Sentencia nº 524 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Septiembre de 2015.

Fecha de Resolución:23 de Septiembre de 2015
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

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G.A. De Subero, secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha 23 de septiembre de 2015, que dice:

TERCERA SALA.

Inadmisible Audiencia pública del 23 de septiembre de 2015.

Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor M.P. (alias P., haitiano, mayor de edad, Carnet de Identidad núm. 06-11-99-1983-19-05, domiciliado y residente en la carretera Los Guineos, Cataley, municipio de Villa Altagracia, provincia S.C., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte

Sentencia Núm. 524

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de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 21 de agosto de 2013, en atribuciones laborales, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. E.D., abogado de los recurridos Consorcio Cítricos Dominicanos, S. A. (CCD), T.B.A. y J.B.A.;

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 22 de noviembre de 2013, suscrito por el Licdo. R.A.R.B., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0287942-6, abogado del recurrente M.P. (a) Petifue, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de diciembre de 2013, suscrito por el Licdo. E.E.D.S., Cédula de Identidad y Electoral núm. 002-0082746-7, abogado de los recurridos;

Que en fecha 26 de agosto de 2015, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte

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de Justicia; S.I.H.M. y F.A.O.P., asistidos de la Secretaria General, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación;

Visto el auto dictado el 21 de septiembre de 2015, por el magistrado M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama a los magistrados E.H.M. y R.C.P.A., Jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 del 1934;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de una demanda laboral en pago de prestaciones e indemnizaciones por dimisión justificada, interpuesta por el señor M.P. (a) Petifué contra Consorcio Cítricos Dominicano, C. por A. y los Sres. J.B. y T.B., el Juzgado de Primera del Distrito Judicial de Villa Altagracia, dictó el 28 de mayo de 2013, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la presente demanda incoada por el señor M.P. (a) P. en contra de la Razón Social Consorcio Cítricos

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Dominicanos, C. por A., y de los señores T.B. y J.B., por haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Declara excluidos del presente proceso a los señores T.B. y J.B., por contar la empresa demandada con personalidad jurídica; Tercero: En cuanto al fondo, rechaza la presente demanda laboral incoada por el señor M.P. (a) P. en contra de la Razón Social Consorcio Cítricos Dominicanos, C. por A., por los motivos expuestos en la presente sentencia; Tercero: Condena al señor M.P. (a) Petifué, al pago de las costas civiles del procedimiento, a favor y provecho del L.. E.E.D.S., abogado representante de la parte demandada, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: C. alM.J.M.M., Alguacil de Estrados de este Juzgado de Primera Instancia, para la notificación de la presente sentencia”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente:Primero: Declara regular y válido en su aspecto formal el recurso de apelación interpuesto por el señor M.P. (a) P. de un recurso de apelación interpuesto por el contra la sentencia laboral núm.- 017-13 dictada en fecha 28 de mayo del 2013, por el Juez titular del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

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Judicial de Villa Altagracia; Segundo : En cuanto al fondo, y por las razones expuestas rechaza el recurso de que se trata por improcedente, mal fundada y carente de base legal, y por ende confirma la sentencia impugnada; Tercero: Ordena a la empresa Consorcio Cítricos Dominicano, S. A. la reiteración de la oferta real de pago de la suma de RD$38,090.96, que a título de gratificación se le hiciera al señor M.P. (a) Petifue mediante el cheque núm. 046591 expedido contra el Banco Popular Dominicano, y que en caso de que el beneficiario de dichos valores no lo aceptase se proceda a consignar a su nombre en la Colecturía de Rentas Internas de Villa Altagracia; Cuarto: Excluye de la presente demanda por las razones expuestas a los señores J.B. y T.B.; Quinto: Condena al señor M.P. (a) P. al pago de las costas del proceso ordenando su distracción a favor y provecho del L.. E.E.D.S.; Sexto: C. a D.P.M., alguacil de estrado de esta Corte, para la notificación de la presente sentencia”;

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación propone los siguientes medios: Primer Medio: Desnaturalización de las pruebas, omisión y falta de ponderación de los documentos sometidos al debate; Segundo Medio: Contradicción de motivo; Tercer Medio: Fallo extra petita; Cuarto Medio: Falta de motivos; Quinto Medio: Falta de base legal; Sexto Medio: Violación al

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debido proceso y violación a la ley;

Considerando, que en vista de que el recurrente alega en su memorial de casación que los vicios atribuidos a la sentencia impugnada constituyen una violación al debido proceso consagrado en la Constitución de la República, es preciso que esta Corte determine si tal alegato es cierto, antes de producir la decisión del recurso;

Considerando, que la parte recurrente sostiene: “que la Corte aqua al no estatuir sobre la forma violatoria, atropellante, de irrespeto al debido proceso de ley y si se quiere, de falta de conocimiento sobre la materia laboral con que actuó el tribunal a-quo del Juzgado de Primera Instancia de Villa Altagracia, cuya falta de conocimiento siempre la aplicó en contra del trabajador demandante, al cual no se le dio un trato igualitario ante la ley, llegando con su accionar a irrespetar el debido proceso de ley, de cuyas violaciones la Corte a-qua se hizo cómplice, porque teniendo el proceso en sus manos para enderezar y corregir tales violaciones, se limitó a ratificar lo que había hecho el tribunal de primer grado, solo basta observar las actas de audiencias celebradas en primer grado”;

Considerando, que el debido proceso es concebido como aquel en el cual los justiciables, sujeto activo y pasivo, concurren al mismo en igualdad de condiciones, dentro de un marco de garantías

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fundamentales, que le son reconocidas por el ordenamiento, a fin de concluir en una decisión justa y razonable;

Considerando, que en la especie, la sentencia impugnada no se encuentra en modo alguno afectada por la disposición de carácter constitucional, ya que ambas partes han tenido la oportunidad de presentar sus medios de defensa en la forma prevista por la ley, y sus conclusiones al respecto, por lo cual procede desestimar dicho medio por carecer de fundamento;

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso Considerando, que de un estudio de los documentos que reposan en el expediente formado por motivo del presente recurso de casación, hemos advertido que las condenaciones de la sentencia impugnada no exceden de los veinte salarios mínimos que dispone el artículo 641 del Código de Trabajo para la admisibilidad del recurso;

Considerando, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;

Considerando, que la sentencia impugnada ordenó a la parte hoy recurrida reiterar la oferta real de la suma de Treinta y Ocho Mil Noventa Pesos con 96/100 (RD$38,090.96) a título de gratificación que se le hiciera al señor M.P. (a) Petifue;

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Considerando, que en el caso de la especie al momento de la terminación del contrato de trabajo, regía la Resolución núm. 5-2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 18 de mayo de 2011, que establecía un salario mínimo de Nueve Mil Noventa y Cinco Pesos con 00/100 (RD$9,905.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a Ciento Noventa y Ocho Mil Cien Pesos con 00/100 (RD$198,100.00), suma que como es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia impugnada a través de este recurso de casación, por lo que dicho recurso debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo;

Considerando, que por todo lo antes expuesto procede declarar inadmisible el presente recurso de casación sin necesidad de examinar los medios propuestos;

Considerando, que por ser esto un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, procede compensar las costas;

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor M.P. (a) Petifue, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 21 de agosto de 2013, en atribuciones laborales, cuyo dispositivo se ha copiado en parte

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anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas de procedimiento;

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 23 de septiembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración.

(Firmados).-M.R.H.C.-EdgarH.M..-S.I.H.M..-

Voto Salvado del Magistrado R.C.P.A.

I) Introducción:

El derecho a disentir es un instrumento de índole democrático que tiende a reconocer el espacio y opinión de las minorías; en el ámbito de los órganos colegiados jurisdiccionales, donde se toman decisiones en base a deliberaciones, las reglas de la racionalidad imponen que cada juez pueda dar cuenta de su postura; a la vez que

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constituye una conquista para la libertad de opinión y de conciencia de todo juez en los asuntos decididos; en ese orden, y actuando con el debido respeto hacia mis pares, procedemos a emitir un voto particular o salvado, ya que estamos de acuerdo con la inadmisibilidad pronunciada en el presente caso, pero no con la parte donde se examinan aspectos de fondo invocados en los medios de casación, ya que entendemos que si el recurso resulta inadmisible no procede examinarlos, debido a las razones que explicaremos más adelante.

II) Elementos que se destacan de la sentencia recurrida.-

En la sentencia dictada por esta S. se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por M.P. (alias Petifue), contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 21 de agosto de 2013, en atribuciones laborales, por aplicación del artículo 641 del Código de Trabajo que establece “que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos”, lo que aplica en el caso decidido en la especie, por lo que en este aspecto compartimos esta decisión. Pero, no obstante a que fue declarada la inadmisibilidad del presente

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recurso, en esta sentencia también se procede a examinar aspectos de fondo invocados dentro de los medios de casación, porque el entender de los jueces que conforman la mayoría de esta Sala, este análisis es procedente cuando dichos medios versen sobre aspectos constitucionales, independientemente de que el recurso sea inadmisible por la inobservancia de formalidades sustanciales y propias del recurso de casación, como ocurre en la especie, criterio éste que no compartimos;

III) Fundamentos de nuestro Voto Particular o Salvado.-

Tal como hemos manifestado anteriormente, los jueces que componen la mayoría de esta S. entendieron que en la especie de forma previa al examen y declaración de inadmisibilidad, resultaba procedente examinar uno de los medios de casación donde el recurrente invocaba aspectos de fondo de rango constitucional vinculados con el debido proceso. Por lo que en dicha sentencia se abordó previamente estos alegados medios constitucionales para luego de todas formas declarar el recurso inadmisible como procedía, por la inobservancia del indicado artículo 641 del Código de Trabajo, razonamiento con el que estamos en desacuerdo por ser contrario al efecto procesal de la inadmisibilidad, que es el de impedir que un

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recurso pueda ser evaluado en cuanto al fondo; por lo que independientemente de que dentro de los medios de casación se invoquen medios de rango constitucional, si no se cumplen las formalidades sustanciales previstas por el legislador para que pueda quedar abierto el recurso de casación, como se verificó en el presente caso, dicho recurso resulta inadmisible, lo que impide abordar el fondo. Esta posición la sustentamos con los argumentos que siguen a continuación:

1ro) Que conforme a lo dispuesto por la Constitución de la Republica Dominicana en su artículo 69, numeral 9, que consagra el derecho al recurso, en los términos siguientes: “Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley”. De lo anterior se desprende que esta disposición pone a cargo del legislador (Reserva de Ley) la configuración conforme a una serie de requisitos formales que habrá que tomarse en cuenta para la interposición válida de los recursos.

Que cónsono con esta disposición, en el caso del recurso de casación, la Ley sobre Procedimiento de Casación ha establecido determinadas formalidades sustanciales para la interposición de este recurso, que son entre otras: el plazo para recurrir, cuya inobservancia es sancionada con la inadmisibilidad; lo de las decisiones que son susceptibles de ser recurridas; y lo de la culminación procesal propia

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de la casación, como por ejemplo, la falta de emplazamiento dentro del plazo previsto por el artículo de la indicada ley, que como ya sabemos, la inobservancia de esto último acarrea como sanción la caducidad del recurso.

En ese sentido, la habilitación para que esta Tercera Sala pueda conocer los pedimentos o medios del recurso de casación, dependen de los presupuestos procesales antes encaminados, y éstos contribuyen a dar certidumbre y claridad para quienes se constituyan en usuarios del sistema.

2do) Cuando una sentencia por disposición expresa del legislador no califica para ser recurrida en casación, ya sea por su carácter preparatorio o por recaer sobre medidas cautelares o para aquellas que han resuelto el fondo de la contestación, pero por inobservancia de las formalidades propias del recurso de casación (vencimiento del plazo prefijado, caducidad, etc.), impide que en estos casos sean examinados los medios o vicios que se aducen por esta vía excepcional recursiva. Esto se traduce, por ejemplo, en el caso de las primeras, se debe esperar que el fondo de la contestación sea resuelto, para que así puedan ser recurridas con la sentencia que realmente opera como desapoderamiento de los jueces de fondo; y en el caso de las segundas, operan como decisiones de fondo que por el

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impedimento procesal, se han convertido en sentencias definitivas y por ende, con autoridad de cosa juzgada para el poder judicial.

3ro) Que los presupuestos procesales así descritos, dan razón de ser a lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución de 2010, cuando instituye la revisión constitucional para las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación de dicha constitución, sujeto al procedimiento determinado por la ley que rija la materia, que es la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, que en el artículo 53, numeral 3, literales a), b) y c), para abrir esta vía ante el Tribunal Constitucional, dispone lo siguiente: “3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano

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jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar”.

Esto significa, que una sentencia que haya resuelto el fondo de la contestación, si el legislador no ha previsto el recurso de casación, como ocurre en la especie, o cuando habiéndolo previsto, la parte recurrente no ha cumplido con las formalidades sustanciales que exige la ley, ésto conduce a que esta sentencia sea definitiva, y solo podrá ser recurrida en revisión ante el Tribunal Constitucional y de acuerdo a las exigencias del citado artículo 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sin que pueda pretenderse conocer medios de casación bajo el argumento de que al existir violaciones a la Constitución, estos medios deben ser examinados, no obstante a que el recurso de casación resulte inadmisible.

Por los motivos antes expuestos, entendemos que el recurso debió ser declarado inadmisible por la causal expuesta en la indicada sentencia, lo que impedía, por las razones que explicamos precedentemente, examinar medios de fondo del presente recurso y a fin de que conste nuestro parecer emitimos el presente voto particular para que sea integrado en la sentencia emitida por esta Tercera Sala.

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(Firmado)Mag. Robert C. Placencia Alvavez

Juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.