Sentencia nº 515 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Diciembre de 2015.

Fecha de Resolución:16 de Diciembre de 2015
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 515

Grimilda A. De Subero, secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha 16 de diciembre de 2015, que dice:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; E.E.A.C., Fran Euclides

Soto Sánchez e H.R. asistidos del secretario de estrado, en la

Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de

G., Distrito Nacional, hoy 16 de diciembre de 2015, años 172° de la

Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública,

como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Silvestre Vargas

Vargas, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, cédula

de identidad y electoral núm. 060-0000371-2, domiciliado y residente en la

calle 27 de Febrero, núm. 16, ensanche H.M., V.B.,

N., Santiago, imputado, contra la sentencia núm. 0212/2012, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

Departamento Judicial de Santiago el 12 de junio de 2012, cuyo

dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a los Licdos. R.E. y V.B., en la lectura de

sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte

recurrente, S.V.V.;

Oído al Lic. A.F.M., por sí y por el Lic. Douglas

Marte, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y

representación de la parte recurrida, J.G. y Venecia Mercedes

Peña;

Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la

República;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por los

Licdos. R. de J.E.C., J.D.C., Víctor José

Bretón Gil y los Dres. M.Á.H. y E.M.P.,

actuando a nombre y representación del recurrente Silvestre Vargas

Vargas, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 30 de octubre de

2012, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; Visto el escrito de contestación suscrito por el Lic. Douglas Maltes

Capestany, actuando a nombre y representación de la parte recurrida,

Justo G.L. y V.M.P.B., depositado en la

secretaría de la Corte a-qua, el 29 de octubre de 2014;

Visto la resolución núm. 3294-2014, dictada por esta Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia el 10 de septiembre de 2014, que declaró

admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando

audiencia para conocerlo el 20 de octubre de 2015, fecha en la cual fue

suspendido el conocimiento de la audiencia a los fines de que la sea

notificado el recurso de casación a la actoría civil, fijándose la audiencia

para el día 17 de noviembre de 2014;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber

deliberado y visto la Constitución de la República, los Tratados

Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393,

394, 399, 400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal,

modificados por la Ley núm. 10-2015 de fecha 10 de febrero de 2015; Ley

núm. 278-04 sobre Implementación del Código Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02 y la Resolución núm. 2529-2006 dictada por la Suprema

Corte de Justicia;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que en fecha 16 de octubre de 2009, el Lic. Miguel Antonio

    Ramos, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Santiago,

    presentó formal acusación y solicitud de auto de apertura a juicio por ante

    la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito

    Judicial de Santiago, en contra de S.V.V., por la supuesta

    violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 296 y 302 del

    Código Penal Dominicano, en perjuicio del hoy occiso Dervis Germán

    López Peña;

  2. que una vez apoderado del presente proceso, el Tercer Juzgado

    de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, emitió en fecha 23 de

    febrero de 2010, auto de apertura a juicio en contra de Silvestre Vargas

    Vargas, por la supuesta violación a las disposiciones de los artículos 265,

    266, 295, 296 y 302 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del hoy

    occiso D.G.L.P.;

  3. que para el juicio de fondo fue apoderado el Primer Tribunal

    Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó su decisión núm. 0013/2011 en fecha 31 de enero de

    2011, cuyo dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: Se varía la calificación jurídica dada al proceso instrumentado en contra del ciudadano S.V.V. de violación a las disposiciones consagradas en los artículos 265, 266, 295, 296 y 302 del Código Penal Dominicano, por el de violación a las disposiciones consagradas en los artículos 295 y 304 párrafo II, del Código Penal Dominicano, en perjuicio de D.G.P.L. (occiso); SEGUNDO: A la luz de la nueva calificación jurídica se declara al ciudadano S.V.V., dominicano, mayor de edad, 30 años de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 096-0021993-6, empleado privado, domiciliado y residente en la calle 27 de Febrero núm. 16, V.B., ensanche Hermanas Mirabal, N., Santiago, culpable de violar las disposiciones consagradas en los artículos 295 y304 párrafo II, del Código Penal Dominicano, en perjuicio de D.G.P.L. (occiso); TERCERO : Se condena al ciudadano S.V.V., a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de esta ciudad de Santiago, la pena de veinte (20) años de reclusión mayor y al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: En cuanto a la forma se acoge como buena y válida la querella con constitución en actor civil, interpuesta por los señores Justo G.L. y V.M.P., por haber sido hecha en tiempo hábil conforme a lo que establece la ley; QUINTO : En cuanto al fondo, se condena al ciudadano S.V.V. al pago de una indemnización consistente en la suma de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), a favor de los señores Justo G.L. y V.M.P., como justa reparación de los daños morales sufridos por éstos a consecuencia del hecho punible; SEXTO: Se condena al ciudadano S.V.V. al pago de las costas civiles del proceso, en provecho del L.. D.M. Capestany, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: Se acogen parcialmente las conclusiones vertidas por el Ministerio Público y los querellantes constituidos en actores civiles, y se rechazan por improcedentes las vertidas por la defensa técnica del imputado”;

    d) que con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la

    decisión ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de

    Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 12 de junio de 2012, y

    su dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO: En cuanto a la forma ratifica la regularidad del recurso de apelación interpuesto por el imputado S.V.V., por conductor de los licenciados R. de Jesús Estrella Céspedes, J.D.C., V.J.B.G. y los doctores M.Á.H., E.M.P., en contra de la sentencia núm. 0013-2011, de fecha treinta y uno (31) del mes de enero del años dos mil once (2011), dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido hecho conforme al procedimiento legal; SEGUNDO: En cuanto al fondo, desestima el recurso de que se trata y confirma en todas sus partes la sentencia apelada; TERCERO: Condena a S.V.V. al pago de las costas generadas por su recurso”;

    Considerando, que el recurrente S.V.V., invoca en

    el recurso de casación, en síntesis, los medios siguientes:

    “Primer Medio: Falta de estatuir. A la Corte a-qua le fue planteado:
    1. Violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio y la falta de
    contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, numerales 1 y 2 del artículo 417 del Código Procesal Penal. 2. Violación al artículo 172 del Código Procesal Penal y a la resolución 3869/2006. 3. La no aplicación correcta de la resolución núm. 3869/2006 rendida por la Suprema Corte de Justicia. 4. Sentencia parcializada y manifiestamente infundada. 5. Valoración incorrecta, desnaturalización de la prueba a descargo. 6. Violación a los artículos 5 y 22 del Código Procesal Penal. 7. Violación al artículo 172 del Código Procesal Penal y resolución 3869/2006 rendida por la Suprema Corte de Justicia. 8. Por contradicción e ilogicidad manifiesta de la sentencia impugnada, artículo 417.2. 9. Sentencia infundada y violatoria al artículo 417 del Código Procesal Penal. 10. Errónea aplicación de la norma jurídica. Que la Corte a-qua estableció que a pesar de que se invocaron 7 motivos lo cierto es que sus quejas un poco desordenadas revelan, en síntesis, que se le reclama a la sentencia impugnada que en el juicio no quedó claro cómo ocurrieron los hechos, que los jueces fundamentan la culpabilidad del imputado sólo en los testimonios ofertados por el Ministerio Público y la parte civil constituida aún éstos haber entrado en contradicción con la reconstrucción de los hechos. Los magistrados redujeron sin ninguna explicación los motivos presentados en el escrito de apelación de 10 motivos a 7 y dieron una salida conjunta a estos siete, lo que demuestra que en ningún momento estudiaron el escrito de apelación de ninguna forma contestaron de manera lógica cada impugnación planteada en los 10 vicios denunciados, lo que demuestra violación fragrante al principio procesal y constitucional de estatuir; Segundo Medio: Falta de motivación sustancial. A la Corte a-qua se le argumento que no se había motivado la pena impuesta en el motivo de apelación errónea aplicación de la norma, ya que impuso la pena mayor. Que la Corte al responder estableció lo enunciado por la ley, no dijo cuál era el contexto, cuál es la historia del imputado, ya que eso mismo enunciado de la ley pueden servir de base para imponer la años”;

    Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por

    establecido, lo siguiente:

    “1) El apelante expone como motivos de su recurso los medios siguientes: Primer Motivo: Violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio, y la falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, numerales 1 y 2 del artículo 417 del Código Procesal Penal; Segundo Motivo: Violación al artículo 172 el C.P.P. y la Resolución 3869/2006. Tercer Motivo: La no aplicación correcta de la resolución núm. 3869/2006; rendida por nuestra honorable Suprema Corte de Justicia; Cuarto Motivo: Una sentencia parcializada y manifiestamente infundada; Quinto Motivo: Valoración incorrecta, desnaturalización de la prueba a descargo; Sexto Motivo: Violación a los artículos 5 y 22 del C.P.P. Séptimo Motivo: Violación al artículo 172 del CPP y resolución 3869/2006 rendida por nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia; 2) A pesar de que el apelante fundamenta su recurso en siete motivos, lo cierto es que sus quejas, un poco desordenadas y abigarradas, revelan que en síntesis sus siete motivos se fundamentan en que le reclama a la sentencia impugnada que en el juicio no quedó claro cómo ocurrieron los hechos, que los jueces fundamentan la culpabilidad del imputado sólo en los testimonios ofertados por el Ministerio Público y la parte civil constituida, aún estos haber entrado en contradicción con la reconstrucción de los hechos. También señala que los jueces no valoraron las pruebas presentadas por la defensa para destruir la acusación, todo en perjuicio del imputado y que el a-quo no obró correctamente, que por tanto la sentencia resultó ser parcializada e infundada, que violó la oralidad del proceso por haber incorporado testimonios al juicio por su lectura; y por último se queja de que el tribunal también incurrió en violación al principio de motivación de la sentencia al imponer una pena de 20 años de reclusión mayor sin establecer las razones que lo llevaron a decidir por el límite más grave de la escala contemplada en el artículo 304 del CPP; 3) Con relación al reclamo sobre el problema probatorio, es decir, que no tuvieron fuerza suficiente las pruebas discutidas en el juicio como para destruir la presunción de inocencia del imputado; el estudio del fallo impugnado revela, que la condena se produjo porque al a-quo le merecieron credibilidad las declaraciones de los testigos presénciales, V.A.R.G., P.A.V.P., E.E.P.P., E.M. y del menor D.A.L., (estas últimas rendidas por ante el tribunal de menores), quienes coincidieron en declararle al plenario que vieron al imputado en la casa del occiso y que incluso lo vieron dispararle, lo que fue corroborado por las declaraciones ofrecidas ante el tribunal de Niños Niñas y Adolescentes por el menor D.A.L., en combinación con el reconocimiento médico legal núm. 2012-09 del 22 de enero, y núm. 780-08 del 14 de enero, anexos a los documentos del proceso, con el que se establece que el occiso V.A.R., falleció como consecuencia de herida por proyectil de arma de fuego, lo que implica que la Corte no tiene nada que reprochar con relación a la potencia de las pruebas recibidas en el juicio y su legitimidad como base de la condena; 4) Y no sobra decir en el punto bajo análisis, que la credibilidad dada por los jueces de juicio a las declaraciones de los testigos es un asunto que no se puede controlar en grado de apelación. Esta Corte ha sido reiterativa en el sentido de que el juez de juicio por el principio de inmediación se encuentra en las mejores condiciones para apreciar si el testigo depuso de manera tranquilo, sereno, si estaba o no nervioso, es por eso que el tribunal de alzada no puede ejercer el control en este punto, a menos que haya desnaturalización de lo dicho por los testigos, cosa que no se advierte en el presente caso. Conteste con ello, la Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativa en otorgarle crédito a un determinado testimonio, sin que este ejercicio valorativo sea impugnable por el tribunal de alzada, salvo desnaturalización de dicho testimonio. 5) Con relación al reclamo en el sentido de que la incorporación por lectura del interrogatorio del menor D.A.L., vulnera el principio de oralidad, lo cierto es, que como todos los derechos fundamentales y principios constitucionales, la oralidad no es ilimitada, porque existen otros principios constitucionales, que además de la oralidad, gravitan en el proceso penal en el mismo tiempo y espacio, en este caso el interés superior del niño que es constitucional, y esto es un asunto pacifico, es decir, el hecho de que los menores sean interrogados en el tribunal de menores y que esa acta escrita se incorpore al juicio por su lectura como ocurrió en el caso en concreto, no es una vulneración al principio de oralidad sino una excepción, siendo la oralidad la regla en el proceso penal, limite que encuentra su base en la ley 136-03 y en la resolución 3869, dictada por la Suprema Corte de Justicia, que entre otras cosas, amparan el interés superior del niño, cuando establecen lo siguiente: Principio V, acápite E: La necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente a los derechos de las personas adultas. Principio VI, acápite D: principio de prioridad absoluta. Prevalencia de sus derechos ante una situación de conflicto con otros derechos e intereses legítimamente protegidos. 6) Por último el apelante aduce entre sus quejas que la sentencia apelada contiene falta de motivos en cuanto a la pena impuesta por no haber justificado el a-quo imponer la pena máxima que apareja la infracción cometida. Respecto a este reclamo no lleva razón el impugnante con la queja planteada, toda vez que el a-quo para imponer 20 años de reclusión mayor al imputado dijo lo siguiente: “Que el tribunal tomaba en cuenta los criterios 1, 4 y 7 del artículo 339 del Código Procesal Penal, a saber, el grado de participación del imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho, el contexto social y cultural donde se cometió la infracción, la gravedad del daño modo y manera que el a-quo si justificó la razón por la que imponía 20 años de reclusión al imputado y no otra pena, por lo que la queja analizada también merece ser desestimada, al igual que el recurso en su totalidad”; 7) Por todo lo antes dicho procede rechazar las conclusiones presentadas por la defensa técnica del encartado y acoger las presentadas por los actores civiles y el Ministerio Público, en el sentido de que se desestime el recurso y se confirme la sentencia apelada en todas sus partes”;

    Considerando, que de lo anteriormente transcrito se evidencia que

    ciertamente, tal y como ha sido establecido por el recurrente Silvestre

    Vargas Vargas en el memorial de agravios, la Corte a-qua al decidir como

    lo hizo incurrió en el vicio denunciado de omisión de estatuir, único a ser

    examinado por la solución que se dará al caso en concreto, pues

    válidamente se puede observar en el recurso de apelación que el

    recurrente enunció 10 motivos contra la decisión de primer grado; sin

    embargo, la Corte a-qua refiere y transcribe sólo 7 de ellos, procediendo

    luego para dar contestación a estos, a realizar una reseña general de lo

    invocado bajo el alegato de que sus quejas son un poco desordenadas y

    abigarradas, lo que coloca a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de

    Justicia, actuando como Corte de Casación, en la imposibilidad material

    de constatar si la ley ha sido bien o mal aplicada, pues no se ha cumplido

    a cabalidad con la obligación de decidir y motivar a que están llamados

    los tribunales del orden judicial, lo que en buen derecho legitima su decisión;

    Considerando, que ha sido juzgado, que los jueces están en el deber

    de responder a todos los puntos de las conclusiones de las partes para

    admitirlos o rechazarlos, dando los motivos que sean pertinentes; que esa

    regla se aplica tanto a las conclusiones principales como a las subsidiarias,

    lo mismo que a las conclusiones que contengan una demanda, una

    defensa, una excepción, un medio de inadmisión, o la solicitud de una

    medida de instrucción; lo que no ocurrió en el caso de que se trata; por

    consiguiente, procede acoger el recurso examinado;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal

    (modificado por el artículo 107 de la Ley núm. 10-15 de fecha 10 de

    febrero de 2015) dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema

    Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración,

    pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

    Considerando, que en el inciso 2.b del referido artículo, le confiere la

    potestad de ordenar la celebración total o parcial de un nuevo juicio

    enviando el expediente ante el mismo tribunal de primera instancia que

    dictó la decisión, cuando sea necesario la valoración de pruebas que

    requieran inmediación, de donde se infiere que ese envío al tribunal de

    primera instancia está sujeto a esa condición; sin embargo, si en el caso que le compete no existe la necesidad de hacer una valoración

    probatoria que requiera inmediación, nada impide que la Suprema Corte

    de Justicia envíe el asunto ante el mismo tribunal o corte de donde

    proceda la decisión siempre y cuando no esté en la situación antes

    señalada;

    Considerando, que de lo anteriormente expuesto, se advierte que los

    hechos no han sido debidamente valorados, por lo que resulta procedente

    el envío al tribunal de primer grado a fin de que sean examinados

    nuevamente;

    Considerando, que la indefensión generada por la Corte a-qua

    conlleva la nulidad de la sentencia impugnada, por lo que se requiere de

    un nuevo examen del recurso de apelación;

    Considerando, que cuando una sentencia es casada por una

    violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas

    pueden ser compensadas.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Admite como intervinientes a J.G.L. y V.M.P.B. en el recurso de casación interpuesto por S.V.V., contra la sentencia núm. 0212/2012, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 12 de junio de 2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión;

    Segundo: Declara con lugar el referido recurso de casación, en consecuencia, casa la decisión impugnada y ordena el envío del expediente por ante la Cámara Penal de la Corte del Departamento Judicial de Santiago, para una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación del cual se encontraba apoderado;

    Tercero: Compensa las costas;

    Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.

    (Firmados).- M.C.G.B.-EstherE.A.C.-FranE.S.S..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.