Sentencia nº 305 de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Junio de 2013.

Fecha de Resolución: 7 de Junio de 2013
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 07/06/2013

Materia: Civil

Recurrente(s): R.T.P.P.

Abogado(s): L.. R.T.P.P.

Recurrido(s): Banco de Reservas de la República Dominicana

Abogado(s): Dr. J. A. Navarro Trabous, L.. Raquel González Ramírez

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor R.T.P.P., dominicano, mayor de edad, abogado de los tribunales de la República, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0152665-5, con domicilio en la calle A.P. núm. 602, sector Ciudad Nueva, de esta ciudad, contra la sentencia núm. 127-2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 16 de marzo de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: "Único: Que procede declarar inadmisible, el recurso de casación interpuesto por R.T.P.P., contra la sentencia No. 127-2011 del 16 de marzo de 2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.";

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 4 de julio de 2011, suscrito por el Lic. R.T.P.P., abogado y parte recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de julio de 2011, suscrito por el Dr. J. A. Navarro Trabous y la Licda. R.G.R., abogados de la parte recurrida, Banco de Reservas de la República Dominicana;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 31 de mayo de 2013, estando presentes los jueces V.J.C.E., en funciones de P.; M.O.G.S. y J.A.C.A., asistidos del Secretario;

Visto el auto dictado el 5 de junio de 2013, por el magistrado V.J.C.E., en funciones de Presidente, por medio del cual llama al magistrado F.A.J.M., juez de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de una demanda en validez de embargo retentivo, incoada por el Banco de Reservas de la República Dominicana, contra los señores F.J.M. y R.T.P.P., la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 19 de febrero de 2010, la sentencia núm. 0130-2010, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: "PRIMERO: RATIFICA el defecto por falta de concluir pronunciado contra la parte co-demandada, señor R.P.P., por sentencia in voce en audiencia de fecha 13 de octubre del año 2009; SEGUNDO: DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda en VALIDEZ DE EMBARGO RETENTIVO U OPOSICIÓN, interpuesta por el BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, contra el señor R.P.P., al tenor del acto No. 1343/2008, diligenciado el veintidós (22) del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008), por el M.C.M.M.M., Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por haber sido hecho de conformidad con los preceptos legales; TERCERO: ACOGE parcialmente, en cuanto al fondo, la indicada demanda, y en consecuencia: a) CONDENA al señor R.P.P., a pagarle a la entidad BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, la suma de TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 (RD$309,416.49) (sic), más el pago de los intereses moratorios de dicha suma calculados en base al uno (1%) por ciento mensual, contados a partir de la fecha de la demanda; b) VALIDA el EMBARGO RETENTIVO U OPOSICIÓN trabado por la entidad BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA en perjuicios de los señores F.J.M. y R.P.P., al tenor del acto No. 1343/2008, anteriormente descrito, por el monto de la deuda, intereses y comisiones, es decir, Trescientos Nueve Mil Cuatrocientos Dieciséis Pesos con 49/100 (RD$309,416.49); c) ORDENA que las sumas o valores que los terceros embargados, BANCO POPULAR DOMINICANO, BANCO MÚLTIPLE LEÓN, BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, BANCO BHD, S.A., ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. Y THE BANK OF NOVA SCOTIA (SCOTIABANK), que paguen a manos del BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, las sumas y valores que se reconozcan deudores o tenedores a favor del señor R.P.P., hasta la concurrencia del monto de su crédito principal e intereses; CUARTO: COMPENSA las costas del procedimiento, conforme a los motivos expuestos; QUINTO: COMISIONA al ministerial A.A.P.C., Alguacil de Estrado de este tribunal, para la notificación de esta sentencia"; b) que, no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 493-2010, de fecha 25 de mayo de 2010, instrumentado por el ministerial P.P.B.R., alguacil ordinario de la Sala 4 de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el señor R.T.P.P., procedió a interponer formal recurso de apelación contra la referida sentencia, por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso en fecha 16 de marzo de 2011, mediante la sentencia núm. 127-2011, hoy impugnada, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: "PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor R.T.P.P. contra la sentencia civil No. 0130/2010, relativa al expediente No. 037-09-00386, dictada en fecha 19 de febrero de 2010, por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecho de acuerdo a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el referido recurso de apelación y, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, señor R.T.P.P., a pagar las costas del procedimiento, en provecho del D.J.A.N.T. y la LICDA. R.G.R., abogados, quienes afirmaron haberlas avanzado en su mayor parte.";

Considerando, que la parte recurrente, propone en su memorial de casación los medios siguientes: "Primer Medio: Violación a los artículos 1139 y 2021 del Código Civil, Inobservancia y Violación de los Artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Falta, contradicción e insuficiencia de motivos al rechazar una nueva medida de instrucción (prórroga de comunicación de documentos y comparecencia testimonial) y más aún porque no explica convincentemente las razones para rechazar el pedimento de nulidad de la sentencia de primer grado "antojadizamente rectificada en su dispositivo a los dos meses de ser pronunciada y registrada; violación al debido proceso de ley (violación del derecho de defensa consagrado en la Constitución de la República); exceso de poder (falta de base legal); Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; falta e insuficiencia de motivos y de las pruebas (falta de base legal), y al rechazar la solicitud de exclusión de un documento depositado en fotocopia.";

Considerando, que, a su vez, la parte recurrida solicita en su memorial de defensa que se declare inadmisible el presente recurso de casación, bajo el alegato de que las condenaciones establecidas en la sentencia impugnada no exceden el monto de los doscientos (200) salarios mínimos que exige el literal c) de la parte in fine del último párrafo del Art. 5, de la Ley núm. 3726 de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008;

Considerando, que el pedimento formulado por la parte recurrida obliga a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, por su carácter perentorio, a examinar de manera previa el medio de inadmisión de que se trata;

Considerando, que, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en su indicada función, ha podido verificar que el presente recurso se interpuso el 4 de julio de 2011, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, (que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación), ley procesal que estableció como una de las condiciones de ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación, la cuantía establecida como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del literal c), Párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación lo siguiente:

"No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyan, contra las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…).";

Considerando, que el referido mandato legal nos exige, de manera imperativa, determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado imperante al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios mínimos excede de la condenación establecida en la sentencia impugnada;

Considerando, que, en ese sentido, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en su función casacional, ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, 4 de julio de 2011, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$9,905.00, mensuales, conforme se desprende de la Resolución núm. 5/2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 18 de mayo de 2011, resultando que la suma del valor de doscientos (200) salarios mínimos asciende a un millón novecientos ochenta y un mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,981,000.00), por consiguiente, para que la sentencia dictada por la corte a-qua sea susceptible del presente recurso extraordinario de casación es imprescindible que la condenación por ella establecida supere esta cantidad;

Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a la que asciende la condenación, resultó que mediante el acto jurisdiccional hoy impugnado, la corte a-qua, procedió a rechazar el recurso de apelación interpuesto por el señor R.T.P.P., y en consecuencia confirmó la condenación establecida por la decisión de primer grado, la cual fija una sanción a favor de la parte hoy recurrida, Banco de Reservas de la República Dominicana, por un monto de trescientos nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos con 49/100 (RD$309,416.49), cuyo monto, es evidente, no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley núm. 491-08, ya referida;

Considerando, que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que deben alcanzar las condenaciones establecidas en la sentencia impugnada para ser susceptibles del recurso de casación que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en su indicada función declare, tal y como lo solicita la parte recurrida, su inadmisibilidad, lo que hace innecesario examinar los medios de casación propuestos por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta S..

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor R.T.P.P., contra la sentencia núm. 127-2011, de fecha 16 de marzo de 2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, señor R.T.P.P., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor del D.J.A.N.T. y la Licda. R.G.R., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en su audiencia pública del 7 de junio de 2013, años 170º de la Independencia y 150º de la Restauración.

Firmado: V.J.C.E., J.A.C.A., F.A.J.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.