Sentencia nº 325 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Abril de 2016.

Fecha de Resolución: 4 de Abril de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 325

M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 4 de abril de 2016, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., F.E.S.S. e H.R., en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 4 de abril de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre los recursos de casación interpuestos por M.D. de León y S.S.M.G., dominicanos, mayores de edad, ambos unión libre, empleado privado, el primero, y soldador el segundo, no portan cédula de identidad y electoral, domiciliados y residentes en Lo Multi, calle Segunda, frente a la Zona Franca, y el segundo, en la calle M.G. núm. 19, V.O., S.P. de Macorís, imputados, contra la sentencia núm. 622-2012, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 21 de septiembre de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Licdo. R.R. por sí y por la Licda. A.M.R., defensores públicos, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 2 del mes de noviembre de 2015, en nombre y representación de los imputados recurrentes M.D. de León y S.S.M.G.;

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. I.H. de V.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Licda. A.M.R., defensora pública, en representación del recurrente M.D. de León, depositado el 5 de octubre de 2012, en la secretaría General de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. B.C.P., defensora pública, en representación del recurrente S.S.M.G., depositado el 18 de octubre de 2012, en la secretaría General de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 3068-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 17 de agosto de 2015, la cual declaró admisible los recursos de casación interpuestos M.D. de León y S.S.M.G., y fijó audiencia para conocerlos el 2 de noviembre de 2015;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, vistos la Constitución de la República, los Tratados Internacionales, que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Resulta, que el 15 de abril de 2011, la Licda. K.C., F. de S.P. de Macorís, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio, en contra de los imputados M.D. de León y S.S.M.G., por presunta violación a las disposiciones de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, y 396 de la Ley 136-03, en perjuicio de las menores de edad P.O.R. y C.P.P.;

Resulta, que el 7 de junio de 2011, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, mediante Auto núm. 101-2011, dictó apertura a juicio en contra de los imputados M.D. de León y S.S.M.G., por presunta violación a las disposiciones de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, y 396 de la Ley 136-03, en perjuicio de las menores de edad P.O.R., representada por la señora C.R.R., y C.P.P. representada por los señores B.P.S. y M.B.P.;

Resulta, que fue apoderado para el conocimiento del fondo del asunto, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el cual dictó la sentencia núm. 02-2012, en fecha 11 de enero de 2012, cuyo dispositivo establece lo siguiente:

PRIMERO: Se declara a los señores S.S.M.G., dominicano, unión libre, de 20 años de edad, no porta cédula de identidad y electoral, soldador, residente en la calle M.G., núm.19, V.O., de esta ciudad y M.A.D. de León, dominicano, unión libre, de 19 años de edad, no porta cédula de identidad y electoral, empleado privado, residente en lo M., calle 2da, frente a la Zona Franca, culpables de violación sexual, hecho previsto y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano y artículo 396 letra c de la Ley 136-03, en perjuicio de las menores P.O.R. y C.P.P., en consecuencia, se les condena a cumplir una pena de veinte (20) años de reclusión mayor; SEGUNDO: Se declaran de oficio las costas penales del proceso. La presente sentencia es susceptible del recurso de apelación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura integral y su notificación a las partes, según lo disponen los artículos 416 y 418 del Código Procesal Penal;

Resulta, que dicha decisión fue recurrida en apelación por los imputados, a través de sus defensores públicos, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual dictó la sentencia núm. 622-2012, objeto del presente recurso de casación, el 21 de septiembre de 2012, cuyo dispositivo dispone lo siguiente:

PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos: a) en fecha doce (12) del mes de marzo del año 2012, por la Licda. A.M.R. actuando a nombre y representación del imputado M.A.D. de León; y b) en fecha trece (13) del mes de marzo del año 2012, por la Licda. A.H., en sustitución de la Licda. B.C., actuando a nombre y representación del imputado M.A.D. de León; ambos contra la sentencia núm. 02-2012, de fecha once (11) del mes de enero del año 2012, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Declara las costas de oficio, por los motivos antes expuestos. La presente sentencia es susceptible del recurso de casación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso, según lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal Penal”;

En cuanto al recurso de casación interpuesto por M.D. de León

Considerando, que el recurrente M.D. de León, alega en su recurso de casación los motivos siguientes:

Primer Medio: Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenido en los pactos internacionales en materia de derechos humanos (articulo 425 parte introductoria Código Procesal Penal). La Corte de Apelación no responde ni mínimamente el hecho alegado y demostrado con las propias declaraciones de las señoras C.R. y M.B.P., un reconocimiento ilegal de persona, situación esta que ya viciada el procedimiento y ameritaba la declaración de nulidad del mismo con todas las consecuencias jurídicas, olvidó la Corte también, la situación de testigo meramente referencial de la indicada señora, en el caso que nos ocupa no existe en el legajo de documentos relativo a este proceso constancia alguna de que en la investigación se haya efectuado rueda de reconocimiento de personas, sin embargo la Corte a-qua armoniza criterio con el tribunal de primer grado y dan por sentado, correcto y cierto que las menores reconocieron a los imputados al verlo con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, como la persona que llevó a cabo los mismos, esto sin embargo no constituye una rueda de reconocimiento de persona en los términos del citado artículo 218 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: Inobservancia o errónea aplicación de disipaciones de orden constitucional (artículo 426 del Código Procesal Penal), específicamente al principio In dubio pro-reo (articulo 25 Código Procesal Penal) e inobservancia al principio de constitucionalidad de presunción. Indica el recurrente en este medio: La Corte a-qua sigue sin tomar en cuenta los vicio denunciados pese a que son tan evidentes, pues, establece que los testimonios de las señora C.R. y M.B.P., fueron valorados por los jueces del tribunal de grado, por no valorarse en los testigos ninguna animadversión en contra de los imputados que la llevara a mentir. Así como la coherencia de los mismos en cuanto a lo relatado entre ellas en ocasión a lo referido por los niños y el comportamiento de estos posterior a los hechos punibles. Que la Corte sigue ignorando al igual que el Tribunal de Primer Grado que los elementos de pruebas presentados por la parte acusadora fueron insuficientes para establecer la responsabilidad penal de nuestro representado fuera de toda duda razonable, primero fueron escuchados dos testimonios referenciales y un tercero que tampoco tiene conocimiento de los hechos. Que además de ser referenciales los testimonios escuchados en el juicio los mismos arrojan serias dudas respecto a lo declarado, pues la primera testigo M.B., que es el testimonio con el que se pretende vincular al imputado M.D. de León, con los hechos establecidos que todo lo que se sabe se lo contó su hija al día siguiente de los hechos ….que ella (la testigo ) se encontraba en la iglesia (ver párrafo I y II de las declaraciones Pág. 15 de la sentencia de primer grado, con esas declaraciones se establece que este es un testimonio eminentemente referencial. La corte no responde el aspecto que reseña que los testimonios escuchados fueron eminentemente referenciales, con lo que cae en el vicio de falta de fundamentación y motivación de la decisión impugnada. La Corte solo se limita a decir que los testimonios fueron bien valorados sin tomar en cuenta las dudas que arroja el testimonio de la testigo y la víctima, señora C.R. madre de la menor PDO. La Corte no refirió nada en absoluto con relación a la valoración dada por el tribunal de primer grado en cuanto al testimonio de N.B.; Tercer Medio: Inobservancia aplicación de disposiciones de orden constitucional (artículo 426 del Código Procesal Penal) específicamente omisión frente a una lesión al principio de igualdad. Resulta que al momento del Tribunal valorar el indicado informe psicológico se limitó a establecer que no se le otorgó ningún valor probatorio por tratarse de un manuscrito y en copia dejando en el olvido el hecho de que el ministerio publico se negó a presentar el original y que el tribunal estableció que no podía obligarlo, criterio con el que se identificó la Corte a-qua, pues al respecto estableció “que si la defensa técnica del imputado recurrente entendía que el informe sociológico practicado a la menor C.P.P., constituía un medio para su defensa debió haberlo aportado en el plazo establecido en el articulo 305 Código Procesal Penal, que si dicho informe fue propuesto por el representante del ministerio público, en fotocopias no en original en ningún momento puede obligar al acusador a presentar su prueba en original, que el deber del juzgador no es otorgarle ningún valor. La Corte leyó entre línea el recurso de apelación que nos ocupa en el cual detallamos la situación del informe que había sido acreditado en el auto de apertura a juicio como una prueba por la defensa y que el original siempre estuvo en manos del ministerio público, por ser el órgano que lo produjo, pero nunca presentó el original en juicio, la Corte a-qua rectifica la indefensión a la que fue sometido el imputado, al confirmar y corroborar los argumentos del tribunal de Primer grado; Cuarto Medio: sentencia manifiestamente infundada (artículo 426.3) concretamente el tribunal no ofrece motivos lógicos y suficientes que sustenten la drástica sentencia que dicto (Art. 24 del Código Procesal Penal). Resulta que la Corte no se refiere al hecho de que el tribunal de primer grado no se relata, ni motiva al aspecto que la testigo dice que los infractores tenían aretes y piercing, y que estaba oscuro el lugar donde ocurrió el hecho, y que los autores de los mismo estaban encapuchados. El tribunal de primer grado y la Corte a-quo establecen que en los testimonios no se nota que las testigos tenga algún tipo de animadversión en contra de los imputados que las lleva a mentir, pues al identificar los imputado en la sala de audiencia han dicho que no lo conocían ante de la ocurrencia de los hechos, que pudiere apreciarse como un motivo que la llevara a mentir para incriminarlos, sin embargo dejar de lado el tribunal que se trata de un testimonio interesado y la existencia de un hechos grave donde las víctimas buscan un culpable. Resulta que el tribunal a-quo no ofrece las razones por las que concluye como lo ha hecho y que sus conclusiones no sean fruto de un análisis deductivo lógico fruto de un proceso intelectivo coherente, significa que ha incurrido en una falta de motivación e ilogicidad manifiesta en los conatos de motivación que contiene la decisión y como sabemos la motivación suficiente y lógica de las decisiones judiciales es una obligación constitucional impuesta al Juez para cumplir efectivamente con la tutela judicial efectiva que consiste en obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso; Quinto Medio: Sentencia manifiestamente infundada en lo referente a la valoración del artículo 339 del Código Procesal Penal, en virtud de lo establecido en el artículo 426.3, del Código Procesal Penal, la corte a-quo reiteró el mismo error que el tribunal de primer grado pues estableció “que en cuanto a los criterios para la determinación de la pena, este tribunal entiende que es la más razonable y justa, por tratarse de un hecho grave, por la edad de las víctimas, por el daño causado a estas por encima de las condiciones que deben ser tomadas en cuenta a favor del imputado. El tribunal a-quo deja de lado que no porque existe un hecho grave no quiere decir que nuestro representado sea autor de los mismos, máxime en este caso de la especies en el que han quedado evidenciadas tantas dudas razonables.