Sentencia nº 658 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Diciembre de 2015.

Fecha de Resolución:16 de Diciembre de 2015
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 658 G.A. de S., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 16 de diciembre de 2015, que dice así: TERCERA SALA Rechaza Audiencia pública del 16 de diciembre de 2015. Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: Sobre el recurso de casación interpuesto por R.G.C., dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1078310-7, domiciliado y residente en la calle J.G.A. núm. 48, E.O., Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 24 de enero de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 28 de junio de 2013, suscrito por el L.. J.A.G.J., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0476802-3, abogado del recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; Visto el memorial de defensa de fecha 15 de julio de 2013, suscrito por la Dra. M.I.R.C., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0786162-7, abogada de la recurrida L.M.C. De la Rosa; Que en fecha 11 de noviembre de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: M.R.H.C., P.; E.H.M., S.I.H.M. y R.C.P.A., procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; Visto el auto dictado el 14 de diciembre de 2015, por el magistrado M.R.H.C., P. de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado F.A.O.P., Juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934; Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de una Litis Sobre Derechos Registrados, en relación a la Parcela núm. 16-B, (resultantes Parcelas 16-B-a y 16-B-5) Distrito Catastral núm. 26, del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dictó en fecha 23 de abril de 2009, la sentencia núm. 1107, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en el dispositivo de la sentencia impugnada”; b) que sobre el Recurso de Apelación interpuesto contra esta decisión en fecha 06 de octubre de 2009, intervino en fecha 24 de enero de 2013, la sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo dice así:Primero: Declarar, en cuanto a la forma, bueno y válido el recurso de apelación interpuesto por el L.. L.P., que actúa en nombre y representación del señor R.G.C., en contra de la Sentencia núm. 1107, de fecha 23 de abril del año 2009, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, L., en relación a la Parcela núm. 16-B (Resultantes Parcelas 16-B-4 y 16-B-5) Distrito Catastral núm. 26, del Distrito Nacional, actual provincia de Santo Domingo; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza: el recurso de apelación antes indicado, así como las conclusiones vertidas en la audiencia de fecha 29 de diciembre del año 2009, por la parte recurrente, por medio de su abogado apoderado especial, L.. L.P., y su escrito justificativo de conclusiones de fecha 15 de enero del año 2010, por improcedentes, conforme los motivos expuestos en esta sentencia; Tercero: Acoge: las conclusiones de fondo vertidas en audiencia de fecha 29 de diciembre del 2009, por la Dra. L.C. De la Rosa, en su propia representación como parte recurrida, por reposar en base legal, conforme los motivos de esta sentencia; Cuarto: Confirma, de manera integral, la Sentencia núm. 1107 de fecha 23 de abril del año 2009, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, L., en relación a la Parcela núm. 16-B (Resultantes Parcelas 16-B-4 y 16-B-5) Distrito Catastral núm. 26, del Distrito Nacional, actual provincia de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara buena y válida, en cuanto a la forma la instancia introductiva de este proceso, intentada por la Dra. L.C. De la Rosa, conjuntamente con su agrimensor R.A.C.C., recibida por ante el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 4 del mes de diciembre del año 1997, por haber sido hecha conforme a las normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, se acogen los pedimentos expresados por la Dra. L.C. De la Rosa, actuando en su propia representación en audiencia del día 4 del mes de marzo del año 2009, por los motivos expuestos en el curso de esta decisión y en consecuencia: Tercero: Se aprueban los trabajos de Deslinde y Subdivisión, practicados dentro de la Parcela núm. 16-B del Distrito Catastral núm. 26, del Distrito Nacional, ejecutados por el agrimensor R.A.C., de acuerdo con la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, en fecha 16 del mes de marzo del año 1998, resultando las Parcelas núms. 16-B-4 y 16-B-5, Distrito Catastral núm. 26, del Distrito Nacional, Cuarto: Ordena al Registro de Títulos del Distrito Nacional, rebajar del certificado de título núm. 83-9536, que ampara la Parcela núm. 16-B del Distrito Catastral núm. 26 del Distrito Nacional, la porción de terreo ascendente a 84,570.96 metros cuadrados, de los derechos registrados en dicho certificado de título núm. 83-9536, que ampara los derechos de propiedad de la Dra. L.C. De la Rosa, dentro del ámbito de 84,570.96 metros cuadrados, y en su lugar; Quinto: Expedir los certificados de títulos que amparen las Parcelas núm. 16-B-4 y 16-B-5 del Distrito Catastral núm. 26, del Distrito Nacional, resultantes del deslinde y la subdivisión probados mediante esta decisión en la siguiente forma: a) Distrito Catastral núm. 26 del Distrito Nacional: Parcela núm. 16-B-4, con un área superficial de 71,627.15 Mts2., de acuerdo con su área y demás especificaciones que se indican en los planos correspondientes a esta parcela, a favor de la Dra. L.C. De la Rosa, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0290397-8, domiciliada y residente en la Av. R.B. núm. 539-B, Distrito Nacional; b) Distrito Catastral núm. 26, Distrito Nacional: Parcela núm. 16-B-5, con un área superficial de 12,640.09 Mts2., de acuerdo con su área y demás especificaciones que se indican en los planos correspondientes a esta parcela, a favor del señor R.A.C., dominicano, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad”; Quinto: Condena a la parte recurrente señor R.G.C., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de la Dra. L.C. De la Rosa, quien afirma haberlas avanzado”; Considerando, que el recurrente propone en su recurso los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación al derecho de propiedad; Segundo Medio: Violación al sagrado derecho de la defensa y de publicidad registral; Tercer Medio: Manifiesta contradicción y desnaturalización de los hechos; Cuarto Medio: Violación al artículo 68 del Código de Procedimiento Civil y debido proceso”; Considerando, que en el desarrollo de sus medios, los cuales se reúnen para su estudio, por su estrecha relación, el recurrente alega en síntesis, lo siguiente: “que la Corte a-qua le viola el derecho de propiedad y por vía de consecuencia la Constitución de la República en su artículo 51, al confirmar la decisión de jurisdicción original, sin tomar en cuenta que las resultantes dos parcelas producto del deslinde y subdivisión están designadas en el ámbito de los derechos y ubicación de las porciones que pertenecen a él; que el Tribunal a-quo no valoró ni se refirió en su decisión a la totalidad de sus derechos, amparados en la Constancia de Venta Anotada núm. 83-9356, correspondiente a la Parcela núm. 16-B, Distrito Catastral núm. 26, del Distrito Nacional y al contrato de compra-venta que demuestra que este posee 191 tareas de tierras; que no es cierto lo establecido por el Tribunal a-quo en su decisión, en relación a que en los trabajos de deslinde y subdivisión se cumplió con la publicidad registral, dado que no existe constancia que demuestre que él fue citado en su persona o a su domicilio para que conociera los trabajos de deslinde que llevaría a cabo el agrimensor en la Parcela objeto de la presente litis; que lo aducido por ante la Corte a-qua en el sentido de que él instruyo a un empleado para colaborar con los trabajos de deslinde y subdivisión y con ello que no tocaran su posesión, no fue corroborada por ninguna otra prueba, logrando con ello la recurrida, que los jueces hicieran una incorrecta apreciación de los hechos, sin tomar en cuenta que afectaba el Derecho de Defensa; que el Tribunal a-quo incurre en contradicción y desnaturalización de los hechos, al indicar por un lado en su motivación, específicamente en la página 12 de la sentencia impugnada, que él no pudo demostrar tener una porción material dentro de la parcela núm. 16-B, y por otro lado reconocer, que aunque no compareció al procedimiento de deslinde, es copropietario en dicha parcela; Considerando, que el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central para motivar su decisión, expresa en síntesis, lo siguiente: “que, del estudio y ponderación del expediente, a los fines de comprobar la realidad o no de los agravios y violaciones al procedimiento técnico de deslinde, hemos podido establecer: a) que no existe prueba alguna en el expediente mediante la cual, la parte recurrente, pruebe los agravios y el perjuicio en cuanto a la posesión material; b) tampoco ha logrado probar al tribunal, mediante los mecanismos técnicos especializados que rigen la materia, la alegada violación de sus derechos en cuanto a su porción material, ya que para alegar perjuicio de esta naturaleza, es necesario que los trabajos técnicos recaigan sobre terrenos que no se encuentren en posesión del solicitante, o que se haya producido desplazamiento en cuanto a las coordenadas técnicas, nada de lo cual fue probado, pura y simplemente que es titular de derechos dentro de la parcela en cuestión; c) tampoco aportó ninguna prueba de que desconociera el procedimiento de deslinde que se llevo a cabo, y mucho menos que tenga calidad de colindante, ya que no es lo mismo ser copropietario indiviso en una parcela registrada de extensión considerable, que ser colindante; d) finalmente, en cuanto al aspecto legal y marco normativo con que fueron realizados los trabajos técnicos, Ley 1542 de Registro de Tierras y su Reglamento Técnico, la cual contemplaba diferenciación entre parcelas simples y complejas, mal podría este Tribunal Superior de Tierras asumir como bueno y validos dichos argumentos de que la publicidad y procedimiento técnicos con que se llevo a cabo la mensura violentan las normas contenidas en la Ley 108-05, de Registro Inmobiliario y el Reglamento de Mensuras Catastrales, ya que al momento de la solicitud de trabajos técnicos y de su ejecución estas normas no existían, inclusive, fase judicial que se le conoció fue por ante el Tribunal L. de la Ley 1542, conforme a cuyo procedimiento se juzgo y dicto sentencia, y aunque a la fecha de la emisión de la sentencia recurrida ya estuviera en vigencia la nueva ley, la misma no se le opone, porque de ser así, estaríamos violentando el principio de derecho constitucional que establece la irretroactividad de la ley en el tiempo, conforme manda el artículo 110 de la Constitución…”; Considerando, que por ultimo sostiene la Corte a-qua, lo siguiente: “que, a modo general, conforme los motivos anteriores, este Tribunal Superior de Tierras ha comprobado que el presente recurso resulta totalmente improcedente e infundado, procediendo su rechazo total; que según la teoría general de la prueba y la contraprueba, contenida en el artículo 1315 del Código Civil Dominicano, el que reclama la ejecución de una obligación debe probarla, recíprocamente, el que pretende estar libre debe probar la causa que lo libera o que ha producido la extinción de la obligación, por demás, conforme establece el artículo 77 del Reglamento General de Tribunales, el Juez o Tribunal apoderado ponderara las pruebas sometidas, verificando los aspectos de forma y de fondo de las mismas que puedan incidir en la solución del caso”; Considerando, que en relación a la alegada violación al derecho de propiedad, del análisis de la decisión impugnada no se advierte transgresión alguna por parte de los jueces del tribunal a-quo a dicho precepto constitucional, sino todo lo contrario, es la propia Constitución que en su artículo 51 numeral 2, establece que el Estado promoverá de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada, poniendo además en manos del Poder Judicial, como poder del Estado, resolver en aplicación de la ley, los conflictos de propiedad, por ser esta la función de dicho poder cuando administra justicia, sin que al obrar de esta forma infiera transgresión alguna ni a la Constitución ni al derecho de propiedad como pretende el hoy recurrente; máxime, cuando lo decisivo y transcendental del presente caso, consistía en probar que dicho recurrente era el propietario del terreno deslindando por la ahora recurrida, lo que no hizo; razón por la cual esta Tercera Sala entiende pertinente rechazar dicho agravio; Considerando, que en relación a la alegada contradicción, desnaturalización de los hechos y violación a la publicidad registral, bajo el fundamento de que la Corte da por establecido que él es copropietario en la parcela objeto de la presente litis, y por otro lado sostiene que no demostró tener una porción material y que en los trabajos de deslinde y subdivisión en cuestión se cumplió con la publicidad registral, es preciso transcribir lo decidido por el Tribunal a-quo al respecto, que a saber es: “c) tampoco aportó ninguna prueba de que desconociera el procedimiento de deslinde que se llevo a cabo, y mucho menos que tenga calidad de colindante, ya que no es lo mismo ser copropietario indiviso en una parcela registrada de extensión considerable, que ser colindante”; Considerando, que esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, luego de examinar la sentencia recurrida no comprueba dichos vicios, dado que el Tribunal en ningún momento le resto o negó sus derechos sobre parte de la parcela objeto de la presente litis, sino que estableció correctamente, la diferencia entre un colidante y un copropietario indiviso en una parcela con una extensión considerable, como la que nos ocupa y sobre todo; por tanto, lo que considera el recurrente como desnaturalización de los hechos y violación a la publicidad registral, no es más que la correcta interpretación de los hechos y circunstancias de la causa, que hizo la Corte a-qua, por lo que se impone desestimar el agravio que se pondera, por improcedente; Considerando, que por último sostiene el recurrente, incorrecta apreciación por parte de la Corte a-qua, al no corroborar con otra prueba, lo alegado por la recurrida en el sentido de que él instruyó a un empleado para colaborar con los trabajos de deslinde y subdivisión y con ello que no tocaran su posesión; que ciertamente como lo sostiene el recurrente, la parte recurrida sostuvo por ante la Corte a-quo como medio de defensa dicho alegato, sin embargo, el análisis de la decisión impugnada no revela en parte alguna, que los jueces a-quo utilizarán dicho alegato para sustentar su decisión de rechazar el recurso de apelación interpuesto por el ahora recurrente; Considerando, que los razonamientos expuestos por el Tribunal aquo en la sentencia impugnada, son valederos para justificar su dispositivo, por tanto, se impone rechazar este último aspecto alegado por el hoy recurrente, así como se rechaza el presente Recurso de Casación, por no encontrarse presente en la sentencia impugnada ninguno de los agravios invocados por el recurrente contra dicha decisión; Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, ya que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. Por tales motivos: Primero: Rechaza el Recurso de Casación interpuesto por R.G.C., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 24 de enero de 2013, en relación a la Parcela núm. 16-B, (resultantes parcelas 16-B-a y 16-B-5) Distrito Catastral núm. 26, del Distrito Nacional, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas y la distrae en provecho de la Dra. M.I.R.C., abogada quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 16 de diciembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. (Firmados).- M.R.H.C..- E.H.M..- S.I.H.M..- R.C.P.A..- La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 04 de noviembre de 2015, a solicitud de la parte interesada. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de Impuestos Internos. GRIMILDA ACOSTA DE SUBERO Secretaria General