Sentencia nº 416 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Noviembre de 2015.

Fecha de Resolución:11 de Noviembre de 2015
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

F.R.S.
11 de noviembre de 2015

Sentencia núm. 416

G.A. de S., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11

de noviembre de 2015, que dice así:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de noviembre de 2015, año 172o de la Independencia y 153o de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, L.. F.R.S., contra la sentencia núm. 00263/2014, F.R.S.
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dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial

San Francisco de Macorís el 18 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, L.. F.R.S., depositado en la secretaría la Corte a-qua el 3 de febrero de 2015, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 13 de abril de 2015, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación y se fijó audiencia para conocerlo el 24 de junio de 2015;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la Constitución Dominicana, los Tratados Internacionales F.R.S.
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refrendados por la República Dominicana, sobre Derechos Humanos, así como artículos 70, 246, 249, 395, 399, 418, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal,

modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015, así como la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana;

Considerando, que son hechos consignados en la sentencia y en los documentos que en ella se hace mención, los siguientes:

  1. que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santa Bárbara de Samaná presentó una acusación en contra de R.G., por violación a artículos 4 letra d, 5 letra a y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana;

  2. que el 10 de octubre de 2013 el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná ordenó apertura a juicio contra dicho imputado, siendo apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.T.S., Distrito Judicial Samaná, el cual dictó su sentencia núm. 64/2014, el 6 de junio de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Declara sentencia absolutoria por ilegalidad de pruebas, a favor de R.G. a quien acusaba el Ministerio público de tráfico ilícito de drogas de conformidad con los artículos F.R.S.
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    4d, 5ª y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; SEGUNDO: Ordena el cese de la medida de coerción que pesare en su contra y la inmediata puesta en libertad; TERCERO: E. al ministerio público, parte sucumbiente, del pago de las costas penales; CUARTO: Difiere la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 11/6/2014 a las 2:00 horas de la tarde, quedando citados para la fecha antes indicada las partes presentes; QUINTO: Ordena la notificación de la presente sentencia, así la entrega de un ejemplar de la misma previa lectura vale como notificación para las partes”;

  3. que con motivo del recurso de apelación incoado por el Licdo. R.J., P.F. titular del Distrito Judicial de Samaná y la Licda. M.C., P.F. del mismo distrito judicial, intervino la sentencia núm. 00263/2014 ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 18 de noviembre de 2014, cuyo fallo se describe a continuación:

    PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. R.J., P.F. delD.J. de Samaná y la Licda. M.C., Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de samaná, quienes actúan a nombre y representación del Estado Dominicano, en fecha once (11) de julio del año 2014, en contra de la sentencia núm. 64/2014 de fecha seis (6) del mes de junio del año dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara F.R.S.
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    Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de M.T.S., Distrito Judicial de Samaná. Queda confirmada la sentencia recurrida; SEGUNDO: La lectura de esta decisión vale notificación para las partes que han comparecido. Manda que una copia íntegra de esta decisión sea notificada a cada uno de los interesados

    ;

    Considerando, que el recurrente propone los siguientes medios de casación:

    Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada, violación a los artículos 426.3, 166, 170, 175 y 176 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: La sentencia contiene una motivación insuficiente, artículo 24 del Código Procesal Penal”;

    Considerando, que en el desarrollo del primer medio el recurrente alega lo siguiente:

    En el recurso de apelación se plantearon dos medios impugnativos; la falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, así como errónea aplicación de una norma jurídica, concretamente violación a los artículos 26, 166, 167, 177, 417.4 del Código Procesal Penal; la Corte los analizó de forma conjunta, ya que tienen un mismo componente temático, en el sentido de que los jueces dejan por establecido en su sentencia de primer grado la irregularidad del acta de registro, bajo el entendido de que no habían razones fundadas F.R.S.
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    para la detención y registro de esta persona, ya que dicha acta solo dice
    que éste, al notar la presencia policial, intentó emprender la huida y
    según la Corte esta detención y registro resulta ilegal porque la ley exige
    una sospecha fundada; es la misma Constitución que establece bajo
    cuales condiciones una persona puede ser detenida y revisable su cuerpo
    o sus pertenencias, como cuando existe una orden de arresto o es sorprendida en flagrante delito, como en el caso de la especie, que a dicho ciudadano se le ocuparon sustancias prohibidas por la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas; es decir, que fue detenido cometiendo
    el delito de poseer la droga en su poder, por lo tanto, el registro practicado en esa forma se hizo conforme a la ley; además con las declaraciones del agente de la D.N.C.D., E.C.C., se corrobora lo plasmado en el acta de registro de persona, quien declara
    que el señor R.G. fue detenido cuando este emprendió la
    huida al notar la presencia de los agentes y describe además los hallazgos
    en la ropa que tenía puesta el imputado, lo cual fue corroborado con el informe del INACIF

    ;

    Considerando, que frente al aspecto denunciado la alzada, corroborando decidido ante el tribunal de primer grado, juzgó lo que describe a continuación:

    “a) no se le otorgó credibilidad al acta de registro en virtud de que no hubo una sospecha fundada para la detención del imputado, toda vez que lo único que indica dicho documento es que al notar la presencia del agente de la D.N.C.D. el imputado intentó emprender la huida, y este motivo no es cónsono con la ley en cuanto a la sospecha fundada que se requiere para la detención de una persona, situación que convierte el acta en un medio de prueba ilegal; b) al testimonio del agente actuante F.R.S.
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    no se le puede otorgar credibilidad, porque viene a refrendar un registro
    ilegal, al no haberse podido extraer una sospecha razonablemente fundada mediante la cual se justificara la detención del ciudadano”;
    Considerando, que el “perfil sospechoso” conforma un requisito esencial para un agente policial determine si en el caso concreto existen “motivos fundados, o razonables” para proceder al registro de una persona, como lo exige el 175 del Código Procesal Penal, ante la sospecha de que entre sus ropas o pertenencias oculta un objeto relacionado con un delito que se esté cometiendo o acabe de realizarse;

    Considerando, que el análisis de la existencia o no, tanto del motivo como del perfil sospechoso, este último como elemento integrante del

    primero, dependerá del caso concreto y de la experiencia o preparación del agente, de determinar cuáles conductas específicas se subsumen en los requisitos

    antes señalados, determinación que debe estar libre de prejuicios, estereotipos, para evitar la arbitrariedad el momento de la requisa de un ciudadano;

    Considerando, que como parámetros a tomar en cuenta por quien ejecuta el son las circunstancias concretas que lo motivaron a interpretar la conducta por el sospechoso como “irregular”, como no acorde con los estándares F.R.S.
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    de conducta ciudadana, y que dicha evaluación sea susceptible de ser realizada por cualquier persona razonable ubicada en las mismas circunstancias;

    Considerando, que en el caso concreto el hecho de que el imputado, al la presencia de la autoridad, es decir, de los agentes adscritos a la Dirección de Control de Drogas, intentara emprender la huida, sirvió de base para determinar el “perfil sospechoso”, lo que constituye un motivo razonable para la requisa y por tanto calificarla como legal, contrario al criterio sostenido por la Corte a-qua; en consecuencia, procede acoger el medio ahora analizado;

    Considerando, que en cuanto al segundo vicio el recurrente argumenta, en síntesis:

    “La Corte cuando intenta dar las respuestas correspondientes al recurso planteado, lo hace de manera insuficiente, por lo que no cumple con lo dispuesto en el artículo 24 del Código Procesal Penal. La Corte no
    valora adecuadamente la actuación llevada a cabo por el agente de la
    D.N.C.D., no sólo la declaración del agente actuante y el acta que él
    llenó, ya que el juicio es el punto culminante del proceso penal, los
    jueces del Colegiado valoraron mal tanto el acta como la declaración del
    agente; no creyeron en las declaraciones del agente actuante en este caso,
    la Corte ante tal situación al momento de motivar la sentencia de esta
    forma ha incurrido en falta de base legal e insuficiencia en la motivación”;

    Considerando, que del análisis a la sentencia impugnada se observa que F.R.S.
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    de los motivos que asumió la Corte a-qua para confirmar el descargo pronunciado en favor del imputado consistió en que el tribunal de primer grado por establecido que el agente actuante, mediante sus declaraciones, no refrendó la cantidad de las porciones que dijo haber ocupado en la requisa, toda que el acta de registro refería 37 porciones de polvo blanco, mientras que el testigo indicó que se trataba de una porción, lo que evidencia una falta de concordancia con respecto de la prueba recogida que violenta la cadena de custodia y que por vía de consecuencia genera una duda que indefectiblemente conlleva a la absolución del imputado; por lo que contrario a lo sostenido la alzada valoró dicho aspecto de forma correcta; por consiguiente procede el rechazo del presente medio.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA

    Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, L.. F.R.S., contra la sentencia núm. 00263/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 18 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente decisión; F.R.S.
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    Segundo: Se compensan las costas;

    Tercero: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes.

    (Firmados): M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S. e H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 16 noviembre de 2015, a solicitud de la parte interesada. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de Impuestos Internos.

    G.A. de Subero

    Secretaria General