Sentencia nº 491 de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Septiembre de 2016.

Fecha de Resolución: 7 de Septiembre de 2016
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

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Sentencia Núm. 491

M.A.M.A., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 7 de septiembre de 2016, que dice:

TERCERA SALA.

Audiencia pública del 7 de septiembre de 2016. Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la sociedad de comercio ACS Business Process Solutions, (Dom. Rep.), organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio conocido y establecimiento principal, ubicado en una de las naves industriales de la Zona Franca de San Isidro, y domicilio AdHoc en la Av. T., núm. 14, 4to. Piso, Edificio Alfonso

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Rechaza

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Comercial, E.N., Distrito Nacional, República Dominicana, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, en fecha 23 de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 3 de febrero del 2014, suscrito por los Licdos. R.H.G. y J.M.A., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0485996-2 y 001-1824794-9, respectivamente, abogados del recurrente ACS Business Process Solution, (Dom. Rep.), mediante el cual proponen los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 17 de febrero de 2014, suscrito por los Licdos. C.R.R. y E.M.. C.G., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 016-0000413-7 y 054-0109349-6, respectivamente, abogados de la recurrida señora C.J.G. De los Santos;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

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Que en fecha 27 de julio de 2015, esta Tercera Sala, en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: M.R.H.C., P., R.C.P.Á. y F.A.O.P., asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación;

Visto el auto dictado el 5 de septiembre de 2016, por el magistrado M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los magistrados E.H.M. y S.I.H.M., para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 del 1934;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de la demanda laboral incoada por la señora C.J.G. De los Santos contra ACS–Business Process Solutions (Dominican Republic), S.A. y Alba Luna, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia de Santo Domingo, dictó el 31 de octubre de 2012, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda incoada en fecha dos (2) del

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mes de abril del año dos mil doce (2012), por la señora C.J.G. De los Santos, en contra de ACS Business Process Solutions (Dominican Republic), S.A. y la señora Alba Luna, por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Declara resuelto el contrato de trabajo por tiempo indefinido que existió entre la parte demandante, señora C.J.G. De los Santos, y la parte demandada, ACS Business Process Solutions (Dominican Republic), S.A. y la señora Alba Luna, por despido ejercido por el empleador; Tercero: Acoge la demanda en validez de oferta real de pago, en consecuencia, Declara buenos y válidos los ofrecimientos reales de pago seguidos de consignación realizados por la parte demandante incidental ACS Business Process Solutions (Dominican Republic), S.A. a la trabajadora C.J.G. De los Santos, por la suma de Sesenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos con 00/100 (RD$68,975.00), por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia, declarando libre de responsabilidad al demandado ACS Business Process Solutions (Dominican Republic), S.
A., frente a la demandante C.J.G. De los Santos, en cuanto a los derechos consignados en la misma, por haberse efectuado el pago regular de los valores correspondientes a la prestaciones

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laborales, proporción del salario de Navidad, vacaciones, pago de gastos y honorarios y pago de indexación en la variación de la moneda de acuerdo al artículo 537 del Código de Trabajo, la cual tuvo efecto ante la Dirección General de Impuesto Internos Dirección General de Impuesto Internos, Administración Local S.C., Santo Domingo, Distrito Nacional; Cuarto: Se ordena al Director de la Colecturía de Impuestos Internos de la administración local de S.C., Santo Domingo, Distrito Nacional, entregar en manos de la señora C.J.G. De los Santos, la suma de Sesenta y Ocho mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos con 00/100 (RD$68,975.00), valores consignados mediante el Recibo núm. 19335277, de fecha veintiocho
(28) del mes de agosto del año Dos Mil Doce (2012), expedido por dicha administración local; Quinto: Se compensan las costas del procedimiento; Sexto: Se ordena la notificación de la presente sentencia por un alguacil de este tribunal”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Declarar, en cuanto a la forma, regular el recurso de apelación parcial interpuesto por C.J.G. De los Santos, de fecha catorce (14) de febrero del 2013, contra la sentencia número 976/2012, de fecha treinta y uno (31) de octubre de 2012,

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dada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia Santo Domingo, por ser conforme a la Ley; Segundo: En cuanto al fondo del recurso de apelación se acoge parcialmente en cuanto al salario invocado por la recurrente, por consiguiente se revoca los ordinales 3ero. y 4to. y se confirman los demás aspectos; Tercero: Se declara resuelto el contrato de trabajo existente entre las partes, y condena a la parte recurrida demandado original al pago de las prestaciones laborales, derechos adquiridos, para que en lo adelante se lea como sigue: a) 28 días de preaviso a razón de (RD$38,656.30);
b) 42 días de cesantía a razón de (RD$57,984.46); c) 14 días de vacaciones a razón de (RD$19,328.15); d) proporción del salario de Navidad a razón de (RD$8,224.82); e) 6 meses de salario en virtud del artículo 95, ordinal III del Código de Trabajo igual a (RD$197,395.68);
Cuarto: Condena a la sociedad de comercio ACS Business Process Solutions (Dom. Rep.), S.A., al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho de los Licdos. C.R.R. y E.M.. C.G., quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte ”;

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación propone los siguientes medios: Primer Medio: Desnaturalización de los hechos y del derecho, violación al artículo 530 y 542 del Código de Trabajo, violación del derecho de defensa, violación de los artículos 68 y 69, numeral 4º de la Constitución de la

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República y del bloque de constitucionalidad, contemplado en la resolución núm. 1920-2003 dictada por la Suprema Corte de Justicia; Segundo Medio: Falta de base legal, violación de los artículos 494, 533 y 534 del Código de Trabajo y 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil, desnaturalización de los hechos y el derecho; Tercer Medio: Violación al artículo 16 del Código de Trabajo y al artículo 1315 del Código Civil de la República Dominicana;

Considerando, que en el desarrollo del primer y segundo medios de casación propuestos, los cuales se reúnen para su examen por su vinculación, la recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que el contenido de los artículos 530 y 542 del Código de Trabajo reflejan el papel activo del juez, todo con la finalidad de buscar la verdad y hacer una sana y justa aplicación de justicia, que los jueces del fondo están facultados para disponer cuantas medidas de instrucción sean necesarias, aún cerrados los debates, como está consagrado en el segundo párrafo del artículo 530 del Código de Trabajo, que a pesar de haberse convertido en una práctica constante que los jueces del fondo, en vez de solicitar informaciones adicionales a las partes, luego de cerrados los debates, éstos reabren los mismos, pero con la determinación de que éstas arrojen luz al proceso que van a decidir, y

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en ese sentido, se ha expresado la Suprema Corte de Justicia, que los jueces tiene un papel activo para desentrañar la verdad, siempre que no los desnaturalice o violen la ley en perjuicio de una de las partes, pero los alcances de su actuación soberana, en la apreciación de los hechos y en la ponderación de los modos de pruebas, están sujetos a limitaciones que no pueden lesionar el derecho de defensa de las partes, privándolas de aportar la prueba de sus pretensiones, ni tampoco pueden desnaturalizar los hechos y documentos de la causa, atribuyéndoles a éstos un sentido y alcance que no tienen, y en base a ello, decidir el caso en perjuicio de una de éstas, por lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han estado conteste de que el juez siempre tendrá dentro de sus prerrogativas la facultad de ordenar cuantas medidas de instrucción sean necesarias para instruir los procesos aún luego de cerrarse los debates, cuando el conocimiento de la causa existan elementos que entrañen duda sobre su íntima convicción, como es el caso de la especie, en el cual, al momento de revisar que en el expediente existían documentos contradictorios en cuanto a uno de los puntos controvertidos, relativo al salario devengado por la hoy recurrida, quien en su recurso de apelación indicaba que tenía un salario superior al alegado por la sociedad de

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comercio recurrente, depositando esta última los recibidos de pagos, documentos legales que prueban el salario, además, de que este salario es fijado para los empleados de medio tiempo, es decir, que la misma solo cumplía con una jornada de trabajo de cuatro horas diarias, que si se hubiesen tomado en cuenta dichos documentos, de seguro la decisión de la Corte hubiese confirmado la sentencia de primer grado; que en base al salario, al horario y al tiempo de labor en la empresa se realizó una oferta real de pago que fue validada por el tribunal de primer grado, no siendo así por la Corte de Trabajo, alegadamente porque no se probó el salario devengado por la trabajadora, es evidente que al actuar de esta manera incurrió en violación del derecho de defensa, puesto que es conveniente señalar que cualquier medida de instrucción que el tribunal ordene con posterioridad a la celebración de la audiencia o cualquier documento que una parte somete en esta misma forma, necesariamente tiene que hacerse contradictorio entre las partes para no lesionar el derecho de defensa, estando la Corte facultada para realizar todas las gestiones necesarias que le permitían esclarecer sus criterios, habiéndose depositado en el expediente documentos que probaban lo indicado, si ésta no estaba clara con ellos, podía ordenar el depósito de otros documentos que le arrojaran luz y

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dictar una sentencia acorde a los preceptos legales y constitucionales y no destapándose con una decisión que cuestiona el salario de la trabajadora dejando sin efecto una sentencia que valida el pago realizado mediante una oferta que cumplió con el voto de la ley y más aún encontrándose en el expediente también documentos que probaron la falta cometida por la recurrida, se limitó a establecer que no existían documentos que justificaran las ausencias alegadas, argumentos éstos que violan los derechos constitucionalmente protegidos y establecidos en sus artículos 68 y 69, numeral 4º, por lo que, en mérito del control difuso de la constitucionalidad sometemos a consideración de la Suprema Corte de Justicia para que declare su inconstitucionalidad por violación al debido proceso de ley y al derecho de defensa”;

Considerando, que la recurrente continúa alegando: “que el artículo 494 del Código de Trabajo dispone las facultades otorgadas a los tribunales de trabajo para disponer todas las medidas necesarias para el esclarecimiento de la verdad o impartir justicia, no es necesario, consecuentemente una solicitud previa de parte interesa, ya que el tribunal puede actuar de oficio en el pedimento de datos e informaciones de que trata el texto legal, la ley no limita esta facultad a

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determinada entidad o persona, por lo que al confrontar el reporte de asistencia, sistema electrónico mediante el cual se guardan los ponches que realizan los trabajadores al momento de entrar a la empresa para iniciar sus labores, sistemas este instalados en todas las empresas por su alta confiabilidad en el control de asistencia, que en muchos casos conocidos por los tribunales de la República su información es incuestionable, en vista de que su información puede ser altera por la mano humana siendo ésta fehaciente, la impresión de pantalla donde se visualiza el horario de trabajo de cuatro horas diarias que debía cumplir la trabajadora, varios recibos de pagos depositado en la cuenta electrónica de la nómina de la empresa y en esa base se le hizo la oferta real de pago, declaraciones de testigos, todos esos documentos fueron, según la Corte, insuficientes para probar la falta de la recurrida, probar el salario y el horario de trabajo, así como la validez de la oferta real pago, en tal sentido la Corte a-qua debió ejercer las facultades que le otorga el artículo 494 del Código de Trabajo y en virtud del artículo 533 del mismo código, pudo como medida precautoria reabrir los debates para estar mejor edificada sobre los hechos y el derecho que si hubiese actuado sobre la base de esa prerrogativa otorgada por disposición de la ley, al decidir en la forma en que decidió, su sentencia no contiene

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las disposiciones establecidas en el referido artículo; que asimismo la Corte a-qua violentó las disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil el cual es aplicable a la materia laboral, observándose que la sentencia emitida por esta, sus motivaciones son totalmente insuficientes para retener una falta a cargo de la empresa recurrente y revocar la sentencia de primer grado que valida el pago de las prestaciones laborales realizado y condenarla injustamente a pagos que no corresponden a la realidad del caso, solo por indicar la recurrida un salario irreal, habiéndose presentado pruebas contrarias a sus argumentos, pero que no fueron valoradas conforme al derecho, quedando la recurrente totalmente desprotegida, por lo que al decidir en la forma que en decidió, le ha dado a los hechos un alcance que no tienen, constituyendo una desnaturalización de los hechos y el derecho que ha determinado la Suprema Corte de Justicia que ésto constituye una falta de base legal”;

Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que la demandante en el acto introductivo de la demanda ha manifestado que tenía un salario de (RD$32,899.28) Pesos mensuales, mientras el demandado original expone que era de (RD$13,975.51) Pesos mensuales, por lo que debemos analizar este

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punto de la demanda”; así como también: “Que la prueba corresponde al empleador en cuanto al salario, según lo disponen los artículos 16 y 161 del Código de trabajo. En este caso, la parte recurrida no ha presentado elementos probatorios por medio a los cuales se establezca el salario que percibía la trabajadora, por lo que esta corte acoge el salario indicado por la recurrente”.

Considerando, que ha sido un criterio jurisprudencial establecido, el que se detalla a continuación: “habiendo el Tribunal aquo desestimado el depósito de documentos hecho por el recurrido, entre los cuales se encontraba la carta de comunicación de la dimisión, por no haberse efectuado conjuntamente con el depósito del escrito de defensa, no podía de oficio solicitar al Departamento de Trabajo una constancia sobre esa comunicación, pues la facultad que concede el artículo 494 del Código de Trabajo, para que los tribunales de trabajo puedan “solicitar de las oficinas públicas, asociaciones de empleadores y de trabajadores y de cualesquiera personas en general, todos los datos e informaciones que tengan relación con los asuntos que cursen en ellos”, se ha establecido para ayudar a las partes a vencer las dificultades que se les puedan presentar en la obtención de tales documentos, pero no puede ser utilizada cuando una parte tiene en su

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posesión el documento en cuestión y por negligencia o desidia no lo produce en el término que establece la Ley”. (sentencia 13 de nov. 2002,
B.J. 1104, págs. 583-590);

Considerando, que es facultativo de los jueces laborales el

autorizar la reapertura de debates a fin de que le sean depositados documentos que considere necesarios para fundamentar sus decisiones, o sin los cuales se hace imposible tomar una decisión ajustada a la realidad, que en ese sentido, nuestra jurisprudencia ha establecido de manera constante, el siguiente criterio: “La reapertura de los debates es una facultad que corresponde a los jueces y solo ellos pueden decidir cuándo los elementos probatorios que figuran en un expediente no son suficientes para formar su criterio, y ordenar en consecuencia dicha medida, estando a cargo del empleador que invoca una justa causa proporcionar las pruebas que le permitan demostrar que el despido fue justificado; (sentencia 30 de enero 2002, B.J. 1094, págs. 625-630)”, no apreciando esta Alta Corte que el tribunal a-quo al tomar dicha decisión incurriera en violación artículos 494, 530, 542 del Código de Trabajo, ni a los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 68 y 69, numeral 4º, de nuestra Constitución, como alega la parte recurrente;

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Considerando, que la parte recurrente en su tercer medio propuesto, alega: “que las disposiciones de los artículos 16 del Código de Trabajo y 1315 del Código Civil tienen su fundamento en la máxima actori incumbit onus probando; excipiendo reus fit actor, todo aquel que intenta una acción en justicia o excepciona, la que se dirige en su contra, debe probar los hechos en que fundamenta su acción o su excepción, contenido que tiene una importante aplicación el presente proceso, ya que el depósito de los documentos presentados por la recurrente, así como el testimonio del testigo a su cargo, estos medios prueban en su conjunto que fueron suficientes para probar que la recurrida incumplió su contrato de trabajo, pero que no obstante se le ofreció el pago de sus prestaciones laborales, negándose ésta a recibirlo, inició un proceso de oferta real de pago, el cual fue validado por el tribunal de primer grado porque cumplía con el voto de la ley; que el criterio utilizado por la Corte para fallar en la forma en que lo hizo, viola flagrantemente el derecho de defensa de la parte recurrente, restándole valor probatorio a los documentos depositados y acogiendo los argumentos infundados de la recurrida”; (sic)

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Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que en cuanto a la valoración del testimonio del señor J.F.P.A., así como las pruebas documentales aportadas a esta corte no se determina, de manera precisa, que la trabajadora haya incurrido en ausencia de sus labores y de igual manera no existen documentos que justifiquen las ausencias alegadas por la parte recurrida, en consecuencia, procede declarar el despido injustificado y condenar al recurrido al pago de las prestaciones laborales”, también la sentencia impugnada contiene la siguiente motivación: “que del estudio de las piezas que conforman el expediente y anteriormente indicadas, esta corte ha podido razonar lo siguiente: que como prueba de pago consta el acto de alguacil núm. 765/2012, instrumentado por R.A.C.O., Alguacil de Estrados de la Corte de Trabajo de la Provincia Santo Domingo; fotocopia del cheque No. 2050555, de fecha 20 de agosto del 2012, a nombre del Colector de Impuestos Internos, por la suma de (RD$68,975.00) del Banreservas, contentivo de la consignación de oferta real de pago a favor de la señora C.J.G. De los Santos, a través de estos documentos se verifica que la parte recurrida consignó a favor de la trabajadora hoy recurrente la suma de Sesenta y Ocho Mil Novecientos

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Setenta y Cinco Pesos (RD$68,975.00), los cuales corresponden al pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos”; también argumenta en su sentencia de corte, “ que una vez establecido que el salario de la trabajadora era de (RD$32,899.28) Pesos mensuales, es evidente que la oferta realizada por los recurridos, no se ha realizado por la totalidad de la deuda y por tanto no se ha cumplido con lo establecido en nuestra normativa, en consecuencia, procede modificar la sentencia impugnada en los que respecta a los valores que le corresponden a la recurrente”.

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de las pruebas que se les aporten, pudiendo formar su criterio de la ponderación de las mismas y determinar cuándo las partes han establecido los hechos en que se fundamentan sus pretensiones, lo cual escapa al control de la casación, salvo cuando incurran en alguna desnaturalización, lo que no se evidencia en el presente caso;

Considerando, que en la especie, corresponde a los jueces del fondo, haciendo uso de su poder soberano de apreciación, determinar por medio de las pruebas presentadas o por lo que la ley establece al respeto el salario devengado, y luego en base a dicho salario y al

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tiempo en la prestación de servicio, determinar si la oferta realizada cubría o no los montos que por concepto de prestaciones laborales y otros derechos, le correspondían a la trabajadora;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación del derecho, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados.

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, por disposición expresa del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la recurrente ACS Business Process Solutions (Dom. Rep.), contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, de fecha veintitrés (23) del mes de enero del año 2014, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae a favor y provecho de los Licdos. C.R.R. y E.M.. C.G., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en todas sus partes.

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Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 7 de septiembre de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración.

(Firmados).-M.R.H.C.-EdgarH.M..- S.I.H.M..-R.C.P.A..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

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