Sentencia nº 567 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Septiembre de 2017.

Fecha de Resolución:20 de Septiembre de 2017
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 567

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 20 de septiembre del 2017, que dice así: TERCERA SALA.

Rechaza Audiencia pública del 20 de septiembre de 2017

Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor C.M.S., dominicano, mayor de edad, domiciliado y resiente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 21 de mayo del año 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 7 de octubre de 2015, suscrito por el Lic. F.A.L., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0500299-2, abogado del recurrente, el señor C.M.S., mediante el cual propone los medios de casación, que se indican más delante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 29 de octubre de 2015, suscrito por el Dr. R.D. De la Cruz Martínez y la Licda. Mirelly De la Cruz de Romero, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 023-0009014-5 y 023-0151670-0, respectivamente, abogados del recurrido, el señor C.M.A.A.;

Que en fecha 14 de septiembre de 2016, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los Jueces: E.H.M., en funciones de P.; S.I.H.M. y R.
C.P.Á., asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación;

Visto el auto dictado en fecha 18 de septiembre de 2017, por el magistrado M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual, se llama a sí mismo, en su indicada calidad, conjuntamente con el magistrado M.A.F.L., Juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 del 1934;

Visto la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de la demanda laboral en pago de derechos laborales, interpuesta por el señor C.M.A.A. contra el señor C.M.S., la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, dictó el 27 de marzo del año 2013, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara en cuanto a la forma, buena y válida, la demanda laboral por dimisión justificada en reclamo de prestaciones laborales, pagos de horas extras, daños y perjuicios, y otros, por violación a los artículos 55, 97, 177, 223, 712, 713, 720, 728, del Código Laboral, los artículos 36, 62, 113, literales a y b, 144, 145, 181, y 202 de la Ley núm. 87-01 sobre la Seguridad Social y 1382 del Código Civil Dominicano, ente otros, incoada por el señor C.M.A.A. en contra del señor C.M.S., (A.C.P., por ser incoada en tiempo hábil y conforme al derecho; Segundo: Acoge, la demanda por dimisión injustificada, incoada por el señor C.M.A.A. en contra del señor C.M.S., (Alias Carlos Pitica), por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; Tercero: Condena a la parte demandada, señor C.M.S., (A.C.P., al pago de los derechos adquiridos y prestaciones laborales, al trabajador demandante señor C.M.A.A., por la prestación de un servicio personal por un periodo de tiempo de cuatro (4) años y dos (2) meses, devengando un salario quincenal por la suma de Diez Mil Quinientos Pesos (RD$10,500.00) a razón de un salario diario por la suma de Ochocientos Ochenta y Un Pesos con Sesenta y Un Centavos (RD$881.61), a saber: a) Veinticuatro Mil Ochenta y Un Pesos con Sesenta y Un Centavos (RD$24,685.13) por concepto de 28 días de preaviso; b) Setenta y Cuatro Mil cincuenta y Cinco Pesos con Veinticuatro Centavos (RD$74,055.24) por concepto de 84 días de cesantía; c) Doce Mil trescientos Cuarenta y Dos Pesos con Cincuenta y Cuatro Centavos (RD$12,342.54) por concepto de 14 días de vacaciones; d) Ocho Mil Setecientos Cincuenta (RD$8,750.00) por concepto de proporción del salario de Navidad en base a 5 meses laborados en el año 2012; e) Dieciséis Mil Quinientos Veintitrés Pesos con Veintiocho Centavos (RD$16,523.28) por concepto de 45 días de participación en los beneficios el empleador; Cuarto: Condena al demandado, señor C.M.S., (A.C.P., a pagar al señor C.M.A.A., las condenaciones establecidas en el artículo 95, numeral 3ro. del Código de Trabajo, así como al pago de una indemnización de Treinta Mil Pesos (RD$30,000.00) por la no inscripción en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social; Quinto: Condena al demandado, señor C.M.S., (A.C.P., al pago de las costas del procedimiento ordenando la distracción de las mismas a favor del Dr. R.D. De la Cruz Martínez y la Licda. M. De la C.O., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Ordena al demandado C.M.S., (A.C.P., al momento de la ejecución de esta sentencia tomar en consideración la variación de la moneda al tenor de lo dispuesto en el artículo 537 del Código de Trabajo; Séptimo: Ordena la ejecución de la presente Sentencia de conformidad a las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo; Octavo; C. a cualquier ministerial del área laboral de este Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, para la notificación de la presente sentencia”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Se declara regular, bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación incoado por el señor C.M.S., en contra de la sentencia núm. 46-2013, de fecha 27 de marzo del 2013, dictada por la Sala núm. 2, del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, por haber sido hecho conforme a la ley y en cuanto al fondo, se confirma por los motivos expuestos y falta de base legal; Segundo: Declara regular, buena y válida la demanda en intervención forzosa incoada por el señor C.M.S. en contra del Sindicato de Transporte Macorís-Boca Chicha, (Sitramaboche), por haber sido hecho de conformidad con la ley y en cuanto al fondo se rechaza por los motivos expuestos y falta de base legal; Tercero: Se condena al señor C.M.S. al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción favor y provecho del Dr. R.D. De la Cruz Martínez y la Licda. M. De la C.O., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Se comisiona al ministerial J. De la Rosa Figueroa, Alguacil de Estrados de esta Corte, para la notificación de la presente sentencia”;

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: Violación a los artículos 68 y 69 de la Constitución Dominicana, violación al derecho de defensa, violación al derecho fundamental constitucional del debido proceso, existiendo un recurso de casación contra la sentencia interlocutoria dictada por el tribunal falla el fondo; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos;

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa la inadmisibilidad del recurso, en razón de que el mismo fue interpuesto fuera del plazo establecido por la ley que rige la materia, así como también la sentencia no excede el monto de los 200 salarios mínimos que establece la ley;

Considerando, que como podemos apreciar el plazo estipulado en el artículo 641 del Código de Trabajo es un plazo procesal, en el cual no se computan ni el día a-quo, ni el día a-quem, así como tampoco los días festivos, que al ser notificada la sentencia recurrida mediante Acto núm. 315/2015, de fecha 4 de septiembre del año 2015, instrumentado por el ministerial J. De la Rosa Figueroa, Alguacil de Estrado de la Corte de Trabajo de Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, e interpuesto el recurso de casación en fecha 7 de octubre del 2015, el mismo se interpuso en tiempo hábil debido a que no se computan, a tales fines, ni el día 4 de septiembre en que fue notificada la sentencia, ni el día en que vence, tampoco se cuentan los domingos 13, 20, 27 de septiembre ni el 4 de diciembre, como tampoco el 24 de septiembre por ser un día festivo, por lo que al interponer dicho recurso en fecha 7 de octubre del año 2015, el plazo todavía estaba vigente, por lo que, dicha solicitud de inadmisibilidad debe ser rechazada;

Considerando, que en cuanto a la solicitud de inadmisibilidad por no sobrepasar las condenaciones los doscientos (200) salarios mínimos, es criterio de esta Tercera Sala que las disposiciones del citado artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08, no son aplicables en materia laboral, en virtud de que para la admisión del recurso de casación, el Código de Trabajo contempla cuáles son las condiciones para ser admitido, a saber, el artículo 641 del referido Código textualmente establece: “que no será admisible el recurso de casación después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando ésta imponga una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos”; por lo que el medio de inadmisión planteado por la parte recurrida carece de fundamento y debe ser desestimado;

En cuanto al recurso de casación Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación propuesto, el recurrente alega en síntesis, lo siguiente: “que la actitud que asumió la Corte a-qua al no enviar el expediente ante la Corte de Casación con motivo del memorial de casación introducido contra una sentencia interlocutoria dictada por la misma Corte, la parte recurrente, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva con respecto al debido proceso, lo que no garantizó la Corte a-qua, ya que lesionó gravemente los derechos del hoy recurrente, estando en la obligación de garantizar los derechos fundamentales tanto a las personas físicas como morales, tal como lo establecen los artículos 68 y 69 de la Constitución Dominicana; que al no ponderar bien la existencia de un recurso de casación contra su sentencia interlocutoria para que su sentencia tuviera los motivos suficientes para garantizar el debido proceso, que es un derecho constitucional, le negó la oportunidad al recurrente de defenderse aportando las pruebas correspondientes, limitándose y basándose en el criterio del Tribunal de Primer Grado al no hacer un análisis objetivo e imparcial para descubrir que dicha sentencia contenía vicio que ha violado el debido proceso”;

Considerando, que en el expediente no reposa depositado el recurso de casación que indica la parte recurrente que interpuso en contra la sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal a-quo; así como tampoco ningún otro medio de prueba por el cual se pueda comprobar que contra la indicada sentencia interlocutoria fue interpuesto un recurso, razón por la cual procede rechazar el mismo;

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, la recurrente sostiene: “que en la sentencia de marras la Corte a-qua a todas luces desnaturalizó los hechos, al impedir que la hoy recurrente hiciera uso del plazo contenido en el artículo 544 del Código de Trabajo, ante un depósito de admisión de nuevos de documentos hecho por la parte interviniente, siendo obligatorio dar el plazo de ley a todas las partes para que se pronunciaran y presentaran sus reparos a la solicitud de admisión de nuevos documentos, ya que la misma existía y había sido depositada en fecha 23-3-2015, por lo tanto al no ponderarse las pruebas aportadas se ha perjudicado a la recurrente de manera olímpica haciendo una mala aplicación del derecho, por tanto la sentencia impugnada debe ser casada con todas sus consecuencias legales”;

Considerando, que en la sentencia objeto del presente recurso, en relación a los hechos y documentos del proceso detalla lo siguiente: “que en la audiencia de fecha de marzo del año 2015, todas las partes comparecieron a través de sus abogados apoderados. La parte recurrente, M.S., solicitó el aplazamiento de la presente audiencia en virtud del art. 544 del Código de Trabajo, en cuanto a lo que establece para tomar el plazo establecido en el mismo y hacer sus reparos en cuanto al depósito hecho por el interviniente forzoso. La parte recurrida se opuso por improcedente, mal fundado y carente de base legal. La Corte a-quo constató que no hay solicitud de admisión de nuevos documentos hecha por la interviniente. Se dejó cerrada la fase de discusión del recurso y se le otorgó la palabra a las partes para sus conclusiones, quienes concluyeron como se deja dicho más arriba en esta misma sentencia…”;

Considerando, que como bien establece el Tribunal a-quo, en el expediente no constaba ninguna solicitud de admisión de nuevos documentos, como tal, sino un depósito de documentos realizado por la parte interviniente forzoso Sindicato de Transporte de Boca Chica (Sitramaboche), en fecha 23 de marzo del año 2015, de los Estatutos Generales de esa organización, sin cumplir con las formalidades exigidas por la ley y sobre todos sin solicitar su admisión a formar parte de este proceso, que independientemente de eso, el documento en cuestión ya formaba parte del expediente, y era del conocimiento de la parte recurrente señor C.M.S., quien en fecha 11 de noviembre del año 2013, depositó el mismo, mediante solicitud de admisión de nuevos documentos, la cual fue acogida, mediante Auto núm. 916-2013, de fecha 19 de noviembre del año 2013, dictado por el Tribunal a-quo, por lo que podemos comprobar que no existe en el presente proceso desnaturalización de los hechos ni violación a lo establecido en el artículo 544 del Código de Trabajo, por lo que este segundo medio de casación, debe ser rechazado;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación del derecho, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Por tales motivos; Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor C.M.S., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 21 de mayo del 2015, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas de procedimiento, ordenando y distracción y provecho a favor del Dr. R.D. De la Cruz Martínez y la Licda. M. De la Cruz de R., abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 20 de septiembre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la Restauración.

(Firmados) M.R.H.C.-EdgarH.M.-R.C.P.Á.-M.A.F.L.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.