Sentencia nº 458 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Agosto de 2016.

Fecha de Resolución:24 de Agosto de 2016
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia Núm. 458 M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 24 de agosto de 2016, que dice: TERCERA SALA. Audiencia pública del 24 de agosto de 2016. Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: Sobre el recurso de casación interpuesto por A. de J.T.G. e I.A.T.G., dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 117-0001248-4 y 031-0473156-1, respectivamente, domiciliados y residente en la calle Duarte Rechaza núm. 82, municipio Las M. de Santa Cruz, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 14 de junio de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante; Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones a la L.da. J.A.S., por sí y por el L.. G.S.R., abogados de la corecurrida Isla Dominicana de Petróleo Corporation; Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de septiembre de 2012, suscrito por los D.. E.A.J., D.M.B.R. de J. y el L.. V.J.B., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 101-0004518-5, 101-0002514-6 y 101-0008669-2, respectivamente, abogados de los recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; Visto el memorial de defensa de fecha 20 de noviembre de 2012, suscrito por los L.dos. C.M.C., M.S.M. y R.J., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-1271648-5, 001-1204739-4 y 001-1053622-4, respectivamente, abogados de los recurridos J.G.E. y A.R.H.; Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 27 de marzo de 2013, suscrito por L.. G.S.R., L.H.B., M.C.C. y L.C.P., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0061119-3, 001-0082900-1, 071-0033540-0 y 001-1269122-5, respectivamente, abogados de la co-recurrida Isla Dominicana de Petróleo Corporation; Que en fecha 27 de julio de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: M.R.H.C., P.; R.C.P.A. y F.A.O.P., procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; Visto el auto dictado el 22 de agosto de 2015, por el magistrado M.R.H.C., P. de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los magistrados E.H.M. y S.I.H.M., Jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934; Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de C.ación; Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de una Litis sobre Derechos Registrados, en relación con las Parcelas núms. 182, 183, 58 y 58-A, de los Distritos Catastrales núms. 11 y 25, del Municipio de Guayubín, Provincia Montecristi, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, dictó su sentencia núm. 2010-0284, de fecha 8 del m es de septiembre del 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en el de la sentencia ahora impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Parcelas núms. 182 y 183; 58 y 58-A, Distritos Catastrales núms. 11 y 25, Municipio de Guayubín, Provincia Montecristi. 1ero.: Acoge en la forma y rechaza en el fondo los recursos de apelación, el primero, de fecha 11 de noviembre del año 2010, interpuesto por los D.. E.A.J., D.M.B.R. de J. y el L.. V.J.B., en representación de los señores I.R.G., F.V.R.C., C.R.R., R.R. RivasC., en calidad de continuadores jurídicos, hijos sobrevivientes del señor E.R.H.; señores Bienvenida A.R.C., R.R.C., N.A.R.C., C.L.R.C., J.B.R.C., J.B.R.C. e I.E.R.C., en calidad de continuadores jurídicos, hijos sobrevivientes del señor A.R.H.; el segundo, en fecha 12 del mes de noviembre del año 2010, interpuesto por los L.dos. J.A. delC.M.R. y A.A.P., en representación del señor D.A.B., contra la Decisión núm. 2010-0284, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Montecristi, en fecha 8 de septiembre del año 2010, por ser improcedente y mal fundado en derecho; 2do.: Rechaza el fin de inadmisión propuesto por el Dr. E.J., por ser totalmente improcedente en derecho; 3ro.: Rechaza las conclusiones sobre el fondo presentadas en audiencia por el Dr. E.J. por sí y por el L.. V.J.B., en representación de los Sucesores de A.R.H. y E.R.H., señores F.V.R.C., I.R.G. y compartes y los señores A. de J.T.G. e I.A.T.G., por falta de fundamento Jurídico; 4to.: Rechaza las conclusiones sobre el fondo presentadas en audiencia L.. J.A.M.R., por sí y por la L.da. A.A.P., en representación del Sr. D.A., por improcedentes y carentes de base legal; 5to.: Acoge las conclusiones presentadas en audiencia por la L.da. L.C.P., por sí y por los L.dos. M.A.M.D., G.S.R., M.C.C. y el Dr. L.H.B., en representación de la Isla Dominicana de Petróleo Corporation, por ser justas y reposar sobre base legal; 6to.: Acoge las conclusiones presentadas en audiencia por la Dra. N.G. de S., en representación de los señores J.G.E. y A.R., por ser procedentes y reposar sobre base legal; 7mo.: Ratifica en todas sus partes la sentencia núm. 2010-0284 de fecha 8 del mes de septiembre del 2010, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación a la Litis sobre Derechos Registrados de las Parcelas núms. 182 y 183; 58 y 58-A de los Distritos Catastrales núms. 11 y 25 del Municipio Guayubín, Provincia Montecristi, dictó su sentencia núm. 2010-0284, de fecha 8 de septiembre del 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “Parcelas núms. 182 y 183; 58 y 58-A, Distritos Catastrales núms. 11 y 25, Municipio de Guayubín, Provincia Montecristi. Primero: Se declara como buena y válida las demandas de que se trata en los procesos marcados con los núms. 23620071008 y 23620080028 por haber sido incoada en tiempo hábil y conforme a la ley, en cuanto a la forma; Segundo: En cuanto al fondo, se acoge la demanda incoada por J.G.E. y A.R., en el expediente núm. 23620071008, en consecuencia se declara la nulidad del proceso de saneamiento: mensuras, Adjudicación y Certificados de Títulos de la Parcela 58 del D.C. 25 de Guayubín y consecuentemente se declara la nulidad del proceso de Deslinde y Registro del mismo de la Parcela núm. 58-A del D.C. 25 de Guayubín, por haberse establecido que se hicieron superpuestos o solapados sobre las Parcelas núms. 182, 183 y 184 del D.C. 11 de Guayubín, surgidos por Decreto de Registro que datan del año 1956, es decir, muchos años antes de estos dos inmuebles superpuestos, tal y como se indica en las consideraciones de esta sentencia; Tercero: Se rechazan en todas sus partes las pretensiones de la parte demandante en el proceso marcado con el núm. 23620080028 presentadas a través de sus abogados D.. E.A.J., L.. B. y D.M.B. de J., tanto en cuanto a la excepción de incompetencia como al fondo; Cuarto: Se rechazan además por los motivos de hecho y de derecho contenidos en esta sentencia las conclusiones presentadas por los L.dos. G.S.-Hilarie y B.G., y el Dr. R.E.H.C., por improcedentes y mal fundadas en derecho; Quinto: Se condena al Sr. D.A., al pago de las costas del procedimiento con distracción en provecho de la Dra. N.A.G. de S.; Sexto: Se acoge el pedimento formulado por la Dra. N.G. de S., en cuanto a ordenar el desalojo del Sr. D.A. de los inmuebles Parcelas núms. 182 y 183 del D.C. 11 de Guayubín a favor de J.G.E.; Séptimo: Se ordena a la Secretaria notificar esta decisión al Registro de Títulos de Montecristi y a la Dirección Regional y Central de Mensuras Catastrales, para los fines de ley”; Considerando, que los recurrentes exponen como medios que apoyan su recurso los siguientes: Primer Medio: Violación al artículo 68/69, numeral 10.- Tutela Judicial. Debido proceso de ley de la Constitución Dominicana. Violación al derecho de defensa. Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. Al carácter de orden público de la seguridad jurídica de los derechos registrados. Violación a la jurisprudencia.; Segundo Medio: Violación errónea interpretación e incorrecta aplicación de las disposiciones de los artículos 7, 11, 71, 72, 170, 173, 174, 185, 186, 192, 195, 216 y 217, de la antigua Ley núm. 1542 de Registro de Tierras, art. 544, 545 y 546, 1101, 1108, 1315, 1316, 1582, 1605 y 1606 del Código Civil Dominicano, Desnaturalización de los hechos y falta de base legal y ponderación de los medios de prueba aportados por los ahora recurrentes en casación en el proceso, violación a los artículos 51 de la Constitución Dominicana; Considerando, que del desarrollo del primer y segundo medios propuestos por los recurrentes, los cuales se reúnen por su estrecha vinculación para el estudio y posterior solución del presente caso, estos alegan en síntesis lo siguiente: a).- que en tribunal a-quo en su sentencia evacuada núm. 2012-1480 omite erróneamente el recurso de apelación interpuesto por los Señores I.A.T.G. y A. de J.T.G.; b) que ni en sus motivaciones ni consideraciones, el tribunal a-quo se refirió a dicho recurso de apelación, ni mucho menos en el dispositivo de la sentencia, pese que aun cuando no fuera mencionado tanto el Dr. E.A.J., así como el L.do. V.J.B., siempre dieron su calidad en nombre de los señores A. de J.T.G. e I.A.T.G.;
c).- Que el hecho de que el tribunal a-quo no ponderara ni en sus consideraciones-motivos ni en el propio dispositivo de su sentencia, el recurso de apelación de los recurrentes en apelación ahora en casación, señores A. de J.T.G. e I.A.T.G., deja a estos, en una especie de limbo jurídico en cuanto a la protección y tutela efectiva del derecho registrado de la propiedad que le debe el Estado Dominicano; d).- que el tribunal a-quo adopta los mismos motivos que dio el tribunal de jurisdicción original, sin reproducirlos para no sobreabundar, sin dar motivos serios; e).- que no pondero las pruebas aportadas por los recurrentes, omitiendo referirse al recurso de apelación; d).- que los recurrentes incurrieron en el vicio de desnaturalización de los hechos de la causa y falta de base legal; Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que la misma se refiere ponen de manifiesto que son hechos constantes y no controvertidos los siguientes; a).- Que la Parcela núm. 182, del Distrito Catastral núm. 11 del municipio de G., fue registrada por Decreto núm. 56-3977, de fecha 27 de abril del año 1956, a nombre de B.E., y este le vendió el día 19 de diciembre de 1966 al Sr. J.G.E. expidiéndose en ese mismo año el Certificado de Título núm. 24, a su favor; b).- Que en el año 1981, se registro una porción de 25 Has, 15 As y 40 C., a favor del Sr. J.G.E. en la Parcela núm. 58, del Distrito Catastral núm. 25, del municipio de Guayubín; c).- Que la Parcela núm. 58-A, del Distrito Catastral núm. 25, del Municipio de G., nace como resultado del deslinde practicado en la parcela núm. 58, el 24 de marzo de 1995 a favor de D.A., con una superficie de 94 Has. 33 As y 04 C..; Considerando, que en cuanto a los agravios planteados por los recurrentes en sus medios de casación, en referencia a que el tribunal aquo le violó falazmente su derecho de defensa al no haber sido tomado en cuenta el recurso de apelación que fuera presentado por ellos por ante dicho tribunal a-quo, esta corte de casación ha podido verificar que el tribunal a-quo en la página 11 de su sentencia evacuada hizo referencia de las conclusiones presentadas por los recurrentes, señores I.A.T.G. y A. de J.T.G., donde se consigna lo siguiente: “Que el L.. J., concluyó por escrito de la manera siguiente: en representación de los Sres. A. de J.T.G. e I.A.T.G.: “Primero: Acoger en cuanto a la forma, la presente instancia contentiva del recurso de apelación contra la sentencia de tierras No. 2010-0284 de fecha ocho (8) del mes de septiembre del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Montecristi, por ser interpuesto en tiempo hábil y cumplir con las formalidades exigidas por la ley que rige la materia; Segundo: Revocar en todas sus partes la sentencia recurrida No. 2010-0284 de fecha 8-9-2010 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Montecristi por haber hecho el Tribunal aquo, un incorrecto análisis de los hechos de la causa y una inadecuada aplicación del derecho y de la Ley, en desmero y lesivo al derecho protegido de propiedad de los demandantes/recurrentes en apelación, señores I.A.T.G. y A. De J.T.G., y en consecuencia, en virtud del principio de avocación, acoger la Litis Sobre Derechos Registrados/Demanda, Nulidad de Deslinde y Desalojo Judicial, dentro de la Parcela núm. 58 del D.C. núm. 25 del Municipio de Guayubín, incoada por los demandantes/recurrentes en apelación en contra del señor D.A.-QuilvioA. y la Compañía Isla Dominicana de Petróleo Corp., ordenando al Registrador de Títulos de Montecristi, traspasar los derechos deslindados-verificados por el replanteo hecho pertenecientes al Sr. D. arias de los existente dentro del inmueble, Parcela núm. 58-A del D.C. núm. 25 del Municipio de Guayubín, comprometidos mediante actos de compra-venta y así preservando los derechos registrados o de reclamar/reclamar dichos derechos, a favor de los demandantes/recurrentes en apelación, señores I.A.T.G. y A. De J.T.G., dentro del inmueble litigioso, parcela núm. 58 del D.C. múm. 25 del Municipio de Guayubín, resultante Parcela núm. 58-A del D.C. núm. 25 del Municipio de Guayubín, en caso de anulación definitiva del saneamiento catastral que le dio origen y ante un nuevo y eventual saneamiento catastral, de parte interesada o con interés legítimo en dicho inmueble, con todas sus consecuencias legales; Tercero: En caso de preservar o mantener la denominación catastral del inmueble denominado, Parcela núm. 58 del D.C. núm. 25 del Municipio de Guayubín, ordenar el desalojo judicial inmediato del señor D.A. y de la Cía. Isla Dominicana de Petróleo Corp. o cualesquiera otras personas, físicas o morales, sin derecho al título que sea, que afecten y lesionen el derecho protegido de propiedad de los demandantes/recurrentes en apelación, señores I.A.T.G. y A.D.J.T.G., con todas sus consecuencias legales; Cuarto: Condenar a los demandados/recurridos, en apelación señores D.A. y la Cia. Isla Dominicana de Petróleo Corp. al pago de un astreinte de cinco (RD$5,000.00) Mil pesos oro diarios, por cada día de retraso en el cumplimiento de lo ordenado por la sentencia a intervenir; Quinto: Condenar a los demandados/recurridos, señores D.A. y la Cía. Isla Dominicana de Petróleo Corp., al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados de los demandantes/recurrentes en apelación quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad; Sexto: Ordenando ejecutoria provisional y sin fianza, la sentencia a intervenir, no obstante cualquier recurso interpuesto contra ella”; Considerando, que igualmente en el 3er. Ordinal del fallo impugnado, este expresa lo siguiente: “Rechaza las conclusiones sobre el fondo presentadas en audiencia por el Dr. E.J. por sí y por el L.. V.J.B., en representación de los sucesores de A.R.H. y E.R.H., señores F.V.R.C., I.R.G. y compartes y los señores A. de J.T.G. e I.A.T.G., por falta de fundamento jurídico”; Considerando, que es criterio jurisprudencial de esta corte de casación que de conformidad con las disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias deberán contener, entre otras formalidades, la enunciación de las conclusiones de las partes; que si bien es cierto que esta formalidad es esencial ya que las conclusiones son las que circunscriben o fijan la esfera del litigio y permiten a la Suprema Corte de Justicia verificar si los jueces de fondo han respondido a las cuestiones que le hayan sido propuestas, no menos cierto es que esto no está sujeto a términos sacramentales y puede resultar como en el caso de que se trata de las enunciaciones combinadas de los puntos de hechos y los motivos sobre las pretensiones de las pretensiones de las partes (B. J. 899, pág. 2521); Considerando, que en el Estado Constitucional toda persona tiene derecho a acceder a un proceso con la finalidad de que el tribunal competente brinde su protección, lo que se reconoce como tutela judicial efectiva, esto incluye la posibilidad de contar con las medidas necesarias para garantizar la eficacia o ejecución de las decisiones, lo que constituye el núcleo esencial de una efectiva prestación de justicia que logre la culminación en concreto de todo conflicto; que, por lo antes expuesto, al haber estatuido la Corte a-qua en la forma que lo hizo, no incurrió en las violaciones alegadas, en consecuencia, el medio que se examina carece de fundamento y es desestimado; Considerando, que siendo esto así, y contrario a lo expresado por los recurrentes de que el tribunal a-quo los dejó como en una especie de limbo jurídico, esta corte de casación ha podido verificar que el tribunal a-quo recogió en su sentencia evacuada las conclusiones presentadas por los Sres. I.A.T.G. y A. de J.T.G. a través de sus abogados el Dr. E.J. y el L.. V.J.B., dando su contestación en el dispositivo del fallo hoy impugnado; Considerando, que de la forma como el tribunal a-quo falló, fue en base el hecho de que fueron realizados dos informes técnicos por dos agrimensores, los cuales coincidieron en señalar que la Parcela núm. 58, del Distrito Catastral núm. 25 de G., Provincia Montecristi estaba superpuesta de manera parcial en las Parcelas núms. 183 y 182 del Distrito Catastral núm. 11, del municipio de Guayubín, por lo que dicho tribunal consideró que con esto se violaban las disposiciones de la ley y los principios del sistema registral los cuales descansan en la especialidad y la oponibilidad, ya que luego de que un derecho es registrado este surte efecto, es oponible a todo el mundo, por aplicación del art. 174 y 186 de la Ley 1542 de Registro de Tierras, principios que permanecen hoy en día vigentes por constituir la base esencial del sistema registral, lo que hacia los trabajos de deslinde nulos; Considerando, que en consonancia con lo anteriormente expresado, por el hecho de que el tribunal a-quo no acogiera los argumentos, presentados por los Sres. I.A.T.G. y A. de J.T.G. a través de sus abogados el Dr. E.J. y el L.. V.J.B., y basara su fallo en base a otros hechos y derechos que le fueron presentados, además, es una potestad que entra dentro de la facultad de valoración de los pruebas y en base a estos y con una adecuada motivación es que el juez puede acoger o no las conclusiones y alegatos que se le presentan durante el proceso de la litis, siempre que con esto no se desnaturalicen los hechos y el derecho, y mucho menos se vulnere el derecho de defensa del recurrente, lo cual no puede ser aplicable en éste caso, pues el tribunal a-quo no incurrió en el vicio planteado por los recurrentes; sino que más bien con su sentencia protegió el derecho que había sido depurado previamente, para garantía y eficacia del sistema registral, en consecuencia el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado; Considerando, que en cuanto a lo sostenido por los recurrentes en relación a que el tribunal a-quo, adoptó los mismos motivos que dio el tribunal de jurisdicción original, sin reproducirlos, el estudio de la sentencia de marras evidencia que el tribunal a–quo si estableció como fundamento de su decisión que el resultado de las inspecciones realizadas determinó la superposición de la Parcela núm. 58, sobre las Parcelas núms. 182 y 183, en ese mismo orden estableció que la Parcela núm. 182 había sido registrada en fecha 27 de abril de 1956 producto de los trabajos de saneamiento realizadas sobre la misma; en consecuencia se pone de manifiesto que el tribunal a-quo produjo sus propios motivos los cuales robusteció con los dados por el tribunal de primer grado, por lo que el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado; Considerando, que uno de los aspectos enunciados por los recurrentes en su segundo medio, alegan que la Corte a-qua también violó el artículo 51 de la Constitución de la República, el cual protege el derecho de propiedad, pero sin dar motivos claros y precisos que edifiquen a esta Corte en cuanto a la supuesta vulneración del referido derecho, en ese sentido esta Tercera Sala no está en condiciones para pronunciarse sobre la conculcación del derecho de propiedad promovida por los recurrentes; Considerando, que esta corte de casación del estudio de la sentencia impugnada ha podido comprobar que por los hechos y circunstancias así establecidos y comprobados, los jueces del tribunal aquo formaron su convicción en el examen y apreciación de la pruebas que les fueron administradas, según se verifica en los considerandos esgrimidos en su sentencia, los cuales esta Suprema Corte de Justicia considera correctos y legales, por lo que los medios expresados por los recurrentes carecen de fundamento y deben ser desestimados; Por tales motivos; Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por A. De Jesus Taveras García e I.A.T.G. contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 14 de junio de 2012, en relación con las Parcelas núms. 182 y 183 del Distrito Catastral núm. 11 y Parcelas núms. 58 y 58-A del Distrito Catastral núm. 25 del municipio de Guayubín, Provincia Montecristi, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior al presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae a favor de los L.dos. M.S.M., C.A.M.C. y R.J.; L.. G.S.R., L.H.B., M.C.C. y L.C.P., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte. Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 24 de agosto de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración. (Firmados).-M.R.H.C.-EdgarH.M..-S.I.H.M..-R.C.P.A..- La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.