Sentencia nº 335 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Mayo de 2017.

Fecha de Resolución: 3 de Mayo de 2017
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 3 de mayo de 2017

Sentencia núm. 335

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 03 de mayo de 2017, que dice:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán

Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro Adolfo Moscoso

Segarra y F.E.S.S., asistidos del secretario de estrados, en

la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de

G., Distrito Nacional, hoy 3 de mayo de 2017, años 174° de la

Independencia y 154° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como

Corte de Casación, la siguiente sentencia;

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ó.P., dominicano,

mayor de edad, mecánico, portador de la cédula de identidad y electoral

núm. 224-0077230-1, domiciliado y residente en la calle J.R., núm. 53,

sector de Hato Nuevo, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste; Joel Rafael

Miliano Rodríguez, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la

cédula de identidad y electoral núm. 402-2542918-8, domiciliado y residente Fecha: 3 de mayo de 2017

en la calle Principal, núm. 54, H.N., Manoguayabo, Santo Domingo

Oeste; L.M.E.P., dominicano, mayor de edad, soltero,

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 224-0079747-2,

domiciliado y residente en la calle H.N., núm. 26, Manoguayabo,

Santo Domingo Oeste; imputados, contra la sentencia núm. 43-2016 dictada

por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito

Nacional el 14 de abril de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la Licda. A.A.J.T., por sí y por el Lic.

R.C.L., defensores públicos, en representación del

recurrente Ó.P., en sus conclusiones;

Oído al Lic. P.J., en representación de los recurrentes Joel

Rafael Miliano Rodríguez y L.M.E.P., en sus

conclusiones;

Oído al Lic. L.C., por sí y por los Licdos. G.B.,

L.D. y el Dr. M.U.B.V., en representación de la

parte recurrida S.C.P., en sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; Fecha: 3 de mayo de 2017

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Roberto C. Clemente

Ledesma, defensor público, en representación del recurrente Ó.P.,

depositado el 13 de mayo de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua,

mediante el cual interpone su recurso de casación;

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. P.J. y

C.G., en representación del recurrente Joel Rafael Miliano

Rodríguez, depositado el 13 de mayo de 2016, en la secretaría de la Corte aqua, mediante el cual interpone su recurso de casación;

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. P.J. y

C.G., en representación del recurrente Luis Manuel Estévez

Ponciano, depositado el 13 de mayo de 2016, en la secretaría de la Corte aqua, mediante el cual interpone su recurso de casación;

Visto la resolución de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

del 17 de octubre de 2016, la cual declaró admisibles los recursos de casación

citados precedentemente, y fijó audiencia para conocerlos el día 14 de

diciembre de 2016;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgánica de la Suprema

Corte de Justicia, modificada por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011; Fecha: 3 de mayo de 2017

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 425, 426 y 427 del

Código Procesal Penal, modificados por la Ley 10-15; la Resolución núm.

3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de

2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que

en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. el 15 de mayo de 2014, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional,

    presentó formal acusación en contra de los imputados Ó.P. (a) Yendel,

    L.M.E.P. (a) Macuto o A. y Joel Rafael Miliano

    Rodríguez (a) P., por presunta violación a los artículos 265, 266, 379, 382,

    385, 295, 304 y 296 del Código Penal Dominicano; 50 y 56 de la Ley 36, sobre

    Comercio, P. y Tenencia de Armas;

  2. el 30 de mayo de 2014, la señora S.C.P., querellante,

    constituida en actor civil, presentó acusación particular o subsidiaria respecto

    de la acusación presentada por el Ministerio Público, en contra de los

    imputados Ó.P., L.M.E.P. y Joel Rafael Miliano

    Rodríguez, por presunta violación a los artículos 265, 266, 379, 382, 385, 295,

    304 y 296 del Código Penal Dominicano, y los artículos 50 y 56 de la Ley núm. Fecha: 3 de mayo de 2017

    36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, 1 y 2 de la Ley 583, sobre

    S.;

  3. el 5 de septiembre de 2014, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del

    Distrito Nacional, emitió la resolución núm. 758-2014, mediante la cual

    admitió acusación pública, y la particular presentada respectivamente por el

    Ministerio Público y la señora S.C.P., y ordenó auto de

    apertura a juicio para que los imputados Ó.P. (a) Yandel, Joel Rafael

    Milian Rodríguez (a) Pateo y L.M.E.P. (a) Macuto, sean

    juzgados por presunta violación a los artículos 265, 266, 379, 382, 385, 295,

    296, 304 del Código Penal Dominicano, y los artículos 50 y 56 de la Ley núm.

    36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas;

  4. en virtud de la indicada resolución, resultó apoderado el Segundo

    Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del

    Distrito Nacional, el cual dictó sentencia núm. 253-2015 el 10 de julio de 2015,

    cuyo dispositivo se copiará más adelante;

  5. que con motivo de los recursos de alzada interpuestos por: a) Luis

    Manuel Estévez Ponciano, b) J.R.M.R. y c) Ó.P.,

    intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Primera Sala de la Fecha: 3 de mayo de 2017

    Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de abril de

    2016 y su dispositivo es el siguiente:

    “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos por los imputados: 1) L.M.E.P., a través de sus representantes legales, Licdos. P.J. y C.G., incoado en fecha dos (2) de octubre del año dos mil quince (2015);
    2) J.R.M.R., a través de sus representantes legales, Licdos. P.J. y C.G., incoado en fecha dos (2) de octubre del año dos mil quince (2015); 3) Ó.P., a través de su representante legal, L.. R.C.C.L., defensor público, incoado en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil quince (2015), apelaciones, contra la sentencia núm. 253-2015, de fecha diez (10) de julio del año dos mil quince (2015), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: ´En Cuanto a la culpabilidad.
    Primero: Declara culpable a Ó.P., de generales que constan, de violar las disposiciones contenida en los artículos 265, 266, 379, 382, 385, 295, 296 y 304 del Código Penal, 50 y 56 de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de C.I.N.C. y el Estado dominicano, artículos que tipifican y sancionan los ilícitos penales de asociación de malhechores, robo con violencia, por dos o más personas, de noche y asesinato, así como porte ilegal de arma blanca; Segundo: Declara culpables a J.R.M.R. y L.M.E.P., de generales que constan, de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 382, 385, 295 y 304 del Código Penal, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de C.I.N.C., artículos estos que tipifican el sancionan los ilícitos penales Fecha: 3 de mayo de 2017

    de asociación de malhechores, robo con violencia, por dos o más personas, de noche y asesinato; Tercero: Se le informa a las partes que en virtud del artículo 349 del Código Procesal Penal, tienen la opción de realizar los informes que establece el artículo 351 del mismo texto legal; Cuarto: Se fija para el día cinco de agosto del año en curso a las 11:00 horas de la mañana la audiencia para conocer el juicio sobre la pena en contra de Ó.P., J.R.M.R. y L.M.E.P., quedando citados para la fecha antes indicada las partes presentes y representadas. En cuanto a la pena; Quinto: Condena a Ó.P., J.R.M.R. y L.M.E.P. a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de S.P. de Macorís; Sexto. Condena a J.R.M.R. y L.M.E. al pago de las costas penales del proceso; Séptimo: E. a Ó.P. del pago de las costas penales, por haberlo solicitado así el ministerio público; Octavo: Ordena la confiscación a favor del Estado dominicano del cuchillo de 15 pulgadas de largo; Noveno: Ordena la devolución a la entidad emisora de las tarjetas de crédito a nombre de C.I.N.C., del Banco del Progreso, Scotianbank, American Express, Club Sirena e Ikea Family; Décimo: Ordena la devolución de celular marca Nokia a Ó.P.; Décimo Primero: Ordena la devolución de un par de tenis color azul con mamey, un jacket blanco a la señora Servilia Cubas en calidad de madre del occiso C.I.N.C.; Décimo Segundo: Difiere la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 4 de septiembre del año en curso, a las 10:00 horas de la mañana, quedando citados para la fecha antes indicada las partes presentes y representadas; Décimo Tercero: La presente lectura íntegra de esta sentencia, así como la entrega de un ejemplar de la misma vale Fecha: 3 de mayo de 2017

    como notificación para las partes´; SEGUNDO: Confirma la sentencia núm. 253-2015, de fecha diez (10) de julio del año dos mil quince (2015), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por las razones expuestas en el cuerpo motivado de la presente decisión; TERCERO: Condena a los imputados J.R.M. y L.M.E.P., al pago de las costas causadas en grado de apelación, con distracción y provecho de los abogados de la parte recurrida el Dr. M.U.B.V. y los Licdos. G.J.B. y L.D., abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: E. al imputado Ó.P., del pago de las costas causadas en grado de apelación, por haber sido asistido por un defensor de la Oficina Nacional de Defensa Pública, conforme lo establece el artículo 28.8 de la ley núm. 277-04; QUINTO: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena correspondiente; SEXTO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala, realizar las notificaciones correspondientes a las partes, quienes quedaron citadas mediante la notificación del auto de prórroga de lectura íntegra núm. 09-2016, de fecha seis (6) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), para el día catorce (14) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), toda vez que la presente sentencia está lista para su entrega a las partes comparecientes y convocadas”;

    Motivo del recurso interpuesto por Ó.P.:

    Considerando, que el recurrente O.P., por medio de sus

    abogados, propone contra la sentencia impugnada el siguiente medio:

    “Único Medio: sentencia manifiestamente infundada. Los motivos Fecha: 3 de mayo de 2017

    dados por la Corte ante los reclamos realizados por el recurrente resultan ser insuficientes y contradictorios entre sí. En principio establece la Corte a qua de manera solidaria con el recurrente que ciertamente pudo constatar que en la acusación formulada por el acusador público a la cual se adhirió el acusador privado no se relatan hechos que lleven al traste con los tipos penales de asesinato y asociación de malhechores por no existir concierto previo para la realización de los hechos, pero “que la narrativa completa del contenido de la acusación se fija la naturaleza de las imputaciones y de los tipos penales”; sin establecer en cual parte de los hechos narrados en la acusación se fijan los tipos penales alegados, lo cual no desvirtúa el medio propuesto por el recurrente, más aun cuando de la acusación del Ministerio Público se puede extraer que no existió la intención de acusar por los tipos penales de asesinato y de asociación de malhechores, ya que los tipos penales son la consecuencia de la subsunción de los hechos y el derecho y de no existir hechos que ameriten determinados tipos penales estos no podrían ser imputado por el juzgador, se puede advertir a simple vista la inconsistencia de estos tipos penales con los hechos narrados en la acusación, lo cual no solo deviene en violación al principio de correlación entre la acusación y la sentencia, sino que también violenta el principio de formulación precisa de cargos, ya que no se realizó un proceso de subsunción adecuado y violación al derecho de defensa del imputado que se le acusa de un hecho y en el juicio se le agrava su situación. El vicio que se está denunciando de igual forma fue evidenciando por la Corte de marras al establecer lo siguiente: “que la correlación entre la acusación y la sentencia de la decisión recurrida se produjo, no solo por la acusación que hizo el acusador, a la cual se adhirió el querellante y actor civil, sino que fue el resultado de la subsunción de los hechos que hicieron los juzgadores, como garantía de que el debido proceso…”, que tal y Fecha: 3 de mayo de 2017

    como dice la Corte, el juzgador realizó el proceso de subsunción de manera errada, ya que para observar los hechos a definir como no controvertidos debió observar únicamente la acusación presentada, ya que si no se puede demostrar la acusación planteada lo que corresponde es una sentencia absolutoria por no haberse demostrado la acusación y si por el contrario resultare un hecho que agrave la condición del imputado en el proceso entonces amerita una advertencia al imputado para adecuar sus medios de defensa a la luz de lo establecido en el artículo 322 del Código Procesal Penal, lo cual no ocurrió, por lo tanto se hace más que evidente que la sentencia emitida por la Corte a qua resulta manifiestamente infundada. En cuanto a la violación de los criterios para la determinación de la pena y el principio de reinserción social. La Corte al fundamentar el rechazo a este medio incurre en falta de motivación por no estatuir, ya que establece una motivación superficial respecto a la violación a los criterios para la determinación de la pena, pero obvia referirse al principio de reinserción social reclamado, violentando lo establecido en el artículo 40.16 de la Constitución Dominicana, lo cual indica que la pena no es un medio de venganza y sufrimiento de la sociedad contra el individuo, sino mas bien que se enmarca dentro de un tratamiento en el cual el individuo es orientado o reeducado para que aparte conductas inadecuadas de su personalidad, de hecho el nuevo modelo penitenciario procurándose este fin hace llamar a los reclusos internos, ya que la prisión de observa como un tratamiento. Por esto es que entendemos que dentro de los parámetros establecidos para la imposición de la pena y la real calificación jurídica, la pena sugerida para el señor O.P. es de cinco (5) años, con la condición de que termine sus estudios secundarios y realice una carrera universitaria, que sería el tiempo justo y necesario para reeducarlo y reinsertarlo de manera positiva Fecha: 3 de mayo de 2017

    en la sociedad, de conformidad a los establecido en el artículo 40.16 de la Constitución Dominicana”;

    Motivo del recurso interpuesto por J.R.M.R.:

    Considerando, que el recurrente J.R.M.R., por

    medio de sus abogados, propone contra la sentencia impugnada el siguiente

    medio:

    “Único Medio: sentencia manifiestamente infundada. Los motivos dados por la Corte ante los reclamos realizados por el recurrente resultan ser insuficientes y contradictorios entre sí. En principio establece la Corte a qua de manera solidaria con el recurrente que ciertamente pudo constatar que en la acusación formulada por el acusador público a la cual se adhirió el acusador privado no se relatan hechos que lleven al traste con los tipos penales de asesinato y asociación de malhechores por no existir concierto previo para la realización de los hechos, pero “que la narrativa completa del contenido de la acusación se fija la naturaleza de las imputaciones y de los tipos penales”; sin establecer en cual parte de los hechos narrados en la acusación se fijan los tipos penales alegados, lo cual no desvirtúa el medio propuesto por el recurrente, más aun cuando de la acusación del Ministerio Público se puede extraer que no existió la intención de acusar por los tipos penales de asesinato y de asociación de malhechores, ya que los tipos penales son la consecuencia de la subsunción de los hechos y el derecho y de no existir hechos que ameriten determinados tipos penales estos no podrían ser imputado por el juzgador, se puede advertir a simple vista la inconsistencia de estos tipos penales con los hechos narrados en la acusación, lo cual no solo deviene en violación al Fecha: 3 de mayo de 2017

    principio de correlación entre la acusación y la sentencia, sino que también violenta el principio de formulación precisa de cargos, ya que no se realizó un proceso de subsunción adecuado y violación al derecho de defensa del imputado que se le acusa de un hecho y en el juicio se le agrava su situación. El vicio que se está denunciando de igual forma fue evidenciando por la Corte de marras al establecer lo siguiente: “que la correlación entre la acusación y la sentencia de la sedición recurrida se produjo, no solo por la acusación que hizo el acusador, a la cual se adhirió el querellante y actor civil, sino que fue el resultado de la subsunción de los hechos que hicieron los juzgadores, como garantía de que el debido proceso…”, que tal y como dice la Corte, el juzgador realizó el proceso de subsunción de manera errada, ya que para observar los hechos a definir como no controvertidos debió observar únicamente la acusación presentada, ya que si no se puede demostrar la acusación planteada lo que corresponde es una sentencia absolutoria por no haberse demostrado la acusación y si por el contrario resultare un hecho que agrave la condición del imputado en el proceso entonces amerita una advertencia al imputado para adecuar sus medios de defensa a la luz de lo establecido en el artículo 322 del Código Procesal Penal, lo cual no ocurrió, por lo tanto se hace más que evidente que la sentencia emitida por la Corte a qua resulta manifiestamente infundada. En cuanto a la violación de los criterios para la determinación de la pena y el principio de reinserción social. La Corte al fundamentar el rechazo a este medio incurre en falta de motivación por no estatuir, ya que establece una motivación superficial respecto a la violación a los criterios para la determinación de la pena, pero obvia referirse al principio de reinserción social reclamado, violentando lo establecido en el artículo 40.16 de la Constitución Dominicana, lo cual indica que la pena no es un medio de venganza y sufrimiento de la sociedad Fecha: 3 de mayo de 2017

    contra el individuo, sino mas bien que se enmarca dentro de un tratamiento en el cual el individuo es orientado o reeducado para que aparte conductas inadecuadas de su personalidad, de hecho el nuevo modelo penitenciario procurándose este fin hace llamar a los reclusos internos, ya que la prisión de observa como un tratamiento. Por esto es que entendemos que dentro de los parámetros establecidos para la imposición de la pena y la real calificación jurídica, la pena sugerida para el señor J.R.M. es de cinco (5) años, con la condición de que termine sus estudios secundarios y realice una carrera universitaria, que sería el tiempo justo y necesario para reeducarlo y reinsertarlo de manera positiva en la sociedad, de conformidad a los establecido en el artículo 40.16 de la Constitución Dominicana”;

    Motivo del recurso interpuesto por L.M.E.P.:

    Considerando, que el recurrente L.M.E.P., por

    medio de sus abogados, propone contra la sentencia impugnada el siguiente

    medio:

    “Único Medio: sentencia manifiestamente infundada. Los motivos dados por la Corte ante los reclamos realizados por el recurrente resultan ser insuficientes y contradictorios entre sí. En principio establece la Corte a qua de manera solidaria con el recurrente que ciertamente pudo constatar que en la acusación formulada por el acusador público a la cual se adhirió el acusador privado no se relatan hechos que lleven al traste con los tipos penales de asesinato y asociación de malhechores por no existir concierto previo para la realización de los hechos, pero “que la narrativa completa del Fecha: 3 de mayo de 2017

    contenido de la acusación se fija la naturaleza de las imputaciones y de los tipos penales”; sin establecer en cual parte de los hechos narrados en la acusación se fijan los tipos penales alegados, lo cual no desvirtúa el medio propuesto por el recurrente, más aun cuando de la acusación del Ministerio Público se puede extraer que no existió la intención de acusar por los tipos penales de asesinato y de asociación de malhechores, ya que los tipos penales son la consecuencia de la subsunción de los hechos y el derecho y de no existir hechos que ameriten determinados tipos penales estos no podrían ser imputado por el juzgador, se puede advertir a simple vista la inconsistencia de estos tipos penales con los hechos narrados en la acusación, lo cual no solo deviene en violación al principio de correlación entre la acusación y la sentencia, sino que también violenta el principio de formulación precisa de cargos, ya que no se realizó un proceso de subsunción adecuado y violación al derecho de defensa del imputado que se le acusa de un hecho y en el juicio se le agrava su situación. El vicio que se está denunciando de igual forma fue evidenciando por la Corte de marras al establecer lo siguiente: “que la correlación entre la acusación y la sentencia de la sedición recurrida se produjo, no solo por la acusación que hizo el acusador, a la cual se adhirió el querellante y actor civil, sino que fue el resultado de la subsunción de los hechos que hicieron los juzgadores, como garantía de que el debido proceso…”, que tal y como dice la Corte, el juzgador realizó el proceso de subsunción de manera errada, ya que para observar los hechos a definir como no controvertidos debió observar únicamente la acusación presentada, ya que si no se puede demostrar la acusación planteada lo que corresponde es una sentencia absolutoria por no haberse demostrado la acusación y si por el contrario resultare un hecho que agrave la condición del imputado en el proceso entonces amerita una advertencia al imputado para adecuar sus medios de defensa a la luz Fecha: 3 de mayo de 2017

    de lo establecido en el artículo 322 del Código Procesal Penal, lo cual no ocurrió, por lo tanto se hace más que evidente que la sentencia emitida por la Corte a qua resulta manifiestamente infundada. En cuanto a la violación de los criterios para la determinación de la pena y el principio de reinserción social. La Corte al fundamentar el rechazo a este medio incurre en falta de motivación por no estatuir, ya que establece una motivación superficial respecto a la violación a los criterios para la determinación de la pena, pero obvia referirse al principio de reinserción social reclamado, violentando lo establecido en el artículo 40.16 de la Constitución Dominicana, lo cual indica que la pena no es un medio de venganza y sufrimiento de la sociedad contra el individuo, sino mas bien que se enmarca dentro de un tratamiento en el cual el individuo es orientado o reeducado para que aparte conductas inadecuadas de su personalidad, de hecho el nuevo modelo penitenciario procurándose este fin hace llamar a los reclusos internos, ya que la prisión de observa como un tratamiento. Por esto es que entendemos que dentro de los parámetros establecidos para la imposición de la pena y la real calificación jurídica, la pena sugerida para el señor L.M.E.P. es de cinco (5) años, con la condición de que termine sus estudios secundarios y realice una carrera universitaria, que sería el tiempo justo y necesario para reeducarlo y reinsertarlo de manera positiva en la sociedad, de conformidad a los establecido en el artículo 40.16 de la Constitución Dominicana”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

    Considerando, que del contenido del medio planteado por los tres Fecha: 3 de mayo de 2017

    recurrentes supradescritos, esta S. pudo constatar que tanto el medio

    planteado, los aspectos que lo conforman y los fundamentos que lo sostienen,

    son “exactamente los mismos” por lo que serán analizados de manera

    conjunta;

    Considerando, que previo a referirnos al primer aspecto del único

    medio planteado por los recurrentes, estimamos de lugar indicar que los

    recurrentes L.M.E.P. y J.R.M.R., a

    través de sus recursos de apelación no invocaron el vicio al que hemos hecho

    referencia, sino que sus reclamos estuvieron dirigidos a otros aspectos de la

    sentencia, específicamente en lo que concerniente a la valoración de las

    pruebas que fueron tomadas en consideración por los juzgadores para

    establecer la condena pronunciada en su contra, por lo que en cuanto a estos

    imputados se trata de un medio nuevo que no fue impugnado ante el tribunal

    de alzada, sin embargo no sucede lo mismo con el co-imputado Ó.P.,

    ya que dicho reclamo forma parte de los motivos en los cuales fundamentó su

    recurso de apelación, en tal sentido, en cuanto a éste sí procede que esta

    jurisdicción realice el examen correspondiente;

    Considerando, que en cuanto al primer aspecto del medio planteado,

    respecto al Principio de correlación entre acusación y sentencia, del análisis

    de los legajos que conforman la presente fase recursiva, se ha constatado que Fecha: 3 de mayo de 2017

    este aspecto carece de fundamentos en virtud de que el hoy recurrente Óscar

    Pérez fue juzgado y sentenciado conforme a la teoría fáctica y jurídica de

    asociación de malhechores, robo agravado, asesinato y violación a la ley núm.

    36, que regula el comercio, porte y tenencia de armas, por lo que este aspecto

    carece de fundamentos y debe ser rechazado;

    Considerando, que en cuanto al segundo aspecto denunciado por los

    recurrentes sobre la falta de motivación y omisión de estatuir respecto a los

    criterios de determinación de la pena, del análisis de la sentencia impugnada,

    queda evidencia que la Corte a-qua obró de forma correcta al interpretar el

    catálogo de criterios establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal

    para la determinación de las penas;

    Considerando, que en el caso de la especie los hechos comprobados

    por el tribunal a quo conllevan una pena fija, es decir, sin escala; que para la

    variación de la pena era preciso acoger circunstancias atenuantes conforme a

    las disposiciones del artículo 463 del Código Penal, disposición que no era

    aplicable en el caso concreto;

    Considerando, que tal como ha establecido precedentemente esta Sala,

    el catálogo de criterios para la determinación de penas consagrado en el

    artículo 339 del Código Procesal Penal es un parámetro para el juzgador a fin Fecha: 3 de mayo de 2017

    de imponer la pena justa, proporcional y razonable al caso concreto,

    conforme a la escala de penas establecida en la norma sustantiva, por lo que

    en modo alguno estos criterios se imponen al juzgador;

    Considerando, que en virtud de las constataciones descritas

    precedentemente, se verifica que las motivaciones realizadas por la Corte aqua resultan suficientes para sostener una correcta aplicación del derecho,

    razones por las cuales procede rechazar los recursos analizados, de

    conformidad con lo establecido en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal,

    modificados por la Ley 10-15 del 10 de Febrero de 2015.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia;

    FALLA:

    Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por Ó.P., J.R.M.R. y L.M.E.P., contra la sentencia núm. 43-2016, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de abril de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión, en consecuencia, confirma en todas sus partes la decisión recurrida; Fecha: 3 de mayo de 2017

    Segundo: Condena a los recurrentes J.R.M.R. y L.M.E.P. al pago de las costas del procedimiento;

    Tercero: E. al recurrente Ó.P. del pago de las costas del procedimiento, por haber sido asistido por un abogado adscrito a la Defensa Pública;

    Cuarto: Ordena a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.

    (Firmados).-M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que

    figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en

    él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General,

    que certifico.

    -