Sentencia nº 551 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Diciembre de 2015.

Fecha de Resolución:28 de Diciembre de 2015
Emisor:Segunda Sala

Fecha: 28 de diciembre de 2015

Sentencia núm. 551

G.A. de S., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de diciembre de 2015, que dice así:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces F.E.S.S., en funciones de P.; E.E.A.C. y A.A.M.S., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 28 de diciembre de 2015, año 172º de la Independencia y 153º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por R.I.C.O., dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 224-0005605-1, domiciliada y residente en la calle 1era., casa núm. 39, Caballona, municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, imputada, contra la decisión núm. 38-2015, dictada por la Fecha: 28 de diciembre de 2015

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 23 de enero de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oída a la Licda. M.V. por sí y por el Lic. D. delR.R., defensores públicos, en representación de R.I.C.O., parte recurrente, en sus conclusiones;

Oído, al L.. J.G.C. conjuntamente con el Dr. P.H.C., en representación de J.C.Q.A. y A.B.M., parte recurrida, en sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. D. delR.R., defensor público, en nombre y representación de la señora R.I.C.O., depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 11 de febrero de 2015, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto el escrito de contestación al recurso de casación interpuesto por el Licdo. J.G.C. y el Dr. P.H.C., en nombre y Fecha: 28 de diciembre de 2015

representación de los señores J.C.Q.A. y A.B.M., depositado el 6 de marzo de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua;

Visto la resolución núm. 2131-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 12 de junio de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el Licdo. D. delR.R., en nombre y representación de la señora R.I.C.O., fijando audiencia para conocerlo el 9 de septiembre de 2015;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (Modificado por la Ley 10-2015, de fecha 10 de febrero de 2015); Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Código Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02 y la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; Fecha: 28 de diciembre de 2015

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes:

  1. que en fecha 25 de junio de 2013, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, dictó auto de apertura a juicio, en contra de la imputada R.I.C.O., por presunta violación a las disposiciones de la Ley 5869;

  2. que para el conocimiento del fondo encontrándose apoderada la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, dictó la sentencia núm. 17-2014, el 03 de febrero de 2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente:

PRIMERO: Declara culpable a los imputados E. de los Santos (a) E., D.C.R. y R.C., de violar las disposiciones contenidas en el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad, en perjuicio de los querellantes J.C.Q.A. y A.B.M., se condenan a los encartados a seis (6) meses de prisión y se declaran las costas penales de oficio; SEGUNDO: En el aspecto accesorio, se acoge la acción intentada por los querellantes en contra de los encartados por haber sido hecha en conformidad con la norma; En cuanto al fondo, condena a los encartados al pago de una indemnización de Veinte Mil Pesos (RD$20,000.00), cada uno, en beneficio de los querellantes como reparación de los daños causados; TERCERO: Se declara ejecutoria la presente sentencia no Fecha: 28 de diciembre de 2015

obstante cualquier recurso que contra la misma se pueda interponer; CUARTO: Se ordena la destrucción de la mejora existente; QUINTO: Se ordena el desalojo inmediato de los encartados, así como de cualquier otra persona que se encuentre ocupando el predio de terreno que conforme las pruebas aportadas al plenario es propiedad de los querellantes; SEXTO: Condena a los encartados al pago de las costas civiles, se ordena su distracción en beneficio de los abogados de la parte querellante quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte

;
c) que para conocer del recurso de apelación resultó apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual dictó la sentencia núm. 38-2015, el 23 de enero de 2015, cuyo dispositivo establece lo siguiente:

“PRIMERO: Declara regulares y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos: a) En fecha veintiuno (21) del mes de abril del año 2014, por el Licdo. D. delR.R., (defensor público), actuando a nombre y representación de la imputada R.I.C.O.; b) En fecha veintitrés (23) del mes de abril del año 2014, por la Licda. R.E. de M.M., (Defensora Pública), actuando a nombre y representación del imputado D.C.R.; y, e) En fecha veintitrés (23) del mes de abril del año 2014, por el Lic. E. delR.R., (Defensor Público), actuando a nombre y representación del imputado E. de los Santos Soriano, todos contra sentencia núm. 17-2014, de fecha tres (3) del mes de febrero del año 2014, dictada por la Cámara Penal del Fecha: 28 de diciembre de 2015

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La
Romana;
SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta Corte después
de haber deliberado y obrando por propia autoridad y mandato
expreso de la ley, acoge parcialmente el presente recurso interpuesto en contra de la supra indicada sentencia, cuyo dispositivo se copia en otra parte de la presente decisión y en consecuencia modifica la decisión recurrida, solo en cuanto la
pena, por consiguiente declara culpables a los imputados
E. de los Santos (a) E., D.C.R.
y R.I.C., de generales que constan en el expediente,
de violar las disposiciones contenidas en el artículo 1 de la Ley
5869, sobre Violación de Propiedad en la República Dominicana, en perjuicio de J.C.Q.A. y
A.B.M. y en consecuencia se le condena a
una pena de seis (6) meses de prisión, y suspende de manera
total dicha pena, en virtud de las disposiciones establecidas en
el artículo 341 del Código Procesal Penal sobre suspensión condicional de la pena, quedando éstos sometidos a la siguiente regla de conducta: a) Prestar trabajo comunitario en
la Defensa Civil, en la comunidad donde residan por espacio
de seis (6) meses;
TERCERO: Confirma en los restantes
aspectos la decisión recurrida;
CUARTO: Declara las costas
penales de oficio por los imputados haber sido asistidos por la Defensoría Pública; La presente sentencia es susceptible del
Recurso de Casación en un plazo de diez (10) días, a partir de
su lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso,
según lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal
Penal
”;

Considerando, que la parte recurrente R.I.C.O., invoca en su recurso de casación, el medio siguiente: Fecha: 28 de diciembre de 2015

Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada por inobservar disposiciones de orden legal (arts. 24, 172 y 333 CPP). Que la Corte a-qua no obstante hacer un esfuerzo por motivar su decisión y responder nuestro motivo, esta no respondió nuestro principal argumento del porque procedía anular la sentencia objeto de impugnación, que consistía en que la hoy recurrente nunca invadió propiedad ajena, esto así, porque la persona que invadió la propiedad desde un principio fue el señor E. de los Santos (suegro de R.I.. Cuando estaban repartiendo los terrenos de esa área, él fue uno de los favorecidos, sin embargo, por mucho tiempo ese terreno no estaba siendo utilizado, hasta que el hijo (D.C., co-imputado) de E. de los Santos se juntó en unión libre con la hoy recurrente. Es el momento que el señor E. decide prestar el terreno a su hijo para que conviva con su concubina, estos aprovecharon la oportunidad y edificaron una humilde vivienda para habitarla, por autorización de quien se suponía era el legitimo propietario, es decir, la hoy recurrente nunca tuvo intenciones de invadir propiedad ajena. Esto lo planteamos ante la Corte a-qua en aras de demostrar de que legalmente no había mérito para que el tribunal de primer grado dictara sentencia condenatoria en contra de la hoy recurrente. No obstante hacer este planteamiento la Corte a-qua no respondió en lo absoluto nuestra denuncia dejando a la hoy recurrente sin saber las razones jurídica fáctica del porque la Corte rechazó su recurso. Que la Corte a-qua no debió confirmar una sentencia condenatoria que no reunía los elementos constitutivos, ya que, la hoy recurrente se introdujo a esa propiedad por autorización de quien suponía era su propietario, en el caso de proceder condena, la misma debía recaer solo en el señor E. de los Santos, pero tanto el a- Fecha: 28 de diciembre de 2015

quo como la Corte a-qua decidieron acoger arbitrariamente la condena en contra de la hoy recurrente

;

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

Considerando, que la parte recurrente aduce, en síntesis, como fundamento de su recurso, que la sentencia dictada por la Corte a-qua es manifiestamente infundada, en razón de que no da respuesta a su principal argumento de que la recurrente no invadió propiedad ajena, ya que se introdujo en la propiedad con autorización de su propietario, no debiendo resultar condenada, pues la condena debía recaer sobre quien se suponía ostentaba la propiedad del terreno;

Considerando, que en ese sentido, la Corte a-qua dejó por establecido lo siguiente: “Que aunque la recurrente alega que se demostró que los terrenos en cuestión fueron adquiridos por el suegro de R.I.C., señor E. de los Santos, y que esta y su esposo vivían en el mismo con la autorización de éste, lo cierto es que tal circunstancia se pretendió probar en el juicio solo mediante las declaraciones de la testigo Y.B., y el tribunal a-quo consideró que dichas declaraciones por sí solas no eran suficientes para probar los derechos que alegaban tener los imputados sobre el predio en cuestión, cuyo razonamiento ésta Corte encuentra correcto en razón de lo que ya se ha expuesto en ocasión del Fecha: 28 de diciembre de 2015

análisis del recurso anterior, por lo que tal argumento carece de fundamento; que también carece de fundamento el alegato de que la vendedora del inmueble no fue ofertada como testigo por la parte querellante, pues en nuestro sistema rige el principio de libertad probatoria en virtud del cual los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser probados mediante cualquier medio de prueba, salvo prohibición expresa de la ley, y por lo tanto, no se requiere de un especial medio probatorio para establecer un determinado hecho. Que no es cierto el alegato de que la persona que le vendió el inmueble en cuestión a la parte querellante no haya justificado la propiedad del mismo, pues en el contrato de venta en cuestión se hace constar que la misma justifica el referido derecho sobre el inmueble vendido “mediante posesión pacifica e ininterrumpida por varios años”, pero además, dicho argumento hubiese sido relevante si la recurrente hubiese presentado también algún documento que la acreditara como propietaria del referido inmueble, en cuyo caso seria de utilidad rastrear en el pasado el origen o procedencia de los respectivos derechos de ambas partes. Que resulta ilógico, que los imputados recurrentes pretendan establecer que tienen derechos sobre el inmueble objeto del presente proceso porque alegadamente los mismos les fueron entregados a uno o varios de ellos, pero sin aportar prueba de dicha entrega, limitándose a presentar el testimonio de la señora Y.B.; que el referido testimonio no puede prevalecer jamás frente a los documentos aportados por la parte querellante”. Fecha: 28 de diciembre de 2015

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se evidencia que contrario a como alega dicha parte, la Corte a-qua si responde los alegatos planteados por la recurrente en su escrito de apelación, estableciendo motivos suficientes, precisos y pertinentes para justificar la decisión por ella adoptada, conteniendo la decisión recurrida una exposición completa de los hechos de la causa, lo que le ha permitido a esta alzada como Corte de Casación, comprobar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley;

Considerando, que sobre la falta de intención delictuosa, la Corte aqua valoró de manera correcta el hecho de que la imputada al igual que los co-imputados no pudieron probar sus alegatos de que los terrenos eran propiedad del suegro de la imputada y que ella y su esposo vivían en el mismo con autorización de éste; pudiendo constatar esa alzada, que el tribunal de fondo obró correctamente al valorar las pruebas sometidas al contradictorio, mismas que lograron destruir la presunción de inocencia que amparaba a la imputada, ya que quedó demostrado que la misma penetró sin autorización, ni con ninguna circunstancia que hiciera presumir que no existiera una intromisión irregular por parte de ésta al terreno objeto del presente proceso de violación de propiedad; por consiguiente, lo alegado por la parte recurrente carece de sustento; Fecha: 28 de diciembre de 2015

Considerando, que al no encontrarse presentes los vicios invocados por la recurrente, procede rechazar el recurso de casación interpuesto, quedando en consecuencia confirmada la decisión atacada;

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado F.E.S.S., quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:

Primero: Admite como intervinientes a los señores J.C.Q.A. y A.B.M.; Segundo: Rechaza el recurso de casación interpuesto por R.I.C.O., contra la decisión núm. 38-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 23 de enero de 2015, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de esta decisión;

Tercero: Exime a la recurrente del pago de las costas del procedimiento, por estar asistida por la Defensa Pública; Cuarto: Ordena la notificación de la presente sentencia a Fecha: 28 de diciembre de 2015

las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.

(Firmados): E.E.A.C..- A.A.M.S..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 12 de enero de 2016, a solicitud de la parte interesada. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de Impuestos Internos.

G.A. de Subero

Secretaria General