Sentencia nº 2332 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Septiembre de 2017.

Fecha de Resolución:20 de Septiembre de 2017
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 2332

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los J.J.I.R., en funciones de P.; E.H.M., Dulce Ma. R. de G. y V.J.C.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 22 de noviembre del 2006, años 163° de la Independencia y 144° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por O.R.D. y M.M., dominicanos, mayores de edad, casados, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 028-0003609-3 y 028-0002877-7, respectivamente, domiciliados y residentes en

Dios, Patria y Libertad República Dominicana la calle S.N.1 del sector La Basílica en la ciudad de Higüey provincia La Altagracia, contra la decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 24 de mayo del 2006, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. G.F.C. por sí y por los Dres. J.R.C. y K.F. en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte recurrente;

Oído al Dr. R.A.S. de la Rosa actuando a nombre y representación de M.L.V. y Producciones Jiménez, S.A., parte recurrida;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito del L.. G.F.C. y de los Dres. J.R.C. y K.F.M. depositado en secretaría de la Corte a-qua el 5 de junio del 2006, mediante el cual interponen dicho recurso, actuando a nombre y representación de los recurrentes; Visto el memorial de defensa y contestación al recurso de casación, depositado por el Dr. R.A.S. de la Rosa actuando a nombre y representación de M.L.V. y Producciones Jiménez,
S.A.;

Visto la resolución de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia del 1ro. de septiembre del 2006, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes y, fijó audiencia para conocerlo el 13 de octubre del 2006;

Visto la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 2 de la Ley No. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley 76-02; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de una querella presentada por O.R.D. el 22 de julio del 2003 contra M.L.V.D., de manera personal y en su condición de presidenta de la entidad comercial Producciones Jiménez, S.A., y M.R.M., a quienes acusó de violación a los artículos 145, 147, 148, 150, 265, 266 y 267 del Código Penal en perjuicio de Miledys Montilla; b) que apoderado el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó su providencia calificativa el 18 de noviembre del 2005, cuyo dispositivo dice así: “PRIMERO: Declarar, como al efecto declaramos, que existen indicios claros, graves, precisos serios y concordantes que comprometen la responsabilidad penal de la señora M.L.V. y/o de la Empresa Producciones Jiménez, S.A. representada por ésta, por el crimen de violación a los artículos 145, 148, 151, 265, 266 y 267 del Código Penal; SEGUNDO: Enviar como al efecto enviamos por ante el tribunal criminal a los señores M.L.V. y Producciones Jiménez, S.A., para que allí sean juzgados conforme a la ley; TERCERO: Ordenar como al efecto ordenamos que las actuaciones de la instrucción, así como un estado de los documentos y objetos que han de obrar como elementos de convicción sean transmitidos por nuestra secretaria inmediatamente después de transcurrido el plazo del recurso de apelación de que es susceptible esta providencia calificativa al Magistrado Procurador Fiscal de este Distrito Judicial de La Altagracia para los fines de ley correspondiente”; c) que recurrida esta decisión en apelación, fue apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual conoció el recurso, y dictó la decisión hoy impugnada el 24 de mayo del 2006, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma y plazo para su interposición, el recurso de apelación interpuesto por la señora M.L.V.D. y Producciones Jiménez, S.A., en fecha 24 de febrero del 2006, en contra de la providencia calificativa de fecha 18 de noviembre del 2005, dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, revoca la decisión recurrida por improcedente y mal fundada; CUARTO: Rechaza las conclusiones vertidas por la defensa en el sentido de que se decline el expediente por ante el Tribunal de Tierras, por ser la jurisdicción penal la competente para conocer del presente proceso y recurso de apelación contra la supraindicada providencia calificativa, por lo que actuando por autoridad propia, revoca la decisión recurrida y en consecuencia dicta auto de no ha lugar a persecución criminal contra M.L.V.D. y Producciones Jiménez, S.A., de los hechos puestos a su cargo, por no existir elementos de prueba que resulten suficientes para fundamentar la acusación y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos; QUINTO: Rechaza la intervención voluntaria hecha por la señora M.M., por improcedente, infundada y carente de base legal; SEXTO: Rechaza las conclusiones emitidas por la parte civil constituida por falta de calidad; SÉPTIMO: Condena a la parte recurrida al pago de las costas penales del proceso y omite pronunciarse sobre las civiles, por no haberlo pedido la parte gananciosa”;

En cuanto al recurso de casación interpuesto por O.R.D. y M.M., agraviados y actores civiles:

Considerando, que los recurrentes fundamentan su recurso alegando, en síntesis, lo siguiente: “Que el recurso de apelación fue incoado sin cumplir con lo establecido por el articulo 417 del Código Procesal Penal, puesto que no establecieron los motivos, por lo que la Corte a-qua violó el debido proceso de ley, al revocar una decisión que no es susceptible de apelación, toda vez que la decisión emanada por el juzgado de instrucción se asemeja a un Auto de Apertura de Juicio, ya que en virtud de la Ley 278-04 en su articulo 2, sobre Implementación del Proceso Penal, establece en su parte final que los recursos contra decisiones emitidas con posterioridad al 27 de septiembre del 2004, se tramitaran de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Penal, y en el caso de la especie la Corte desconoció dicha disposición legal, toda vez que al fallar como lo hizo se pronunció como si fuera una Cámara de Calificación, la cual representaba el segundo grado de instrucción del Código de Procedimiento Criminal, en virtud de lo que establecían los artículos 127 al 135, del mencionado código derogado; que al entrar en vigencia el Código Procesal Penal dejaron de existir todas las disposiciones legales referentes a la jurisdicción de instrucción y por ende a las Cámaras Penales de las Cortes de Apelación les está vedado pronunciarse en el sentido de revocar P.C. y solamente les es permitido convertir dichas decisiones en autos de apertura de juicios, debido a que por el efecto del recurso de apelación interpuesto contra las providencias calificativas, quedan montados dichos recursos en la estructura del Código Procesal Penal vigente, por tanto la Corte a-qua no hizo lo que realmente le correspondía, violando con esto el articulo 2 de la Ley 278-04 y en lo indicado en el articulo 303 del Código Procesal Penal; que se ha demostrado una flagrante violación de los artículos 1, 46 y 303 del Código Procesal Penal, artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 2 de la Ley 278-04 que implementa el Código Procesal Penal y los artículos 449 párrafo ii y iii del Código Procesal Penal ”;

Considerando, que la parte in fine del artículo 303 del Código Procesal Penal, establece lo siguiente: “Esta resolución (la que ordena la apertura a juicio) no es susceptible de ningún recurso. Efectuadas las notificaciones correspondientes, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el secretario remite la acusación y el auto de apertura a juicio a la secretaría del tribunal de juicio correspondiente”; por lo que, tal como alegan los recurrentes, siendo la decisión del Juzgado de Instrucción emitida después de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, y siendo como este caso en el que una providencia calificativa que ha sido considerada como un auto de apertura a juicio, así como todo lo referente a los recursos y al proceso en sí, se regirán, por lo que establece este nuevo ordenamiento legal, la Corte a-qua no debió revocar la disposición que no era susceptible de ningún recurso, ya que lo que procedía era la celebración del juicio de fondo o la apertura del juicio ante la jurisdicción correspondiente, por lo que procede acoger el medio invocado;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas cuyo cumplimiento está a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por O.R.D. y M.M. contra la decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 24 de mayo del 2006, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Casa la sentencia recurrida y envía el asunto por ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia; Tercero: Compensa las costas.

(Firmados).-Julio I.R..-E.H.M..-Dulce Ma. R. de Goris.-Víctor J.C.E.-GrimildaA., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.