Sentencia nº 31 de Suprema Corte de Justicia, del 6 de Abril de 2016.

Fecha de Resolución: 6 de Abril de 2016
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

Rte.: L.R.O.L..

Sentencia Núm. 31

M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 06 de abril de 2016, que dice:

LAS SALAS REUNIDAS

Audiencia pública del 06 de abril de 2016. Preside: M.G.M..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de

Justicia, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la

Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el

30 de septiembre de 2015, incoado por:

 L.R.O.L., dominicano, mayor de edad, casado, abogado,

portador de la cédula de identidad y electoral No. 136-0010475-9,

domiciliado y residente en la Calle Jorge Awad No. 12, Nagua, Provincia

M.T.S., República Dominicana, querellante;

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol;

RECHAZARte.: L.R.O.L..

Oído: al doctor Á.R.S.C., actuando en representación

de L.R.O.L., querellante;

Visto: El memorial de casación, depositado el 15 de octubre de 2015, en la

secretaría de la Corte A-qua, mediante el cual el recurrente Luis Rafael Osorio

López, querellante, interpone su recurso de casación por intermedio de su

abogado, doctor Á.R.S.C.;

Vista: la Resolución No. 101-2016 de Las Salas Reunidas de la Suprema

Corte de Justicia, del 14 de enero de 2016, que declaran admisible el recurso de

casación interpuesto por: L.R.O.L., querellante; y fijó audiencia

para el día 24 de febrero de 2016, la cual fue conocida ese mismo día;

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema

Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un

segundo recurso de casación, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de

la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de

Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró audiencia pública del día

24 de febrero de 2016; estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de

Justicia: J.C.C.G., en funciones de P.; Víctor José

Castellanos Estrella, E.H.M., J.A.C.A., Fran

Euclides Soto Sánchez, A.A.M.S., Esther E. Agelán

Casasnovas, F.A.J.M., J.H.R.C., Robert C.

Placencia Álvarez y F.O.P., y llamados por auto para completar

el quórum los M.B.B. de G., J.P. de la Cámara Rte.: L.R.O.L..

F.G., J.P. de la Tercera Sala de la Cámara Civil y

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; y Yokaurys Morales

Castillo, Jueza de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de

Apelación del Distrito Nacional; asistidos de la Secretaria General de la Suprema

Corte de Justicia, y vistos los Artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del

Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre

Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata,

reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha posterior;

Considerando: que en fecha treinta y uno (31) de marzo de 2016, el

Magistrado M.G.M., P. de la Suprema Corte de Justicia,

dictó auto por medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados Miriam

Germán Brito, M.O.G.S. y S.I.H.M., para

integrar Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de

que se trata, de conformidad con la Ley No. 684 de 1934;

Considerando: que del examen de la sentencia impugnada y los

documentos a que ella refiere resultan como hechos constantes que:

  1. Con motivo de una querella con constitución en actor civil, interpuesta en

fecha 08 de junio de 2010, por L.R.O.L. en contra de Eurípides

Rosa Rodríguez, por alegada violación a la Ley No. 2859, sobre C., fue

apoderado el Tribunal Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Judicial de M.T.S., el cual, al no arribar las

partes a una conciliación, conoció del fondo de la acusación de que se trata, y dictó

sentencia el 2 de diciembre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; Rte.: L.R.O.L..

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.T.S.,

dictando al respecto la sentencia, de fecha 02 de diciembre de 2010; cuyo

dispositivo es el siguiente:

PRIMERO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la acusación y constitución en querella y actor civil interpuesta por el señor L.R.O.L., en contra del señor E.R.R., por violación al artículo 66 de la Ley 2859 sobre C., por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a los preceptos establecidos por la ley; SEGUNDO : En cuanto al fondo, se declara culpable al señor E.R.R., de emitir o girar un cheque sin la provisión previa y suficiente de fondos, hecho previsto y sancionado en el artículo 66 de la Ley 2859 sobre C. en perjuicio de L.R.O.L., por las razones antes expuestas; TERCERO : Condena al imputado E.R.R., al pago del importe del cheque por la suma de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$275,000.00), a favor del querellante y actor civil L.R.O.L., por lo antes dicho; CUARTO : Condena al imputado E.R.R., a cumplir la pena de seis (6) meses de prisión correccional, en la cárcel pública de esta ciudad de Nagua y al pago de la multa de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$275,000.00), equivalente al monto del cheque, a favor del Estado Dominicano, y al pago de las costas penales del proceso; QUINTO : Se condena al imputado E.R.R., a pagar a favor del querellante y actor civil L.R.O.L., la suma de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), como justa reparación por los daños y perjuicios, en base a la motivación antes hecha; SEXTO : Condena al imputado E.R.R., al pago de las costas civiles a favor y provecho del Dr. Á.R.S.C., quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; SÉPTIMO : Difiere la lectura íntegra de esta sentencia para el día 9 de diciembre de 2010, quedando citada las partes presentes y representadas, y en caso de incomparecencia de las partes se ordena a la secretaria de este tribunal a su requerimiento notificar la presente decisión a todas las partes envueltas en este proceso”; Rte.: L.R.O.L..

interpuso recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual pronunció el 30 de

junio de 2011, la sentencia cuya parte dispositiva expresa:

PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación incoado en fecha 31 de enero de 2011, por el Lic. S.C.L., en representación del imputado E.R.R. contra la sentencia núm. 184-2010, de fecha 2 de octubre de 2010 (Sic), la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.T.S.. Revoca la sentencia recurrida por haber desproporción en cuanto a la pena impuesta y a la condenación en daños y perjuicios del imputado. Por consiguiente: a) se le suspende la pena al tenor de lo establecido en el artículo 341 de la Ordenanza Procesal Penal, sobre la suspensión condicional de la pena; b) condena al imputado al pago del importe del cheque por la suma de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$275,000.00), a favor del querellante y actor civil L.R.O.L., por lo antes dicho; y c) condena al imputado E.R.R., al pago de la multa de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$275,000.00), equivalente al monto del cheque, a favor del Estado Dominicano, y al pago de las costas penales del proceso; d) condena al imputado E.R.R., a pagar a favor del querellante y actor civil L.R.O.L., la suma de Veinticinco Mil Pesos (RD$25,000.00), como justa reparación por los daños y perjuicios, en base a la motivación antes dicha; e) condena al imputado al pago de las costas civiles; SEGUNDO : La lectura de la presente decisión vale notificación para las partes presentes y representadas, manda que el secretario la comunique”;

4.No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de casación por el

imputado E.R.R. ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, la cual, mediante sentencia del 25 de abril de 2012, casó la decisión

impugnada y ordenó el envío del asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, para una nueva Rte.: L.R.O.L..

examinar la validez del recibo firmado por el Dr. Á.R.S.C.,

representante legal del querellante L.R.O.L., realizado el 12 de

julio de 2010, en el cual consta el pago efectuado por el imputado Eurípides Rosa

Rodríguez, por la suma de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), cuyo concepto se

detalla de la forma siguiente: “Veinticinco Mil Pesos, como gastos y honorarios

profesionales, y los restantes Veinticinco Mil Pesos deberán ser entregados a Luis

Rafael Osorio López, con la finalidad de dar por finalizado un asunto en vía de

solución entre E.R.R. y L.R.O.L., así como la

de los cheques emitidos y pagados a favor de éste último, los cuales fueron

aportados como medios de prueba por el hoy recurrente, toda vez, que del valor

que le pueda ser otorgado a las citadas pruebas, el hecho de existir un abono

demuestra una conciliación tácita;

Señalando igualmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que,

al no tomar en cuenta la Corte a-qua el aspecto o situación antes señalado, lo cual

evidentemente habría de incidir en el examen de los hechos, a fin de establecer la

jurisdicción competente para dirimir el conflicto surgido entre las partes, se hace

necesario una nueva ponderación del recurso de apelación;

5. Apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento

Judicial de Santo Domingo como tribunal de envío, dictó su sentencia, en fecha 18

de diciembre de 2012; siendo su parte dispositiva:

PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. S.R.C.L., en nombre y representación del imputado E.R.R. en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil once (2011), en contra de la sentencia de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diez (2010), dictada por el Rte.: L.R.O.L..

Instancia del Distrito Judicial de M.T.S., cuyo dispositivo es el siguiente:

Primero: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la acusación y constitución en querella y actor civil interpuesta por el señor L.R.O.L., en contra del señor E.R.R., por violación al artículo 66 de la Ley 2859 sobre C., por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a los preceptos establecidos por la ley; Segundo : En cuanto al fondo, se declara culpable al señor E.R.R., de emitir o girar un cheque sin la provisión previa y suficiente de fondos, hecho previsto y sancionado en el artículo 66 de la Ley 2859 sobre C. en perjuicio de L.R.O.L., por las razones antes expuestas; Tercero : Condena al imputado E.R.R., al pago del importe del cheque por la suma de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$275,000.00), a favor del querellante y actor civil L.R.O.L., por lo antes dicho; Cuarto : Condena al imputado E.R.R., a cumplir la pena de seis (6) meses de prisión correccional, en la cárcel pública de esta ciudad de Nagua y al pago de la multa de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$275,000.00), equivalente al monto del cheque, a favor del Estado Dominicano, y al pago de las costas penales del proceso; Quinto : Se condena al imputado E.R.R., a pagar a favor del querellante y actor civil L.R.O.L., la suma de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), como justa reparación por los daños y perjuicios, en base a la motivación antes hecha; Sexto : Condena al imputado E.R.R., al pago de las costas civiles a favor y provecho del Dr. Á.R.S.C., quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; S. : Difiere la lectura íntegra de esta sentencia para el día 9 de diciembre de 2010, quedando citada las partes presentes y representadas, y en caso de incomparecencia de las partes se ordena a la secretaria de este tribunal a su requerimiento notificar la presente decisión a todas las partes envueltas en este proceso”;

SEGUNDO: Declara culpable al señor E.R.R., de emitir o girar un cheque sin la provisión previa y suficiente de fondos, Rte.: L.R.O.L..

Cheque, en perjuicio de L.R.O.L., por las razones antes expuestas, a cumplir la pena de seis (06) meses de prisión correccional, en la Cárcel Pública de Nagua, ordena la suspensión de la pena al tenor de lo establecido en el artículo 341 del CPP. Condena al imputado al pago del importe del cheque por la suma de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$275,000.00) a favor del querellante y actor civil L.R.O.L., Condena al imputado E.R.R. al pago de una multa de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$275,000.00), y en el aspecto civil, condena al imputado al pago de la suma de Veinticinco Mil Pesos (RD$25,000.00) a favor del querellante como reparación por los daños y perjuicios sufridos a raíz de los hechos punibles; TERCERO: Compensa las costas del procedimiento entre las partes; CUARTO: Ordena a la Secretaria de esta Corte la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que integran el presente proceso”;

6. No conforme con esta decisión, la misma fue recurrida en casación por el

imputado E.R.R., y por el querellante y actor civil, Luis Rafael

Osorio López, dictando al respecto Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de

Justicia la Resolución No. 4105-2013, del 14 de noviembre de 2013, mediante la cual

declaró inadmisible por tardío el recurso interpuesto por el querellante y actor

civil, L.R.O.L.; y admisible el recurso interpuesto por el imputado,

E.R.R., fijando la audiencia para el día 15 de enero de 2014, en

razón de que tal como alega el recurrente, la Corte A-qua no se ajustó al mandato

que le hiciera la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, relativo al

requerimiento hecho por el imputado en su recurso de apelación, respecto al recibo

que consta en el expediente y que el imputado alega ser prueba de abono al monto

del cheque objeto del proceso de que se trata; Rte.: L.R.O.L..

de Justicia dictaron su Sentencia No. 45, mediante la cual casan la decisión

impugnada y ordenan el envío del asunto por ante la Segunda Sala de la Cámara

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en razón de que la Corte A-qua desconoció el alcance de la casación que le apoderara como tribunal de envío,

el cual, como se citó anteriormente, fue a fin de examinar la validez de un recibo de

pago, que consta en el expediente, y cuya ponderación podría incidir en el examen

de los hechos; circunstancia procesal y fáctica que era determinante para identificar

la jurisdicción competente para conocer del caso de que se trata;

Señalando igualmente Las Salas Reunidas que, en las circunstancias

procesales descritas, hay lugar no sólo a admitir como regular y válido el recurso

de casación en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, sino también a declarar que

el envío que se dispone está dirigido a que la Corte de envío proceda a examinar el

recibo firmado por el Dr. Á.R.S.C., representante legal del

querellante L.R.O.L., de fecha 12 de julio de 2010, en el cual consta

un pago efectuado por el imputado E.R.R., por la suma de

Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), y a estatuir con relación al mismo;

8. Apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

Distrito Nacional, como tribunal de envío, dictó su sentencia ahora impugnada, en

fecha 30 de septiembre de 2015; siendo su parte dispositiva:

“PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil once (2011), por el señor E.R.R., (imputado), debidamente representado por el LICDO. S.C., en contra de la Sentencia Núm. 184-2010 de fecha dos
(02) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), Tribunal
Rte.: L.R.O.L..

encuentra formando parte de la presente decisión; SEGUNDO: La Corte, obrando por propia autoridad, modifica los ordinales Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de la sentencia recurrida, en consecuencia, DECLARA al imputado E.R.R., dominicano, de 43 años de edad, comerciante, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 136-0012313-0, domiciliado y residente en la Av. J.M., esquina Correa y Cidrón, La Base Auto Import, Santo Domingo, Distrito Nacional, culpable de emitir o girar un cheque sin la provisión previa y suficiente de fondos, hecho previsto y sancionado en el artículo 66 de la Ley 2859, sobre C. de la República Dominicana, en perjuicio de L.R.O.L., por las razones antes expuestas, y en aplicación combinada de los artículos 340 y 341 del Código Procesal Penal, lo exime del pago de la multa de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos Dominicanos (RD$275,000.00), y le suspende la pena de prisión de Seis (6) meses dispuesta por el a-quo bajo las siguientes condiciones:
a) Residir en la dirección suministrada a la Corte; b) abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas; y c) prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución sin fines de lucro, fuera de su horario habitual de trabajo, por un período de tres (3) meses, bajo la vigilancia del juez de la ejecución de la pena; TERCERO: CONDENA al imputado E.R.R., al pago por restitución del importe del cheque por la suma de Doscientos Veinticinco y Cinco Mil (RD$225,000.00) pesos dominicanos, a favor del querellante y actor civil L.R.O.L., por lo expuesto en el cuerpo de la presente decisión; CUARTO: CONDENA al imputado E.R.R., a pagar a favor del querellante y actor civil L.R.O.L., la suma de Veinticinco Mil Pesos Dominicanos (RD$25,000.00) como justa reparación por los daños y perjuicios que le han sido ocasionados, en base a los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; QUINTO: Compensa entre las partes el pago de las costas penales y civiles del proceso causadas en la presente instancia; SEXTO: ORDENA al secretario notificar la presente decisión a las partes involucradas en el proceso y al juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional para los fines legales pertinentes”;
Rte.: L.R.O.L..

9. Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: Luis Rafael Osorio

López, querellante; Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió, en

fecha 14 de enero de 2016, la Resolución No. 101-2016, mediante la cual, declaró

admisible dicho recurso, y al mismo tiempo se fijó la audiencia sobre el fondo del

recurso para el día, 24 de febrero de 2016; fecha esta última en que se celebró dicha

audiencia; reservando esta Suprema Corte de Justicia el fallo a que se contrae esta

sentencia;

Considerando: que el recurrente, L.R.O.L., querellante;

alega en su escrito de casación, depositado por ante la secretaría de la Corte A-qua,

el medio siguiente:

Único Medio: Violación e inobservancia a mandato estricto y expreso contenido en el ordinal segundo de la sentencia de fecha 21 de mayo de 2014, de la Suprema Corte de Justicia. Fallo ultra-petita. Violenta el citado ordinal. (Sentencia manifiestamente infundada)(Sic)”;

H.V., en síntesis, que:

1. La Corte A-qua falló ultra – petita, violentando el mandato expreso para

el cual fue apoderada por la Suprema Corte de Justicia.

2. La Corte A-qua fue apoderada estrictamente respecto al recibo que

consta en el expediente y que el imputado alega ser prueba, de abono al

monto del cheque objeto de la litis de que se trata; sin embargo, la Corte

A-qua modifica aspectos de la sentencia que no son parte del mandato

expreso de la Suprema Corte de Justicia, y exime al imputado del pago

de la multa de RD$250,000.00, y suspende la pena impuesta; Rte.: L.R.O.L..

Considerando: que la Corte A-qua para fallar como lo hizo, estableció en

sus motivaciones que:

“1. (…) Que para dictar sentencia condenatoria el Juez de primer grado deja establecido en la sentencia recurrida lo siguiente: HECHOS FIJADOS POR EL TRIBUNAL. 9. Después de la valoración individualmente de los medios de prueba, este tribunal las ha valorado de manera conjunta y armónica y puede colegir por medio de las mismas que los hechos que se han demostrado el día de hoy ante el plenario son los siguientes: El día 05 de mayo del año 2010, el señor E.R.R., emitió a favor del señor L.R.O.L., EL CHEQUE No. 00207, del Banco BHD, ubicado en la Av. M.T.S. esquina calle 27 de Febrero (Antigua Colón) de esta ciudad de Nagua, provincia M.T.S., por un monto de doscientos setenta y cinco mil (RD$275,000.00) pesos, lo que se demostró por medio del cheque No. 00207; que dicho cheque no tenía provisión de fondos para su pago, según acto de protesto de fecha 02 de junio del 2010; que el señor E.R.R. actuó de mala fe, al ser notificado de la falta de fondos para pagar cheque y no hizo la provisión de los mismos en el plazo otorgado a esos fines, lo que se demostró con el Acto de Comprobación de fondos de fecha 07 de junio del 2010. BASE LEGAL. 10. Que los hechos descritos precedentemente constituyen el delito de emisión de mala fe fe de cheques sin fondos, previsto y sancionado en el artículo 66 de la ley 2859, sobre Cheque, el que estable lo siguiente: Artículo 66: Se castigará con las penas de la estafa, establecidas por el artículo 405 del Código Penal, sin que la multa pueda ser inferior al monto del cheque o de la insuficiencia de provisión: a) El remitir de mala fe un cheque sin provisión previa y disponible, o con provisión inferior al importe del cheque, o cuando después de emitido se haya retirado toda la provisión o parte de ella, o se haya ordenado al librado, sin causa justificada, no efectuar el pago. Se reputará siempre mala fe el hecho del librador que, después de notificado por el interesado de la no existencia o de la insuficiencia de la provisión o de su retiro, no la haya puesto, completado o repuesto más tardar dentro de los dos días hábiles que sigan a dicha notificación; b) El aceptar, a sabiendas, un cheque emitido en las Rte.: L.R.O.L..

fraudulentamente en el caso del artículo 35, penúltimo acápite, se hagan figurar como herederos o sucesores del propietario fallecido de cheque sin tener calidad para sucederle, o que afirmen se los únicos herederos o sucesores a pesar de tener conocimiento de alguno que no figure en el acta, o que toleren a sabiendas que figuren como herederos o sucesos personas que tienen esa calidad. En caso de reincidencia deberá pronunciarse la suspensión total o parcial de los derechos mencionados en el artículo 42 del Código Penal. Se castigará con la pena de reclusión: d) La alteración fraudulenta o falsificación de un cheque; e) el recibir con conocimiento de ello un cheque así alterado o falsificado. Todas las infracciones de que se trata el presente artículo, se considerarán como delito para determinar si ha habido reincidencia. En caso de procedencia penales contra el librador, el acreedor que haya constituido en parte civil podrá demandar ante los Jueces de la acción pública, una suma igual al importe del cheque, más los daños y perjuicios, si ha lugar, pero si lo prefiere, podrá también demandar en pago de su reclamación ante la Jurisdicción correspondiente. En todos los casos de este artículo será aplicable el artículo 463 del Código Penal respecto de las penas no pecuniarias. 11. El principio de legalidad exige que para que un hecho sea considerado delito el mismo debe estar descrito y sancionado por una ley anterior a la comisión de dichos hechos, además de que el mismo debe de adecuarse exactamente a la descripción de la norma, debiendo tipificarse en el hecho concreto todo los elementos constitutivos descritos en la norma. El artículo 66 de la ley 2859 sobre C., citado precedentemente, establece que se castigará con las penas de estafa El emitir de mala fe un cheque sin provisión previa y disponible. Así las cosas, los hechos tenido como cierto por este tribunal son perfectamente subsumibles en este texto legal, en el sentido de que el ciudadano E.R.R., emitió de la mala fe un cheque a favor del señor L.R.O., sin tener provisión de fondos para su pago, y la mala fe se reputa cuando el imputado es intimado para que haga la provisión de los fondos y no lo hace. Por tales razones este tribunal entiendo que se han reunidos, en este hecho, todos los elementos constitutivos del tipo penal de “emisión de mala fe de un cheque sin provisión de fondos”. DECLARATORIA DE CULPABILIDAD. 12. Que este tribunal, luego de valorar las pruebas y establecer los hechos Rte.: L.R.O.L..

son subsumibles en la norma legal que los tipifica y los sanciona, entiende que la acusación presentada por el señor L.R.O. contra el ciudadano E.R.R., ha roto con la presunción de inocencia que cubría ha dicho imputado, principal que se encuentra establecido en el artículo 14 del Código Procesal Penal, ya que se demostró al tribunal, por las pruebas aportadas, presentadas en él y debatidas en el plenario, que el señor E.R.R. emitió de mala fe un cheque sin estar provisto de fondos, en perjuicio de dicho querellante, por lo que procede declararlo culpable de tales hechos y dictar en su contra sentencia condenatoria, por aplicación del artículo 338 del la normativa procesal penal, en cual establece “se dicta sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para establecer con certeza la responsabilidad penal del imputado”. PENA IMPUESTA. 13. Una vez declarado culpable E.R.R. de emitir de mala fe un cheque sin estar provisto de fondos, es necesario establecer la pena que dicho imputado cumplirá en consecuencia. El artículo 66 de la Ley 2859, sobre C. en nuestro país, sanciona el delito de emitir cheques sin fondo de la siguiente manera: “Se castigará con las penas de la estafa, establecidas por el artículo 405 del código Penal, sin que la multa pueda ser inferior al monto del cheque o de la insuficiencia de la provisión. En ese sentido el artículo 405 del Código Penal indica que los reos de estafa se castigan con penas correccionales de seis (06) meses a dos
(02) años.
El tribunal, al momento de fijar la pena a imponer, debe tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 339 de la Normativa Procesal Penal, y el querellante ha pedido que el imputado sea condenado cumplir la pena de dos (02) de reclusión menor y al pago de la multa en consonancia con las modificaciones hecha en ese sentido por la ley 12-07, del 24 de enero 2007. En la especie entendemos razones aplicar los siguientes criterios, contenido en el artículo 339, ante citado: 1) El efecto futro de la condena en relación al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales de reinserción social; 2) El estado de las cárceles y las condiciones reales de cumplimiento de pena; 3) La gravedad del daño causado en la victima, su familia o la sociedad en general. Tomando en cuenta que, aunque Rte.: L.R.O.L..

cheque más los intereses o daños y perjuicios sufridos por el ilícito, en ese sentido, el daño a la sociedad no es tan grave que ya se trata de un interés puramente privado. Conociendo el estad actual de nuestra cárceles, debemos concluir que una pena de reclusión de dos años, como ha pedido el querellante, resulta excesiva para el presente hecho, además de afectaría la integridad física del imputado, la cual está protegida por su derecho a la dignidad humana. Por tales razones entendemos proceden imponer en contra del señor E.R.R., la pena de seis (06) meses de prisión correccional. En cuanto a la multa solicitada por el abogado del querellante en base a la ley 12-07, del 24 de enero 2007, procede imponerla misma pero no tomando como fundamento esta ley, referida por el querellante, sino la propia ley 2859 sobre C., la que dispone “sin que la multa pueda ser inferior al monto del cheque o de la insuficiencia de la provisión”, y como esta ley especial establece las reglas para la multa debemos tomarla en cuenta, antes que otra norma legal. En virtud de lo antes dicho imponemos en contra del imputado una multa por el mismo monto del valor del cheque objeto de este proceso, es decir, por un monto de doscientos setenta y cinco mil (RD$275,000.00) pesos a favor del Estado Dominicano. 14. De la combinación de los artículos 246 y 249 del Código Procesal Penal, los cuales prescriben el primero, que toda decisión que ponga fin a una persecución decide sobre las costas, y el segundo, que las costas son impuestas al condenado a una pena o medida de seguridad, se colige que procede condenar al pago de las costas penales del proceso al ciudadano E.R.R.. ASPECTO CIVIL. 15. Este tribunal ha sido apoderado para conocer de forma accesoria de la demanda en reparación en daños y perjuicios interpuesta por el querellante señor L.R.O.L., en su calidad de víctima por ser la persona a favor de la cual se emitió el cheque objeto del presente proceso. 16. El artículo 118 de la normativa procesal penal establece que “quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada. El actor civil intervine a través de un abogado y puede hacer se representar además por mandatario con poder especial”. Y el artículo 119 de la misma normativa, establece los siguientes Rte.: L.R.O.L..

representante. Si se trata de personas jurídicas o entes colectivos, la denominación social, el domicilio social y el nombre de quienes la representan legalmente. 2) el nombre y domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo jurídico con el hecho atribuido al imputado; 3) La indicación del proceso a que se refiere; 4) Los motivos en que la acción se fundamenta, con indicación de la calidad que se invoca y el daño cuyo resarcimiento se pretende, aunque no se precise el monto. Al verifica el cumplimiento de estas disposiciones en el presente caso, hemos constatado que el actor civil ha actuado de conformidad con la ley, por lo que procede declarar su constitución en actor civil regular y válida en cuanto a la forma y a continuación se hará el examen de sus pretensiones. 17. Este tribunal ha podido advertir que en este hecho se encuentran reunidos los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, a saber: a) Una falta imputable al demandado, terminada por su inobservancia de la ley al emitir un cheque sin provisión de fondos parara pagarlo; b) Un perjuicio a la persona que reclama reparación, constatado por el daño ocasionado al demandante, en cuyo favor se emitió el cheque constatado por el daño ocasionado al demandante, en cuyo favor se emitió el cheque sin fondos; y c) La relación de cusa y efecto entre el daño y la falta, constado por hecho de que el daño sufrido al demandante, al no poder cobrar el monto del cheque, fue causado por el imputado con su hecho delictivo, por no proveer los fondos para el pago de dicho cheque. 18. Según lo establecido en el artículo 1382 del Código Civil, cualquier hecho de un hombre que cause a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo, en tal virtud el imputado E.R.R., está en la obligación de reparar el perjuicio causado por su hecho personal al señor L.R.O.L.. el artículo 345 del Código Procesal Penal Dominicano preceptúa: “Siempre que se haya demostrado la existencia del daño y la responsabilidad civil, cuando se ejerce la acción civil accesoria a la penal, la sentencia fija además la reparación de los daños y perjuicios causados y la forma en que deben ser satisfechas las respetivas obligaciones”. Siendo la apreciación del año a las víctimas de las facultades de las cuales están investidos los jueces, siempre y cuando tenga el cuidado de caer en una desnaturalización de los hechos a una falsa apreciación de los mismos. Por tales razones, al quedar Rte.: L.R.O.L..

causa, por su hecho personal procede condenarlo a pagar una indemnización al demandante, cuyo monto será indicado en el dispositivo de esta decisión, como consecuencia de los daños y perjuicios morales sufridos por el mismo. 19. El artículo 66 de la ley 2859, sobre C., el que establece que “En caso de procedimientos penales contra el librador, el acreedor que se haya constituido en parte civil podrá demandar ante los jueces de la acción pública, una suma igual al importe del cheque, más los daños y perjuicios, si ha lugar, pero si lo prefiere, podrá también demandar en pago de su reclamación ante la jurisdicción correspondiente. En todos los casos de este artículo será aplicable de este texto legal procede que, tal como lo ha solicitado el querellante, quien se constituyó en parte civil en este proceso, que el señor E.R.R. sea condenado también al pago de una suma de dinero equivalente al importe del cheque, como pago del mismo. 20. Las costas civiles son impuestas a la parte vencida, las mismas serán distraídas a favor y provecho de los abogado concluyentes quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad o en su mayor parte, por aplicación de los artículos 130 y 133 del Código del Procedimiento Civil de la República Dominicana, por lo que procede en este caso condenar al imputado al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción a favor del Dr. ÁNGEL R.S.C., concluyente en la barra del querellante y actor civil, y quien manifiesta en sus conclusiones que las había avanzado en su mayor parte”;

2. Que al dictar la Suprema Corte de Justicia su decisión casando la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, estableció lo siguiente: “Que en las circunstancias procesales descritas hay lugar no solo a admitir como regular y válido el recurso de casación en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, sino también a declarar que el envío que se dispone está dirigido a que la Corte de envío proceda examinar el recibo firmado por el Dr. Á.R.S.C., representante legal del querellante L.R.O.L., de fecha 12 de julio del 2010, en el cual consta un pago efectuado por el imputado E.R.R., por la suma de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), y a estatuir con relación al mismo”; Rte.: L.R.O.L..

3. Que al proceder la Corte al análisis de la sentencia impugnada, tal como lo invoca el recurrente en el medio relativo a la inobservancia de la ley o errónea aplicación de una norma jurídica, acogido por la Corte para la solución del caso, se evidencia que a las pruebas aportadas por la defensa, que fueron analizadas por el tribunal a-quo para llegar a su conclusión de condena del recurrente, no se le dio el verdadero alcance probatorio, pues de esas pruebas se desprende que existe un recibo como abono del cheque objeto de la acusación por la suma de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00), del cual el abogado de la parte recurrida ha expresado tener total conocimiento, y reconocer haberlo recibido. Que ante este medio planteado por la defensa, ante lo decidido por la Suprema Corte de Justicia en este caso, estima esta Sala de la Corte que resulta obvio que en la especie debe descontarse la suma entregada por el imputado del monto del cheque emitido, como forma de solucionar el conflicto;

4. Que, siendo el cheque un instrumento de pago con efectos penales cuando el mismo sea protestado por carencia de fondos, resulta conforme la norma la sentencia emitida en primer grado que retiene responsabilidad penal contra el recurrente, pues, conforme la norma procesal penal, los procesos de acción penal privada, cuya conciliación procede en cualquier estado de causa, no se detienen cuando se incumple lo acordado. En ese tenor, esta alzada deja sentado que el abono que reconoce la parte querellante ha realizado el imputado no desvirtúa la esencia del cheque mismo ni le desprovee de su carácter penal;

5. Que el efecto limitado del apoderamiento por envío que hace la Suprema Corte de Justicia hace posible, al entendido de esta alzada, que el monto así recibido por el querellante y actor civil sea descontado del monto a restituir. Sin embargo, por el alcance del recurso, y por el efecto de cosa juzgada que sobre algunos aspectos favorecieron al recurrente en casación en dos oportunidades, y para que el recurrente no sea perjudicado por el ejercicio de sus propios recursos, esta alzada procede a suspender la prisión dictada contra el recurrente y a reducir la indemnización acordada por el a-quo a la suma de Veinticinco Mil Pesos (RD$25,000.00), pues los mismos no fueron recurridos en su Rte.: L.R.O.L..

Que, del mismo modo, por efecto de su recurso de apelación, esta alzada, en procura de la solución del conflicto aplica el perdón judicial respecto de la multa de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (RD$275,000.00) a la que fue condenado el recurrente;

6. Que aún cuando esta Corte está conteste en que la sentencia en su aspecto penal y civil es correcta cuando establece la falta penal a cargo del imputado recurrente, entiende que en la especie procede acoger lo establecido en el artículo 340.5 del Código Procesal Penal sobre el perdón judicial de la pena a favor del imputado E.R.R., en cuanto respecta a la multa impuesta, y ordenar la suspensión de la pena privativa de libertad de seis (6) meses impuesta por el tribunal de primer grado, bajo las condiciones que se indicarán en la parte dispositiva de la presente decisión, así como procede a acoger la reducción de la restitución del cheque para que sea por la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS DOMINICANOS(RD$225,000.00), aplicando el abono reconocido, y también establece la reducción de la indemnización a la suma de veinticinco mil pesos dominicanos (RD$25,000.00), aspecto que aplica la Corte aún cuando el imputado recurrente no lo solicita, por lo reseñado anteriormente (Sic)”;

Considerando: que contrario a lo alegado por el recurrente, de la lectura de

la decisión se comprueba que la Corte A-qua instrumentó su decisión basada en el

mandato formulado por Las Salas Reunidas de esta Suprema Corte de Justicia, dando

una respuesta ajustada a los hechos y al derecho;

Considerando: que la Corte A-qua señala en su decisión que a las pruebas

aportadas por la defensa, analizadas por el tribunal a-quo para llegar a su conclusión

de condena del recurrente, no se le dio el verdadero alcance probatorio, pues de esas

pruebas se desprende que existe un recibo como abono del cheque objeto de la Rte.: L.R.O.L..

la parte querellante ha expresado tener total conocimiento, y reconocer haberlo

recibido; considerando dicha Corte A-qua que, resulta obvio que en el caso debe

descontarse la suma entregada por el imputado del monto del cheque emitido;

Considerando: que igualmente, establece la Corte A-qua en su decisión que,

siendo el cheque un instrumento de pago con efectos penales, cuando el mismo sea

protestado por carencia de fondos, resulta conforme la norma la sentencia emitida en

primer grado que retiene responsabilidad penal contra el recurrente, pues, conforme

la norma procesal penal, los procesos de acción penal privada, cuya conciliación

procede en cualquier estado de causa, no se detienen cuando se incumple lo

acordado; que en este sentido, la Corte A-qua considera que el abono que reconoce la

parte querellante que ha realizado el imputado, no desvirtúa la esencia del cheque

mismo ni le exime de su carácter penal;

Considerando: que la Corte A-qua considera que el efecto limitado del

apoderamiento por envío que hace la Suprema Corte de Justicia hace posible que el

monto así recibido por el querellante y actor civil sea descontado del monto a

restituir; estableciendo la Corte A-qua que sin embargo, por el alcance del recurso, y

por el efecto de cosa juzgada que sobre algunos aspectos favorecieron al recurrente en

casación en dos oportunidades, y para que el recurrente no sea perjudicado por el

ejercicio de sus propios recursos, esta alzada procede a suspender la prisión dictada

contra el recurrente y a reducir la indemnización acordada por el tribunal a-quo a la

suma de Veinticinco Mil Pesos (RD$25,000.00), aspecto que no fue recurrido en su

oportunidad por la parte querellante; Rte.: L.R.O.L..

recurso de apelación incoado, en procura de la solución del conflicto aplica el perdón

judicial respecto de la multa de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$275,000.00)

a que fue condenado el recurrente;

Considerando: la Corte A-qua establece en su decisión igualmente que, aún

bajo el entendido de que la sentencia en su aspecto penal y civil es correcta cuando

establece la falta penal a cargo del imputado, considera que en el caso procede acoger

las disposiciones establecidas en el Artículo 340.5 del Código Procesal Penal relativo

al perdón judicial (grado de insignificancia social del daño provocado), a favor del

imputado E.R.R. con relación a la multa impuesta, y ordenar la

suspensión de la pena privativa de libertad de seis (6) meses impuesta por el tribunal

de primer grado, bajo ciertas condiciones que se indican en el dispositivo de su

decisión; acogiendo además la reducción de la restitución del cheque para que sea por

la suma de Doscientos Veinticinco Mil Pesos Dominicanos (RD$225,000.00), aplicando

el abono realizado y recibido según recibo firmado por el doctor Ángel Ramón Santos

Cordero, representante legal del querellante, hoy recurrente;

Considerando: que en las circunstancias descritas en las consideraciones

que anteceden, estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia advierten que

no se encuentran en la sentencia impugnada ninguna de las violaciones invocadas

por el recurrente, como tampoco ninguna violación a derechos fundamentales,

habiendo actuado la Corte A-qua apegada al envío ordenado por la Segunda Sala

de esta Suprema Corte de Justicia y ajustada al derecho, por lo que procede

rechazar el recurso de casación de que se trata; Rte.: L.R.O.L..

procede decidir, como al efecto se decide, en el dispositivo de la presente decisión:

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, FALLAN:

PRIMERO:

Rechazan, en cuanto al fondo, el recurso de casación interpuesto por: L.R.O.L., querellante, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 30 de septiembre de 2015;

SEGUNDO:

Condenan al recurrente al pago de las costas;

TERCERO:

Ordenan que la presente decisión sea notificada al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y a las partes.

Así ha sido juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha treinta y uno (31) de marzo de 2016; y leída en la audiencia pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión.

(Firmados).-M.G.M..-Julio C.C.G..-M.
.C.G.B.H.M..-M.O.G.S..-S.I.H.M..- J.A.C.A..-F.E.S.S..-A.A.M.S.E.A.C.C.P.Á..-F.A.O.P..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.