Sentencia nº 460 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Mayo de 2016.

Fecha de Resolución:18 de Mayo de 2016
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia Núm. 460

M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 18 de mayo de 2016, que dice:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 18 de mayo de 2016. Casa Preside: J.C.C.G..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.M.A. De La Cruz, dominicana, nacionalidad española, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 010-1760417-3, domiciliada y residente en la ciudad de Sant Celoni, en la calle Palutordera núm. 31, Barcelona, España, contra la sentencia civil núm. 546-2014, dictada el 26 de junio de 2014, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. G.S. por sí y por el Licdo. L.M.M. y compartes, abogados de la parte recurrente M.M.A. De la Cruz;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. F.A., abogado en representación de la parte recurrida J.E.C.;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: “Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del Fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 6 de julio de 2015, suscrito por los Licdos. L.M.M., M.M.M. y el Dr. A.R.C., abogados de la parte recurrente M.M.A. De la Cruz, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 29 de julio de 2015, suscrito por el Licdo. F.A., abogado de la parte recurrida J.E.C.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 11 de mayo de 2016, estando presentes los magistrados J.C.C.G.; P., M.O.G.S., D.M.R. de G., J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos del secretario y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de la demanda en partición de bienes interpuesta por el señor J.E.C. contra M.M.A. de la Cruz, la Sexta Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 19 de abril de 2013, la sentencia civil núm. 01075-2013, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la presente Demanda de PARTICIÓN DE BIENES DE LA UNIÓN CONSENSUAL, intentada por el señor J.E.C., en contra de la señora M.M. ARIAS DE LA CRUZ por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; SEGUNDO: COMPENSA las costas, por los motivos precedentemente expuestos” (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor J.E.C. interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 937-2013, de fecha 14 de septiembre de 2013, del ministerial J.R.C., alguacil ordinario del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó la sentencia civil núm. 546-2014, de fecha 26 de junio de 2014, ahora impugnada, cuya parte dispositiva, copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor J.E.C., mediante el acto No. 937/2013, de fecha 14 del mes de septiembre del año 2013, instrumentado por el ministerial J.R.C., ordinario del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional contra la sentencia núm. 01075/2013, dictada en fecha 19 de abril de 2013 por la Sexta Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, con ocasión de la demanda primitiva en partición de bienes producto de un concubinato, lanzada por el señor J.E.C., en contra de la señora M.M.A. de la Cruz, por haber sido incoado conforme a las reglas procesales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo de la referida acción recursiva, ACOGE la misma; en consecuencia, REVOCA en todas sus partes la sentencia recurrida, marcada con el número 01075/2013, dictada en fecha 19 de abril de 2013, por la Sexta Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; TERCERO: Sobre la demanda original, ACOGE la misma. Por consiguiente, ORDENA la partición de los bienes adquiridos durante la unión de hecho sostenida entre los señores J.E.C. y M.M.A. de la Cruz, atendiendo a las razones vertidas en la parte motivacional de la presente dictada en fecha decisión; CUARTO: DESIGNA a la la Sexta Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en la persona de su juez titular, comisario para dirigir las labores de partición y realizar todos los actos propios de dicho proceso, incluyendo el nombramiento del perito y el notario para las labores de inspección y avalúo de los bienes a partir; QUINTO: DECLARA las costas deducibles de la masa a partir, a favor y provecho del licenciado F.A. y el doctor M.B.G., por los motivos expuestos”; (sic);

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación a los artículos 61, 456 y 73 del Código de Procedimiento Civil, así como los artículos 7, 8, 68 y 69 de la Constitución de la República del 26 de enero del año 2010, que tipifican la protección del ciudadano por parte del Estado, la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso; Segundo Medio: Ponderación errónea de documentos y desnaturalización de los hechos;

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare inadmisible del recurso de casación por interponerse luego de vencer el plazo de treinta (30) días contado a partir de la notificación de la sentencia que se realizó mediante acto núm. 324/2014 de fecha 18 de noviembre de 2014, habiendo transcurrido cinco (5) meses desde la notificación hasta la interposición del presente recurso;

Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisión contra el recurso, procede, por tanto, su examen en primer término;

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08, el plazo para interponer el recurso de casación en esta materia, es de treinta (30) días y tiene como punto de partida la fecha en que se notifica la sentencia impugnada;

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso fue notificada mediante acto núm. 324/2014 de fecha 18 de noviembre de 2014, instrumentado por el ministerial J.R.C., alguacil ordinario del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, durante cuya diligencia ministerial realizó dos traslados el primero a la calle 14 No. 21 del E.L., Santo Domingo, Distrito Nacional, domicilio y residencia de la señora M.M.A. De La Cruz, lugar donde expresó hablar con C.P., quien le dijo ser vecina de la requerida, y para el segundo traslado se dirigió a la secretaría del tribunal de primer instancia, esto es, a la Sexta Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; que también se advierte que el presente recurso de casación fue interpuesto por la señora M.M.A. De la Cruz mediante memorial de casación de fecha 6 de julio de 2015;

Considerando, que previo a establecer el plazo transcurrido entre la notificación de la sentencia y la interposición del presente recurso, es preciso determinar si en su notificación fueron observadas las normas legales previstas con esa finalidad en razón de que la notificación de las decisiones judiciales, como acto del proceso, es una de las actuaciones de mayor efectividad sobre los que descansa del derecho constitucional al debido proceso, por cuanto garantiza el conocimiento de las decisiones judiciales a aquellos a quienes les concierne y marca el punto de partida del plazo para que el interesado ejercite de manera oportuna el derecho de contradicción, planteando sus defensas y excepciones respecto al acto jurisdiccional del cual ha tomado conocimiento;

Considerando, que conforme las disposiciones del artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, “los emplazamientos deben notificarse a la misma persona o en su domicilio, dejándole copia. Si el alguacil no encontrare en éste ni a la persona a quien se emplaza ni a ninguno de sus parientes, empleados o sirvientes, entregará la copia a uno de los vecinos, quien firmará en el original (...) El alguacil hará mención de todo, tanto en el original como en las copias”;

Considerando, que la finalidad cardinal de las disposiciones del artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, es que cuando la notificación no pueda realizarse en manos de la persona requerida se haga en manos de las personas más cercanas, sea familiar o empleado de esta, y solo en ausencia de alguno de ellos se procederá a trasladarse a realizar la notificación en manos de los vecinos por entenderse colindantes o contiguos al domicilio de la destinataria del acto, teniendo la obligación el ministerial de hacer mención en el acto de las diligencias o actuaciones por él realizadas, cuyas exigencias no fueron cumplidas en el caso planteado toda vez que no constan las razones por las cuales no obstante trasladarse al alegado domicilio de la hoy recurrente el acto no fue notificado en su persona o en manos de alguno de los parientes o empleados sino en manos de un vecino, razones por las cuales no puede ser considerado como una actuación que sirva de punto de partida del plazo para el ejercicio del recurso de casación, razones por las cuales y en ausencia de una notificación válida de la sentencia impugnada procede rechazar el medio de inadmisión formulado por la recurrida y proceder al examen de los medios de casación propuestos por la parte recurrente;

Considerando, que en ese sentido, alega la recurrente en el segundo medio, a cuyo examen se procede con antelación por la solución que será adoptada, que la corte a-qua sustentó su decisión en base a una declaración notarial en la cual el hoy recurrido, demandante original, expresó que supuestamente mantuvieron una convivencia por un período de diez (10) años, cuyo documento, expresa la recurrente, no reúne los requisitos exigidos por la jurisprudencia para establecer una relación de concubinato, así como tampoco reúne dicho acto notarial los requisitos exigidos por los artículos 31 y 35 de la Ley núm. 301 sobre N. para los actos auténticos o bajo firma privada;

Considerando, que conforme consta en el fallo impugnado la presente decisión se originó por efecto de la demanda en partición de bienes producto de una unión consensual en ocasión de cuya instrucción el tribunal de primer grado rechazó el medio de inadmisión formulado por la parte demandada como el fondo de la demanda, decisión ésta que fue posteriormente revocada por la alzada en ocasión del recurso de apelación que interpuso el hoy recurrido y admitida la demanda en partición mediante la sentencia ahora impugnada en casación aportando como motivos justificativos que la unión sostenible entre las partes capaz de generar una masa a partir quedó cubierta con el acto de notoriedad sometido a su escrutinio y reintroducido en la presente instancia de segundo grado;

Considerando, que a fin de justificar la existencia de una unión consensual con las características fijadas por la jurisprudencia la corte a-qua expresó examinar, según detalla en la página 11 de su decisión, el acto notarial contentivo de Declaración Jurada de Unión Libre de suscrita en fecha 29 de octubre de 2010 por el demandante original, señor J.E.C., en presencia de los testigos F.C.M. y V.P. por ante el N.F.H.R.B., de los del número del Distrito Nacional, fotocopia de la cual se aporta a esta jurisdicción de casación en la cual declara: “Que vivió en unión libre por un periodo de diez (10) años desde el año 1997 hasta el año 2007 con la señora M.A. De la Cruz, dominicana, nacionalizada Española”;

Considerando, que en ausencia de una norma que regule las uniones consensuales, la jurisprudencia ha delineado los requisitos o características que deben cumplirse para configurar una relación de hecho generadora de derechos y obligaciones entre las partes y frente a terceros equiparables a aquellos que nacen de las uniones fundadas en el matrimonio, de igual manera, ha sido la labor de la jurisprudencia que ha regulado la suerte de la sociedad patrimonial que de manera irrefragable se presume entre los convivientes;

Considerando, que, en ese orden de ideas, los criterios jurisprudenciales han reconocido que las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho, constituyen una modalidad familiar de trascendencia jurídica que debe ser admitido, siempre y cuando esa unión se encuentre revestida de las características siguientes: a) una convivencia more uxorio, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad legal en la unión;
c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de efectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aun cuando haya cesado esta condición por la disolución posterior del vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer, sin estar casados entre sí;

Considerando, que la declaración Notarial que realiza el demandante en partición declarando que convivió en unión libre con la persona contra quien dirige la demanda no puede ser admitida como prueba determinante o decisiva de la existencia y duración de una convivencia “more uxorio”, es decir, de una relación exhibida de manera pública y notoria equiparándola con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, razón por la cual corresponde a los jueces de fondo, en el ejercicio de la apreciación soberana que gozan en la valoración de las pruebas, retener esa declaración como un principio de prueba de la existencia de un vínculo afectivo que debe ser refrendada por otros medios probatorios de mayor certeza para acreditar su existencia, estabilidad, singularidad y notoriedad, pudiendo requerir, de forma enunciativa, información o acreditación de la masa fomentada a fin de refrendar la duración y estabilidad de una unión de magnitud a constituir un patrimonio, sin embargo, en la especie planteada, aun cuando le fueron aportados documentos en ese sentido el fallo impugnado prescinde de referirse a su influencia en el proceso, también puede ser requerida información de testigos que justifiquen un vínculo con el demandante y puedan dar fe sobre el lazo de afectividad y de convivencia de manera pública y notoria entre los concubinos, lo que no ocurrió en la especie toda vez que los testigos instrumentales del acto notarial no hicieron declaración al respecto, cuya prueba es requerida con mayor rigor cuando, como en el presente caso, el compareciente no suministra información respecto al domicilio del hogar donde se desarrolló ese modelo de convivencia con la hoy recurrida, limitándose a expresar tener su domicilio en la ciudad de España, sin embargo, los testigos del acto expresaron tener su domicilio en la República Dominicana, no advirtiéndose por tanto un vínculo que justifique su conocimiento sobre la relación declarada por el hoy recurrente;

Considerando, que en base a las razones expuestas, la corte a-qua no realizó las comprobaciones suficientes en aras de establecer la existencia y duración de una unión consensual capaz de generar determinados efectos jurídicos como lo es la formación de un patrimonio con vocación de ser objeto de una demanda siguiendo los lineamientos instituidos para la partición entre cónyuges, limitándose a admitirla en base a una declaración que no satisface los requisitos establecidos por la jurisprudencia, hecho este que justifica la censura casacional de la decisión así adoptada, debiendo agregarse, a fin de robustecer la decisión que será adoptada, que la fotocopia del acto que contiene la declaración la declaración jurada de unión libre aportada a esta jurisdicción de casación no contiene la firma del N. ante quien fue hecha, conforme exige el artículo 31 de la Ley sobre Notariado;

Considerando, que en base a las razones en consecuencia, el fallo impugnado debe ser casado por los vicios denunciados sin necesidad de analizar los demás medios de casación planteados por la recurrente.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 546-2014, dictada el 26 de junio de 2014, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se produce en otro espacio de este fallo y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Departamento Judicial de Santo Domingo, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la parte recurrida al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en provecho del los Licdos. L.M.M., M.M.M. y el Dr. A.R.C., abogados de la parte recurrente M.M.A. De la Cruz, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 18 de mayo de 2016, años 173º de la Independencia y 153º de la Restauración.

(Firmados).-Julio C.C.G..-Dulce M.R. de Goris.-Francisco A.J.M..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.