Sentencia nº 47 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Febrero de 2015.

Fecha de Resolución: 4 de Febrero de 2015
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 4 de febrero de 2015

Sentencia No. 47

GRIMILDA A. DE S., SECRETARIA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2015, QUE DICE:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 4 de febrero de 2015 Rechaza Preside: Julio César Castaños Guzmán

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los señores S.R.C. y V.C.R., dominicanos, mayores de edad, casados entre sí, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 028-0007093-6 y 028-0010038-6, domiciliados y residentes en la calle F.R. núm. 163 esquina J.X., municipio de Higuey, provincia La Altagracia, contra la sentencia núm. 150-2011, dictada el 29 de marzo de 2011, por la Primera Sala de

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la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. J.C.N.N., por sí y por el Dr. J.M.N.C., abogados de la parte recurrente Santo Rijo Castillo y Victoria Carpio Robles;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. G.R.Z., por sí y por el Dr. Claudio A. Luna Torres, abogados de la parte recurrida Banco de Ahorro y Crédito BDA, S.A., (Banco de Desarrollo Agropecuario, S. A.);

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: En el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre procedimiento de casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces de fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución de la solicitud del presente Recurso de Casación”(sic);

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Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 1ro. de junio de 2011, suscrito por el Dr. J.M.N.C., abogado de la parte recurrente Santo Rijo Castillo y V.C.R., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de junio de 2011, suscrito por los Dres. T.L. y C.A.L.T. y la Licda. G.R.Z., abogados de la parte recurrida Banco de Ahorro y Crédito BDA, S. A. (Banco de Desarrollo Agropecuario, S.
A.);

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

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La CORTE, en audiencia pública del 13 de junio de 2012, estando presentes los magistrados J.C.C.G., P.; M.O.G.S., V.J.C.E., J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos de la Secretaria, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere, consta: a) que con motivo de una demanda en nulidad de mandamiento de pago interpuesta por los señores S.R.C. y Victoria Carpio Robles contra el Banco de Ahorro y Crédito BDA, S.A., continuador jurídico del Banco de Desarrollo Agropecuario, S. A. (BDA), la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 22 de septiembre de 2009, la sentencia núm. 0963/2009, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en nulidad de mandamiento de pago intentada por los señores SANTO RIJO y VICTORIA CARPIO ROBLES en contra de BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, mediante el acto No.

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02/2008, instrumentado en fecha 3 del mes de enero del año 2008, por el Ministerial PEDRO DE LA CRUZ MANZUETA, Alguacil Ordinario de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido hecha conforme a las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en parte en cuanto al fondo la indicada demanda, en consecuencia, DECLARA la nulidad del mandamiento de pago tendente a embargo inmobiliario marcado con el No. 1370/2007, de fecha 22 de diciembre del año 2007, instrumentado por el ministerial FRANCISCO ALBERTO GUERRERO, Alguacil Ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia La Altagracia, conforme a los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento, de conformidad con los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia”; b) que no conforme con dicha decisión, el Banco de Ahorro y Crédito BDA, S.A., interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 1192/2009, de fecha 3 de noviembre de 2009, instrumentado por el ministerial F.A.G., alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y

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de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial La Altagracia, en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 29 de marzo de 2011, la sentencia núm. 150-2011, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO BDA, S.A., mediante acto número 1192/2009, de fecha 03 del mes de noviembre del año 2009, instrumentado por F.A.G., alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y De Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, contra la sentencia No. 0963/2009, de fecha 22 de septiembre de 2009, relativa al expediente No. 037-08-00033, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuestos según las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE el recurso de apelación interpuesto, REVOCA la sentencia recurrida, y en consecuencia: a) DECLARA buena y válida en cuanto a la forma la demanda en nulidad del mandamiento de pago interpuesta por los señores SANTO RIJO CASTILLO y VICTORIA CARPIO ROBLES en contra del BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO BDA, S.A.; b) RECHAZA en cuanto al fondo

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la demanda antes descrita, en virtud de las consideraciones antes citadas; TERCERO: CONDENA, a las partes recurridas, los señores SANTO RIJO CASTILLO y VICTORIA CARPIO ROBLES, al pago de las costas del proceso, distrayendo las mismas a favor y provecho de los doctores C.L., T.L. y de la licenciada G.R., abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”;

Considerando, que los recurrentes proponen, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Motivación insuficiente. Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación al artículo 1134 del Código Civil. Desnaturalización de los hechos de la causa”;

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, reunidos para su examen por su estrecha vinculación, los recurrentes alegan que el mandamiento de pago cuya nulidad demandaron fue notificado en base a un título inexistente, a saber, el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre las partes el 5 de febrero de 1997, ya que dicho contrato había sido dejado sin efectos jurídicos mediante un acuerdo transaccional del 29 de mayo de 2007, por lo que, con posterioridad a su suscripción, cualquier acción de su contraparte debió hacerse en base a dicho título; que, no obstante, la

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corte a-qua juzgó que el acuerdo transaccional suscrito por las partes produciría sus efectos y tendría autoridad de la cosa juzgada cuando los deudores cumplieran con el pago total de la deuda en vista de que las radiaciones de las hipotecas inscritas dependían de dicho pago con lo que se sustentó en una motivación completamente desprovista de asidero jurídico e incurrió en falta de base legal y desnaturalización de los hechos ya que de acuerdo al artículo 2052 del Código Civil el carácter de cosa juzgada de un acuerdo transaccional se adquiere con la mera firma del mismo; que para que el banco pudiera legítimamente ejecutar los inmuebles de los recurrentes y que el incumplimiento del acuerdo transaccional se convirtiera en una causal de ejecución, dicho banco debió primero solicitar la resolución de la transacción convenida y un tribunal haber dispuesto la misma, porque no es posible hacerse de la resolución de un contrato de forma unilateral de acuerdo a lo establecido por el artículo 1134 del Código Civil;

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere se advierte que: a) en fecha 5 de febrero de 1997, el Banco de Desarrollo Agropecuario, S. A. (BDA)

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otorgó un préstamo hipotecario a Santo Rijo, V.A.S.P., R.M.V. y V.C.R.; b) en fecha 3 de septiembre de 2008, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná declaró al Banco de Desarrollo Agropecuario, S. A. (BDA), adjudicatario de varios inmuebles propiedad de sus deudores mediante sentencia núm. 0207/2008, dictada con motivo del procedimiento de embargo inmobiliario seguido por la acreedora en su perjuicio; c) en fecha 29 de mayo de 2007, el Banco de Desarrollo Agropecuario, S. A. (BDA) suscribió un acuerdo transaccional con S.R.C. y V.C.R., conforme al cual las partes acordaron fijar en la suma de doce millones de pesos (RD$12,000,000.00) la deuda generada en virtud del contrato de préstamo del 5 de febrero de 1997, que en ese momento ascendía a dieciocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos once pesos dominicanos con veinticuatro centavos (RD$18,849,911.24); d) en fecha 22 de diciembre de 2007 el Banco de Desarrollo Agropecuario, S. A. (BDA) notificó un mandamiento de pago a los señores S.R.C. y V.C.R., mediante acto núm. 1370/2007, instrumentado por el

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ministerial F.A.G., alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia; e) en fecha 3 de enero de 2008, S.R.C. y V.C.R. interpusieron una demanda en nulidad del indicado mandamiento de pago contra el Banco de Desarrollo Agropecuario, S. A. (BDA) mediante acto núm. 02/2008, instrumentado por el ministerial P. De la Cruz Manzueta, alguacil ordinario de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, la cual fue acogida por el tribunal de primera instancia apoderado mediante sentencia revocada por la corte a-qua a través del fallo objeto del presente recurso de casación;

Considerando, que la corte a-qua sustentó su decisión en los motivos que se transcriben textualmente a continuación: “que el acuerdo transaccional suscrito entre el Banco de Desarrollo Agropecuario, S.A., y los señores S.R.C. y V.C.R. de R. en fecha 29 de mayo de 2007, establece en su artículo primero lo siguiente: “Los deudores entregan en manos del Banco la suma de ocho millones de pesos (RD$8,000,000.00) al momento de la firma del presente acto como abono al préstamo No.

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41012951 otorgado en fecha 5 de febrero del 1997 y a los gastos y honorarios legales, estando pendiente para el saldo definitivo del préstamo la suma de cuatro millones de pesos (RD$4,000,000.00) que serán pagados por los deudores mediante cuatro (4) pagos iguales y consecutivos de un millón de pesos (RD$1,000,000.00) cada uno, cada cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la presente fecha, es decir el primer pago a más tardar el día trece (13) de julio del dos mil siete (2007), el segundo pago a más tardar el día veintisiete (27) de agosto del 2007, el tercer pago a más tardar el día once (11) de octubre del 2007 y el último pago a más tardar el día veintiséis (26) de noviembre de dos mil siete (2007); que es preciso aclarar que en la especie no puede hablarse de novación, pues en este caso no concurren ninguna de las circunstancias o formas establecidas por el legislador en el 1271 del Código Civil, antes citado, ni existe declaración expresa al respecto, ya que no se trata en la especie de una deuda nueva o un refinanciamiento, como se estila en el ámbito financiero y monetario, sino que se negoció una forma de pago diferente, renunciando la acreedora a una parte de la deuda; que la circunstancia de que en el acto No. 1370-2007 de fecha 22 de

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diciembre de 2007, constitutivo de mandamiento de pago la parte recurrente, otrora demandada, manifestara su voluntad de dejar sin efecto los actos Nos. 174/2000 de fecha 11 de septiembre de 2000 y 669-2000 de fecha 30 de agosto de 2000, y de todos y cada uno de los actos de procedimiento posteriores a dichos mandamientos de pago, es prueba palmaria de que su mandamiento de pago se hace en virtud del acuerdo transaccional antes descrito, ya que parte de los inmuebles dados en garantía en el primer contrato, fueron excluidos en el acuerdo de fecha 29 de marzo de 2007, por el avance de RD$8,000,000.00, pagados al momento de su suscripción; que el artículo noveno del acuerdo transaccional suscrito entre el Banco de Desarrollo Agropecuario, S.A., y los señores S.R.C. y V.C.R. de R. en fecha 29 de mayo de 2007, establece: “el presente acuerdo ha sido pactado entre las partes de buena fe, por lo que en caso de incumplimiento por parte de los deudores a cualesquiera de las obligaciones puestas a su cargo, especialmente las relativas al pago de las sumas acordadas, el Banco continuará el cobro del préstamo sin el descuento acordado, es decir, que el mismo retornará a su valor original luego de ser aplicado el

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pago de los Ocho Millones de Pesos (RD$8,000,000.00)”(sic); que está claramente definido el carácter y alcance de las obligaciones asumidas por los deudores en el acuerdo transaccional, basta con el contenido del artículo 9no., antes detallado, para comprender que el carácter de la autoridad irrevocablemente juzgada de ese acuerdo se operaría cuando los deudores cumplieran con el pago restante puesto que la radiación de las hipotecas inscritas sobre los inmuebles que eran la garantía de la acreedora real, estaba supeditada al pago definitivo del monto adeudado, en tal virtud, en puridad no se produjeron en la especie los efectos de la transacción, en el entendido de que este acuerdo estaba condicionado al cumplimiento de una obligación por parte de los recurridos; que los demandantes originales, hoy recurridos expresan que antes de proceder al cobro de la suma adeudada, deuda que no ha sido negada por esta parte, debe esperarse a la decisión de un tribunal respecto a la resolución del acuerdo transaccional, lo cual a juicio de esta Sala de la Corte es innecesario, ya que para los fines de la ejecución de la garantía hipotecaria conforme a los cánones legales vigentes, le basta al acreedor que el crédito sea cierto, líquido y exigible, tal y como

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sucedió en la especie; que respecto de la base principal de la demanda en nulidad, admitido incluso por la jueza a-qua, de que el mandamiento de pago fue hecho en virtud del contrato No. 41012951 de fecha 5 de febrero de 1997, nada más alejado de la realidad, ya que en el acuerdo transaccional figuran dos tipos de inmuebles, los que fueron objeto de radiación de las hipotecas que pesaban sobre ellos, y los que continuaron siendo la prenda de la acreedora hoy recurrente, por estar supeditada la radiación de las hipotecas al pago total de la deuda; que la mención hecha en el mandamiento de pago objeto de la presente demanda en nulidad, de que la fecha en que fueron inscritas las hipotecas de los inmuebles mencionados anteriormente en segundo término, puede hacer suponer que se hizo el mandamiento de pago en virtud del contrato de fecha 5 de febrero de 1997, es una interpretación errónea del contenido del acto, pues era el deber del alguacil actuante indicar claramente el origen primario de las inscripciones hipotecarias, pero obviamente que eso no implica que el mandamiento objeto de la demanda en nulidad no fuera el inicio del procedimiento llevado a cabo por el incumplimiento de lo pactado claramente en el acuerdo transaccional; que ciertamente se inició un

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nuevo procedimiento de embargo, lógicamente, porque el anterior con su sentencia de adjudicación fue dejado sin efecto jurídico alguno por la parte recurrente al renunciar a sus beneficios; que en tal virtud, somos de criterio que la jueza a-qua hizo una errónea interpretación de los hechos al declarar la nulidad del acto de mandamiento de pago de que se trata, razón por la cual procede acoger el presente recurso, revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda en nulidad de mandamiento de pago por los motivos antes expuestos”;

Considerando, que la desnaturalización de un documento es definida como el desconocimiento por los jueces del fondo de su sentido claro y preciso privándolo del alcance inherente a su propia naturaleza; que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que, como Corte de Casación, tiene la facultad excepcional de observar si los jueces apoderados del fondo del litigio han dotado los documentos aportados al debate de su verdadero sentido y alcance y si las situaciones constatadas, son contrarias o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas; que de la lectura del denominado acuerdo transaccional cuya desnaturalización se invoca se advierte

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claramente que en ninguna parte del mismo las partes pactaron dejar sin efecto el contrato de préstamo original de fecha 5 de febrero de 1997; que, en realidad, tal como expresó la corte a-qua en dicho contrato lo que se realizó fue un acuerdo de pago con reducción de una parte de la deuda condicionado a su estricto cumplimiento, tal como fue establecido por la corte a-qua;

Considerando, que en las cláusulas segunda y novena del denominado acuerdo transaccional se estipuló lo siguiente: “Las partes acuerdan que en caso de que los pagos realizados por los deudores sean mediante cheques, la validez del presente acuerdo estará sujeta al cambio efectivo y definitivo de dichos cheques estipulándose claramente que en caso de existir alguna dificultad en la conversión en efectivo de dichos pagos, el presente acuerdo se reputará como inexistente y no escrito; El presente acuerdo ha sido pactado entre las partes de buena fe, por lo que en caso de incumplimiento por parte de los deudores a cualesquiera de las obligaciones puestas a su cargo, especialmente las relativas al pago de las sumas adeudadas, el Banco continuará con el cobro del préstamo sin el descuento acordado, es decir, que el mismo retornará

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a su valor original luego de aplicado el pago de los ocho millones de pesos (RD$8,000,000.00)”; que de las estipulaciones transcritas se advierte de manera clara y precisa que los efectos de lo convenido en el acuerdo transaccional cuya desnaturalización se invoca, solo tendrían lugar si los deudores cumplían fielmente con los pagos en la forma en que fueron pactados, por lo que la corte tampoco incurre en desnaturalización alguna ni en una violación al artículo 2052 del Código Civil, al considerar que el carácter de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada de dicho acuerdo transaccional operaría cuando los deudores cumplieran con el pago restante, ya que evidentemente se trataba de una obligación sujeta a una condición suspensiva, las cuales en virtud de los artículos 1168 y 1181 del Código Civil son aquellas que dependen de un suceso futuro e incierto suspendiendo sus efectos hasta tanto aquel se verifique;

Considerando, que contrario a lo que también se alega, en la especie no era necesario que se ordenara judicialmente la resolución del acuerdo transaccional del 29 de mayo de 2007, para que el Banco de Ahorro y Crédito BDA, S. A. (Banco de Desarrollo Agropecuario,
S. A.) iniciara nuevamente las acciones ejecutorias de su crédito,

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puesto que al hacerlo, lejos de desconocer su contenido, realmente estaba ejecutando las cláusulas transcritas precedentemente, que condicionaban su eficacia al cumplimiento de los deudores de los pagos convenidos, tal como fue considerado por la corte a-qua;

Considerando, que, finalmente, el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma, contiene una relación completa de los hechos de la causa, sin incurrir en desnaturalización, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede, rechazar los medios de casación examinados y, de igual modo, el presente recurso de casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Santo Rijo Castillo y V.C.R., contra la sentencia núm. 150-2011, dictada el 29 de marzo de 2011, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha copiado en parte anterior de la presente sentencia; Segundo: Condena a Santo Rijo

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Castillo y Victoria Carpio Robles al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Dres. C.A.L.T., T.L. y Licda. G.R.Z., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 4 de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.

(FIRMADOS).- Julio C.C.G..- V.J.C.E..- J.A.C.A..- F.A.J.M..- G.A., Secretaria General.-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. CCH.

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