Sentencia nº 382 de Suprema Corte de Justicia, del 17 de Julio de 2017.

Fecha de Resolución:17 de Julio de 2017
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 382 CAMARA DE TIERRAS, LABORAL, CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO-TRIBUTARIO.


Inadmisible

Audiencia pública del 13 de diciembre del 2006. Preside: J.L.V..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.D.B., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 001-1233509-6, con domicilio y residencia Calle Respaldo Carlos Teo Cruz núm. 44, Autopista las Américas, Los Frailes II, municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 18 de julio del 2005, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. M.D.B., en representación de si mismo;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 23 de noviembre del 2005, suscrito por el Lic. M.D.B., cédula de identidad y electoral núm. 001-1233509-6, abogado de sí mismo, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante;

Vista la Resolución No. 247-2006 dictada por la Suprema Corte de Justicia el 12 de enero del 2006, mediante la cual declara el defecto de los recurridos Electro Muebles los Frailes, A.P.S. y H.R.V.;

Visto el auto dictado el 11 de diciembre del 2006, por el Magistrado J.L.V., Presidente de la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y ContenciosoTributario de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama en su indicada calidad a los M.J.A.S. y D.O.F.E., Jueces de esta Cámara, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 8 de noviembre del 2006, estando presentes los Jueces: J.A.S.I., en funciones de P.; J.L.V. y P.R.C., asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de un estado de gastos y honorarios presentado para su aprobación por el Licenciado M.D.B., el J.P. de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó el auto No. 549-03-00134, fechado 26 de octubre del 2004, cuyo dispositivo dice: Único: Acoge: modificado el estado de gastos y honorarios, solicitado por el Licenciado M.D.B., abogado constituido y apoderado especial del persiguiente el Sr. Domingo S.M., con motivo del procedimiento de cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de Electro Muebles Los Frailes y Sr. H.V. y A.P., por la suma de Veinte Mil Pesos Oro con 00/100 (RD$20,000.00), moneda de curso legal; b) que sobre los recursos interpuestos contra dicho auto, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma los recursos de impugnación, interpuestos principalmente por E. Los Frailes e incidentalmente por M.D.B., contra el auto No. 549-03-00134, dictado por el presidente de la Primera Sala, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por los mismos haber sido hecho conforme al derecho; Segundo: En cuanto al fondo acoge el recurso de impugnación principal y en consecuencia revoca el auto impugnado; por consiguiente rechaza la solicitud de Aprobación de Estado de Gastos y Honorarios, por los motivos anteriormente expuestos; Tercero: En cuanto al fondo del recurso de impugnación incidental, lo rechaza, por improcedente mal fundado y carente de base legal; Cuarto: Condena a la parte impugnante incidental L.. M.D.B., al pago de las costas, con distracción a favor y provecho de la Lic. E.B.A., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Considerando, que el recurrente propone los medios siguientes: Primer Medio: Inconstitucionalidad del artículo 11, en su parte in fine de la Ley 302 sobre honorarios de abogados, que prohíbe los recursos ordinarios y extraordinarios en contra de las decisiones de impugnación de gastos y honorarios, por violar la Constitución de la República, en sus artículos 8 numeral 5, 46, 67 numeral 1 y 2 y el artículo 100 y la ley sobre procedimiento de Casación, en sus artículos 1, 3, 4 y 63; Segundo Medio: Violación al Principio de la inmutabilidad del proceso, violación al efecto devolutivo de la sentencia, violación al artículo 730 y 480 ordinal 2º. Párrafo 1 del Código de Trabajo; Tercer Medio: Falta de motivos y carente de base legal, desnaturalización, omisión de estatuir, incompleta y confusa apreciación de los hechos, falsa e incorrecta interpretación del derecho, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Cuarto Medio: Violación a los artículos 378, ordinales 8º., 9º., 380; 382, 388, 390, 391 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 597, 598 y 482 del Código de Trabajo, imparcialidad en el proceso y exceso de poder; Quinto Medio: Violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 8 numeral 2, letra J, de la Constitución de la República, violación al Principio de igualdad entre las partes, consagrado en el artículo 8 numeral 5, de la Constitución de la República, violación a la Ley 302 en sus artículos 8, 9 párrafo I y II y el artículo 11 párrafo primero, incompetencia de la corte en pleno;

Considerando, que en vista de que el recurrente plantea en su primer medio la inconstitucionalidad del artículo 11, parte in fine de la Ley 302 sobre honorarios de abogados, procede examinar el mismo antes de pronunciarnos sobre la admisibilidad del recurso de casación;

Considerando, que en el desarrollo de ese primer medio el recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que al prohibir el artículo 11 de la Ley 302 los recursos ordinarios y extraordinarios contra los autos que deciden sobre impugnaciones de estados de gastos y honorarios, dicho artículo viola el principio de igualdad entre las partes, siendo frustratorio a la legalidad y la estricta racionalidad de la aplicación de la ley, que en este sentido la ley no cumple con su eficacia, ya que la ley tratando buscar la agilidad del proceso para el cobro de los Gastos y Honorarios de los Abogados, puede verse vulnerada como en el caso de la especie; que el artículo 67, numeral 2 de la Constitución de la República no cierra la posibilidad del recurso de casación en contra de las sentencias, como tampoco los prohíben los artículos 1, 3, 4 y 63 , por lo que dicha ley viola los mas elementales principios constitucionales establecidos para proteger la igualdad de derechos, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad; Considerando, que el Art. 67, ordinal 2 de la Constitución de la República Dominicana, que otorga facultad a la Suprema Corte de Justicia, para conocer de los recursos de casación, dispone que el mismo se hará de conformidad con la ley, de donde se deriva que ésta puede establecer limitaciones al ejercicio de ese recurso, y en consecuencia, no prohíbe en modo alguno, que el legislador dicte leyes adjetivas que establezcan que una sentencia o decisión cualquiera, no sea susceptible de determinado recurso o de ningún recurso;

Considerando, que en ese orden de ideas está concebida la parte in fine del artículo 11 de la Ley 302 sobre Honorarios de Abogados, al declarar que la decisión que intervenga en ocasión de la impugnación de una liquidación de honorarios, “no será susceptible de ningún recurso ordinario ni extraordinario”, con lo que obviamente está prohibido el recurso de casación para este tipo de decisión, por mandato de una ley, la cual no puede considerarse violatoria del principio de igualdad que consagra la Constitución de la República, por ser de aplicación general para todos los litigantes que participen en un proceso de impugnación de un Estado de Gastos y Honorarios, ya fuere el abogado en cuyo favor se ha concedido la distracción de las costas o aquel que está obligado a pagarlas, razón por la cual el medio fundado en la inconstitucionalidad del referido artículo carece de fundamento y en consecuencia es desestimado sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia;

Considerando, que al ser desestimado el medio de inconstitucionalidad propuesto por el recurrente contra el artículo 11 de la Ley 302, que prohíbe el recurso de casación contra las decisiones que intervengan en ocasión de la impugnación de un Estado de Gastos y Honorarios, procede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación por estar dirigido contra una decisión de esta naturaleza;

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por M.D.B., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 18 de julio del 2005, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que no ha lugar la condenación en costas por no haber sido solicitada por la recurrida al incurrir en defecto.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 13 de diciembre del 2006, años 163° de la Independencia y 144° de la Restauración.

(Firmados).-J.L.V..-Julio A.S..- D.
O.F.E.-PedroR.C.-GrimildaA., Secretaria General

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.