Sentencia nº 741 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Julio de 2016.

Fecha de Resolución:20 de Julio de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 741

MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2016, QUE DICE:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 20 de julio de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación incoado por J.M.M.
(a) Satanás, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 010-0011711-6, con domicilio y residencia en la calle Primera, casa núm. 15, N.A. del municipio de San Cristóbal, en calidad de imputado, a través de la defensora pública Licda. N.M., contra la sentencia marcada con el núm. 294-2015-00257, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 26 de noviembre de 2015;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen de la Licda. I.H. de V., Procuradora General Adjunta Interina al Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, J.M.M., a través de la Licda. N.M., defensora pública, interpone y fundamenta dicho recurso de casación, depositado en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 28 de enero de 2016;

Visto la resolución marcada con el núm. 538-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 1 de abril de 2016, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación incoado por J.M.M., en calidad de imputado, en cuanto a la forma y fijó audiencia para conocer del mismo el 6 de junio de 2016, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

a) Que el 8 de diciembre de 2014, siendo las 12:06 P.M., fue arrestado en flagrante delito y conducido a la Inspectoría de la Dirección Nacional de Control de Drogas de San Cristóbal, J.M.M. (a) Satanás, en ocasión de un operativo realizado en la calle Primera del barrio La Altagracia, al lado de la Escuela Primera del sector Najayo del municipio de San Cristóbal, realizado por el agente S.R., Policía Nacional, por ocuparle al momento de ser requisado en el interior de su bóxer (pantaloncillo) una funda plástica transparente con rayas azules conteniendo en su interior dos (2) porciones de un polvo blanco y un celular marca LG de color negro con gris;

b) Que dicho registro se efectuó en un baño público de dicha escuela para preservar la dignidad del encartado, debido a que dichas sustancias se encontraban en sus partes íntimas;

c) Que al ser analizadas dichas sustancias por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) resultaron ser: “Cocaína Clorhidratada con un pesos de doscientos tres punto ochenta y tres (203.83 gramos);

d) Que conforme instancia suscrita el 12 de diciembre de 2014 por la Licda. R.S.U., P.F. de la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal y recibida en esa misma fecha por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, fue presentada formal acusación con solicitud de auto de apertura a juicio en contra del imputado J.M.M. (a) Satanás, por violación a las disposiciones contenidas en los artículos 5 y 75 párrafo II de la Ley 50-58, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la categoría de traficante;

e) Que en fecha 20 de enero de 2015, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó la resolución marcada con el núm. 020-2015, contentiva de auto de apertura a juicio, mediante la cual admitió de manera total la acusación presentada en contra del imputado J.M.M. (a) Satanás;

f) Que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, el cual dictó la sentencia marcada con el núm. 105-2015 el 6 de julio de 2015, cuyo dispositivo establece lo siguiente:

PRIMERO : Declara a J.M.M. (a) Satanás, de generales que constan, culpable del ilícito de tráfico de cocaína, en violación a los artículos 5 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, en consecuencia, se le condena a cinco (5) años de prisión a ser cumplidos en la Cárcel de Modelo de Najayo y al pago de una multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO : Ordena el decomiso y destrucción definitiva de la droga ocupada bajo dominio del imputado, consistente en doscientos tres punto ochenta y tres (203.83) gramos de cocaína clorhidratada; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 de la referida Ley de Drogas (50-88) y 51.5 de la Constitución de la República; TERCERO: Rechaza las conclusiones de la defensa del imputado, por haber quedado plenamente establecida la responsabilidad de su patrocinado, por ser las pruebas aportadas por el representante del Ministerio Público, preponderantes a las pruebas a descargo, siendo las de a cargo suficientes, licitas, idóneas y de cargo, capaces de destruir la presunción de inocencia que hasta este momento le beneficiaba, no existiendo las violaciones procesales, ni constitucionales argüidas por la defensora; CUARTO: Se exime al imputado del pago de las costas del proceso”;

g) Que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el imputado J.M.M. (a) Satanás, intervino el fallo objeto del presente recurso de casación, dictado por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 26 de noviembre de 2015, y su dispositivo es el siguiente:

PRIMERO : Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veinte (20) del mes de agosto del año 2015, por la Licda. N.O.M.P., actuando a nombre y representación de J.M.M., en contra de la sentencia núm. 105-2015, en fecha seis (6) del mes de julio del año 2015, emitida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia, en consecuencia la referida sentencia queda confirmada; SEGUNDO : Exime al recurrente del pago de las costas penales del procedimiento de alzada en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal,
por estar asistido de un defensor público;
TERCERO: La
lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”;

Considerando, que el recurrente J.M.M. (a) Satanás, por intermedio de su defensa técnica, propone contra la sentencia impugnada, en síntesis, el medio siguiente:

Único Medio : Sentencia manifiestamente infundada, violación al artículo 426.3 del Código Procesal Penal. Que la Corte al motivar la decisión que rechaza el recurso de apelación no observó las observaciones que la defensa hiciera en su recurso, ya que si podemos verificar las declaraciones del oficial actuante el mismo expresó que: “Mientras realizaba un operativo pudimos hacerle parada a una persona, que se llama J.M., (…) y éste al notar la presencia policial dio sospecha porque intentó devolverse, entonces procedimos a registrarlo , (…), a é lo apresamos por sospecha”; de ahí que entonces que la Corte valorar para rechazar nuestro recurso es una fracción de las declaraciones del oficial cuando éste expresó que el imputado intentó devolverse, lo cual ni siquiera fue justa medida ya que la corte expresa que el joven se devuelve, dando por el hecho tal situación cuando el oficial expresa una supuesta intención; lo cual no puede ser motivo para detener a una persona y registrarla en la plena vía pública y en compañía de otro ciudadano, sin respetarles sus derechos, ya que en contra de dese joven no existía orden de arresto ni ningún tipo de investigación; de ahí es que la defensa expresó en su recurso que: “no termina de comprender cuáles son los elementos que le dan a entender a un oficial que una persona presenta un perfil sospechoso, puesto que el hecho de un ciudadano transitar por las vías públicas no debe ser un motivo para que los representantes de la policía lo detengan vulnerando sus derechos fundamentales, como lo es libre tránsito, además cuando sabemos que es una forma de justificar un apresamiento ilegal cuando es practicado sin ningún tipo de orden”; que la corte además emitió una decisión carente de fundamentos pues expresa que la norma procesal, sin establecer cuál norma-ha delimitado las acciones de cada sujeto procesal – sin expresar cuales serian las acciones y mucho menos a cuales sujetos procesales hace necesario- dejando a la interpretación del lector que quizás se quiso referir a las actuaciones del oficial actuante en el sentido de que éste puede detener a un ciudadano que transite libremente por las vías públicas en base a un supuesto perfil sospechoso, que no está establecido en ningún texto legal, doctrina o jurisprudencia. De ahí que no se comprende la justificación de la corte de que los mismos actuaron dentro del marco de la ley; que es evidente que el tribunal valoró de forma errada dicho elemento de prueba, ya que si se verifica las declaraciones del oficial que levantó el acta el mismo establece que el supuesto arresto flagrante fue porque tenía un perfil sospechoso, sin establecer en qué consistía el mismo, ni de qué era sospechoso; y la corte para liberarse de fallar dicho vicio no debió expresar que la corte sólo conoce de violaciones procesales, porque debe conocer las violaciones de índole constitucional incluso si no están plasmadas en el recurso; que como puede el tribunal expresar que nuestro representado fue revisado respetando su dignidad, cuando tiene un acta de registro de personas y un arresto flagrante que describen que inmediatamente fue detenido fue registrado, lo que hace referencia a que si fue detenido en la calle, entonces la revisión por lógica fue en la calle; a que en ninguna de las actas describe el lugar donde fue registrado, sino que dice en la calle La Altagracia cerca de la escuela, y es el oficial actuante que expresa que supuestamente fue en el baño de la escuela, pero no hay otro testigo a cargo que exprese que realmente fue en dicho lugar, máxime cuando en la supuesta escuela no había clases debió por lo menos haber un seguridad, y ni no había seguridad se supone que el oficial no debió entrar a un lugar que se supone debió estar cerrado; y en otro sentido el testigo a descargo B.M. fue requisado conjuntamente con nuestro representado en un lugar público, en la plena calle La Altagracia, no en un baño como quiso justificar el oficial; que de ahí que el tribunal realizó una errónea valoración de dichos elementos de pruebas testimoniales, violentado así los principios de la sana crítica razonada, sino que más bien aplicó la íntima convicción disfrazada pues está, acreditando hechos que no fueron evidenciados en el tribunal sino que los está suponiendo para no darle al testimonio de B., quien fue apresado con J. en plena calle, donde fue requisado, conjuntamente con J. por el oficial S., y otro oficial que es el señor B. no pudo recordar el nombre, donde le solicitaron que se bajara los pantalones, los pantaloncillos, irrespetando así el pudo, la intimidad y la dignidad de J., en franca violación a los artículos 44 de la Constitución, 10 y 176 del Código Procesal Penal, rechazando la corte dicho argumento bajo el fundamento de que los testigos se contradicen, pero no expresó dónde estaba la contradicción o por qué consideró que había contradicción”;

Considerando, que la esencia de los argumentos expuestos por el recurrente J.M.M. (a) Satanás, se circunscribe a refutar contra la sentencia impugnada que la misma es manifiestamente infundada, debido a que la Corte a-qua al motivar la decisión que rechaza su recurso de apelación no observó las observaciones que la defensa hiciera en su recurso en torno a las declaraciones expuestas por el oficial actuante en el operativo en que este resultó apresado, por alegadamente presentar un perfil sospechoso que no está establecido en ningún texto legal, doctrina o jurisprudencia; y en otro sentido, el testigo a descargo B.M. fue requisado conjuntamente con nuestro representado en un lugar público, en plena calle La Altagracia, no un baño como quiso justificar el oficial; que de ahí que el tribunal realizó a errónea valoración de dichos elementos de pruebas testimoniales, violentado así los principios de la sana crítica razonada;

Considerando, que en torno a las quejas esbozadas como fundamento del presente recurso de casación, de la lectura y análisis de la sentencia recurrida, se evidencia que la Corte a-qua constató en la sentencia de primer grado el respeto al debido proceso y aplicación racional del enfoque teóricopráctico del “perfil sospechoso”, observado por los oficiales de la Policía Nacional que ejecutaron el arresto contra el imputado, y que dio al traste con el hallazgo de la sustancia controlada entre sus ropas; Considerando, que el “perfil sospechoso” conforma un requisito esencial para que un agente policial determine si en el caso concreto existen “motivos fundados o suficientes” para abordar a un ciudadano ante la sospecha de que se encuentra cometiendo un delito o acaba de realizarlo;

Considerando, que el análisis de la existencia o no, tanto del motivo fundado como del perfil sospechoso, este último como elemento integrante del primero, dependerá del caso concreto y de la experiencia o preparación del agente, a fin de determinar qué conductas específicas se subsumen en los requisitos antes señalados, determinación que debe estar libre de prejuicios y estereotipos, para evitar la arbitrariedad al momento del arresto de un ciudadano;

Considerando, que como parámetros a tomar en cuenta por quien ejecuta arresto son las circunstancias concretas que lo motivaron a interpretar la conducta exhibida por el sospechoso como “irregular”, como no acorde con los estándares normales de conducta ciudadana, y que dicha evaluación sea susceptible de ser realizada por cualquier persona razonable ubicada en las mismas circunstancias;

Considerando, que tal constatación en cuanto a los requisitos y situaciones que sirvieron de base para determinar el “perfil sospechoso” fueron evaluados y justificados de forma suficiente y coherente por la Corte a-qua, y conforme a lo cual fue establecido que la conducta del ahora recurrente en casación J.M.M. (a) Satanás, consistió tratar de devolverse de la vía por la cual transitaba al notar la presencia de los oficiales cuando realizaban el operativo de que se trata; por lo que, el aspecto analizado carece de fundamentos y consecuentemente debe ser rechazado;

Considerando, que en cuanto al segundo aspecto de su único medio, donde el recurrente J.M.M. (a) Santanas, refuta que no fueron debidamente valoradas las declaraciones a descargo, conforme a las cuales el testigo B.M. expresó que fue requisado conjuntamente con imputado en un lugar público en plena calle La Altagracia, no en un baño como quiso justificar el oficial, de ahí que el tribunal realizó una errónea valoración de dichos elementos de pruebas testimoniales, violentado así los principios de la sana crítica razonada; sin embargo, contrario a lo denunciado por dicho recurrente, esta S. al proceder al examen y estudio de la sentencia impugnada ha podido constatar, en el sentido denunciado, que la Corte a-qua estableció:

“que en vista de el Tribunal a-quo sustenta su decisión en: a) acta de registro de personas; b) Acta de arresto flagrante, de fecha las ambas ocho (8) del año dos mil catorce (2014); c) certificación de análisis químico forense, núm. SC1-2014-11-21-022147; d) testimonio del militar actuante el S.T.S.R., quien compareció a la audiencia, el cual le aportó fortaleza a las pruebas aportadas. También fueron escuchados los testigos a descargo B.M. de los Santos y E.S.C.. Por lo que esta Corte luego de analizar los planteamientos expresados por el recurrente, y al comprobar que no existe ninguna vulneración, y que al comprobar que las pruebas vinculan al imputado con el hecho punible, y la sentencia de forma precisa, explica la relación directa entre el hecho alegado por el órgano acusador, procede acoger las conclusiones del ministerio público y rechazar el recurso. Que esta Corte ha podido establecer que en la sentencia impugnada hay una exposición precisa de los hechos, que fueron valorados en su justa dimensión los medios de pruebas; por lo que la verificación y valoración de las pruebas resultan suficientes para determinar la ocurrencia de los hechos imputados, en consecuencia, exista una suficiente motivación de la sentencia tanto en hecho y en derecho, contrario a lo expresado por el recurrente en su recurso”;

Considerando, que conforme lo transcrito precedentemente, se evidencia que el tribunal de juicio valoró correctamente las deposiciones testimoniales en consonancia con los demás elementos de pruebas, las cuales resultaron coherentes y pertinentes conforme lo establecido en nuestra normativa procesal penal en los artículos 172 y 333, dando lugar a la comprobación de los hechos puestos a cargo del imputado J.M.M.S., con lo cual se destruyó la presunción de inocencia que le revestía, y por ende haciendo surgir el principio de culpabilidad;

Considerando, que la valoración realizada a los medios probatorios sometidos en el presente proceso cumplió con las formalidades establecidas en nuestra normativa, ello unido a las pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales incorporadas bajo las formalidades establecidas, y siendo estas pruebas válidamente admitidas en la etapa procesal correspondiente, con las cuales valoradas en su conjunto de forma directa y contundente se estableció la culpabilidad del imputado J.M.M. (a) Satanás, por lo cual, resultó condenado a cumplir cinco (5) años de prisión en la cárcel Modelo de Najayo;

Considerando, que tras la realización de un estudio puntualizado de la decisión impugnada a los fines de establecer los vicios procesales y violaciones constitucionales denunciados, advertimos que los mismos no se encuentran configurados, toda vez que la Corte a-qua constató que la sentencia emitida por el tribunal de juicio dejó claramente establecida la situación jurídica del caso, dando respuesta a cada uno de los pedimentos que le fueron formulados, emitiendo dicha corte una decisión debidamente motivada y en consonancia con lo dispuesto por nuestra norma en su artículo 24, consecuentemente, al no encontrarse los vicios invocados, procede rechazar el recurso de casación analizado de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la Resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan a que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley;

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”; que en el presente caso procede que las mismas sean eximidas de su pago, en razón de que el imputado J.M.M. (a) Satanás, está siendo asistido por un miembro de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, y en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 28.8 de la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensa Pública, establece como uno de los derechos de los defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados en costas en las causas en que intervengan”, de donde emana el impedimento de que se pueda establecer condena en costas en este caso;

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado H.R., quien no lo firma por estar de vacaciones, lo cual se hace constar para la validez de la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal.

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,
FALLA:

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por J.M.M. (a) Satanás, contra la sentencia marcada con el núm. 294-2015-00257, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 26 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;

Segundo: Exime el pago de las costas penales del proceso por encontrarse el imputado J.M.M. (a) Satanás, asistido de un miembro de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; Tercero: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines de ley correspondiente;

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes.

(FIRMADOS).- M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

Mercedes A. Minervino A.

Secretaria General Interina

NS/Mog/Hc