Sentencia nº 439 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Abril de 2016.

Fecha de Resolución:25 de Abril de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

E.. 2015-5241

Rc: F.R.A.F.: 25 de abril de 2016

Sentencia núm. 439

M.A.M.A., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 25 de abril de 2016, que dice así:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces F.E.S.S., en funciones de P.; E.E.A.C., A.A.M.S., e H.R., asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 25 de abril de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por F.R.A., dominicano, mayor de edad, soltero, mercadologo, portador E.. 2015-5241

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de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0456902-9, domiciliado y residente en la Av. A.G., casa núm. 132, El Play, La Herradura, provincia S. de los Caballeros, República Dominicana, imputado, contra la sentencia núm. 620-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S. el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la L.da. H.A.H., en sustitución de la L.da. G.S., defensores públicos, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 30 de marzo de 2016, a nombre y representación del recurrente F.R.A.;

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. A.B.;

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la L.da. G.S., defensora pública, en representación de F.R.A., recurrente y recurrido, depositado en la E.. 2015-5241

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secretaría de la Corte a-qua el 28 de enero de 2014, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 127-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 26 de enero de 2016, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por F.R.A., dio acta de desistimiento del recurso de casación presentado por V.A.R.D. y fijó audiencia para conocerlo el 30 de marzo de 2016;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; 265, 266, 2, 379, 382, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los E.. 2015-5241

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documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de S. el 20 de enero de 2011 presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de F.R.A. (a) La Mafia, V.A.R.D. (a) El Gordo y/o M. y R.E.B.G.;

  2. que para la instrucción preliminar fue apoderado el Tercer Juzgado de la Instrucción de S. el cual dictó auto de apertura a juicio en contra de los justiciables el 6 de julio de 2011;

  3. que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S. de los Caballeros, el cual dictó la sentencia núm. 65/2013, el 1 de marzo de 2013, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:

    PRIMERO: Varía la calificación jurídica otorgada al proceso instrumentado en contra de F.R.A., V.A.R.D. y R..E.. 2015-5241

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    E.B.G., de violación a las disposiciones consagradas en los artículos 26, 266, 2, 379, 382, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 39 párrafo III de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, por la de violación a las disposiciones consagradas en los artículos 59, 60, 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano; artículo 39 párrafo III de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas; SEGUNDO: Declara a la luz de la nueva calificación jurídica, a los ciudadanos F.R.A., dominicano, 35 años de edad, soltero, telemercadeo, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0156902-9, domiciliado y residente en la Av. A.G., núm. 132, El Play, La Herradura, S.; V.A.R.D., dominicano, 31 años de edad, unión libre, taxista, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 0310370096-3, domiciliado y residente en el Peatón 52-d, núm. 13, El Embrujo III, S. y R.E.B.G., dominicano, 43 años de edad, unión libre, agricultor, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0495877-6, domiciliado y residente en la Carretera Jnico, Km. 9 ½ , sin número, Las harcas, S., culpables de violar el primero; las disposiciones consagradas en los artículos 265, 266, 295, y 304 del Código Penal Dominicano; y 39 párrafo III de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas de Fuego; el segundo de violar las disposiciones consagradas en los artículos 59, 60, 265, 266, 295 y 304 del Código E.. 2015-5241

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    Penal Dominicano; y 39 párrafo III de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, y el tercero las disposiciones consagradas en los artículos 59, 60, 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, todos en perjuicio de F.A. de los Ángeles Peña (occiso); TERCERO: Condena al ciudadano F.R.A., a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de esta ciudad de S., la pena de veinte (20) años de reclusión mayor; CUARTO: Condena a los ciudadanos V.A.R.D. y R.E.B.G., a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de esta ciudad de S., la pena de diez (10) años de detención cada uno; QUINTO: Ordena la incautación de la prueba material consistente en: un
    (1) revolver marca Taurus, calibre 38, serie núm. 1505998;
    SEXTO: Condena a los ciudadanos F.R.A., V.A.R.D. y R.E.B.G., al pago de las costas penales del proceso. En el aspecto civil. SEPTIMO: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la querella con constitución en actor civil, incoada por los señores R.M.R. y R.L.M.R., hecha por intermedio de su abogado constituido y apoderado especial L.. Q.G.C., por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme lo manda la ley, y en cuanto al fondo se rechaza por improcedente

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  4. que dicha decisión fue recurrida en apelación por los imputados, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S., la cual dictó la sentencia núm. 0620-2013, el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo establece lo siguiente:

    PRIMERO: En cuanto a la forma ratifica la regularidad de los recursos de apelación interpuesto por: 1) siendo las
    3:00 horas de la tarde, el día veinticinco (25) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), por el ciudadano R.E.B.G., por intermedio del L.. I.P.R., defensor público; 2) siendo las 4:25 horas de la tarde, el día veintiséis (26) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), por el ciudadano F.R.A., por intermedio de la L.enciada G.S., defensora pública; 3) siendo las 3:28 en fecha once (11) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), por V.A.R.D., a través del L.. L.T.P.; en contra de la sentencia núm. 65, de fecha uno (1) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S.;
    SEGUNDO : En cuanto al fondo desestima los recursos, quedando confirmada la sentencia impugnada; TERCERO : E. de costas los recursos de los imputados R.E.B.G. y F.R.A. por haber sido interpuestos por la E.. 2015-5241

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    defensoría pública y condena al imputado V.A.R.D., al pago de las costas generadas por su recurso; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a todas las partes del proceso”;
    e) que dicha decisión fue recurrida en casación por V.A.R.D. (a) El Gordo y/o M. y F.R.A.
    (a) La Mafia;

  5. que posteriormente, el recurrente V.A.R.D. presentó acto de desistimiento de su recurso de casación, por lo que se procedió a dar acta de desistimiento sobre el mismo el 26 de enero de 2016, por lo que se examinará únicamente el recurso incoado por F.R.A.;

    Considerando, que el recurrente F.R.A., por intermedio de su abogado, alega los siguientes medios en su recurso de casación: “Primer Medio:Sentencia manifiestamente infundada (artículo 426.3 del Código Procesal Penal); Segundo Medio: Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años (426.1)”;

    Considerando, Que el recurrente sostiene en el desarrollo de su primer medio, en síntesis, lo siguiente: “Que la sentencia emitida E.. 2015-5241

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    por la Corte de Apelación no responde de manera concreta la queja del imputado por lo que se evidencia una discordancia y desnaturalización entre lo planteado por el imputado y lo que la Corte de Apelación responde. Es más que evidente que la sentencia de la Corte a-qua resulta manifiestamente infundada, porque en lo absoluto responde lo que de manera sustancial se alega en el recurso; que el imputado procede a impugnar por ante la Corte el hecho de que el tribunal de fondo valorara un reconocimiento de personas no acreditado por el testigo instrumental en el juicio. La respuesta que dio la Corte se limitó a establecer lo que el tribunal dijo para determinar la culpabilidad del imputado, sin embargo no revisa de forma íntegra lo que se impugna ni mucho menos dio respuesta sobre ello; que dicho reconocimiento se le puede imponer al imputado, si el testigo que realizó el reconocimiento de personas no identificó al mismo en el juicio como se puede comprobar en la sentencia de primer grado, es por ello que el tribunal establece que la identificación del imputado fue por un reconocimiento de personas más no así por el testigo que compareció al juicio y esto es palpable en la referencia que se hace la Corte en la página 12 de la sentencia impugnada; que la sentencia impugnada carece de motivos porque la Corte a-qua no se refiere ni contestó lo referente a la ilegalidad del reconocimiento de personas cuestión planteada clara y puntualmente por el E.. 2015-5241

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    imputado en el recurso de apelación y la corte evade referirse sobre un tema fundamental y de carácter constitucional como lo es la legalidad probatoria, lo que evidencia que la revisión respecto a la sentencia y al caso por parte de la segunda instancia fue pírrica y no abarcó todo lo planteado por el recurrente; que se afectó su derecho a la presunción de inocencia puesto que se determinó una sentencia condenatoria en base a pruebas insuficientes ilegales y que no reúnen el estándar probatorio requerido por la norma procesal en el artículo 338”;

    Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: “Entiende la Corte que no lleva razón la parte recurrente el imputado F.R.A., en la queja planteada, en el sentido de endilgarles a los jueces del tribunal a-quo haber incurrido en el vicio denunciado de violentar el principio de presunción de inocencia y lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, en el sentido de la exigencia de prueba suficiente que prueben con certeza la responsabilidad del recurrente que en este caso no ocurrió; que contrario a lo aducido por el recurrente los jueces del Tribunal a-quo, conforme a las pruebas presentadas por la acusación y valorada conforme a la regla de la sana crítica en virtud de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, dejaron E.. 2015-5241

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    claramente establecida la participación del imputado F.R.A., cuando de manera precisa razonaron de la manera siguiente: “Que hemos procedido al análisis de cada una de las pruebas aportadas por la parte acusadora, conforme a la sana crítica aplicando la lógica y los conocimientos científicos y ha quedado como un hecho probado que en fecha 5/09/2010 falleció a consecuencia de choque hipovolémico por heridas múltiples de proyectiles de armas de fuego, el ciudadano F.A. de los Ángeles Peña, hecho ocurrido en el reparto P. de Bella Vista, heridas que fueron inferidas por el coimputado F.R.A., pues según consta en el acta de reconocimiento de persona el testigo A.A.E.R. lo reconoció como la persona que disparó y luego con arma en mano se montó en el vehículo S., también ha quedado probado como hecho probado que los coimputados V.A.R.D. y R.B.G. colaboraron con F.R.A. en la comisión del hecho, pues el arma con la que se le causaron los disparos a la víctima fue el revólver marca Taurus calibre 38 serie No. 1508998, le fue ocupada a V.A.R. y el vehículo en que fue recogido F. inmediatamente le disparó a la víctima es el S. Grand Vitara, que compró R.E.G. en Adames Auto Import, propiedad de G.A.A.C.; E.. 2015-5241

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    Considerando, que del análisis y examen de la sentencia impugnada se evidencia que no existe la alegada discordancia y desnaturalización entre lo planteado por el recurrente y lo respondido por la Corte a-qua, toda vez que el planteamiento consistió en que la evidencia consistente en el reconocimiento de personas no fue incorporada al juicio a través de la autenticación por medio del testigo instrumental; y la respuesta de la corte de manera diáfana estableció que la lectura de dicha acta estaba dentro de las excepciones contenidas en el artículo 312 del Código Procesal Penal, actas que pueden ser incorporadas por lectura;

    Considerando, que la oralidad es uno de los principios rectores del debido proceso y, por ende, la prueba material debe ser incorporada a través de la autenticación, tal como lo señala el artículo 220 del Código Procesal Penal; que, sin embargo, las sanciones procesales ante la omisión de estas formalidades no generan la exclusión probatoria como pretende la defensa del recurrente F.R.A., a menos que del debate surjan cuestiones que requieran esclarecer y por su omisión lesionen el derecho de defensa, lo cual no se advierte en el caso de la especie; en consecuencia, procede desestimar dicho medio; E.. 2015-5241

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    Considerando, que el recurrente en su segundo medio planteó lo siguiente: “La pena impuesta al imputado de 20 años de reclusión no tiene el soporte motivacional necesario para que se justifique la elección más gravosa de la escala punitiva por el tipo penal retenido, tanto el tribunal de juicio como la Corte a-qua no presentan la justificación clara y suficiente sobre la determinación de la pena en el caso en cuestión. La labor de tutela por parte de los jueces se ve hartamente cuestionada ante la insuficiencia de motivos que puedan validar la individualización de la pena en este caso, considerándose excesiva puesto que no se exhiben los motivos que determinan que la pena idónea y necesaria sea la de 20 años y no otra dentro de una escala punitiva de 3 a 20 años”;

    Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia impugnada, así como del recurso de apelación que dio lugar a la misma, se ha podido determinar que respecto al argumento de falta de motivación para imponer la pena más gravosa, el recurrente solo limitó su recurso de apelación en cuanto a la legalidad y validez del acta de reconocimiento de personas, por consiguiente, no colocó a la Corte aqua en condiciones de referirse sobre el punto cuestionado, por lo que E.. 2015-5241

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    dicho alegato es carente de base legal; máxime cuando el tribunal de primer grado aplicó la pena de 20 años, observando las disposiciones del numeral 7 del artículo 339 del Código Procesal Penal, sobre los criterios para la determinación de la pena; por lo que procede rechazar dicho recurso;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    PRIMERO: Rechaza el recurso de casación interpuesto por F.R.A. (a) La Mafia, contra la sentencia núm. 0620-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S. el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se encuentra E.. 2015-5241

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    copiado en parte anterior de esta decisión;

    SEGUNDO: E. al recurrente del pago de las costas por estar asistido de la Defensa Pública;

    TERCERO: Ordena a la secretaría de esta Suprema
    Corte de Justicia notificar la presente decisión a las
    partes.
    (Firmados): F.E.S.S..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 17 de mayo de 2016, a solicitud de la parte interesada. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de Impuestos Internos.

    M.A.M.A.

    Secretaria General Interina E.. 2015-5241

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