Sentencia nº 219 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2016.

Fecha de Resolución:27 de Abril de 2016
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 219

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2016, QUE DICE:

TERCERA SALA.

Rechaza Audiencia pública del 27 de abril de 2016.

Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Inversiones Taramaca, S. A. (Grupo Empresarial Alaska, S. A.), constituida de acuerdo con las leyes de comercio, con domicilio social en la Ave. C.R.T.F.D. (antigua Autopista San Isidro), Kilometro 7½, casi esquina C. de Gaulle, Franconía, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 29 de noviembre de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. R.D.G., abogado de la recurrente Inversiones Taramaca, S.A., (Grupo Empresarial Alaska, S. A.);

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 18 de enero de 2013, suscrito por el Dr. R.A.D.G. y el Licdo. L.M.J. De la Cruz, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0684601-7 y 065-0022850-4, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 29 de enero de 2013, suscrito por la Licda. R.M.E.M., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0911801-8, abogada del recurrido J.J.G.M.;

Que en fecha 19 de agosto de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los Jueces: M.R.H.C., P.; E.H.M., R.C.P.A. y F.A.O.P., asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de Casación;

Visto el auto dictado el 25 de abril de 2016, por el magistrado M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a la magistrada S.I.H.M., Jueza de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de la demanda por desahucio interpuesta por el actual recurrido J.J.G.M. contra la recurrente Inversiones Taramaca, S.A., Grupo Empresarial Alaska, S.A., la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó el 16 de abril de 2012, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda laboral de fecha seis (6) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), por el señor J.J.G.M., en contra de Grupo Empresarial Alaska, S.A., Inversiones Taramaca, S.A. y los señores I.C., V.B. y F.T., por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Se excluye de la presente demanda a los señores I.C., V.B. y F.T., por no haberse establecido su calidad de empleadores; Tercero: En cuanto al fondo se acoge la demanda incoada por el señor J.J.G.M., en contra de Grupo Empresarial Alaska, S.A., Inversiones Taramaca, S.
A., por ser justo y reposar en prueba legal; Cuarto: Declara resuelto el contrato de trabajo que por tiempo indefinido unía a ambas partes, el señor J.J.G.M., parte demandante y Grupo Empresarial Alaska, S.A., Inversiones Taramaca, S.A., parte demandada, por desahucio ejercido por el empleador y con responsabilidad para este último; Quinto: Se condena a Grupo Empresarial Alaska, S.A., Inversiones Taramaca, S.A., a pagar a favor del señor J.J.G.M., los siguientes valores: a) veintiocho (28) días de salario ordinario por concepto de preaviso (Art.
76), ascendente a la suma de Treinta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos con 71/100 (RD$32,899.71); b) cincuenta y cinco (55) días de salario ordinario por concepto de cesantía, (Art. 80), ascendente a la suma de Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos con 45/100 (RD$64,624.45); c) catorce (14) días de salario ordinario por concepto de vacaciones (Art. 177), ascendente a la suma de Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos con 86/100 (RD$16,449.86);
d) por concepto de salario de Navidad (Art. 219), ascendente a la suma de Veintitrés Mil Cien Pesos con 00/100 (RD$23,100.00); e) por concepto de participación en los beneficios (Art. 223), ascendente a la suma de Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos con 53/100 (RD$52,874.53); más un (1) día de salario por cada día de retardo desde el inicio de la demanda, en cumplimiento a las disposiciones del artículo 86 del Código de Trabajo; todo en base a un período de trabajo de dos (2) años, diez (10) meses y quince (15) días, devengando el salario (RD$28,000.00) mensuales; Sexto: Se rechaza, la solicitud de daños y perjuicio solicitado por la parte demandante, en cuanto al incumplimiento de la obligación de pago en el tiempo establecido en la Ley 16-92, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Séptimo: Declara regular, en cuanto a la forma, la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por J.J.G.M., en contra de Grupo Empresarial Alaska, S.A., Inversiones Taramaca, S.A.M., por haber sido hecha conforme a derechos y la acoge, en cuanto al fondo, por ser justa y reposar en base legal; Octavo: Se condena al Grupo Empresarial Alaska, S.A., Inversiones Taramaca, S.A., a pagar a J.J.G.M., por concepto de reparación de daños y perjuicios la suma de Diez Mil Pesos con 00/100 (RD$10,000.00), por la no inscripción en la Seguridad Social; Noveno: Se ordena al Grupo Empresarial Alaska, S.A., Inversiones Taramaca, S.A., tomar en cuenta las presentes condenaciones, la variación en el valor de la moneda en base a la evolución del índice general de los precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República Dominicana; Décimo: Se condena al Grupo Empresarial Alaska, S.A., Inversiones Taramaca, S.A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de la Licda. R.M.E.M., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Décimo Primero: Se ordena la notificación de la presente sentencia por un alguacil de este tribunal”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por Inversiones Taramaca, S.A., (Grupo Empresarial Alaska, S.
A.), en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil doce (2012), contra la sentencia No. 298-2012, de fecha dieciséis (16) del mes de abril del año dos mil doce (2012), dictada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo de la
Provincia de Santo Domingo, por haber sido hecho conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación interpuesto por Inversiones Taramaca, S.A., (Grupo Empresarial Alaska, S. A.), en consecuencia confirma la sentencia impugnada, por los motivos precedentemente enunciados; Tercero: Se condena a la parte recurrente Inversiones Taramaca, S.A., al pago de las costas del procedimiento, las cuales serán distraídas a favor y provecho de los Licdos. R.M.E.M., abogada que afirma haberla avanzado en su totalidad”;

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: Violación al inciso 15 del artículo 40 de la Constitución de la República; Segundo Medio: Violación al VI Principio Fundamental del Código de Trabajo; Violación al artículo 86 del Código de Trabajo; Tercer Medio: Desnaturalización de los documentos de la causa;

Considerando, que el recurrente en los dos primeros medios de casación propuestos, los cuales se reúnen por su vinculación, alega en síntesis, “que la Corte a-qua incurrió en violación al inciso 15 del artículo 40 de la Constitución de la República así como al artículo 86 del Código de Trabajo, al permitir que se descuenten valores de las prestaciones laborales a los trabajadores por concepto de los créditos otorgados al trabajador, al decidir el empleador desahuciar al trabajador y proceder a calcularle sus prestaciones laborales, acto de buena fe, las cuales se abonarían a una deuda contraída con la empresa, ajustándose al mandato legal del referido inciso 15 de la Constitución que establece que la ley es igual para todos y que se puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad; pero resulta que lo justo y lo útil era que se abonara al empleador el monto de las prestaciones laborales que le correspondían al trabajador desahuciado a fin de reducir la deuda contraída, a lo que la Corte interpretó al revés y consideró de manera errónea que no se había pagado el desahucio y condenó al empleador al pago de las prestaciones laborales y otros derechos, más un día adicional de salario por cada día de retraso en el pago de las mismas, con lo cual también violó el VI Principio Fundamental del Código de Trabajo, el cual establece que en materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe y que es ilícito el abuso de los derechos, puesto que la deuda contraída por el trabajador fue fruto de relaciones comerciales entre las partes con antelación a la relación laboral y luego de pasar a la condición de asalariado autorizó que se le comenzara a descontar el monto adeudado de su salario, lo que le confirió connotación laboral a esa obligación y que permitía al empleador, una vez concluida la relación laboral por desahucio ejercido por el empleador, el mismo estaba facultado, en base a las reglas de la buena fe, a descontar el adeudo que tenía; sin embargo, el trabajador luego de firmar un recibo de descargo, se negó a entregar el monto del cheque recibido para abonar a la deuda, denotando un comportamiento de mala fe que es contrario al VI Principio Fundamental del Código de Trabajo, actitud que debió tomar en cuenta la Corte para aceptar como buena y válida la decisión del empleador recurrente de abonarle el monto de las prestaciones laborales que le correspondían al recurrido a la deuda y que sobrepasaba con creces la suma que recibiría por concepto de prestaciones laborales; que con ese comportamiento de mala fe y que validó la Corte al dictar la sentencia recurrida, obvió recurrir a tan importante principio para declarar correcta la operación hecha por el empleador, ya que el trabajador no negó que firmó el recibo de descargo, sino que no aceptó que se le abonara el monto a recibir a cuenta de la deuda que igualmente admite que tenía con el empleador, de lo que resulta evidente que la Corte a-qua incurrió en violación al artículo 86 del Código de Trabajo”;

Considerando, que la sentencia impugnada objeto del presente recurso expresa: “que la parte recurrente Inversiones Taramaca, S. A. (Grupo Empresarial Alaska, S.A.), ejerció el desahucio contra la parte recurrida, J.J.G.M., al ponerle término al contrato de trabajo por tiempo indefinido sin alegar causa alguna, haciendo uso de lo que establece el artículo 75 del Código de Trabajo”;

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que según las comunicaciones dirigidas tanto al trabajador así como a la representación local de trabajo, del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santo Domingo, fue comunicado a los mismos dicho desahucio en fechas 28 de octubre del año 2010, por lo que el desahucio realizado ha cumplido con lo dispuesto por los artículos 76 y 77 del Código de Trabajo, al otorgar el plazo correspondiente según el tiempo de vigencia del contrato, comunicarlo al trabajador y al departamento de trabajo”;

Considerando, que la Corte a-qua hace constar que “es el hecho de pagar las prestaciones laborales y que el trabajador las reciba conforme lo que libera al empleador de su obligación del pago de prestaciones laborales, en el caso de la terminación del contrato con su responsabilidad; que la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia de la Tercera Sala de fecha 18 de marzo del 1998 ha decidido que para la empresa no es liberatorio el solo hecho de confeccionar el recibo de descargo y expedir el cheque correspondiente, para el pago de prestaciones laborales”; Considerando, que el numeral 15 del artículo 40 de la Constitución del 26 de enero del 2010, expresa lo siguiente: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos; sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”;

Considerando, que de todo lo anterior y del contenido mismo de la sentencia, sin que se advierta desnaturalización, se da como un hecho no controvertido: 1º. Que la empresa recurrente ejerció la terminación del contrato de trabajo por desahucio; y 2º. Que este tipo de terminación genera responsabilidad contractual con el pago de las prestaciones laborales;

Considerando, que en la especie, no se violenta el principio de igualdad con relación al descuento como compensación a crédito otorgados a bancos e instituciones similares donde el empleador ha diligenciado o servido de garante para la entrega o emisión del mismo, se trata de créditos a la empresa que la recurrente pretendía transferírselo al recurrido como deuda;

Considerando, que como se ha sostenido (T. 422-92, TC de Colombia) “el principio de igualdad consagrado en la constitución no es ni un parámetro formal del valor de toda persona ante el derecho, ni un postulado que pretenda instaurar el igualitarismo, sino una fórmula de compromiso para garantizar a todos la igualdad de oportunidades”. En la especie, el tribunal de fondo aplicó las disposiciones del artículo 86 del Código de Trabajo, sin que exista ninguna manifestación de evidencia de violación al principio de igualdad establecido en la Constitución Dominicana;

En cuanto al desahucio, el descargo y el pago de prestaciones
Descargo

Considerando, que en la sentencia impugnada consta: “que fecha 11 de noviembre del año 2011, el señor J.J.G.M., firma un recibo de descargo y finiquito legal a favor de la empresa Inversiones Taramaca, S. A. (Grupo Empresarial Alaska, S.A.), en el cual le otorga las prestaciones laborales y derechos adquiridos, mediante cheque núm. 0336 girado contra el Banco León por la suma de RD$105,591.40, no obstante la empresa le retiene el cheque mencionado, alegando, que no podía entregar el mismo, por el hecho de que el señor J.J.G. tenía una deuda por pagar con la empresa, por un valor de RD$516,300.00 pesos”;

Considerando, que igualmente la Corte a-qua expresa: “que el juez a-quo observó que el recibo de descargo por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos, no fue entregado por el recurrente, por lo que este no quedaba liberado de responsabilidad, por no entregar dichos valores, ya que las obligaciones se extinguen por el pago o el hecho de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1315 del Código de Civil Dominicano, supletorio en esta materia”;

Considerando que la Suprema Corte de Justicia ha establecido en forma reiterada que las partes pueden llegar acuerdo que implican renuncia de derechos si es hecha libremente y que la misma no implique vicios de consentimiento luego de la terminación del contrato de trabajo;

Considerando, que de acuerdo a las disposiciones del artículo 36 del Código de Trabajo, “el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que sean conforme con la buena fe, la equidad, el uso o la ley;

Considerando, que la permisibilidad de la compensación de los créditos que corresponden a las prestaciones laborales y que deben ser entregadas a consecuencia de una terminación de contrato con responsabilidad, como sería el desahucio, está basado en el principio de la buena fe que fundamenta las relaciones entre trabajadores y empleadores;

Considerando, que en la especie, no se ejecutó el documento firmado, ni se entregó el cheque por los valores de indemnizaciones laborales, el mismo carecía de eficacia jurídica por inejecución de las obligaciones sinalagmáticas que se derivan del contrato de trabajo, hechos que fueron analizados por el tribunal de fondo sin ninguna evidencia de desnaturalización, en consecuencia, en ese aspecto dichos medios deben ser rechazados;

En cuanto a las prestaciones laborales, descuento y demanda reconvencional

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que el empleador recurrente, Inversiones Taramaca, S. A. (Grupo Empresarial Alaska, S. A.), incoa una demanda reconvencional, en contra del señor, J.J.G.M., por ante el Juzgado de Trabajo de la Provincia Santo Domingo, la cual ha sido retenida aquí en esta Corte de Trabajo, por un valor de RD$516,300.00 pesos, por el hecho, de que este había tomado unas mercancías de la empresa demandada, antes de ser trabajador de la misma, no obstante aunque el trabajador llegara a un acuerdo con la empresa para que el descontara de su salario la deuda supra indicada, la misma, es competencia de otro tribunal por tratarse de relaciones comerciales, no meramente de que estas sean derivadas de un contrato de trabajo, por lo que debe ser conocida por un tribunal de derecho común, en tal sentido se rechaza la demanda y por consiguiente se confirma la sentencia en este aspecto”;

Considerando, que como se ha dicho anteriormente, se puede proceder a la compensación a favor de créditos otorgados por el empleador, se basa en el principio de la Buena Fe (sentencia 23 de abril 2008, B. J. núm. 1169, págs. 820-835). En la especie se trata de: 1º. La mercancía de la empresa que era entregada a “consignación” por el trabajador en una negociación propia de la naturaleza que realizaba en las actividades de venta, pero que desborda la naturaleza laboral y se trata de una actividad diferente; 2º. Que fue analizado y comprobado por la Corte a qua, que las deudas de un comerciante o de un tercero entre sí no tienen naturaleza laboral, sino comercial o civil, y el trabajador no puede estar sometido a la misma; y 3º. En el caso no se trata de un préstamo que el trabajador recibió de una institución bancaria o financiera en la cual el recurrente fue garante o responsable del mismo, sino que la empresa pretende hacer responsable por la pérdida o falta de pago, en forma infundada, carente de base legal, en consecuencia, en ese aspecto los medios analizados carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Considerando, que en su tercer medio de casación, la recurrente alega, que el juez a-quo dice en sus motivaciones que le merecen créditos los testimonios de J.A.C. y J.J.G.M., donde se pudo corroborar que el demandante fue cancelado y que no recibió ningún cheque, ponderación totalmente errada, ya que según declaración el demandante tenía la deuda con la empresa al momento de ser desahuciado, de lo que todos, demandante, demandados y testigos no dejan dudas; que el demandante rompió el cheque con el cual se le pagaron sus prestaciones, lo que impidió que dicho instrumento de pago se hiciera efectivo; que el trabajador también firmó dicho cheque y el descargo según se había pactado; que de dicha deuda se le estaban descontando en sumas parciales mensualmente al trabajador como lo revelan los documentos depositados ante la Corte y que éste estaba de acuerdo, pues si no hubiera sido así, hubiera protestado y no lo hizo durante los años que transcurrieron aplicándolos; que según lo avala el escrito de defensa y demanda reconvencional depositada conjuntamente con el recurso de apelación, se comprueba que la empresa solicitó la compensación de las deudas recíprocas entre las partes y que el tribunal se olvidó referirse al pedimento, obviando el principio de logicidad, de equidad y el principio de buena fe que fundamentan las relaciones entre trabajadores y empleadores”;

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de las pruebas aportadas, en ese tenor, y frente a declaraciones distintas, tienen la facultad de acoger aquellas que le parezcan más verosímiles y sinceras;

Considerando, en la especie, luego de un examen integral de las pruebas aportadas y de la búsqueda de la verdad material y la utilización del principio de la primacía de la realidad, la Corte a-qua determinó: 1º. Que el trabajador recurrido había sido desahuciado; 2º. Que la empresa recurrente no se había liberado del pago de las prestaciones laborales, en consecuencia procedía la aplicación de la penalidad del artículo 86 del Código de Trabajo;

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte que la misma contiene motivos suficientes, adecuados, razonables y pertinentes y una relación completa de los hechos, sin que al formar su criterio, la Corte incurriera en desnaturalización alguna, violación al principio de igualdad establecido en la Constitución Dominicana, el principio de la buena fe y la aplicación de de las disposiciones del artículo 86 del Código de Trabajo, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso;

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Inversiones Taramaca, S. A. (Grupo Empresarial Alaska, S.A.), contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 29 de noviembre de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en favor y provecho de la Licda. R.M.E.M., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad;

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 27 de abril de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración.

(FIRMADOS).- M.R.H.C..- E.H.M..- F.A.O.P..- Mercedes Minervino, Secretaria General
Auxiliar.-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. Ed