Sentencia nº 24 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Febrero de 2015.

Fecha de Resolución11 de Febrero de 2015
EmisorTercera Sala

Sentencia Núm. 24

Grimilda A. De Subero, secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de febrero de 2015, que dice:

TERCERA SALA

Audiencia pública del 11 de febrero de 2015. Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Defensa Pública, con autonomía administrativa y funcional y el Consejo Nacional de la Defensa Pública, órgano administrativo y disciplinario de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, ambos organizados de conformidad a la Constitución de la República y a la Ley

1

Rechaza núm. 277-04, que crea el Sistema Nacional de la Defensa Pública, con oficinas principales en el núm. 20, de la calle D., del sector de Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por la directora general de la Oficina Nacional de la Defensa Pública Dra. L.H.R., dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0103323-1, domiciliada y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Tercera Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo el 22 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. N.M., en representación del L.. J.M.G. de Jesús, abogado de las recurrentes Oficina Nacional de la Defensa Pública y Consejo Nacional de la Defensa Pública;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. I.P. delP.R.S. y el Lic. H. De la Cruz, abogados de la recurrida L.T. De la Cruz;

2 Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 29 de enero de 2014, suscrito por los Licdos. J.M.G. De Jesús y E.R.P., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0060493-3 y 026-0071480-8, respectivamente, abogados de las recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 20 de febrero de 2014, suscrito por el Dr. I.P. delP.R.S., Cédula de Identidad y Electoral núm. 023-0036707-1, abogado de la recurrida;

Que en fecha 29 de octubre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso-Administrativo, integrada por los Jueces: M.R.H.C., P.; E.H.M. y R.C.P.A., procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación;

3 Visto el auto dictado el 9 de febrero de 2015, por el magistrado M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los magistrados S.I.H.M. y F.A.O.P., Jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere consta lo siguiente: a) que en fecha 25 de agosto de 2011, la Oficina Nacional de la Defensa Publica emitió el Acto Administrativo núm. 149/2011, mediante el cual suspendió a la señora L.T. De la Cruz de sus funciones de Defensora Pública, por mes y medio o hasta la culminación del proceso disciplinario seguido en su contra, decisión que le fue notificada a la interesada en fecha 29 de agosto de 2011; b) que no conforme con esta decisión dicha señora interpuso en fecha 9 de septiembre de 2011, recurso de reconsideración ante el Consejo Nacional de la Defensa Publica, obteniendo como respuesta la

4 ratificación de dicha suspensión mediante el acto núm. 177/2011 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitido por la Oficina Nacional de la Defensa Pública; c) que en contra de esta resolución, la hoy recurrida interpuso recurso jerárquico en fecha 5 de octubre de 2011, que fue decidido mediante al acto denominado Proceso Disciplinario núm. 04-11 del 12 de octubre de 2011, notificado en fecha 4 de noviembre de 2011, donde también se ratifica la decisión de suspensión atacada; d) que sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto en fecha 6 de diciembre de 2011 por la señora L.T. De la Cruz en contra de esta actuación administrativa, el Tribunal Superior Administrativo para decidir sobre dicho recurso dictó la sentencia objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza la excepción de incompetencia y los medios de inadmisión planteados por la parte recurrida, así como por el Procurador General Administrativo, por los motivos señalados; Segundo: Declara como bueno y valido en cuanto a la forma el recurso contencioso administrativo interpuesto por la señora L.T. De la Cruz, en fecha 6 de diciembre del año 2011, contra la Oficina Nacional de la Defensa Pública, por haber sido hecho conforme a la ley; Tercero: Acoge en cuanto al fondo el recurso contencioso-administrativo y en consecuencia,

5 Ordena a la Oficina Nacional de la Defensa Pública dejar sin efecto y sin ningún valor ni efecto jurídico la decisión ONDP/INT. 149/2011, de fecha 29/08/2011, por vía de conexidad la ONDP/INT. 177/2011 de fecha 13 de septiembre del 2011, objeto del recurso de reconsideración y la marcada como Proceso Disciplinario núm. 04-11 de fecha 12 de octubre de 2011 por no haber sido tomadas de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la Defensa Pública (Ley núm. 277-04) y Ley núm. 41-08 de Función Pública, así como desborda los límites legales, desconociendo los efectos más favorables y el cumplimiento del debido proceso al suspenderla indefinidamente y sin salario mientras dure el procedimiento disciplinario y por vía de consecuencia, se ordena la reposición inmediata de la recurrente a su función activa como Defensora Pública, así como la devolución de los salarios dejados de percibir durante el tiempo de suspensión, a razón de $49,500.00 por mes transcurrido dejado de percibir sin perjuicio de que continúe el juicio disciplinario en su contra; Cuarto: Fija a favor de la impetrante y en perjuicio de la Oficina Nacional de la Defensa Pública un astreinte diario de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), por cada día que transcurra en incumplimiento de la presente sentencia; Quinto: Declara el proceso libre de costas; Sexto: Ordena la comunicación de la presente sentencia por secretaría a la parte recurrente, Dra. L.T. de la Cruz, a la parte recurrida Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) y a la Procuraduría General

6 Administrativa; Séptimo: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el

Boletín del Tribunal Superior Administrativo”;

Considerando, que en su memorial de casación los recurrentes plantean los siguientes agravios en contra de la sentencia impugnada: Primer Medio: Inadmisibilidad del recurso contencioso de anulación; Segundo Medio: Carencia de base legal;

Considerando, que en el desarrollo del primer medio los recurrentes alegan en síntesis lo que sigue: “que la sentencia impugnada en casación debe ser revocada como cuestión previa e incidental, ya que dicho tribunal no observó que el acto recurrido por la Licda. L.T. De la Cruz es de fecha 25 de julio de 2011, y le fue notificado a la accionante en fecha 25 de agosto del año 2011, mientras que ésta intento su recurso contencioso-administrativo de anulación contra dicho acto el día 6 de diciembre de 2011, luego de transcurrir ventajosamente el plazo de treinta días para la interposición de dicho recurso, conforme el voto del artículo 5 de la Ley núm. 13-07; por lo que dicho acto por la inercia de la hoy recurrida en casación, alcanzó firmeza, lo que quiere

7 decir que no puede ser objeto de impugnación y al no decidirlo así dicha sentencia debe ser objeto de casación”;

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que al referirse al medio de inadmisión planteado por la entonces recurrida y hoy recurrente, donde solicitaba que el recurso contencioso administrativo incoado en la especie resultaba inadmisible por entender que el mismo había sido interpuesto fuera de plazo, el Tribunal Superior Administrativo al conocer de este medio de inadmisión procedió a rechazarlo fundamentado en las consideraciones siguientes: “que asimismo la inadmisibilidad sobre la extemporaneidad, la recurrente interpone el recurso de reconsideración el día nueve (9) de septiembre del año 2011, el plazo de los 15 días establecido en el artículo 73 de la Ley núm. 41-08, respondiendo la Oficina Nacional de la Defensa Pública dentro de los 30 días conforme al indicado articulo; posteriormente, es decir el día cinco (05) de octubre del mismo año la recurrente interpone el recurso jerárquico de conformidad al artículo 74 de la Ley núm. 41-08, contando con un plazo de 30 días posterior a la solución del recurso jerárquico, por lo que en fecha 6 de diciembre del año 2011 interpone el

8 recurso contencioso administrativo conforme a los plazos fijados en el artículo 5 de la Ley núm. 13-07 de Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado y 75 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública, por lo que procede rechazarlo, por improcedente e infundado”;

Considerando, que lo transcrito anteriormente revela, que al rechazar dicho pedimento de inadmisibilidad tras haber comprobado que el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entonces recurrente y hoy recurrida fue incoado dentro del plazo previsto por el artículo 5 de la Ley núm. 13-07, al decidirlo así, el Tribunal Superior Administrativo dictó una decisión apegada al derecho, contrario a lo que alegan los recurrentes, ya que el plazo que tenia la entonces impetrante para accionar ante la jurisdicción contencioso administrativa no se empieza a computar a partir de que le fuera notificado el acto administrativo mediante el cual fuera suspendida la hoy recurrida de sus funciones, como erróneamente exponen los recurrentes en su memorial de casación, sino que dicho plazo inició luego de que el acto administrativo recurrido causara estado dentro de la administración, lo que ocurrió cuando la entonces recurrente y hoy recurrida agotó las vías

9 administrativas previas, que son obligatorias en materia de función pública para poder acudir a la jurisdicción, ya que así lo establecen los artículos 4 de la Ley núm. 13-07 y 75 de la Ley núm. 41-08 sobre Función Pública; que habiendo establecido dicho tribunal que los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico fueron debidamente agotados por la entonces recurrente y que el acto que decidió el recurso jerárquico le fue notificado a ésta en fecha 4 de noviembre de 2011, siendo interpuesto el recurso contencioso administrativo en fecha 6 de diciembre de 2011, resulta correcto que dicho tribunal concluyera en el sentido de que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo de treinta días francos previsto por la Ley núm. 13-07 en su artículo 5; que en consecuencia, al rechazar el pedimento de inadmisibilidad propuesto por la entonces recurrida y hoy recurrente, luego comprobar que el recurso fue interpuesto de conformidad al plazo dispuesto en el indicado texto legal, procediendo entonces a conocer del fondo del asunto, el tribunal a-quo actuó de forma correcta, contrario a lo planteado por los recurrentes, por lo que se rechaza el primer medio de casación al ser improcedente y mal fundado;

10 Considerando, que en el segundo medio de casación los recurrentes alegan en síntesis lo que sigue: “que la sentencia impugnada carece de base legal, ya que dicho tribunal no observó que el Oficio núm. 149/2011 que ordena la suspensión provisional de la hoy recurrida por un período de un mes y/o hasta que culminara el proceso disciplinario amen de haberse dictado de conformidad con lo dispuesto el artículo 80 de la Ley núm. 277-04 sobre Defensoría Pública, es un acto de mero trámite que no pone fin a ningún procedimiento ni produce indefensión ni lesiona derechos subjetivos o intereses legítimos, por lo que no es impugnable; que en la página 17 de su sentencia dicho tribunal apunta que la suspensión de la accionante originaria desborda los límites legales, puesto que a su juicio la expresión “y/o mientras dure el procedimiento disciplinario”, convierte dicha suspensión en indefinida, lo que no es cierto, ya que a pesar de que en dicho oficio de suspensión se utiliza esta fórmula, dado que el juicio disciplinario no pudo completarse en un plazo corto y razonable, lo que se hizo fue, con el ánimo de no desbordar el plazo máximo de suspensión de tres meses contemplado en el artículo 80 de la indicada Ley núm. 277-04, realizar varios oficios reiterativos de suspensión, por lo que nunca se le dio

11 carácter de indefinido a esta sanción, contrario a lo establecido por dicho tribunal”;

Considerando, que siguen alegando los recurrentes que otro aspecto que evidencia la falta de base legal de esta sentencia es que el Tribunal a-quo transcribe el contenido del artículo 88 de la Ley núm. 41-08 sobre Función Pública para concluir que no podía imponerse una suspensión provisional sin disfrute de sueldo, obviando dicho tribunal que el régimen jurídico de la Oficina Nacional de la Defensa Pública está constituido por lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución y únicamente por la Ley núm. 277-04 y que la potestad sancionadora administrativa de dicha oficina resulta de las previsiones de esa ley y de los Reglamentos núms. 4/2005 y 5/2007, además de que tampoco observó dicho tribunal que de conformidad con el párrafo del artículo 1 de la indicada Ley núm. 41-08, los principios y disposiciones fundamentales de esta ley solo son supletorios en aquellos regímenes de carrera especiales establecidos por otras leyes, como resulta en el caso de la especie; que también resulta evidente que el tribunal a-quo pronunció un fallo extrapetita, intentando sustituir a las partes en sus deberes procesales en el momento en que pasa a examinar de oficio la

12 composición del Consejo Nacional de la Defensa Pública, a propósito de un supuesto recurso jerárquico que promoviera la accionante originaria, obviando con ello dicho tribunal que el objeto y causa sometido a su escrutinio se limitaba a verificar si el Oficio núm. 149/2011 resultaba compatible o no con la legalidad, sin que exista evidencia alguna de que la entonces accionante se hubiera referido en su instancia especifica a la composición de dicho consejo, lo que evidencia la falta de base legal de esta sentencia”;

Considerando, que en cuanto a lo alegado por los recurrentes de que la sentencia impugnada carece de base legal debido a que dicho tribunal no observó que el acto administrativo de suspensión que fuera recurrido ante dicha jurisdicción por la accionante originaria no era impugnable por ser un acto de puro trámite, al examinar la sentencia impugnada se advierte que este argumento fue presentado por la hoy recurrente ante el Tribunal a-quo y que dicho tribunal al hacer derecho sobre el mismo lo rechazó bajo las consideraciones siguientes: “que en cuanto al pedimento de inadmisibilidad basado en que el acto administrativo es un acto de puro trámite, carece de fundamento, por cuanto a partir de la Ley núm. 13-07 que permite impugnar las vías de

13 hecho y el artículo 165 de la Constitución Política del 26 de enero del 2010, son impugnables no solo los actos administrativos, sino toda actuación o disposición incluidas las omisiones, por lo que el tribunal entiende que el acto núm. ONDP/INT. 149/2011, fue emitido por el Consejo Nacional de la Defensa Pública, el cual puede ser recurrido por ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, en virtud de que se trata de una actuación de la administración pública que contrario a lo alegado por la recurrida si está sujeta al escrutinio judicial y al control de la legalidad por parte de los Tribunales de la Jurisdicción Administrativa”;

Considerando, que lo anterior revela que contrario a lo alegado por los recurrentes, el Tribunal Superior Administrativo no incurrió en el vicio de falta de base legal al considerar como lo hizo en su sentencia que el acto administrativo recurrido ante dicha jurisdicción no era un acto interno de puro trámite como pretendía dicha recurrente, sino que, tal como se desprende de lo examinado en dicha sentencia, en la especie nos encontramos en presencia de un acto que contiene una actuación externa de la administración que produjo un efecto jurídico directo e inmediato contra un determinado ciudadano, ya que la propia recurrente admite que dicho acto fue emitido para ordenar la suspensión temporal y sin

14 disfrute de sueldo de la hoy recurrida mientras se seguía un procedimiento disciplinario en su contra, de donde resulta evidente que se trata de un acto administrativo que implicó la afectación o sacrificio de un derecho subjetivo de que es titular la hoy recurrida, afectándola de forma concreta e inmediata y de ahí proviene el interés y la legitimación activa que tiene dicha recurrida en su condición de afectada para atacar los efectos perjudiciales que dicho acto le ha infligido, mediante la interposición de los recursos correspondientes, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, como efectivamente fueron interpuestos en la especie; en consecuencia, al establecer que en el presente caso el acto recurrido constituía un acto administrativo que estaba sujeto al control de legalidad de dicha jurisdicción por lo que era impugnable ante el tribunal a-quo, el Tribunal Superior Administrativo decidió correctamente, estableciendo motivos adecuados que justifican su decisión, por lo que se rechaza este alegato de la recurrente;

Considerando, que con respecto a lo alegado por los recurrentes de que “al basarse en el artículo 88 de la ley núm. 41-08 sobre función pública para concluir que en el presente caso no se podía imponer la suspensión provisional sin disfrute de sueldo porque dicho texto no lo

15 permite, pero sin observar que la facultad sancionadora de la hoy recurrente no proviene de dicha ley sino de su Ley Orgánica núm. 277-04 que la faculta para imponer esta sanción”, al examinar esta sentencia se advierte que para decidir en el sentido de que la sanción de suspensión sin disfrute de sueldo de que fue objeto la hoy recurrida resultaba ilegitima, el Tribunal Superior Administrativo apreció ampliamente todos los elementos de la causa, fundamentándose no solo en las disposiciones del indicado artículo 88, como alegan los recurrentes, sino que también ponderó el contenido de la Ley Orgánica de Defensa Pública núm. 277-04, en su artículo 80, que regula el procedimiento a seguir para la sanción de suspensión de los defensores públicos, advirtiéndose en dicha sentencia que del estudio combinado de estas disposiciones, el tribunal a-quo pudo establecer lo siguiente: “ que esta S. después de estudiar el presente caso que nos ocupa, ha podido comprobar que la suspensión de que resultó objeto la hoy recurrente desborda los límites legales, al suspenderla por espacio de un mes y medio y/o mientras dure el procedimiento disciplinario, lo que la convierte en indefinida, pudiendo tal como alega la recurrente convertirse la medida cautelar en una pena mayor que las que prevé la

16 propia ley sancionatoria. Que la ley ha fijado un máximo de tres meses para estar suspendido, mal podría admitirse que pueda suspenderse a un servidor por un tiempo indefinido, sin que ello reporte una vulneración a sus derechos, ser mantenido en un vilo procesal, con los perjuicios que una suspensión en esas condiciones y/o mientras dure el procedimiento disciplinario, desconoce que los procesos tienen que concluir en tiempos razonables fijados por la ley y que no puede estar sujetos a coerciones, medidas cautelares o suspensiones indefinidas que impidan el ejercicio de su función, como el acceso al trabajo, a recibir las remuneraciones previstas para el estatuto de su condición y permitir el libre desarrollo de la personalidad. Igual consideración merece el hecho de que esta suspensión sea sin disfrute de salario, cuando la Ley núm. 277-04, aunque prevé la suspensión no dispone que sean sin disfrute de salario, mientras que la Ley núm. 41-08 de Función Pública prevé ésta pero con disfrute de sueldo, es evidente que una aplicación racional imponía que dicha suspensión se hiciera en las condiciones más favorables al afectado, máxime cuando el salario es vital para el ejercicio de los demás derechos por cuanto comporta una condición esencialísima para el mantenimiento de la vida, la dignidad y el desarrollo de la propia

17 personalidad, que no solo afecta a la propia recurrente sino también a su familia, convirtiéndose en un factor de perturbación familiar y social que por demás dificulta un ejercicio efectivo de las posibilidades de su defensa, sometida a precariedades del orden alimentario o de subsistencia para sí y los suyos”;

Considerando, que por las razones expuestas anteriormente, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que al decidir que la sanción de suspensión sin disfrute de sueldo dispuesta de forma indefinida por la hoy recurrente en perjuicio de la hoy recurrida, desbordaba los límites legales, vulnerando de forma indefinida derechos fundamentales de la hoy recurrida, como son el derecho al salario y la dignidad humana, al decidir de esta forma, dicho tribunal no dictó una sentencia carente de base legal como pretenden los hoy recurrentes, sino que por el contrario, el tribunal a-quo hizo una magistral aplicación del principio de legalidad que debe primar en todos los actos de la Administración, ya que si bien es cierto que tanto la Ley de Función Pública como la de Defensoría Pública, le otorgan facultad sancionadora a la administración, no menos cierto es que dichas leyes, a fin de resguardar la presunción de inocencia y el derecho al salario de los

18 servidores públicos, que son derechos de rango constitucional, establecen claramente que en los casos en que deba aplicarse la sanción de suspensión sobre un servidor público que está siendo objeto de un procedimiento disciplinario o de una investigación, esta medida será provisional, por un tiempo máximo de tres meses y será con goce de sueldo, lo que no fue cumplido en la especie por los hoy recurrentes al momento de dictar el acto administrativo de suspensión, tal como fue comprobado por dicho tribunal; que por tales razones resulta evidente que al dictar esta medida de suspensión en los términos que constan en dicho acto, esto es, por tiempo indefinido y sin disfrute de sueldo, la hoy recurrente violentó el principio de legalidad que debe primar en su actuación y que establece que la Administración debe estar enmarcada dentro de los limites que el ordenamiento jurídico le imponga por lo que solo podrá hacer lo que la ley le permita, ya que de lo contrario su actuación resultaría ilegitima, tal como fue decidido por el tribunal a-quo en los motivos de su sentencia, por lo que se rechaza este alegato de los recurrentes;

Considerando, que en cuanto a lo alegado por los recurrentes en la última parte del segundo medio de que al analizar la composición del

19 Consejo de la Defensa Pública para decidir que el recurso jerárquico interpuesto por la entonces recurrente era válido, dicho tribunal dictó un fallo extra-petita puesto que no existe evidencia alguna de que la entonces accionante se hubiera referido en su instancia a la composición de dicho consejo, al ponderar este argumento esta Tercera Sala entiende que el mismo resulta sin asidero jurídico, ya que al hacer este planteamiento la recurrente olvida que los jueces administrativistas tienen un papel activo en el control de legalidad de la actuación de la administración y prueba de ello es que el procedimiento contencioso administrativo está regulado por una serie de principios rectores dentro de los que se encuentran el de la verdad material, el de la impulsión de oficio y de la instrucción, que facultan a que los jueces en esta materia tengan la potestad de examinar todas las cuestiones conexas al diferendo de que están apoderados y que los pueda conducir a mantener el imperio de la legalidad y la justicia en su decisión, siempre que con ello no lesionen los intereses de la defensa de las partes, lo que no se observa que ocurrió en la especie;

Considerando, que en consecuencia, al examinar la composición del Consejo Nacional de la Defensa Pública para poder establecer si el

20 mismo estaba o no regularmente integrado para conocer del recurso jerárquico incoado por la entonces recurrente, dicho tribunal no dictó una decisión extra ni ultra petita, como pretenden los ahora recurrentes, ya que el examen de la regularidad del recurso jerárquico resultaba un aspecto esencial para que el tribunal a-quo pudiera decidir si el asunto había causado estado dentro de la Administración; máxime cuando en la especie los hoy recurrentes propusieron ante dicho tribunal la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo por entender que había sido interpuesto fuera de plazo y porque el acto recurrido no era impugnable; lo que demuestra que, contrario a lo que expresan dichos recurrentes, resultaba imperioso que el Tribunal Superior Administrativo examinara si las vías administrativas habían sido regularmente interpuestas, ya que solo de esta forma podía llegar a la conclusión de que estaba abierta la vía de lo jurisdiccional como efectivamente fue comprobado por dicho tribunal, al establecer como lo hizo en su sentencia, que el asunto había culminado dentro de la administración al haber sido regularmente agotadas por la hoy recurrida las vías administrativas previas, así como a través de este examen dicho tribunal pudo establecer que el recurso contencioso administrativo fue

21 interpuesto dentro del plazo de ley y esto le permitió rechazar el medio de inadmisión propuesto por los hoy recurrentes, tal como fue explicado en parte anterior de esta decisión; lo que indica que el tribunal a-quo actuó dentro de los límites de su apoderamiento y que su decisión resulta congruente con el diferendo ventilado ante dicha jurisdicción, por lo que procede validarla; en consecuencia, se rechaza el segundo medio, así como el recurso de casación de que se trata, al ser improcedente y mal fundado;

Considerando, que en el recurso de casación en materia contencioso administrativa no hay condenación en costas, ya que así lo establece el artículo 60, párrafo V de la Ley núm. 1494 de 1947, aun vigente en ese aspecto.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el Consejo Nacional de la Defensa Pública, contra la sentencia dictada en sus atribuciones de lo contencioso-administrativo por la Tercera Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo, el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que en esta materia no hay condenación en costas.

22 Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 11 de febrero de 2015, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración.

(Firmados).-M.R.H.C.-EdgarH.M..-S.I.H.M..-F.A.O.P..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

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