Sentencia nº 21 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Julio de 2013.

Fecha de Resolución31 de Julio de 2013
EmisorTercera Sala

Fecha: 31/07/2013

Materia: Laboral

Recurrente(s): D.M.A.B.

Abogado(s): L.. F.C.A., A.M.V.

Recurrido(s): Instituto Postal Dominicano Imposdom

Abogado(s): L.. E.A., B.M., E.A.C., Dr. Odenis Danilo Castillo

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la señora D.M.A.B., dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1278561-3, domiciliada y residente en la calle Hermanas Mirabal núm. 29, sector V.M., Municipio Santo Domingo Norte, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 30 de marzo de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. E.A., abogado del recurrido, Instituto Postal Dominicano (Inposdom);

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 2 de octubre de 2012, suscrito por el Licdo. A.M.V., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0344536-7, abogado de la recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de octubre de 2012, suscrito por los Licdos. B.M.P., E.R.A.C. y el Dr. O.D.C.P., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0230978-8, 001-0749448-6 y 001-0800846-7, respectivamente, abogados del recurrido;

Que en fecha 20 de marzo de 2012, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; E.H.M., S.I.H.M. y R.C.P.A., asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación;

Visto el auto dictado el 30 de julio de 2013, por el magistrado M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado F.A.O.P., Juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 del 1934;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de la demanda laboral interpuesta por la actual recurrente D.M.A.B. contra Instituto Postal Dominicano (Inposdom), la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 31de marzo de 2005, una sentencia con el siguiente dispositivo: "PRIMERO: Se ratifica el defecto pronunciado en audiencia pública celebrada por este Tribunal en fecha nueve (9) del mes de marzo del año 2005, contra la parte demandada Instituto Postal Dominicano (Inposdom), por no haber comparecido no obstante citación legal mediante sentencia invoce de este mismo tribunal de fecha 1º del mes de febrero del año 2005; SEGUNDO: Se declara resuelto el contrato de trabajo que existía entre las partes por causa de desahucio ejercido por el demandado Instituto Postal Dominicano (Inposdom), en virtud del artículo 75, ley 16-92; TERCERO: Se condena al demandado Instituto Postal Dominicano (Inposdom) a pagar a la demandante D.M.A.B., la cantidad de RD$7,049.94, por concepto de 28 días de preaviso, la cantidad de RD$19,135.54, por concepto de 76 días de auxilio de cesantía, la cantidad de RD$3,524.97, por concepto de 14 días de vacaciones, la cantidad de RD$4,500.00, por concepto de proporción de salario de Navidad, la cantidad de RD$15,107.00, por concepto de 60 días de participación en los beneficios de la empresa, más el pago de una suma igual a un día de salario devengado por la demandante por cada día de retardo en el pago de las prestaciones laborales indicadas en la presente sentencia en virtud del artículo 86, ley 16-92, todo esto en base a un salario mensual de RD$6,000.00 mensual; CUARTO: Se ordena a la parte demandada Instituto Postal Dominicano (Inposdom), tomar en consideración la variación en el valor de la moneda desde la fecha en que se introdujo la demanda hasta que se pronuncie esta sentencia, en virtud del artículo 537, ley 16-92; Quinto: Se condena al demandado Instituto Postal Dominicano (Inposdom), al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor del L.. A.M.V., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Se comisiona al ministerial F.A.R., alguacil ordinario de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, para la notificación de la presente sentencia; b) que con motivo de la demanda en perención de instancia del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Rechaza la demanda en perención de instancia del recurso de apelación, interpuesta por la demandante originaria, señora D.M.A.B., contra recurso de apelación interpuesto por el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), por los motivos expuestos en esta misma sentencia; SEGUNDO: Acoge las pretensiones del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), en el sentido de que dicha institución está regida por la ley núm. 307 del quince (15) del mes de noviembre del año dos mil novecientos ochenta y cinco (1985), y el principio III del Código de Trabajo, y no por el citado texto legal, en consecuencia, rechaza las pretensiones contenidas en la instancia introductiva de la demanda interpuesta por la señora D.M.A.B., por carecer de derechos de naturaleza laboral, por los motivos expuestos en esta misma sentencia; TERCERO: Condena a la señora D.M.A.B., al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de los Licdos. B.M.P.M. y E.R.A.C., abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad";

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: Violación y falta de ponderación de los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Civil Dominicano; Segundo Medio: Violación al artículo 86 del Código de Trabajo y falta de ponderación de los documentos depositados por la parte recurrente; Tercer Medio: Violación a los principios V, VI, VII y VIII del Código de Trabajo;

Considerando, que la recurrente propone en su primer medio de casación, lo siguiente: "que la sentencia de la corte a-qua incurrió en violación de los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que los jueces del tribunal a-quo no ponderaron el tiempo de tres años y seis meses de la parte recurrida, no fijaron audiencia para conocer del referido recurso, no ponderaron el cambio de abogados, al igual que ninguna otra imposibilidad que le impidiera renovar la instancia";

Considerando, que la sentencia impugnada objeto del presente recurso expresa: "que la demandante originaria, y actual recurrida, señora D.M.A.B., mediante instancia del veintiuno (21) del mes de mayo del años dos mil diez (2010), demandó en perención de la instancia del recurso de apelación que interpuso la demanda en fecha veinte (20) del mes de mayo del año dos mil cinco (2005), y que le fue notificado a la recurrida mediante acto núm. 604-2005, del diecinueve (19) del mes de mayo del año dos mil cinco (2005), que de la fecha del recurso de apelación a la de la notificación de la sentencia de primer grado a la parte demandada por parte de la demandante, transcurrieron más de tres (3) años sin que las partes realizaran ninguna actuación procesal, concluyendo, se declare la perención del recurso de apelación de fecha veinte (20) del mes de mayo del año dos mil cinco (2005), incoado por la demandante contra la sentencia núm. 103-2005 de fecha treinta y uno (31) del mes de marzo del año dos mil cinco (2005), dictada por el Juez Presidente del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, y en audiencia del veinte (20) del mes de enero del año dos mil once (2011), adiciona a sus conclusiones, se rechace el presente recurso de apelación y se pronuncie la perención planteada en dicha demanda" y añade "que la empresa demandada originaria y actual recurrente, Instituto Postal Dominicano (Inposdom), en su escrito de defensa de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil diez (2010), relacionado con la demandada en perención de instancia de su recurso de apelación del treinta y uno (31) del mes de marzo del año dos mil cinco (2005), sostiene que en la fecha más arriba señalada apeló la sentencia del Tribunal de Primer Grado, y la notificó el veinte (20) del mes de mayo del año dos mil cinco (2005), que en fecha veinticuatro (24) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), la Primera Sala emitió auto fijando audiencia para el veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), conociéndose en esa fecha audiencia de conciliación, previa citación a la demandante, señora D.M.A.B., y el veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), ésta demandó en perención de instancia, o sea después de cómo hemos señalado, se produjo el veinte (20) del mes de mayo del dos mil diez (2010), citándola a la audiencia para el veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), que al no transcurrir tres (3) años de su última actuación, concluye, se rechace la demanda en perención de instancia por falta de base legal";

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso, deja establecido que: "la demandante originaria, y actual recurrida, señora D.M.A.B., demandó en perención de instancia que la demandada originaria y recurrente, Instituto Postal Dominicano (Inposdom), en fecha veinte (20) del mes de mayo del año dos mil cinco (2005), no obstante, la parte demandada sostiene que ésta Primera Sala emitió auto fijando audiencia para el veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), para conocer audiencia de conciliación, procediendo a notificarle el recurso de apelación el veinte (20) del mes de mayo del año dos mil cinco (2005), e invitándole a comparecer a la referida audiencia, por lo que, al demandar la reclamante en perención de instancia el veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), lo hizo de manera extemporánea, por el hecho de que la institución demandada en perención le puso término a la inercia con su actuación procesal del veinte (20) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), por lo que al producirse la demanda en perención de instancia el veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), un día después de la referida notificación de sentencia y fijación de audiencia, procede rechazar las pretensiones de la demandante originaria en el sentido de que se declare perimido el recurso de apelación interpuesto por la demandada, Instituto Postal Dominicano (Inposdom), del veinte (20) del mes de mayo del año dos mil diez (2010)";

Considerando, que ha sido juzgado que la perención solo queda cubierta "por los actos válidos que haga una u otra de las partes con anterioridad a la demanda en perención", como prescribe el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, debiendo entenderse que estos actos tienen la finalidad de continuar con el conocimiento de la instancia sujeta a la perención;

Considerando, que en la especie la recurrente demandó la perención luego de la actuación de la entidad recurrida que demuestra su pretensión de continuar el proceso, la cual quedo interrumpida con la actuación mencionada, en consecuencia el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en la recurrente en su segundo y tercer medio de casación propuestos, los cuales se reúnen por su vinculación, expresa: "incurrieron en violación del artículo 86 del Código de Trabajo en el sentido de que no reconocieron el desahucio ejercido contra la recurrente y revocaron la sentencia de primer grado, tampoco tomaron en consideración los documentos probatorios aportados por la recurrente, a los fines de probar que la recurrida no entra en el régimen de la Ley 307 del 15 de noviembre del 1995 y el Principio III del Código de Trabajo toda vez que se depositó en el expediente una publicación de fecha 8 de diciembre de 2004, del periódico Listín Diario, mediante la cual la recurrida alega que los correos privados, incluyendo instituciones bancarias le adeudan RD$47,000,000.00 por concepto de permisos, por lo cual es una institución que realiza actividades comerciales por encargarse de cobrar por el envío de mercancías, comunicaciones, al exterior, interior y de igual manera reciben la misma, igualmente la recurrente depositó en el tribunal el acta núm. 8-99 de fecha 23 de noviembre de 1999, donde se aprobaron varias resoluciones como la 31-99 que le otorga licencia de operación a correos privados, reiterando en dicha resolución el pago de prestaciones laborales a empleados que sean retirados de la institución, la 32-99 aprobatoria del pago de prestaciones laborales a empleados del correo a contar del año 1985 fecha en que se creó el Inposdom, exceptuando de este beneficio a los que tienen jubilación en curso, así como los cancelados por faltas graves, los jueces del tribunal a-quo no tomaron en consideración que la hoy recurrida siempre ha pagado las prestaciones laborales de sus empleados pero hicieron una excepción con la recurrente en franca violación a los Principios V, VI, VII y VIII del Código de Trabajo";

Considerando, que la sentencia mencionada objeto del presente recurso expresa: "que la institución demandada originaria y actual recurrente, Instituto Postal Dominicano (Inposdom), en su recurso de apelación alega que el régimen jurídico que le rige, está contenido en la ley núm. 307, de fecha quince (15) del mes de noviembre del año mil novecientos ochenta y cinco (1985), Gaceta Oficial núm. 96-73, y que de su contenido se evidencia que dicha institución carece de autonomía presupuestaria y administrativa, teniendo el Estado que subsidiaria y solventar sus actividades a través de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, con el fin de mantener el funcionamiento del servicio postal, de naturaleza pública, y por tanto ajena a las actividades de carácter comercial, industrial, financiero y de transporte, conforme al Principio III del Código de Trabajo, por lo que procede rechazar las pretensiones contenidas en la instancia introductiva de la demanda y en su escrito de defensa, por carecer de derecho para demandar en pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos como lo hizo la señora D.M.A.B., por ante la jurisdicción de trabajo";

Considerando, que de conformidad con el III Principio Fundamental del Código de Trabajo, dicho código "se aplica a los trabajadores que prestan sus servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte", no aplicándosele a las instituciones autónomas del Estado que no tengan cualquiera de esas características;

Considerando, que la Ley núm. 307 del 5 de noviembre de 1985, que crea el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), precisa que este es un organismo público nacional, encargado del desempeño de los servicios postales, que requiere una concepción empresarial que haga posible la prestación de esos servicios con la dinámica y adelantos de la vida, a la vez que propenda al logro de su autosuficiencia económica, considerando que el servicio postal constituye un factor de primordial importancia para la realización de las actividades sociales, públicas y privadas, debido principalmente al incremento de la población mundial y el auge de las operaciones comerciales y el desarrollo científico;

Considerando, que dadas las características y objetivos de la recurrida, en sus relaciones de trabajo no se le aplica la legislación laboral, al tenor del referido III Principio Fundamental del Código de Trabajo, sino las disposiciones de su ley orgánica y los demás reglamentos, que se dicten al tenor de esa ley;

Considerando, que en la especie, la recurrente ha demandado al recurrido en pago de prestaciones laborales, alegando la existencia de un contrato de trabajo que terminó por desahucio, las cuales corresponden sólo a las personas cuyas relaciones son regidas por el Código de Trabajo;

Considerando, que al ser la requerida una institución autónoma del Estado, que no tiene carácter comercial, industrial, financiero o de transporte, no está obligada a conceder a las personas que les presten sus servicios personales las prerrogativas que establece el Código de Trabajo en beneficio de los trabajadores;

Considerando, que como la recurrente no reclamó derechos que como empleado público pudieran corresponderle en virtud de la ley de servicio civil y carrera administrativa, sino prestaciones laborales que no le correspondían, el Tribunal a-quo no podía declarar la incompetencia y atribuírsela a otro tribunal, pues de lo que se trata, no es de reclamaciones que deba decidir otra jurisdicción, sino reclamación de derechos inexistentes, que como tales no podrán ser concedidos por ningún tribunal, lo que determina una inadmisibilidad por falta de derechos, en consecuencia los medios propuestos carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso de casación;

Por tales motivos, PRIMERO: Rechaza el recurso de casación interpuesto por D.M.A.B., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 30 de marzo de 2011, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; SEGUNDO: Compensa las costas del procedimiento;

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 31 de julio de 2013, años 170° de la Independencia y 150° de la Restauración.

Firmados: M.R.H.C., E.H.M., S.H.M., R.P.Á., F.A.O.P., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.