Sentencia nº 689 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2016.

Fecha de Resolución:11 de Julio de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 11 de julio de 2016

Sentencia núm. 689

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2016, QUE DICE:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; E.E.A.C., Alejandro

Adolfo Moscoso Segarra, F.E.S.S. e H.R.,

asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus

audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional,

hoy 11 de julio de 2016, año 173o de la Independencia y 153o de la

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la

siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.P.A., Fecha: 11 de julio de 2016

dominicana, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 001-1123554-5, domiciliada en este ciudad, Santo Domingo, Distrito Nacional,

en calidad de sucesora de J.R.P.V., imputado y

civilmente responsable, contra la sentencia núm. 184-2014, dictada por la

Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito

Nacional el 18 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más

adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la parte recurrida, V.M.P.V., dominicano,

mayor de edad, casado, comerciante, cédula de identidad y electoral núm.

001-0098681-9, domiciliado y residente en la calle L.A., núm. 7,

A.. 4-A, C.M.V., Alboleda, Naco, Distrito Nacional;

Oído al Lic. E.R., por sí y por los Licdos. Luis Miguel

Rivas Hirujo, N. de C.C. y G.G., en la lectura de

sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte

recurrente, M.P.A.;

Oído al Lic. J.T.V. de Cans, por sí y en representación

de los Licdos. A.M.T. de la Cruz y M.S.P., Fecha: 11 de julio de 2016

actuando a nombre y representación de la parte recurrida, Víctor Manuel

Peña Valentín;

Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la

República;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por los

Licdos. L.M.R.H. y N. de C.C., actuando

a nombre y representación de la recurrente M.P.A., en su

calidad de sucesora del imputado J.R.P.V., depositado

en la secretaría de la Corte a-qua, el 8 de enero de 2015, mediante el cual

interpone dicho recurso de casación;

Visto el escrito de contestación suscrito por los Licdos. Manuel Sierra

Pérez, por sí y por J.T.V.D. y A.M.T.

De la Cruz, actuando a nombre y representación del recurrido Víctor

Manuel Peña Valentín, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 22

de enero de 2015;

Visto la resolución núm. 980-2015, dictada por esta Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia el 8 de abril de 2015, que declaró admisible el Fecha: 11 de julio de 2016

recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para

conocerlo el 8 de junio de 2015;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de

1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado, y vistos los artículos, 393, 396, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y

427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de

febrero de 2015; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso

Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006,

dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la

Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21

de diciembre de 2006, así como la ley cuya violación se invoca;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que en fecha 23 de agosto de 2010, el Quinto Juzgado de la

    Instrucción del Distrito Nacional, emitió el auto de apertura a juicio núm.

    P-198-2010, en contra de J.R.P.V., por la presunta

    violación a las disposiciones de los artículos 151, 265 y 266 del Código

    Penal Dominicano, en perjuicio de V.M.P.V.; Fecha: 11 de julio de 2016

  2. que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la

    Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la

    cual en fecha 3 de julio de 2014, dictó la sentencia núm. 225-2014, cuya

    parte dispositiva es la siguiente:

    PRIMERO: Declara al imputado J.R.P.V., de generales que constan culpable de haber violado las disposiciones contenidas en los artículos 151, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican el uso de documentos falsos y asociación de malhechores, en perjuicio del señor V.M.P.V.; en consecuencia, se condena a cumplir la pena de dos (2) años de reclusión menor, suspendiendo la pena impuesta de conformidad con lo establecido en los artículos 41 y 341 del Código Procesal Penal, bajo la obligación de que el imputado resida en un domicilio fijo; SEGUNDO: Condena al imputado J.R.P.V., al pago de las costas penales; TERCERO: En cuanto a la constitución en actoría civil presentada por el señor V.M.P.V., en calidad de querellante, se constituyó en accionante civil, por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales L.. M.S.P., conjuntamente con el Licdo. A.M.T. y el Licdo. J.T.V.D., el tribunal ratifica la misma como buena y válida en cuanto a la forma; y en cuanto al fondo, condena al señor J.R.P.V., al pago de una Fecha: 11 de julio de 2016

    indemnización ascendente al monto de Treinta Millones (RD$30,000,000.00), de Pesos, como justa indemnización en provecho de la parte querellante V.M.P.V., por los daños morales y materiales causados por el comportamiento del justiciable; CUARTO: Condena a la parte imputada J.R.P.V., al pago de las costas procesales del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados concluyentes L.. M.S.P., conjuntamente con el Licdo. A.M.T. y el Licdo. J.T.V.D., quienes afirman haberlas avanzado; QUINTO: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena para los fines correspondientes”;

  3. que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia

    ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación

    del Distrito Nacional, la cual en fecha 18 de diciembre de 2014 dictó la

    decisión núm. 184-2014, cuya parte dispositiva es la siguiente:

    PRIMERO: Declara la extinción de la acción penal obrante en la especie, seguida en contra de J.R.P.V., por haberse suscitada durante dicho proceso judicial la muerte del imputado, según lo previsto en el numeral 1 del artículo 44 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo civil llevado accesoriamente, cuyo conocimiento continua por ante esta misma jurisdicción de alzada; SEGUNDO: Reserva Fecha: 11 de julio de 2016

    el pago de las costas procesales para ser liquidadas conjuntamente con el fondo de la acción civil subsistente en la especie juzgada; TERCERO: Vale con la lectura de la sentencia interviniente notificación para las partes presentes y representadas, quienes quedaron citadas mediante decisión dada en audiencia de fecha dieciocho
    (18) de noviembre del dos mil catorce (2014), a la vista de sus ejemplares, listos para ser entregados a los comparecientes;
    CUARTO: Ordena proseguir con la audiencia incursa, a fin de continuar conociendo la acción civil resarcitoria derivada del hecho penal”;

    Considerando, que la recurrente M.P.A., invoca en el

    recurso de casación, en síntesis, lo siguiente:

    “Único Medio: Violación a la ley por inobservancia de la norma, violación a la seguridad jurídica y al precedente judicial. Violación al debido proceso. Falta de base legal. La Corte a-qua desconoció el artículo 53 del Código Procesal Penal, así como los precedentes jurisprudenciales tanto de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con lo cual vulneró el principio de seguridad jurídica, de igualdad y el debido proceso. Que para analizar desde un punto de vista ontológico las consideraciones esgrimidas de forma errada por la Corte a-quo lo primero que debemos hacer es buscar e interpretar la ley, y luego acudir a la jurisprudencia, la cual, contrario a lo expresado por la Corte a-qua, se ha referido en el sentido contrario al adoptado en la especie. Fecha: 11 de julio de 2016

    Que en primer lugar, estamos ante un caso particular, pues la muerte del imputado acaeció a nivel de alzada, y antes de que existiera sentencia firme en su contra. Que en esta parte es preciso aclarar que aunque se trata de un caso particular y no usual, no significa que no se haya suscitado antes, ni que no exista jurisprudencia aplicable de forma íntegra al caso. Que en segundo lugar, la acción civil ejercida por la parte querellante fue realizada de forma accesoria a la acción penal, por demás declarada extinguida. Que en este sentido de accesoria se desprende que depende de lo principal o se le une por accidente, y que sobre el carácter accesorio el artículo 53 del Código Procesal Penal, establece “La acción civil accesoria a la acción penal sólo puede ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal. En caso de suspensión del procedimiento penal el ejercicio de la acción civil se suspende hasta que la persecución penal continué, sin perjuicio del derecho de interponer la acción ante los tribunales civil competentes en caso de extinción de la acción penal por estas causas. La sentencia absolutoria no impide al juez pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, cuando proceda”. Que si se observa del mismo texto se extrae que la acción civil llevada de forma accesoria a la acción penal siempre seguirá la misma suerte que esta última por el vínculo de dependencia que existe entre una y otra. Que tanto el Tribunal Constitucional en su sentencia TC núm. 0026-13 de fecha 6 de marzo de 2013, como la Suprema Corte de Justicia en su sentencia penal núm. 71 de fecha 16 de diciembre de 2009, ha Fecha: 11 de julio de 2016

    hablado sobre la suerte de la acción civil cuando es llevada de manera accesoria a la acción penal. Que de la decisión dictada por el Tribunal Constitucional se desprende dos criterios, el primero es que al momento de accionar, la parte querellante tiene dos opciones respeto a la acción civil, llevarla de forma accesoria o de forma principal respecto a lo penal. Que en cuanto al segundo criterio, el cual fue resaltado por Nos, es simplemente la aplicación de la vieja máxima procesal de que lo accesorio en nuestro ordenamiento siempre sigue la suerte de lo principal. Que el mismo criterio fue expuesto de forma primigenia por Suprema Corte de Justicia en la referida sentencia penal núm. 71 de fecha 16 de diciembre de 2009, en este caso se suscitó el mismo escenario que en la especie, pues el imputado falleció luego de que había acaecido sentencia condenatoria en su contra; sin embargo, el criterio de la Suprema Corte de Justicia fue declarar la extinción de la acción penal, así como de todos sus accesorios; por ende, la Corte a-qua incurrió en vicios al emitir su decisión, primero por falta de aplicación de la ley, específicamente de los artículos 50 y 53 del Código Procesal Penal; segundo por desconocer los precedentes jurisprudenciales que existen, tanto el Tribunal Constitucional, como de la propia Suprema Corte de Justicia; y tercero, por privar a la hoy recurrente del derecho a la seguridad jurídica del debido proceso y del principio de igualdad”; Fecha: 11 de julio de 2016

    Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por

    establecido, lo siguiente:

    “1) Que durante el conocimiento del recurso de apelación interpuesto en interés del ciudadano J.R.P.V., trabado en contra de la sentencia núm. 225-2014, del 3 de julio de 2014, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, esta Sala de la Corte fue apoderada, tras suscitarse la muerte del consabido recurrente, de un petitorio incidental, consistente en la extinción de la acción penal puesta incursa, a través del escrito depositado el 13 de octubre del mismo año, cuya parte accionante en justicia lo es la señora M.P.A., quien ostenta la calidad de hija del fallecido, en tanto que en dicha solicitud cuenta con la asistencia letrada de sus abogados, L.. L.M.R.H. y N. de C.C.; 2) Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del cursante año, el legítimo contradictor de semejante petitorio, señor V.M.P.V., en su doble condición de querellante y actor civil, a través de sus abogados, L.. M.S.P., J.T.V.D. y A.M.T. de la Cruz, depositó un escrito de contestación, respecto a la extinción de la acción penal, cuyo contenido en síntesis refiere lo indicado a continuación: La petición incoada, la cual versa sobre la extinción de la acción penal debe declararse inadmisible, por provenir de la señora M.P.A., una persona sin calidad para Fecha: 11 de julio de 2016

    actuar en justicia, ya que no se ha realizado la determinación de herederos, pero sin dejar de reconocer que la muerte del imputado constituye una causa de extinción penal, aunque en la ocasión está sujeta al conocimiento pleno del recurso de apelación de que se trata, lo cual incluye la acción civil resarcitoria que fue llevada accesoriamente, cuya vigencia, pese a la extinción de lo represivo, queda reconocida tanto por la doctrina jurisprudencial como por la de origen internacional; 3) Que una vez vertidas las correspondientes alegaciones, los sujetos procesales envueltos en la cuestión incidental incursa invocaron sus respectivas pretensiones. Así, la parte solicitante impetró la extinción de la acción penal. Entretanto, el legítimo contradictor, tras depositar el respectivo escrito de contestación, concluyó requiriendo la inadmisibilidad de dicho petitorio, por la argüida falta de calidad de la señora M.P.A.; 4) Que esta Corte, luego de estudiar los argumentos esgrimidos en provecho de las partes para fundamentar sus pretensiones, una vez oídas las peticiones externadas en beneficio de los litigantes, procedió a la deliberación pertinente, y posteriormente arribó a la decisión tomada, cuya parte prescriptiva consta en el dispositivo del presente acto jurisdiccional; 5) Que en la cuestión incidental objeto de atención de la esta jurisdicción de alzada cabe dejar fijado que consta en el expediente incurso el acta de defunción núm. 000035, registrada en el libro 00012-M, folio 0035, escriturada por el Oficial del Estado Civil competente, en cuyo contenido figura que en fecha 9 de Fecha: 11 de julio de 2016

    agosto de 2014 falleció el ciudadano J.R.P.V., lo cual permite que tenga lugar la extinción de la acción penal seguida en su contra, a propósito de la acusación puesta a su cargo, por presunta violación de los artículos 151, 265 y 266 del Código Penal, ya sea a petición de parte interesada, o bien de oficio, por tratarse de un asunto de orden público, por lo que en la especie la falta de calidad de la señora M.P.A., invocada en provecho del legítimo contradictor, carece de eficacia jurídica para impedir que prospere lo solicitado, puesto que la muerte de cualquier imputado trae consigo ipso facto et de jure la extinción de la acción penal, según lo previsto en el artículo 44 del Código Procesal Penal, en tanto que para ello el propio tribunal apoderado puede suplir motu proprio el argüido punto legal, en consecuencia, la Corte a la vista de todo cuanto se ha argumentado en esa vertiente entiende pertinente rechazar el medio de inadmisión planteado; 6) Que pese a la declaratoria de la extinción de la acción penal, tal como ha de obrar en la especie juzgada, ello no es suficiente para que se produzca el mismo efecto con la acción civil llevada accesoriamente a aquella reputada como principal, puesto que en materia represiva impera el principio de la personalidad punitiva y de la individualización en el ámbito de la responsabilidad penal, lo cual no ocurre en igual sentido con la acción civil resarcitoria derivada del hecho punible, ya que en la tradición romano-germánica, cultura jurídica aplicable en nuestro derecho patrio, la muerte de toda persona da apertura a la sucesión, cuyos herederos quedan Fecha: 11 de julio de 2016

    subrogados en los derechos, obligaciones y deudas del decujus, se suerte que una vez iniciada la acción judicial de este tipo, máxime en el caso ocurrente cuando ya existe una condenación pecuniaria determinada en primer grado, resulta un imperativo categórico permitir la consumación del debido proceso de ley, en consecuencia, cabe dejar vigente la consabida acción civil previamente entablada, sin importar la llegada del fenecimiento del otrora encausado J.R.P.V., según consta en varios precedentes jurisprudenciales provenientes de la Suprema Corte de Justicia”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente:

    Considerando, que lo sostenido por la recurrente M.P.A.

    en el memorial de agravios en contra de la decisión impugnada manifiesta,

    en síntesis, una violación por inobservancia de la norma jurídica,

    específicamente el artículo 53 del Código Procesal Penal, lo que ha

    degenerado en una violación de los principios de seguridad jurídica,

    igualdad y debido proceso de ley, pues la referida decisión resulta

    contraria a precedentes jurisprudenciales, al subsistir la acción civil del

    proceso aún cuando se pronunció la extinción de la acción penal obrante, a

    consecuencia del fallecimiento del recurrente en grado de apelación Julio

    Rafael Peña Valentín; Fecha: 11 de julio de 2016

    Considerando, que del examen de la decisión objeto del presente

    recurso de casación se evidencia lo infundado de las pretensiones de la

    recurrente, pues contrario a lo establecido la Corte a-qua al decidir como

    lo hizo realizó una correcta aplicación de la norma jurídica, sin incurrir en

    las violaciones denunciadas, en razón de que ciertamente la extinción de la

    acción penal pronunciada a raíz de la muerte del imputado Julio Rafael

    Peña Valentín, en consonancia con lo precisado en el artículo 44 por

    nuestra norma procesal penal, en el caso in concreto, no conlleva por

    consecuencia la extinción de la acción civil del proceso, toda vez que estas

    acciones tienen su origen, la acción civil en ocasión de una falta y que esta

    falta a su vez genere un daño, estableciéndose previamente la relación

    causa-efecto entre la falta y el daño, y la segunda, la acción penal tiene

    lugar en ocasión de la comisión de un delito que acarrea como

    consecuencia la imposición de una pena y que de manera accesoria de

    lugar a la reclamación del daño civil producido por el delito;

    Considerando, que la responsabilidad penal es personal, en cambio la

    responsabilidad civil no lo es, esta puede recaer además de en la persona

    penalmente responsable, en la persona civilmente responsable, entiéndase

    en el comitente o propietario de la cosa que produce el daño; Fecha: 11 de julio de 2016

    Considerando, que atendiendo al carácter personal de la acción penal

    sus efectos se circunscriben exclusivamente a la persona responsable del

    delito, así que una vez acontecido el fallecimiento de este, dicha acción se

    extingue, en razón de que la consecuencia jurídica que conlleva es la

    imposición de una pena, la cual sólo puede ser aplicada a la persona física,

    en cambio en la acción civil derivada del delito subsiste y transciende a la

    persona penalmente responsable, ya que su propósito es perseguir la

    reparación del daño causado; por consiguiente, al no evidenciarse las

    referidas violaciones, procede desestimar el presente recurso;

    Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo

    246 del Código Procesal Penal, “Toda decisión que pone fin a la persecución

    penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las

    costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal

    halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Admite como interviniente a V.M.P.V. en el recurso de casación interpuesto por interpuesto por M.P.A., contra la sentencia núm. 184-2014, dictada Fecha: 11 de julio de 2016

    por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 18 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión;

    Segundo: Rechaza el referido recurso de casación;

    Tercero: Condena a la recurrente al pago de las costas del proceso;

    Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea notificada a las partes.

    (FIRMADOS).- M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en

    su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él

    expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que

    certifico.

    Mercedes A. Minervino A.

    Secretaria General Interina

    MH/ysb/Are