Sentencia nº 359 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Abril de 2016.

Fecha de Resolución:11 de Abril de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 359

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2016, QUE DICE:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán

Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro Adolfo Moscoso

Segarra y F.E.S.S. asistidos del secretario de estrado, en la Sala

donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G.,

Distrito Nacional, hoy 11 de abril de 2016, años 173° de la Independencia y 153°

la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la

siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por José Francisco Balbuena

Carrasco, dominicano, mayor de edad, soltero, profesor, cédula de identidad y

electoral núm. 065-0001636-2, domiciliado y residente en la calle Ángela del

Rosario núm. 22, del municipio Santa Bárbara de Samaná, imputado, contra la

sentencia núm. 00193/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 7 de

agosto de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. J.P., por sí y en representación de la Licda. Rufina Elvira

Tejada, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de

la parte recurrente, J.F.B.C.;

Oído al Lic. J.B.P.L., conjuntamente con el Lic. Domingo

A.B.R., en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y

representación de la parte recurrida, D.A.B.R. y

Esmeralda Roustand Ribota;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda.

R.E.T., en representación del recurrente José Francisco Balbuena

Carrasco, depositado el 10 de diciembre de 2014, en la secretaría de la Corte aqua, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto el escrito de contestación suscrito por los Licdos. Domingo Alberto

Batista Ramírez y J.B.P.L., actuando en representación de la

parte recurrida D.A.B.R. y Esmeralda Roustand Ribota, depositado el 25 de junio de 2015, en la Secretaría General de la Suprema Corte de

Justicia;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando

audiencia para conocerlo el día 1 de junio de 2015, fecha en la cual fue suspendida

audiencia a fin de que las partes recurridas tomen conocimiento del

expediente, sobre todo del recurso de casación y hagan sus reparos, por lo que la

audiencia fue fijada para el 15 de julio de 2015;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y

242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber

deliberado y vistos los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 70,

393, 394, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal,

modificado por la ley núm. 10-2015 del 10 de febrero de 2015;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en

ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

que en fecha 14 de junio de 2013, el Juzgado de la Instrucción del Distrito

Judicial de Samaná, emitió el auto de apertura a juicio núm. 137/2013, en contra

de J.F.B. (a) P., por la presunta violación a las disposiciones de los artículos 331 del Código Penal Dominicano y los artículos 12,

literales a, b y c de la Ley 136-03, en perjuicio de Esmeralda Roustand Ribota

y D.A.B.R., en representación de la víctima E.D.B.R.;

que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Judicial de M.T.S., Distrito Judicial Samaná, dictó su decisión

núm. 41 el 9 de abril de 2014, , cuya parte dispositiva es la siguiente:

PRIMERO: Declara culpable a J.F.B., por violación sexual, a la integridad personal, y abuso físico, sicológico y sexual, todo de conformidad con el artículo 331 del Código Penal dominicano y artículos 12 y 396 letras a, b y c de la Ley 136-03 (Código Para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y A. en perjuicio de E.D.B.R., representada por: Esmeralda Roustand Ribota y D.A.B.R.; SEGUNDO : Condena a J.F.B. a:
a) veinte (20) años de reclusión mayor en el centro penitenciario público de esta ciudad Fortaleza Santa Bárbara de Samaná, b) al pago de las costas penales del proceso, a favor del Estado dominicano; c) una multa de Doscientos Mil Pesos dominicanos (RD$200,000.00) a favor del Estado dominicano;
TERCERO : Ordena la variación de la medida de coerción a la de prisión preventiva por tres (3) meses por los motivos expuestos; CUARTO : Acoge de forma parcial la constitución en actor civil interpuesta por la parte querellante Esmeralda Roustand Ribota y D.A.B.R. en representación de la víctima E.
D.B.R. y condena a J.F.B. a: a) una indemnización de Dos (2) Millones de Pesos dominicanos (RD$2,000.000.00), a favor de la parte querellante Esmeralda Roustand Ribotag y D.
AlbertoB.R. en representación de la víctima E.D.B.R.; b) al pago de las costas civiles del proceso con distracción a favor de los abogados T.A.L., D.A.B.R. y V.S.C., por sí y conjuntamente con el Lic. R.P.D. quienes afirmaron haberlas avanzado en su totalidad, por los motivos expuestos; QUINTO : Difiere la lectura de esta sentencia para el 16/4/2014, a las 10:00 A.M., valiendo convocatoria para las partes presentes y representadas; SEXTO : Ordena la notificación de la presente sentencia de forma íntegra, a partir de lo cual legalmente quedan habilitadas las partes para recurrir de conformidad con la ley”;

que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada

casación núm. 00193/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 7 de agosto

de 2014 y su dispositivo es el siguiente:

PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 del mes de mayo del año 2014, por la Licda. R.E.T., a favor del imputado J.F.B.C., contra la sentencia núm. 41 de fecha 9 del mes de abril del año 2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.T.S.. Actuando en el Distrito Judicial de Samaná; SEGUNDO : R. parcialmente la decisión impugnada por violación de la ley, por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, y en uso de las facultades conferidas por el artículos 422.2.1 del Código Procesal Penal, declara culpable a J.F.B.C., de violación sexual a la integridad personal, abuso físico, psicológico y sexual, en perjuicio de la menor E.
D.B.R., representada por Esmeralda Roustand Ribota y D.A.B.R., en violación a los artículos 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, 12 y 396 letras
a, b y c de la Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes), en consecuencia y tomando en consideración el criterio para la determinación de la pena, señalado en el numeral 5 del artículo 339 del Código Procesal Penal, relativo al efecto futuro de la condena en relación al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales de reinserción social; se le impone al ciudadano J.F.B.C., una sanción de quince (15) años de reclusión mayor, para cumplirlos en el Centro Penitenciario Público, en la ciudad de Santa Bárbara de Samaná y al pago de una multa de Doscientos Cientos Mil Pesos dominicanos (RD$200,000.00), a favor del Estado Dominicano, se condena además al ciudadano J.B.C., al pago de las costas penales del proceso; TERCERO : En cuanto a la medida de coerción aplicada al imputado, se específica que por resolución de núm. 00133/2014 (Bis) de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil catorce (2014), la Corte había ordenado la variación de la prisión preventiva, por la medida de coerción que el imputado ostentaba en el momento en que fue juzgada por el Tribunal de Primer Grado y tomando en cuenta además de que, esta Corte mediante resolución núm. 00133/2014G (Bis) de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil catorce (2014), sustituyó la prisión preventiva por las medidas de coerción siguientes: a) el pago de una garantía económica de Sesenta Mil Pesos (RD$60,000.00) en efectivo, para ser depositados en el Banco Agrícola de la República Dominicana, Sucursal de San Francisco de Macorís, b) visitar todos los días seis (6) de cada mes, la oficina del magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Samaná; y c) el impedimento de salida del país sin autorización; CUARTO : Ratifica el ordinal cuarto, en sus numerales a y b de la sentencia impugnada, concerniente a la condena indemnizatoria impuesta; QUINTO : Lectura de la presente decisión vale notificación para las partes presentes y manda que la secretaria la comunique, advierte que a partir de que les sea entrega una copia íntegra de la presente decisión disponen de un plazo de diez (10) días Justicia, vía la secretaría de esta Corte de Apelación si no estuviesen conformes”;

Considerando, que el recurrente J.F.B.C., propone

como medios de casación, en síntesis, los medios siguientes:

“Primer Medio: Falta de motivación. Violación al artículo 24 del Código Procesal Penal. Que al contestar el primer motivo de apelación la Corte a-qua sólo se limita a expresar que ese incidente fue discutido por el Tribunal de primer grado, dejando su decisión en la orfandad de motivación. Si el Tribunal hubiera hecho un simple ejercicio práctico de verificar las pruebas aportadas por el recurrente, fácilmente hubiese comprobado que se trató de un simple error humano de la secretaria de la instrucción que intercambio el número de cédula de dos testigo, los cuales estaban presentes en el Tribunal el día del juicio; y sus motivaciones estarían sustentadas en las pruebas aportadas en el recurso y no se limitaría a expresar como simple justificación del rechazo del primer motivo, el simple motivo de que ese incidente fue debatido en el tribunal de primer grado, violando con su accionar la Corte el artículo 24 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: I. manifiesta. Errónea aplicación de una norma jurídica. La Corte a-qua al dar respuesta al segundo motivo de apelación consistente en falta de valoración de las pruebas, realiza una motivación muy abstracta, sin observar los vicios en que incurrió el Tribunal de primer grado; Tercer Medio: Contradicción. La Corte a-qua por un lado señala la avanzada edad del imputado para imponer la pena y por el otro lo condena a 15 años, por lo que lo estaría condenando a morir encarcelado”;

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua, dio por

establecido, en síntesis, lo siguiente: “…El recurrente J.F.B.C., fundamenta su recurso de apelación, en los motivos siguientes: a) Violación al derecho de defensa, contradicción e ilogicidad manifiesta, b) falta de valoración de las pruebas, c) errónea aplicación de una norma jurídica; y d) falta de motivación de la sentencia… Que en el desarrollo de su primer motivo argumenta el recurrente que en la presente sentencia se ha violentado el derecho de defensa del imputado, al no permitírsele a la defensa que se escuchara dar su testimonio a descargo, al señor L.T.S.M., ya que el Juzgado de la Instrucción procedió por error intercambiar dos números de cédulas de dos testigos a descargo, que responden a los nombres de L.T.S.M. y B.R.M. (ver auto de apertura a juicio página 13, acta de audiencia y página 11 de la sentencia recurrida)… En el examen y contestación de manera ponderada, del primer motivo expuesto por el recurrente, precisa que la sentencia impugnada en sus páginas 11, 12 y 13, hace constar que con relación al testigo L.O.S.M., el mismo fue objetado por el ministerio público y por la parte querellante, para que no se oyera como testigo, arguyendo que no se trata de este testigo, toda vez que la identificación correcta de él es L.T.S.D., en tanto este incidente fue decidido por el tribunal, el cual acogió la objeción formulada al entender que en el auto de apertura a juicio fue admitido como L.O.S.M., mientras que en la cédula figura como L.T.S.M., por lo cual el tribunal explica de manera clara el porqué no lo acogió como testigo, de ahí que no lleva razón el recurrente, cuando establece que contra el imputado se ha violentado el derecho de defensa, al no admitir al testigo de la defensa, señor L.T.S.M., por lo cual no se admite el primer medio propuesto… En el desarrollo de su segundo motivo, refiere el recurrente que la decisión recurrida carece de una total valoración de las pruebas el cual se prueba en el acta de audiencia, entrevista núm. 40 /12/2012, ya que al momento de valorar dicha prueba, el tribunal sólo se limita a transcribir dicha entrevista y a expresar que esta entrevista que dicha prueba fue realizada conforme a la resolución núm. 3687-2007… En la contestación del segundo motivo esgrimido por el recurrente, se aprecia que el tribunal describe y valora conforme a la regla del debido proceso de ley y de la tutela judicial efectiva, cada una de las pruebas y explica en cada caso las razones por las cuales se le otorga determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de estas pruebas, así por ejemplo con relación al acta de entrevista realizada por la Jueza de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, en atribuciones de niños, niñas y adolescentes, a la menor de iniciales E.D.B.R., el tribunal en las páginas 19,20 y 21, describe cada pregunta con sus respuestas, hecha a la indicada menor y en el segundo párrafo de la página 22 el tribunal establece lo siguiente: “esta entrevista compromete seriamente la responsabilidad penal del acusado, es una prueba realizada de conformidad con la norma (Resol. 3687-2007) dictada por la Suprema Corte de Justicia que dispone la adopción de reglas mínimas de procedimientos para obtener las declaraciones de la persona menor de edad víctima, testigo o coimputada en un proceso penal ordinario, y artículo 287 del CPP, sobre anticipo de prueba). Mediante las declaraciones de E.D.B.R., se evidencia la participación del acusado durante los hechos. Las indicadas declaraciones corroboradas con el testimonio de Esmeralda Roustand Ribota y los demás medios de pruebas vinculan a J.F.B., por ende, destruyen la presunción de inocencia del encartado”, todo lo cual refleja que el tribunal además de describir la entrevista hecha a la menor en cuestión, le ha dado el valor que estimó, y ha dicho que la misma conjuntamente con los demás medios de pruebas, valorados por el tribunal, destruyen la presunción de inocencia de la que estaba protegida el imputado, por tanto no se admite el segundo medio propuesto… En el desarrollo de su tercer motivo plantea el recurrente que los Jueces están obligados al momento de imponer una sanción y en el caso de la especie el máximo de la pena, a explicar en su sentencia cuál fue el criterio usado para la determinación de la pena y afirma que en el caso de la especie nos encontramos ante una persona de cuenta las características personales del imputado, su educación y el efecto futuro de la condena… Siguiendo el análisis reflexivo de la sentencia impugnada, se procede a contestar el segundo medio esgrimido por el recurrente, en el cual se alega principalmente que el tribunal no justifica en su decisión, la condena de veinte (20) años de reclusión mayor impuesta al imputado; sobre lo cual aprecia la Corte que en el numeral 23, contenido en la página 39 de la sentencia impugnada, el tribunal plasma todos los criterios para el establecimiento de la pena, que consagra el artículo 339 del Código Procesal Penal, y al final el tribunal subraya el numeral 7 de dicho artículo, es decir, “la gravedad del daño causado en la víctima, su familia o la sociedad en general”, y establece el tribunal que el subrayado es de lo suscritos para destacar la causal 7ma., ya que el tribunal valora que la misma ha quedado demostrada, por haberse demostrado el daño causado por el acusado a la víctima y su familia, con lo cual a juicio de esta Corte no es suficiente para justificar la máxima condena impuesta, toda vez que en el caso ocurrente sin menos cavar el daño ocasionado a la víctima y a su familia, con el hecho punible que ha cometido el imputado; observando que en el presente caso se trata de un imputado que tiene una edad avanzada, de 78 años, y del cual no se tiene antecedentes penales conocidos, se estima acoger en su favor el numeral 5 del referido artículo 339, concerniente al efecto futuro de la condena en relación al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales de reinserción social; por lo cual se admite el tercero medio argüido… En el desarrollo de su cuarto motivo, manifiesta en recurrente que la sentencia hoy recurrida, carece de la más elemental motivación, al afirmar que el tribunal sólo se limita a realizar simples transcripciones de las declaraciones de los testigos, pues no hay una subsunción de los textos legales con el caso en concreto... En la contestación del cuarto y último medio esgrimido por el recurrente, ya en lo que antecede el mismo ha sido constado, cuando hemos establecido que el tribunal de primer grado ha valorado de manera congruente cada una de las pruebas que han sido debatidas en el juicio, y les ha dado el valor que ha estimado en cada caso, las razones de hecho y de derecho que le han permitido llegar a la conclusión de declarar culpable al imputado por la comisión de los hechos punibles que se le imputan, en tanto, al observar la Corte que la decisión impugnada no adolece de ninguno de los vicios que les son atribuidos por el recurrente ni de violaciones de índole constitucionales, no se admite este cuarto medio planteado y se procede decidir como aparece más abajo”;

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los

medios planteados por la parte recurrente:

Considerando, que en el caso in concreto, del análisis de la sentencia

impugnada se evidencia que las quejas esbozadas en el memorial de agravios por

imputado recurrente J.F.B.C., resultan infundadas,

toda vez que contrario a lo establecido, la Corte a-qua al conocer de los motivos

originaron la apelación de la decisión de primer grado realizó una correcta

aplicación de la ley, sin incurrir en las violaciones denunciadas, ya que ofreció

una clara y precisa indicación de su fundamentación;

Considerando, que este particular, nos permite apreciar que la Corte acon su accionar ha cumplido con el voto de la ley, al haber motivado

adecuadamente su decisión, así como que ha sido debidamente ponderada la

valoración realizada por el Tribunal de primer grado a los elementos probatorios

sometidos a su escrutinio, sin que se advierta en el planteamiento realizado por el

recurrente el fundamento del vicio invocado sobre este aspecto; Considerando, que en igual sentido, no se observa la contradicción

denunciada en cuanto a los fundamentos dados para la determinación de la pena

y la condena impuesta, pues lo que hace la Corte a-qua al dictar propia sentencia,

este orden, es examinar que procede acoger a favor del imputado las

disposiciones del numeral 5to., del artículo 339 del Código Procesal Penal en lo

concerniente al efecto futuro de la condena en relación al imputado y sus

familiares, y sus posibilidades reales de reinserción social, por lo que actuando

dentro de sus facultades y el parámetro legalmente establecido varía la condena

impuesta por el Tribunal de primer grado de 20 a 15 años de reclusión mayor, sin

dicho accionar constituya una contradicción en sus motivaciones, por el

simple hecho de no satisfacer el tiempo reducido el interés del recurrente; por

consiguiente, se desestima el recurso examinado;

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 246

Código Procesal Penal, “Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la

archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales.

costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente

para eximirla total o parcialmente”.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, FALLA:

Primero: Admite como intervinientes a Esmeralda Roustand Ribota y D.B.R., en el recurso de casación interpuesto por J.F.B.C., contra la sentencia núm. 00193/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 7 de agosto de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;

Segundo: Se rechaza el referido recurso de casación;

Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas del proceso;

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.

(FIRMADOS).- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

M.A.M.A.M.. Secretaria General Interina