Sentencia nº 228 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2016.

Fecha de Resolución:27 de Abril de 2016
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 228

Mercedes A. Minervino A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 27 de abril de 2016, que dice así:

TERCERA SALA

Casa Audiencia pública del 27 de abril de 2016.

Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

M.P. de Dorrejo, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 042-0004492-5, domiciliada y residente en la calle Alameda núm. 2, del Municipio de Monción, P.S.R.; y M.R.P. de G., dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 042-0006895-7, domiciliada y residente en la calle T.G. núm. 83, M., P.S.R., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 19 de enero de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Darío Dorrejo Espinal, Cédula de Identidad y Electoral núm. 042-0004298-6, abogado de las recurrentes, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 11 de junio de 2015, suscrito por los Licdos. E.R.S.A., F.A.G.T., N.A.V. y L.M.S.L., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 031-0108781-9, 031-0106828-0, 046-0001908-9 y 031-0106828-0, respectivamente, abogados de los recurridos L.M., A.J.M. y A.M.D.C.; Que en fecha 30 de marzo de 2016, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: M.R.H.C., P.; S.I.H.M. y R.C.P.A., procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación;

Visto el auto dictado el 25 de abril de 2016, por el magistrado M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado E.H.M., Juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de una Litis Sobre Derechos Registrados (Nulidad de Acto de Venta), en relación a la Parcela núm. 27, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de M., provincia S.R., el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de S.R., dictó en fecha 28 de enero de 2014, la sentencia núm. 04862014000007, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en el dispositivo de la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión en fecha 10 de marzo de 2014, intervino en fecha 19 de enero de 2015, la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Rechaza el medio de inadmisión presentado en audiencia por los Dres. J.C.G.P. y D.D.E., en representación de las señoras M.P. de Dorrejo y M.R.P. de Genao (parte recurrente) fundamentado en la falta de calidad e interés jurídico de la señora A.J.M., para actuar en justicia como continuadora jurídica del finado R.M., por los motivos expuestos en esta sentencia; Segundo: Acoge, en cuanto a la forma y rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto mediante la instancia depositada en la Secretaría del Tribunal de Jurisdicción del Distrito Judicial de S.R., en fecha 10 de marzo de 2014, por los Dres. J.C.G.P. y D.D.E. en representación de las señoras M.P. de Dorrejo y M.R.P. de G., en contra de la sentencia núm. 04862014000007, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de S.R., en fecha veintiocho (28) del mes de enero del año 2014, relativa a la Litis sobre Derechos Registrados, con relación a la Parcela núm. 27, del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio de Monción, Provincia de S.R., por los motivos antes expuestos; Tercero: Acoge las conclusiones presentadas por el Lic. F.A.G.T., conjuntamente con el Lic. E.R.S.A., por sí y por el Lic. L.M.S.L., en nombre y representación de los señores L.M., A.M.D.C. (parte recurrida), por los motivos expuestos en los considerandos de esta sentencia; Cuarto: Confirma con modificaciones la Decisión núm. 04862014000007, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de S.R., en fecha veintiocho
(28) del mes de enero del año 2014, relativa a la Litis sobre Derechos Registrados, con relación a la Parcela núm. 27, del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio de Monción, Provincia de S.R., cuyo dispositivo es el siguiente:
“Primero: En cuanto a la forma se rechaza la presente demanda en relación a los señores L.M. y A.D.C., por no haber probado estos sus calidades ante ese tribunal al no existir los documentos depositados en el expediente que pudieran probar dicha calidad; Segundo: En cuanto a la demanda señora A.J.M., se acoge dicha demanda tanto en la forma como en fondo por haber depositado en el expediente el acta de nacimiento legal que aprueba su calidad para demandar justicia; Tercero: Declara nulo el acto de venta suscrito en fecha 10 de febrero del 1972, donde el señor R.M., vende la Parcela núm. 27 del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de M. a favor del señor G.P.I., inscrito en el Registro de Títulos en fecha 20 de diciembre del 1988, por estar afectado por vicio del consentimiento; Cuarto: Ordena al Registrador de Títulos de S.R. cancelar el duplicado del dueño que ampara el derecho de propiedad de la Parcela núm. 27 del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de M., expedido a nombre del señor G.P., en consecuencia expedir otro por los mismos derechos a favor del señor R.M. de generales que constan; Quinto: Las costas en cuanto al fondo de la presente demanda se declaran a favor de los abogados de la señora demandante A.J.M., por ser la única que obtuvo ganancia de causa, y en contra de la parte demandada; Sexto: Se ordena al Registrador de Títulos de S.R., levantar cualquier oposición inscrita en la Parcela núm. 27 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de M., P.S.R., en relación a la presente litis”

Considerando, que las recurrentes proponen contra la sentencia impugnada como medios de su recurso de casación, los siguientes: “Primer Medio: Falta de base legal, desnaturalización de los hechos, violación de las reglas de las pruebas, violación de los artículos 31, 40 y 46 de la Ley núm. 659, de fecha 17 de julio de 1944, sobre Actos del Estado Civil, violación del artículo 2 de la Ley núm. 985, sobre Filiación de Hijos Naturales de fecha 31 de agosto de 1945; Segundo Medio: Violación a la Ley, violación al artículo 7 y 189 de la Ley núm. 1542 del 11 de octubre del 1947”;

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio, las recurrentes sostienen en síntesis, lo siguientes: “que contrario a lo aducido por el Tribunal a-quo, no era necesario recurrir a la acción inscripción de falsedad por no cuestionarse lo personalmente comprobado por un Oficial Público, sino lo afirmado por un declarante particular a quien la ley no le permite reconocer la filiación paterna de una niña en relación a un tercero, en este caso atribuible al finado señor R.M.; que la Corte a-qua expresa que la declaración tardía se realizó en virtud de la Resolución núm. 7-2003, de fecha 17 de noviembre de 2003, autorizada por la Junta Central Electoral, ratificada por sentencia núm. 239, de fecha 5 de mayo de 2006, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S.R.; que contrario a la apreciación de la juez a-quo, y a lo que aducen los actuales recurrentes, no se trata de una declaración de nacimiento, ni una ratificación de declaración de nacimiento, sino de una declaración tardía de hijo de padres fallecidos, cuyo procedimiento se encuentra previsto en las disposiciones contenidas en los artículos 40 y siguientes de la Ley núm. 659 sobre Actos del Estado Civil del 17 de julio de 1944 y sus modificaciones; que independientemente de que una Resolución de la Junta Central Electoral no puede derogar la Ley, si se examina cuidadosamente la Resolución núm. 7/2003, de fecha 17 de noviembre de 2003, de ninguna parte de la misma se deduce modificación alguna a los textos legales que reglamentan la forma de realizar el reconocimiento paterno de los hijos naturales, más bien se limita a establecer una serie de reglas a observa por la Oficialía del Estado en su accionar, en su calidad de institución con facultad legal para reglamentar todo lo relativo a la instrumentación y expedición de las inscripciones de nacimiento y a la vez remite la expedición de las inscripciones de nacimiento de acuerdo a los artículos 40 y 41 de la Ley núm. 659 sobre Actos del Estado Civil, que regulan las declaraciones tardías de nacimiento;

Considerando, que en relación a los agravios invocados en el primer medio, la Corte a-qua estableció básicamente lo siguiente: “…este Tribunal ha podido comprobar que fue depositada el acta de nacimiento tardía mediante la cual, el señor L.M.C. de 54 años de edad declara que el día catorce (14) del mes de julio del año mil novecientos treinta y dos (1932) nació en Rodeo de Monción, la niña: A.J.: Hija del señor R.M. (fallecido) y de la señora M. de la Cruz Collado Guzmán de M. (fallecida), que la presente declaración tardía se realizó en virtud de la Resolución núm. 07/2003 de fecha 17 de noviembre del 2003, autorizada por la Junta Central Electoral mediante oficio núm. 14454 de fecha 11 de abril del 2006, ratificada por sentencia núm. 239 de fecha 05 de mayo del 2006 del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S.R.; que éste extracto de acta de nacimiento tardía, fue depositado ante el Tribunal a-quo hace fe del contenido del acta levantada y registrada por el indicado funcionario público hasta inscripción en falsedad de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil”;

Considerando, que sigue agregando la Corte a-qua, lo siguiente: “…en consecuencia la señora A.J.M. sí tiene calidad e interés jurídico para cuestionar en una Litis sobre Derechos Registrados, la supuesta venta hecha por su finado padre R.M., a favor del señor G.P.I., y como en materia de tierras no sólo tienen calidad e interés los que figuren en los certificados de títulos o los que tengan un documento por registrar, sino también aquellos que puedan establecer algún vínculo jurídico en forma directa o indirecta con un inmueble determinado, y en el caso de la especie, la señora A.J.M. demostró ser hija del señor R.M., procede rechazar el medio de inadmisión presentado por las recurrentes”;

Considerando, que también sostiene el Tribunal a-quo, lo siguiente: “que, en cuanto a la ineficacia de dicha acta de nacimiento alegada por la parte recurrente, tenemos que dicha declaración tardía se realizó en virtud de la Resolución núm. 07/2003 de fecha 17 de noviembre del 2003, autorizada por la Junta Central Electoral mediante oficio núm. 14454 de fecha 11 de abril del 2006, ratificada por sentencia núm. 239 de fecha 5 de mayo del 2006 del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S.R., declaración ésta que fue levantada por un Oficial del Estado Civil autorizado por el Estado Dominicano y facultado por la ley para recibir este tipo de actos; que, en tales circunstancias, en el entendido de que la falsedad del acta no ha sido probada por la parte recurrente, ella mantiene toda su fuerza que le otorga la ley que rige la materia, y por lo tanto, procede rechazar el incidente planteado y mantener la situación de A.J.M. en calidad de hija declarada tardía, quien actuó conforme a la ley y al derecho; que, contrario a la apreciación de la Juez a-quo, y a lo que aducen las actuales recurrentes, no se trata de una declaración de nacimiento, ni una ratificación de declaración de nacimiento, sino de una declaración tardía de hijo de padres fallecidos, cuyo procedimiento se encuentra previsto en las disposiciones contenidas en los artículos 40 y siguientes de la Ley núm. 659 sobre Actos del Estado Civil, del 17 de julio de 1914 y sus modificaciones”;

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada en relación al medio que se examina, no advertimos violación alguna a los textos legales invocados por los recurrentes, dado que la decisión tomada por el Tribunal a-quo en cuanto a reconocer como buena y válida el acta de nacimiento de la señora A.J.M. lo hizo sobre la base de que la misma se beneficia de ser un documento que hace fe hasta inscripción en falsedad y en caso de declaración tardía como sucede el que nos ocupa, por todos los medios de derecho, conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley núm. 659 sobre Actos de Estado Civil, cuyo contenido textualmente dice: “Cualquier persona podrá pedir copia de las actas asentadas en los registros del Estado Civil. Estas copias libradas conforme a los registros legalizados por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia de la jurisdicción o por el que haga sus veces, se tendrán por fehacientes, mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas, siempre que sus originales hayan sido redactados en los plazos legales. Las actas sobre declaraciones tardías para las cuales no se hubiese usado el procedimiento correspondiente, podrán ser impugnadas por todos los medios de derecho, y su sinceridad será apreciada por los jueces”;

Considerando, que al no haber probado las recurrentes haber agotado los procedimientos establecidos para invalidar el acta de nacimiento en cuestión, y verificar la Corte a-qua al igual que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que la misma fue emitida cumpliendo no solo con la Resolución núm. 7/2003, de fecha 17 de noviembre de 2003, de la Junta Central Electoral que regula las declaraciones tardías de personas mayores de 16 años, sino también la Resolución núm. 75-2010, ordinal primero, de fecha 18 de noviembre de 2010, que establecen las condiciones que deben primar al momento de una tercera persona solicitar las declaraciones tardías de nacimiento para personas que carecen de este documento, entre las que cita, que la solicitud puede ser solicitada por un tercero o preferiblemente por un familiar de la persona a declarar o de los padres cuando estos últimos estén imposibilitados de hacerlo;

Considerando, que en cuanto al alegato de que el Tribunal a-quo incurrió en dar preferencia a una Resolución de la Junta Central Electoral que en ninguna parte modifica las disposiciones de la Ley núm. 659 sobre Actos del Estado Civil, en su artículo 40, luego del estudio de la indicada Resolución, no se advierte que la Junta Central Electoral a través de este instrumento haya contrariado el contenido del indicado artículo 40 de la citada ley, por cuanto en esta disposición al remitir a la formalidad del artículo 41 de la misma Ley, lo que hace es disponer que luego de las diligencias necesarias por parte de quien a la Ley le daba las atribuciones se obtendría del Tribunal de Primera Instancia la sentencia que ordena la inscripción de nacimiento tardíamente declarado; por lo que la Resolución o instructivo número 7/2003, de fecha 17 de noviembre de 2003, emitida por la Junta Central Electoral, instrumentos que fueron los aplicables para el acta de nacimiento de la parte recurrida, no contradice el contenido de la Ley a la que estaba sujeta el órgano regulador, ya que en la parte final de la referida Resolución en especificó el ordinal Décimo Segundo, remite que el Procurador Fiscal correspondiente tramitará la ratificación de la declaración tardía mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia estando acorde con la indicada Ley, lo que ha sido la práctica en estos casos; Considerando, que por los motivos anteriores, procede rechazar el medio que se examina, por improcedente y carente de sustento legal, supliendo en motivos lo decidido por el Tribunal a-quo en relación a la parte de que cuando se trata de acta de nacimiento la misma puede ser impugnada no sólo en inscripción en falsedad sino por todos los medios de derecho, esto sin necesidad de que conste en la parte dispositiva de la presente sentencia;

Considerando, que en el desenvolvimiento de su segundo y último medio, las recurrentes alegan en síntesis, lo siguiente: “que el Tribunal a-quo no tomó en consideración para rechazar el pedimento relativo a la parte alícuota, que el proceso surge con anterioridad a la actual legislación (Ley núm. 108-05) y que en la especie es aplicable la Ley núm. 1542, de Registro de Tierras, y en virtud de lo que establece la parte infine del artículo 7 de la referida ley, el Tribunal de Tierras conocerá de toda las cuestiones que surjan con motivo de tales acciones; que con ese proceder, el Tribunal no tomó en cuenta que desde el inicio de la presente litis, las recurrentes hicieron uso de un contrato de compra-venta de la Parcela 27 del D. C. núm. 2 del municipio de M., acto celebrado 9 años después de la muerte del señor R.M., entre los herederos ocupantes de la parcela, señores T.M. y D.A.; y el señor G.P., son testigos los señores A.I. y A.C., y que si no fue firmado por los señores L.M. y A.J.M., lo fue porque no pudieron demostrar en ese momento sus actas de reconocimiento que establecieran su filiación paterna en relación al señor R.M., se trata de un documento valioso e importante, porque es el momento en que el señor G.P., recibe el título que acredita dicha propiedad y el momento en que ocupa la misma hasta el día de su muerte y luego por sus herederos hasta el día de hoy; que la sentencia impugnada viola el artículo 189 de la misma Ley núm. 1542, es de jurisprudencia constante señalar que las formalidades del artículo 189, solamente son exigibles para el Registrador de Títulos para poder ejecutar actos de transferencias relativas a derechos registrados, pero no a los tribunales de tierras, quienes están facultados para ponderar los casos que se le presenten como el de la especie, aunque no se le haya dado cumplimiento a los requisitos del citado artículo 189 B. J. núm. 1057, diciembre 1998”;

Considerando, que en relación a los agravios invocados en dicho medio, consta en la decisión impugnada lo siguiente: “…que no obstante a la antes expuesta situación, los sucesores del finado G.P.I. (comprador) alegan que en vista de que los herederos del finado R.M., señores T.M. y D.M. vendieron todos sus derechos dentro de la parcela de referencia a favor de su causante por medio del acto de venta de fecha 15 de noviembre del 1968, a ésta les corresponde la parte alícuota de la parcela en litis que le correspondía a los herederos (vendedores); sin embargo estás no cumplen con la disposición establecida en el artículo 57 de la Ley núm. 108-05 y los artículos 142 y siguientes del Reglamentos de los Tribunales, a fines de que este Tribunal Superior de Tierras pueda ponderar su pedimento relativo a la parte alícuota que le corresponden a los herederos del finado R.M. señores T.M. y D.M. (vendedores), razón por la cual dicho pedimento deviene en rechazo, reservándole a los sucesores del finado G.P.I. el derecho de solicitar la determinación de herederos y transferencia a fin de hacer valer el referido acto”;

Considerando, que conforme a lo anterior, resulta evidente el error procesal cometido por la Corte a-qua al rechazar la parte alícuota de la Parcela núm. 27, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de M., provincia S.R. que le corresponde a los sucesores del finado G.P.I., en virtud de los derechos adquiridos por su progenitor mediante contrato de fecha 15 de noviembre de 1968, sobre una porción de la parcela en cuestión, suscrito por este último con los señores T.M. y D.M. sucesores del también finado, R.M., bajo el fundamento de que para la aplicación de dicho convenio debía cumplirse con las exigencias de los artículos 57 de la Ley núm. 108-05, sobre Registro de Tierras y 142 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria; cuando en realidad la ley aplicable era la que estaba vigente cuando fue celebrado dicho contrato, con lo que se desconoció el principio de irretroactividad de la Ley; por ende la Ley aplicable es la Ley de Registro de Tierras núm. 1542, de fecha 11 de octubre del 1947, en dicha ley no existía impedimento para que los herederos pudieran transferir la parte alícuota que le correspondía previo al proceso de determinación y partición;

Considerando, que los motivos que se expresan en el considerando anterior, procede casar con envió así delimitadamente el punto relativo al rechazo de la parte alícuota de la parcela en litis que le corresponde a los referidos sucesores, contenido en la sentencia impugnada, por haberse violado la Ley, lo que conduce al vicio de falta de base legal; y rechazar dicho recurso de casación en cuanto a los demás medios;

Considerando, que por mandato del artículo 20 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08 dispone cambio en el procedimiento de casación, estableciendo que siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría de aquél de donde proceda la sentencia que ha sido objeto del recurso;

Considerando, que cuando las partes sucumben respectivamente en algunos puntos, las costas pueden ser compensadas;

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 19 de enero de 2015, en relación a la Parcela núm. 27, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de M., provincia S.R.; cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo, exclusivamente en el aspecto concerniente al rechazo de la parte alícuota que le corresponde a los sucesores del finado G.P.I. y, envía el asunto así delimitado, por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central; Segundo: Rechaza en cuanto a los demás aspectos el recurso de casación; Tercero: Compensa las costas del procedimiento.

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 27 de abril de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración.

(Firmados).- M.R.H.C..- E.H.M..- R.C.P.A.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 21 de julio de 2016, a solicitud de la parte interesada. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de Impuestos Internos.

MERCEDES A. MINERVINO A.

Secretaria General Interina