Sentencia nº 647 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Julio de 2015.

Fecha de Resolución: 8 de Julio de 2015
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 647

GRIMILDA A. DE S., SECRETARIA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2015, QUE DICE:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 8 de julio de 2015 Casa Preside: Julio César Castaños Guzmán

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto J.M.J.L. Bellido, español, nacionalizado dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1451818-6, domiciliado y residente en la calle F. Cedano núm. 3, sector Brisas del Llano, Higüey, provincia La Altagracia, contra la sentencia núm. 1035-2011, de fecha 15 de diciembre de 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;

pág. 1 Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. S.S.H., por sí y por el Dr. L.H.M.M., abogados de la parte recurrente J.M.J.L. Bellido;

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: En el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces de fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución de la presente solicitud del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 17 de enero de 2012, suscrito por los Dres. S.S.H. y L.H.M.M., abogados de la parte recurrente J.M.J.L. Bellido, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 7 de febrero de 2012, suscrito por el Lic.

pág. 2 Julio C.H.V., abogado de la parte recurrida Unión de Seguros, C. por A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 6 de marzo de 2013, estando presentes los magistrados J.C.C.G., P.; V.J.C.E. y J.A.C.A., asistidos del Secretario;

Visto el auto dictado el 6 de julio de 2015, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados M.O.G.S. y F.A.J.M., jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 de fecha 21

pág. 3 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 del 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere, consta: a) que con motivo de la demanda en ejecución de contrato de póliza de seguro y reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor J.M.J.L.B. contra la entidad aseguradora Unión de Seguros, C. por A., la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 22 de febrero de 2011, la sentencia civil núm. 00193/2011, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: EXAMINA, en cuanto a la forma como buena y válida la presente demanda en EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PÓLIZA DE SEGUROS Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por señor J.M.J.L.B., en contra de UNIÓN DE SEGUROS, C.P.A., mediante actuación procesal No. 152/2010, de fecha veintiséis (26) de Abril del año Dos Mil Diez (2010), instrumentado por el Ministerial ANTONIO ACOSTA, Ordinario de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Sala 4, por haber sido

pág. 4 interpuesta en los plazos y en la forma prevista por la ley; Y en cuanto al fondo RECHAZA la misma por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; SEGUNDO: CONDENA al señor J.M.J.L.B. al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho del LIC. JULIO C.H.V., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conforme con dicha decisión interpuso formal recurso de apelación contra la misma, el señor J.M.J.L. Bellido, mediante acto núm. 338/2011, de fecha 28 de abril de 2011, instrumentado por el ministerial R.A.P., alguacil de estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 15 de diciembre de 2011, la sentencia núm. 1035-2011, ahora impugnada cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y valido en cuanto a la forma el recurso de apelación, interpuesto por el señor J.M.J.L.B., mediante acto No. 338/2011, de fecha veintiocho
(28) del mes abril del año dos mil once (2011), instrumentado por el ministerial R.A.P., alguacil de estrados de la Primera Sala de la Corte Civil del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 00193/2011, relativa al expediente No.

pág. 5 035-10-00477, de fecha veintidós (22) del mes de febrero del año dos mil once (2011), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor de la entidad aseguradora UNIÓN DE SEGUROS, C.P.A., cuyo dispositivo figura copiado precedentemente; SEGUNDO : RECHAZA en cuanto al fondo el recurso de apelación, y en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida, por las razones út supra enunciadas; TERCERO : CONDENA a la parte recurrente, señor J.M.J.L.B., al pago de las costas del procedimiento en favor y provecho del licenciado J.C.H.V., por las razones indicadas”;

Considerando, que la parte recurrente en apoyo de su memorial de casación propone los medios siguientes: “Primer Medio: Contradicción de motivos; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Tercer Medio: Falta de base legal. Violación al artículo 122 de la Ley 146-02; Cuarto Medio: Falta de ponderación del contrato de seguro. Mala fe manifiestamente establecida; Quinto Medio: Violación al artículo 1134 del Código Civil. Principio de buena fe; Sexto Medio: Falta de base legal y violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil por falta de motivos. Violación a la ley; S. Medio: Violación a los artículos Nos.

pág. 6 40 ordinal 15 y 46 de la Constitución de la República Dominicana y Violación a la razonabilidad”;

Considerando, que en el primer aspecto del segundo medio, cuarto, y quinto medios y el primer aspecto del séptimo medio de casación, los cuales se examinarán de manera conjunta por su estrecha vinculación, el recurrente alega, en síntesis, que corresponde a los jueces del fondo interpretar los actos contractuales cuando las cláusulas son controvertidas, ambiguas u oscuras, es decir, que no son claras y precisas; que la corte a-qua para confirmar la decisión del juez de primer grado que rechazó la demanda original, se fundamentó en la cláusula de exclusión contemplada en la cobertura B del contrato de Póliza de Seguro, la cual establece que la compañía aseguradora no era responsable por “choques o vuelcos ocurridos en terrenos o caminos no declarados oficialmente de tránsito público” sin embargo la alzada no valoró que la autopista Santo Domingo-Samaná, lugar de la ocurrencia del hecho, no era un terreno, ni un camino, pues el recurrente no se desmontó de su vehículo para retirar obstáculo alguno ni ignoró ninguna advertencia que le impidiera el paso por la carretera, porque la misma era transitable, en tal sentido la corte aqua desconoció la disposición del artículo 1156 del Código Civil, que

pág. 7 señala que en las convenciones se debe atender más a la común intención de las partes contratantes que al sentido literal de las palabras, pues si bien es cierto, que en la cobertura B, se estableció la cláusula de exclusión antes mencionada, era obligación de los jueces del fondo interpretar el contenido y alcance de la misma, por lo que al otorgarle la alzada un sentido contrario, incurrió con su decisión en desnaturalización de los hechos y del contrato ya que no le otorgó a los mismos su verdadero sentido y alcance al rechazar la demanda amparada en el hecho de que la autopista no estaba oficialmente abierta al público lo que resulta irrelevante, pues tal y como citó el juez de primer grado en su decisión, es bien sabido que a la fecha oficial de apertura de una carretera en nuestro país, hace tiempo que en la misma se está transitando, pero además, era de dominio público que dicha carretera estaba siendo transitada por vehículos de manera libre y sin objeción de las autoridades ni de los arrendatarios de ésta quienes en ese momento ya estaban cobrando peaje; razones por las cuales procede casar la sentencia impugnada;

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, y previo a la respuesta que se dará a los medios presentados por la parte recurrente, resulta útil señalar, que la corte a-qua mediante la

pág. 8 ponderación de los elementos de juicio aportados en la instrucción de la causa, según resulta del fallo impugnado retuvo los hechos siguientes: 1) que conforme al acta de tránsito levantada por la Policía Nacional del municipio de P., provincia D., se hace constar que en fecha 20 de marzo de 2008, el ahora recurrente señor J.M.J.B. sufrió un accidente, mientras conducía un vehículo de su propiedad en la otrora carretera nueva Santo Domingo-Samaná, encontrándose asegurado al momento del accidente con la compañía Unión de Seguros, C. por A., mediante la póliza núm. 601712, con vigencia desde el 22 de junio de 2007 al 21 de junio de 2008; 2) que a fin de obtener el pago del monto asegurado interpuso una demanda en ejecución de contrato de póliza y reclamación de daños y perjuicios, la cual fue rechazada por el tribunal de primer grado fundamentada en esencia, en que la causa que provocó el accidente no estaba cubierta, conforme a una cláusula de exclusión contemplada en el Contrato de Póliza de Seguro; 3) que esa decisión fue impugnada ante la corte a-qua por el actual recurrente, procediendo la alzada a confirmar dicho fallo, mediante la sentencia que ahora es objeto del presente recurso de casación;

pág. 9 Considerando, que la corte a-qua para emitir su decisión aporta los razonamientos justificativos siguientes: “que este tribunal ha podido advertir, que el recurrente sufrió un accidente en su vehículo, específicamente una volcadura, en ocasión de transitar en la carretera Santo Domingo-Samaná; que de dicho suceso resultó su vehículo con daños así como él y sus acompañantes, que en la especie no es posible reclamar a la compañía aseguradora La Unión de Seguros, S.A., la ejecución de la póliza, toda vez que el contrato de póliza establece como causal de exclusión la responsabilidad y obligación de pago, la colisión o vuelco en carreteras no declaradas oficialmente transitables y en ese sentido versa una certificación expedida por la Secretaría de Obras Públicas, donde consta que la indicada carretera, iniciaría su etapa de operación el 1ro de junio del año 2008, el accidente de que se trata aconteció en fecha 20 de marzo del año 2008, es decir no estaba oficialmente en funcionamiento la carretera, bajo tales circunstancias no se puede reclamar ejecución de póliza en tanto que está presente la eximente de responsabilidad de cumplimiento de contrato. Que la recurrente de cara a la instrucción del proceso, no ha podido demostrar de manera

pág. 10 fehaciente que la carretera estaba en funcionamiento para el público, por lo que se rechazan todos sus argumentos en ese sentido”;

Considerando, que el hecho neurálgico que sirvió de sustento a la decisión de la alzada reside en que la vía donde ocurrió el accidente no estaba oficialmente autorizada para el tránsito público y en ese escenario desplegaba su imperio la cláusula de exclusión de responsabilidad pactada en el contrato; que respecto a lo asumido por la alzada, entiende el recurrente y así lo plantea a esta jurisdicción que la corte a-qua ha desnaturalizado el contexto de la cláusula de exclusión del contrato de póliza, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia, en virtud de la facultad excepcional que tiene como Corte de Casación valorará si los jueces apoderados del fondo del litigio le han dado a los documentos aportados al debate su verdadero sentido y alcance y si las situaciones constatadas son contrarias o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas, siempre que esta situación sea invocada por las partes, como ocurre en la especie;

Considerando, que en el acervo probatorio sometido al escrutinio de los jueces del fondo y que también conforman el expediente relativo al presente recurso de casación, se encuentra el contrato de Póliza de Seguro

pág. 11 suscrito en fecha once (11) de octubre de 2007 entre la compañía Unión de Seguros, C. por A., y el señor J.M.J.L. Bellido, advirtiéndose dentro del compendio de condiciones generales de dicha convención la cláusula B, que contiene una estipulación de exclusión del pago de la póliza cuando la colisión ocurra en la circunstancia siguiente: “Choques o vuelcos ocurridos en terreno o caminos no declarados oficialmente de tránsito público”;

Considerando, que la indicada estipulación fue analizada por la alzada de forma fragmentada aplicando al caso la parte final que establece que la vía “no haya sido declarada oficialmente de tránsito público”, infiriéndose de dicho análisis que a juicio de la alzada en dicha cláusula convergen dos causales de exclusión a saber: a) que el hecho ocurra en terrenos o caminos o b) en vía no declaradas de tránsito público, esta última utilizada por la alzada para sustentar su decisión;

Considerando, que el principio general de la interpretación de los contratos consiste en la averiguación por parte del juez de lo que las partes quisieron plasmar en la convención, lo que implica que tal y como aduce el recurrente al momento de este interpretar una cláusula deberá determinar su verdadero sentido y alcance; que en ese orden, al

pág. 12 fundamentar la corte a-qua su decisión en el hecho de que la carretera en donde ocurrió la colisión no estaba oficialmente abierta al público, es evidente, que otorgó un alcance distinto a lo pactado, pues los términos de dicha cláusula deben valorarse en su conjunto, pues, la categorización “terreno o caminos no declarados oficialmente de tránsito público” tiene por propósito referirse a aquellas vías que por su ubicación o condición son intransitables, salvo que se trate de aquellos destinados a deporte de montaña, los cuales requieren de una convención específica, que no es el caso que nos ocupa;

Considerando, que el razonamiento precedentemente indicado encuentra su fundamento en la Ley núm. 241 normativa que regula el tránsito terrestre en la República Dominicana, la cual establece que se entenderá como vía pública para los fines de tránsito todo camino, privado que esté de “algún modo” sujeto a servidumbre pública; que de lo señalado resulta que la categorización de vía pública no requiere de manera expresa una declaración oficial de la institución competente, como entendía la alzada, sino que la condición de servidumbre pública puede ser el resultado del uso continuo que los habitantes de la zona le hayan

pág. 13 dado a un camino o terreno determinado sea rural o urbana para que la misma puede ser considerada transitable;

Considerando, que, habiendo ocurrido el accidente en la carretera Santo Domingo-Samaná, es obvio que dicha vía no puede enmarcarse en la denominación de terreno o camino indicada en la cláusula B del contrato, pues es un hecho notorio que se trataba de una vía de factible circulación, proyectada fundamentalmente para la circulación de vehículos ya que estaba siendo acondicionada precisamente para el tránsito público, hecho reafirmado por la certificación emitida por la Secretaría de Obras Públicas el 27 de enero de 2010, que fue valorada por la alzada, pero derivándose de dicho documento consecuencias ajenas al hecho objeto del litigio toda vez que, solo se detuvo a analizar la fecha de la apertura oficial de la carretera, así como que el recurrente no había demostrado el pago de peaje, hecho que para los fines y consecuencia de aplicación de la referida cláusula era irrelevante, ya que el fundamento de la pretensión era demostrar que el lugar donde ocurrió la colisión, no tenía la caracterización de terreno o camino intransitable, sino que era una vía de tránsito público; que las razones expuestas evidencian que la corte a-qua incurrió en el vicio de desnaturalización del contrato e

pág. 14 incorrecta aplicación de la ley, razón por la cual se verifican los agravios expuestos en los medios examinados, procediendo acoger los medios invocados y casar con envío la sentencia impugnada;

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso;

Considerando, que conforme al Art. 65, numeral 3 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, razón por la cual procede compensar las costas del procedimiento.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 1035-2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 15 de diciembre de 2011, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el

pág. 15 asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 8 de julio de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.
(FIRMADOS).- Julio C.C.G..- M.O.G.S..- F.A.J.M..- G.A., Secretaria General.-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. CCH.

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