Sentencia nº 592 de Suprema Corte de Justicia, del 1 de Junio de 2016.

Fecha de Resolución: 1 de Junio de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 592

M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 01 de junio de 2016, que dice:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por Jueces Miriam Concepción Germán

Brito, P.; A.A.M.S., Fran Euclides Soto

Sánchez e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito

Nacional, hoy 1 de junio de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la

Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por C.Q.N.,

dominicana, mayor de edad, estilista de belleza, casada, cédula de identidad y

electoral núm. 001-0164265-0, domiciliada y residente en la calle E. 1,

T. núm. 1, apartamento núm. 202, del sector Bella Vista, del Distrito

Nacional, querellante, contra la resolución marcada con el núm. 396-SS-2015,

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 10 de septiembre de 2015, cuyo dispositivo se copia más

adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Dr. M.U.H., en representación del L..

F.D.G., ofrecer calidades actuando a nombre y

representación de la recurrente C.Q.N.;

Oído a la Licda. M. de J.T., por sí y por los Licdos. Joel

Pinales y E.A., dar calidades a nombre y representación de la parte

recurrida M.L.C.T.;

Oída a la Lic. I.H., Procuradora General Adjunta en

representación del Ministerio Público;

Oído al Dr. M.U.H., en representación del L..

F.D.G., en la lectura de sus conclusiones, a nombre y

representación de C.Q.N.;

Oído a la Licda. M. de J.T., por sí y por los Licdos. Joel

Pinales y E.A., en la lectura de sus conclusiones a nombre y

representación de M.L.C.T.;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. F.S.D.G., en representación de C.Q.N., depositado el 12

de octubre de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual

interpone su recurso de casación;

Visto la resolución núm. 4532-2015 de esta Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia del 26 de noviembre de 2015, la cual declaró admisible el

recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para conocerlo el

día 8 de febrero de 2016, a las 9:00 horas de la mañana;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núm. 156 y 242

de 1997;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados

Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la

norma cuya violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 396, 399,

400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la

Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal,

instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la

Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. Que en fecha 3 de junio de 2001, M.L.C.T.,

    suscribió con J.S. de E. y C.Q.N., un

    contrato de venta de inmueble bajo firma privada, en virtud del cual vendió a

    dichas víctimas, el espacio aéreo superior de la primera planta de la mejora

    levantada en el solar núm. 14 de la manzana 4555 del Distrito Catastral núm. 1,

    solar que tiene una extensión superficial de 233 mts2., 15 dmts2, con los

    siguientes linderos: al norte solar 13, al este calle, al sur solar 15, al oeste solar 6

    y 7 amparada por el certificado de título núm. 85-3098, libro 936, folio 188 con

    una extensión superficial de ciento cuarenta metros (140mts2); la totalidad del

    jardín frontal de la misma mejora, la cual será utilizada para el área de escalera

    y paqueo de vehículos, ubicado en el kilómetro 7 ½ de la carretera S.,

    casa núm. 14 sector Mar Azul, Distrito Nacional;

  2. Que el monto pactado entre M.L.C.T. y las

    víctimas J.S. de Echavarría y C.Q.N., fue la

    suma de Cuatrocientos Mil Pesos (RD$400,000.00); quienes luego del recibo de

    descargo y finiquito legal de dicha suma, construyeron dos apartamentos en

    un segundo y tercer nivel del referido solar, propiedades divididas de la

    siguiente manera: 50% del segundo nivel sería propiedad exclusiva de la

    víctima J.S. de E., mientras que el 50% del segundo piso y la totalidad del tercero sería de C.Q.N., edificaciones

    realizadas por el Ingeniero Amaurys Pacheco;

  3. Que a partir del mes de octubre de 2001, J.S. de

    Echavarría y C.Q.N., tuvieron la posesión de los inmuebles

    de manera pacífica e ininterrumpida, siendo en el año 2004, cuando María

    Leopoldina Cairo Terrero, conjuntamente con S.M.M.,

    suscribieron un préstamo hipotecario sobre la vivienda ubicada en el

    kilometro 7 ½ de la C.S., casa núm. 14, de la manzana 4555 del

    D.C. núm. 1 del Distrito Nacional, amparado sobre el certificado de título

    núm. 85-3098 del cual era beneficiaria S.M.M., sin establecer en

    ninguna documentación que J.S. de E. y Cándida

    Quezada Nolasco, eran propietarias de las edificaciones construidas en el

    espacio aéreo de dicho solar, edificación notoria al momento de la realización

    del referido préstamo;

  4. Que según certificación del estado jurídico del inmueble emitida por

    la Registradora de Títulos del Distrito Nacional, el inmueble antes mencionado

    posee una hipoteca en virtud al pagaré notarial en segundo rango a favor de

    S.M.M., por un monto de Dos Millones Seiscientos Veinte Un Mil

    Ciento Noventa y Cuatro (RD$2,621,194.00) pesos, lo que concluyó con la

    sentencia civil núm. 579, que ordena la adjudicación del inmueble a favor de S.M.M., ya que la acusada M.L.C.T.

    intencionalmente no realizó los pagos pactados con el prestamo realizado con

    S.M.M.;

  5. Que el 11 de diciembre de 2014, el Procurador Fiscal Ajunto del

    Distrito Nacional, L.. Q.R.V. presentó acusación y solicitud de

    apertura a juicio en contra de M.L.C.T., por violación a

    las disposiciones contenidas en el artículo 405 del Código Penal en perjuicio de

    J.S. de Echavarría y C.Q.N.;

  6. Que para el conocimiento de dicha acusación resultó apoderado el

    Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual dictó el auto

    marcado con el núm. 576-15-00074 el 8 de abril de 2015, conforme al cual

    resolvió de manera textual lo siguiente:

    PRIMERO : Se declara auto de no ha lugar, a favor de la ciudadana M.L.C.T., dominicana, mayor de edad, abogada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0114507-6, domiciliada y residente en la calle Segunda, núm. 14, Honduras, Distrito Nacional, teléfono núm. 809-616-6784, por entender que el hecho no constituye un tipo penal, conforme a lo que establece el numeral 3ero. del artículo 304 de nuestro Código Procesal Penal; SEGUNDO : Se dispone el cese de las medidas de coerción que recaen sobre la procesada M.L.C.T., impuestas mediante resolución núm. 670-2014-1381, de fecha 29 de mayo del año 2014, de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, consistentes en garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, en virtud de lo establecido en la parte in fine del artículo 304 del Código Procesal Penal; TERCERO: Se ordena la notificación del presente auto a las partes vía secretaría; CUARTO: La presente decisión valdrá notificación para las partes al momento de entregársele copia íntegra por secretaría, al tenor de lo que dispone el artículo 14 de la resolución núm. 1731 emitida por la Suprema Corte de Justicia; QUINTO: Se declaran de oficio las costas penales del proceso”;

  7. Que recurrido en apelación el auto antes indicado resultó apoderada

    la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito

    Nacional, la cual en fecha 10 de septiembre de 2015, dictó la resolución

    marcada con el núm. 396-SS-2015, conforme la cual resolvió lo siguiente:

    PRIMERO : Desestima los recursos de apelación interpuestos por: a) Los Licdos. E.R. y Q.R.V., Ministerio Públicos, en fecha primero (1) del mes de mayo del año dos mil quince (2015); b) Cándida Q.N., en calidad de querellante, por intermedio de su abogado constituido y apoderado especial, el Lic. F.S.D.G., en fecha siete (7) del mes de mayo del año dos mil quince (2015); y
    c) J.S., en calidad de querellante, por intermedio

    de su abogado constituido y apoderado especial el Lic. F.
    S.D.G., en fecha (7) del mes de mayo del año dos mil quince (2015), todas contra la resolución núm. 576-15-00074, de fecha ocho (8) del mes de abril del año dos mil quince (2015), dictada por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional;
    SEGUNDO : Confirma en todas sus partes la decisión recurrida dictada a favor de M.L.C. Terrero por ser conforme a derecho y no contener vicio alguno que haga posible su revocación; TERCERO: E. a las partes del pago de las costas del proceso causadas en la presente instancia; CUARTO: Ordena al secretario de esta sala de la corte hacer entrega de la presente decisión a cada una de las partes, las que quedaron convocadas por sentencia para la lectura del día de hoy”;

    Considerando, que la recurrente C.Q.N., por

    intermedio de su defensa técnica, plantea los argumentos siguientes:

    1. “que la sentencia impugnada padece de diversos vicios sustanciales que la hacen esencialmente anulable y que devienen en insubsanables transgresiones a diversas disposiciones de la normativa regulatoria del proceso penal;

    2. que ese escenario contraventor se verificó en diversas vertientes del proceso, parte de las cuales para una cabal ilustración citamos a título enunciativo:

    a. haber omitido olímpicamente examinar las violaciones invocadas por la querellantes como el ministerio público a través de sus respectivo recursos de apelación, limitándose a una mera enunciación de las denuncias así formuladas;

    b. dar por sentada las afirmaciones utilizadas por la decisión de primer grado sin efectuar constatación alguna, tanto respecto de los hechos de la causa y de los propios elementos constitutivos inherentes al tipo penal base de la acusación del ministerio público y del querellamiento de la exponente;

    c. haber omitido de forma lacerante y contraventora examinar el fardo probatorio en que se soportó la acusación del ministerio público y la acción penal de la querellante;
    d.
    por haber inobservado las taxativas exigencias del artículo 415 del Código Procesal Penal en torno a la necesidad de examinar para estatuir sobre la apelación ejercida las pruebas que se incorporen;

    e. por patentizar la transgresión en que incurrió el tribunal de primer grado respecto a la inobservancia de las disposiciones del artículo 172 del Código Procesal Penal, al justificar la impropia solución adoptada por el Juez de la Instrucción, obviando el sostén probatorio de la acusación del ministerio público, inscribiéndose por tanto en la violación del los artículos 177 y 294 del Código Procesal Penal;

    f. que todo y cuanto ha sido denunciado puede fácilmente constatarse en las motivaciones producidas en las páginas 9 hasta la pagina 15, donde se limita a reproducir determinadas consideraciones que al errado parecer del Tribunal de apelación justifican la decisión rendida por el tribunal de primer grado;

    g. que para fundamentar su decisión la Corte a-qua en el numeral 6 que abarca desde la página en ese orden, el fallo que hoy se recurre se caracteriza por una escasa e incongruente motivación que la hace manifiestamente infundado;

    que de igual modo no examina efectivamente los medios invocados por la recurrente, ni mucho menos aquellas denuncias y violaciones invocadas por el Ministerio Público”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y Considerando, que la esencia de los argumentos esgrimidos por la

    recurrente C.Q.N. como sustento del presente recurso de

    casación, se traduce a sostener contra la sentencia impugnada que no fueron

    debidamente examinados los medios invocados por esta; que la sentencia

    consta de una escasa motivación y que no fueron debidamente valorados los

    medios de pruebas que sustentan la acusación;

    Considerando, que en ese sentido al examinar la resolución impugnada,

    esta Sala advierte que la Corte a-qua estaba apoderada de sendos recursos de

    apelación, uno incoado por el representante del ministerio público, y el otro

    por la ahora recurrente en casación, quienes sostuvieron ante esa instancia:

    Oído: al abogado de la parte querellante, parte recurrente en el presente proceso,

    después de haber presentado sus alegatos, manifestar a la Corte lo siguiente: A)

    Ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia recurrida; B.I. en

    violaciones coyunturales a normas legales previstas en nuestra normativa y de

    insustituible observancia; C) Vulnera el principio legal de igualdad entre las partes, al

    solo ponderar los argumentos y alegatos de la defensa técnica, en tal sentido vamos a

    concluir de la manera siguiente: Primero: Que se declare como bueno y valido al

    presente recurso de apelación por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a la ley;

    Segundo: Revocar la resolución núm. 576-15-00074 de fecha 8 del mes de abril del

    año 2015, dictada por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en

    función de los vicios y violaciones denunciadas; Tercero: Que se condene a la imputada al pago de las costas del procedimiento, a favor y provecho del abogado

    concluyente quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; Oído al representante

    del ministerio público, después de haber presentado sus alegatos, manifestar a la

    Corte, lo siguiente: “El fundamento del presente recurso de apelación está basado en el

    siguiente motivo: violación de la ley por errónea aplicación de una norma jurídica y

    por inobservancia de varias disposiciones de orden legal, artículo 417.4 del Código

    Proceso Penal Dominicano, en esas atenciones vamos a dictaminar de la siguiente

    manera: Primero: Que declare como bueno y válido el presente recurso de apelación

    por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a la ley; Segundo: Que se declare con

    lugar el presente recurso de apelación, en contra de la resolución núm. 576-15-00074

    de fecha 8 de abril de 2015, citada por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito

    Nacional; Tercero: Admitir como prueba a cargo, todas las descritas en el acta de

    acusación y que también estamos ofertando como soporte del presente recurso de

    apelación, las cuales son licitas, suficientes, pertinentes y vinculantes, para un envío a

    juicio del imputado y su posterior condena; Cuarto: Dictar auto de apertura a juicio

    respecto a la imputada M.L.C.T., a los fines de que la misma

    sea juzgada en un juicio de fondo por violas las disposiciones del artículo 405 del

    Código Procesal Penal”;

    Considerando, que del análisis y ponderación de la decisión impugnada,

    se advierte que la Corte a-qua al momento de valorar los recursos de

    apelación de que fue objeto la decisión dictada por el tribunal de primer grado, se adentró al estudio de las acciones atribuidas a la imputada y

    resolvió de manera textual lo siguiente: “que conforme la decisión recurrida, en

    cuanto respecta a la imputada M.L.C.T., el Tribunal a-quo hace

    un detalle pormenorizado de los hechos que dan origen a la acusación sin

    desnaturalizarlos, determinando que los mismos no dan lugar a una elevación a juicio

    en su contra, que eventualmente pudiera entenderse que contra la imputada pudiera

    dictarse sentencia condenatoria. Esas conclusiones a las que arribó el a-quo resultan

    ser acordes con los hechos planteados; los que, a juicio de esta S., contrastan

    también con la tipicidad endilgada a la imputada, al no demostrarse, en base a los

    hechos endilgados y las pruebas debatidas, que concurran las causales para retener el

    tipo penal de estafa; que amen de lo expuesto, la Corte al momento de analizar la

    decisión recurrida, ha podido comprobar que la misma contiene motivos lógicos y

    suficientes que justifican su parte dispositiva, lo que la hace cónsona con el derecho y

    no contener los vicios que hagan pasible de ser revocada…”;

    Considerando, que en tanto el Tribunal a-quo en apoyo de los

    fundamentos expuestos en su decisión para emitir auto de no ha lugar a favor

    de la imputada M.L.C.T., manifiesta de manera textual

    lo siguiente:

    “…hemos verificado que la acusación que presenta el Ministerio Público no tiene suficientes fundamentos para ser pasible de ordenar apertura a juico en contra de la señora M. LeopoldinaC.T., en razón de que la misma resulta contradictoria y dicotómica y no se encuentra cimentada en pruebas, a saber: “refiere en el párrafo 3, página 3, que tanto M.L.C.T. como la imputada S.M.M. (prófuga), cometieron estafa en perjuicio de las víctimas J.S. de E. y C.Q.N., y en el párrafo 4: “que la imputada M.L.C.T. y S.M.M. realizaron un préstamo hipotecario sobre la vivienda ubicada en el kilometro 7 ½ de la carretera S., casa núm. 14, sector Mar Azul, Distrito Nacional, edificio construido en el solar núm. 12 de la manzana 4555 del D.C. núm. 1 del Distrito Nacional, amparada sobre el certificado de título núm. 85-3098 del cual era beneficiaria la imputada S.M.M. (prófuga), sin establecer en ninguna documentación quelas víctimas eran propietarias de las edificaciones construidas en el espacio aéreo de dicho solar”; sin embargo, dicho préstamo hipotecario no fue probado, ya que lo que se vislumbra del propio relato fáctico y de las pruebas sometidas a nuestro escrutinio, es la suscripción de un pagaré notarial por parte de la imputada no de un préstamo o pagaré hipotecario como se afirma, no existiendo en esa tesitura elemento de prueba alguno que robustezca las circunstancias argüidas por el Ministerio Público en su pliego acusatorio; que otra cuestión develada en la acusación por este órgano jurisdicción, es una contradicción manifiesta, ya que en el párrafo 5 dentro del título: “Relación Precisa y Circunstancias del Hecho y Fundamentación de la Acusación”, dice que el referido inmueble posee una hipoteca en virtud de pagare notarial en segundo rango, mientras en el párrafo 4 habla de un préstamo hipotecario, de modo que, el Ministerio Público no ha sido claro al momento de establece a través de qué instrumento ejecutorio se encuentra afectado el inmueble, quedando constatado por este tribunal a través de los elementos probatorios que presenta el órgano acusador público, una situación muy distinta a la narrada por dicho funcionario, es decir, que lo que existe es un pagare notarial suscrito por la procesada M.L.C.T., como señalamos en el considerando anterior, y que no constituye una conducta delictiva o prohibida en la ley, el cual es instrumentado a los fines de garantizar una deuda y que recae sobre todos los bienes del deudor, por lo que la intención delictuosa de gravar las edificaciones construidas por las víctimas sobre el espacio aéreo no quedó retenida, ya que otra, situación sería que hubiese vendido y luego realizada una hipoteca sobre lo vendido, cosa que no ocurrió en la especie…”;

    Considerando, que el principio de formulación precisa de cargos,

    constituye uno de los principios pilares del sistema acusatorio, conforme al

    cual en función de las particularidades de cada caso se caracteriza por la

    obligación de no acusar de forma injustificada y arbitraria, por lo que, este

    obliga a la parte que persigue a realizar una investigación profunda y

    adecuada;

    Considerando, que el principio en cuestión constituye además una

    garantía emanada del bloque de constitucionalidad, y encuentra su

    fundamento en los artículos 7.4 y 8.2.b de la Convención Americana de

    Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y

    Políticos en sus artículos 9.2 y 14.3, así como en el artículo 69 de la Constitución y el artículo 19 del Código Procesal Penal;

    Considerando, que la formulación precisa de cargos es consustancial al

    derecho de defensa, toda vez que la primera es condición sine qua non para

    un apropiado ejercicio del segundo; este último para su realización debe

    poder materializarse en toda su dimensión histórica y legal, desde que se le

    acuse o señale a un imputado como partícipe de un ilícito, este deberá contar

    con la información suficiente para comprender plenamente el contenido de

    dicha acusación que es dirigida en su contra;

    Considerando, que en el caso de la especie, las alegadas contradicciones

    y dicotomías existentes en la acusación presentada por el ministerio público

    en cuanto al hecho que dio origen al ilícito que se pretende juzgar en tanto si

    se trata de un préstamo hipotecario o de un pagaré notarial, conforme al

    plano fáctico desarrollado en la referida acusación se advierte que el Tribunal

    a-quo se limitó solo a ponderar y establecer el status jurídico del inmueble en

    cuestión, sin ponderar de manera real, efectiva y conforme derecho la génesis

    de la controversia, para lo cual fue descrito de forma clara y precisa, y con la

    debida documentación para avalar dichos argumentos, lo siguiente:

    a) que en fecha 3 de junio de 2001, la acusada M.L.C.T., suscribió con las víctimas J.S. de E. y C.Q.N., el “Contrato de Venta de Inmueble bajo Firma Privada”, en virtud el cual vendió a dichas víctimas, el espacio aéreo superior de la primera planta, de la mejora levantada en el solar núm. 14, de la manzana 4555 del
    D.C. núm. 1, solar que tiene una extensión superficial de 233 mts2, 15 dmts2, con lo siguientes linderos: al norte solar 13, al este: calle; al sur: solar 15; al oeste solar 6 y 7; amparada por el certificado de títulos núm. 85-3098, libro 936, folio 188, con una extensión superficial de ciento cuarenta metros cuadrados (140 mts); la totalidad del jardín frontal de la misma mejora, el cual será utilizada para área de escalera y parqueo de vehículos, ubicado en el kilometro 7 ½ C.S. casa núm. 14 sector Mar Azul, Distrito Nacional, propiedad ampara en el certificado de título núm. 85-3098;

    b)
    que el monto pactado entre la acusada M.L.C.T. y las víctimas J.S. de Echavarria y C.Q.N., por dicha venta fue de cuatrocientos mil pesos (RD$400,000.00), monto pagado por las víctimas J.S. de Echavarría y C.Q.N., quienes luego del recibo de descargo finiquito legal de dicha suma construyeron dos apartamentos en un segundo y tercer nivel del referido solar, propiedades divididas de la siguiente manera: 50% del segundo nivel sería propiedad exclusiva de la víctima J.S. de E., mientras que el 50 % del segundo piso y la totalidad del tercero sería propiedad de la víctima C.Q.N., edificaciones realizadas por el Ingeniero Amaurys Pacheco;

    c) que fue a partir del mes de octubre del dos mil uno (2001) que las víctimas J.S. de Echavarría y C.Q.N. tuvieron la posesión de los inmuebles de manera pacífica e ininterrumpida, siendo en el año dos mil cuatro (2004), cuando la acusada M.L.C.T., conjuntamente con la imputada S.M.M. (prófuga), cometieron estafa en perjuicio de las víctimas J.S. de Echavarría y C.Q.N.; d) hecho ocurrido cuando la acusada M.L.C.T. y la imputada S.M.M. (prófuga) realizaron un préstamo hipotecario sobre la vivienda ubicada en el kilometro 7 ½ C.S., casa núm. 14, sector Mar Azul, Distrito Nacional, amparada sobre el certificado de título núm. 85-3098, del cual era beneficiaria la imputada S.M.M. (prófuga), sin establecer en ninguna documentación que las víctimas J.S. de E. y C.Q.N., eran propietarias de las edificaciones construidas en el espacio aéreo de dicho solar, edificación notoria al momento de la realización del referido préstamo;

    e) que según certificación del estado jurídico del inmueble emitido por la Registradora de Títulos del Distrito Nacional el inmueble antes mencionado posee una hipoteca en virtud de pagaré notarial en segundo rango a favor de la imputada S.M.M. (prófuga), por un monto de Dos Millones Seiscientos Veinte un Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos (RD$2,621,194.00), lo que concluyó con la sentencia civil núm. 579 que ordena la adjudicación del inmueble a favor de la imputada S.M.M. (prófuga), ya que la acusada M.L.C.T. intencionalmente no realizó los pagos pactados con el préstamo realizado con la imputada S.M.M. (prófuga);

    f) que se hace evidente la acción típica defraudadora por parte de la acusada M.L.C.T. toda vez que ocultó el préstamo hipotecario realizado en componenda a favor de la imputada S.M.M. (prófuga) poniendo en garantía el inmueble construido en el solar anteriormente descrito, sin haber declarado las mejoras construidas en el segundo nivel o espacio aéreo del inmueble, propiedad de las víctimas J.S. de E. y C.Q.N., logrando así cometer estafa en perjuicio de ellas”;

    Considerando, que esta S. contrario a lo expuesto por el Tribunal a-quo

    ratificado por la Corte a-qua, entiende que ciertamente conforme lo plantea la

    recurrente se incurrió en los vicios denunciados, al no ser ponderados

    debidamente los medios de pruebas que sustentan la acusación objeto de la

    presente controversia, toda vez que dicha acusación cumple con la debida

    formulación precisa de cargos, conforme a la cual se describe de manera precisa

    circunstanciada respecto al cuadro fáctico-jurídico el hecho a juzgar sin

    incurrir en contradicción en la narrativa del mismo;

    Considerando, que para que se satisfaga el requisito establecido en el

    artículo 294 del Código Procesal en cuanto a que la acusación cumpla con los

    estándares mínimos de “calidad de la información contenida en la misma”, la

    completitud de la información dependerá de que esta comprenda la información

    esencial

    que integra la pretensión acusatoria, así como aquellos aspectos

    fácticos que tengan “relevancia” jurídico-penal y guarden correspondencia con:

  8. La calificación jurídica

  9. Con las formas de participación de los imputados en el hecho;

  10. El grado de ejecución

  11. La concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad penal,

  12. que las supraindicadas circunstancias sirvan de fundamento a la pretensión acusatoria. Considerando, que al haber constatado esta Segunda Sala que la acusación

    en cuestión contiene la información esencial y necesaria para garantizar el

    derecho a la defensa, conteste al Principio de Formulación precisa de cargos,

    procede acoger los vicios denunciados por la recurrente y, en consecuencia,

    casar la referida resolución, procediendo el envío del proceso ante el mismo

    tribunal conformado por otro J.; por evidenciarse las violaciones

    denunciadas;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo

    relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los

    recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar

    con lugar dichos recursos;

    Considerando, que en el inciso 2.b del referido artículo, le confiere la

    potestad de ordenar la celebración total o parcial de un nuevo juicio enviando

    el expediente ante el mismo tribunal de primera instancia que dictó la

    decisión, cuando sea necesario la valoración de pruebas que requieran

    inmediación, de donde se infiere que ese envío al tribunal de primera instancia

    está sujeto a esa condición; sin embargo, si en el caso que le compete no existe

    la necesidad de hacer una valoración probatoria que requiera inmediación,

    nada impide que la Suprema Corte de Justicia envíe el asunto ante el mismo

    tribunal o corte de donde proceda la decisión siempre y cuando no esté en la situación antes señalada.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por C.Q.N., contra la resolución marcada con el núm. 396-SS-2015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 10 de septiembre de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; en consecuencia, casa dicha resolución;

    Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante el Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, para que procede a asignarlo al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional;

    Tercero: Compensa las costas;

    Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.

    (Firmados).-M.C.G.B.-FranE.S.S..-H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.