia No. 13-2007, de fecha 10 de enero del 2007, pronunciada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, y, por consiguiente, rechazando la demanda en distracción, por los motivos dados precedentemente; Tercero: Condenando al señor B.S. al pago de las costas, disponiéndose su distracción a favor y provecho del L.. L.E.P.M. y el Dr. J.R.F.L., quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad” (sic); Considerando, que la parte recurrente, propone los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Falta de Motivos, violación al Art. 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Motivos vagos e imprecisos; Tercer Medio: Inobservancia de los Arts. 1317 y siguientes del Código Civil Dominicano. Falta de base legal; Cuarto Medio: Desnaturalización del Art. 1582 y siguiente del Código Civil Dominicano” (sic);

Considerando, que en fundamento de los medios de casación propuestos, los cuales serán ponderados de manera conjunta por convenir a la solución del caso en estudio, la parte recurrente sostiene en síntesis: “Que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, revocó la decisión tomada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, incurriendo en una grave falta de motivos sobre aspectos fundamentales que les fueron formulados y que se hicieron contradictorios entre las partes…; que los documentos depositados por el hoy recurrente no fueron tomados en cuenta y vemos como la corte a-qua no dio los motivos suficientes para justificar la sentencia hoy recurrida, puesto que solo se limitó a hacer una exposición de lo que entendía ese tribunal y a interpretar los embargos conservatorios trabados en el año 2005, pero no tomó en cuenta que los embargos conservatorios dependen de un plazo para su validez y que el acreedor que no cumple con ese plazo para su demanda en validez su procedimiento vuelve a nivel cero, situación esta que la corte a-qua, no tomó en cuenta para su decisión; que la corte no debió dejar de dar mérito al Art. 1317 y siguientes del Código Civil, el cual determina la oposición a terceros, y tampoco da crédito al Art. 48 de la Ley 845 que modifica el Código Procesal Civil, y no solo no lo toma en cuenta; … Que la corte a-qua ha cambiado en su decisión el sentido de la litis relativa a la demanda en distracción de bien mueble embargado, pues en nada dio mérito ni valor jurídico a los móviles intrínsecos de la venta... ”; Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo, la corte aqua sostuvo lo siguiente: “que de un detenido examen del dossier de la especie, este plenario ha podido constatar, que mediante los actos de alguaciles Nos. 249-2005 y 250-2005, de fechas 19 de mayo del 2005, del oficial ministerial R.A. De la Cruz, ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, el señor L.A.R.G., trabó embargo conservatorio u oposición sobre el vehículo objeto de la presente litis, propiedad de la señora O.P. De Aza; que en fecha 28 de febrero del 2006, la Dirección General de Impuestos Internos, a través de su Departamento de Vehículos de Motor, certifica que el vehículo marca Mitsubishi, modelo M., 4X4, año 2002, matrícula No. 46970, color gris, chasis JMYLYV78W2J000325, expedida en fecha 31-10-2003, a nombre de la señora O.P.G., todo lo cual se corresponde con el Certificado de Propiedad de Vehículos de Motor de fecha 31-10-2003, en el cual aparece la señora O.P.G. como propietaria del susodicho bien mueble; y, que este último documento, es decir, el Certificado de Propiedad de Vehículos de Motor, es lo que ciertamente da fe sobre la propiedad de un vehículo de motor, y que el hecho de que el referido aparato haya sido dado en venta al señor B.S. por la señora O.G., mediante Acto Auténtico No. 287, del día 28 de mayo del 2005, es obvio, que para dicho momento, ya la señora O.P.G., no podía expatriar de su patrimonio un vehículo que ya había sido objeto de embargo conservatorio u oposición, según se lleva dicho anteriormente, cuestiones estas, que impedían desde ya cualquier intento de traspaso de matrícula del comentado vehículo, derivadas de las referidas oposiciones; por lo que, para el caso en cuestión se hace inaplicable las disposiciones del artículo 2279 del Código Civil…”(sic);

Considerando, que si bien es cierto que el art. 2279 del Código Civil, en materia de muebles establece una presunción de propiedad en favor de quien posee la cosa, no es menos cierto que, dicha presunción sufre excepción en determinados casos cuando se trata de muebles que para establecerse su existencia e individualización requieren un registro público regulado por el Estado dominicano a través de sus instituciones públicas correspondientes; que en relación a los vehículos de motor, que es el caso que nos ocupa, estos deben ser registrados en el Departamento de Vehículo de Motor de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en virtud del artículo 3 de la Ley núm. 241 del 29 de marzo de 1977, modificado por la Ley núm. 56 de 1989, el cual en su literal b), que se titula Certificado de Propiedad y Origen del Vehículo de Motor o Remolque, establece que “el Director de Rentas Internas expedirá una certificación a cada vehículo de motor o remolque registrado numéricamente, según el tipo de vehículo correspondiente. Esta certificación se denominará “Certificado de Propiedad y Origen de Vehículo de Motor o Remolque” y será confeccionado de acuerdo a las disposiciones del Director de Rentas Internas”;

Considerando, que la lectura de la sentencia impugnada y de la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica que el presente caso se trata de una demanda en distracción de bienes interpuesta por el señor B.S. en contra de L.A.R.G., a raíz de un embargo conservatorio trabado por este último sobre un vehículo de motor del cual el demandante original alega ser el propietario. Que sin embargo, conforme a la valoración de los elementos de prueba aportados por el otrora recurrente y actual recurrido, quien conforme al fallo impugnado fue la única parte que depositó bajo inventario los documentos en apoyo a sus pretensiones, la corte a-qua estableció que el vehículo objeto de la demanda en distracción figuraba a nombre de la señora O.P.G., en virtud del certificado de propiedad de vehículos de motor de fecha 31 de octubre de 2010, y que la venta del referido vehículo había operado luego de trabadas las medidas conservatorias referidas anteriormente;

Considerando, que en ese sentido, es oportuno reiterar que los vehículos de motor están sometidos a un régimen especial de publicidad establecido en la Ley núm. 241 del 28 de diciembre de 1967 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en virtud de la cual todo aquel que posea un derecho real sobre un vehículo de motor está obligado a registrarlo por ante la Dirección General de Impuestos Internos y, como contrapartida, cualquier derecho que no esté debidamente registrado es inoponible a terceros; de ahí que la corte a-qua hizo bien en revocar la sentencia de primer grado, y rechazar la demanda en distracción interpuesta por el señor B.S. en contra del señor L.A.R.G., por ser el objeto de la demanda en distracción un vehículo de motor no registrado a su nombre, razones por las cuales procede rechazar los medios que se examinan;

Considerando, que una vez establecido que el demandante original no ostentaba la calidad de propietario del vehículo cuya distracción se perseguía con la presente demanda, resulta innecesario ponderar los demás argumentos planteados en relación al proceso de embargo conservatorio, todo lo cual conduce a desestimar este aspecto de los medios analizados;

Considerando, que en virtud de lo anteriormente expuesto, la sentencia impugnada no adolece del vicio de falta de base legal, ya que los motivos dados por los jueces de la alzada nos han permitido establecer que contiene los elementos de hecho y de derecho necesarios para la aplicación de la ley, por lo que procede rechazar el presente recurso de casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por B.S., contra la sentencia civil núm. 73-2007, de fecha 26 de abril de 2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, al pago de las costas del proceso, y ordena su distracción a favor y provecho del Dr. J.R.F.L. y el Lic. L.E.P.M., abogados del recurrido, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 25 de marzo de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.

(FIRMADOS).- Julio C.C.G..- V.J.C.E..- J.A.C.A..- F.A.J.M..- G.A., Secretaria General.-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.prg