Sentencia nº 81 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Junio de 2016.

Fecha de Resolución:29 de Junio de 2016
Emisor:Salas Reunidas
 
CONTENIDO

Sentencia Núm. 81

M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 29 de junio de 2016, que dice:

SALAS REUNIDAS Rechaza

Audiencia pública del 29 de junio de 2016. Preside: M.G.M..

República Dominicana

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública, la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 06 de marzo del 2013, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante, incoado por: 1) K.A.K.D., estadounidense, mayor de edad, casada, domiciliada y residente en los Estados Unidos de Norteamérica, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1451358-3; 2) O.M. DE LOS SANTOS, dominicano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en el apartamento No. 301, Tercera Planta del Edificio Delta VIII, ubicado en la calle H.I. esquina calle M.Á.B., del sector P., portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0103449-4; 3) C.E.C.G., boliviano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en el apartamento No. 401, cuarto piso,

D., Patria y Libertad Edificio II, de las T.J.A.X. ubicado en la Avenida Anacaona, No. 123-2, del sector Los Cacicazgos, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1330871-2; 4) E.G., italiano, mayor de edad, domiciliado y residente en Italia, y con domicilio de elección en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en el apto. No. S2, del C.H., ubicado en la C.J.S.R., No. 12, del sector G., portador del Pasaporte No. 174405-V; 5) INVERSIONES Y PROYECTOS CARIBEÑOS, S.A., compañía por acciones, organizada de acuerdo a la leyes de la República Dominicana, con domicilio social en esta ciudad, en la suite 27 C, P.D., ubicada en la Avenida Los Próceres esquina calle E.M., del sector A.H., representado por el señor F.J.K., alemán, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, y con domicilio de elección en la suite 27 C, P.D., ubicada en la avenida Los Próceres esquina calle E.M., del sector A.H., portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1218220-9; 6) C.E.S.S., dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, portador de la cédula de identidad electoral No. 001-1508517-7; 7) DULCE M.S.S., dominicana, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1305633-7; 8)J.C.S.S., dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1519682-6; quienes tienen como abogado constituido al Lic. C.S.Á., dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0168939-6, con estudio profesional abierto en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en el Bufete de abogados “Dr. H.S.B.”, suite 202, segunda planta del Condominio Profesional Naco, Centro Comercial Naco, ubicado en la Avenida Tiradentes esquina calle F.F., E.N.;

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol;

Visto: el memorial de casación depositado, el 16 de abril de 2013, ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual la recurrente interpone su recurso de casación, por intermedio de su abogado, L.. C.S.Á.;

V.: el memorial de defensa depositado, el 20 de junio de 2013, en la Secretaría de esta Suprema Corte de Justicia, a cargo de los Licdos. M.Ó.B.C., M.B.D., M.M.B.C., quien actúa a nombre y representación del recurrido;

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

Vistas: las demás disposiciones legales hechas valer en ocasión del recurso de casación de que se trata;

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, en audiencia pública del 27 de noviembre del 2013, estando presentes los jueces: J.C.C.G., M.R.H.C., V.J.C.E., E.H.M., S.I.H.M., J.A.C.A., F.E.S.S., A.A.M.S., J.H.R.C., Jueces de la Suprema Corte de Justicia, y la M.B.B.P., Jueza Presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Magistrada N.M.J.G., Jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y E.V.A., Jueza Primera Sustituta de Presidente de la Segunda Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, asistidos de la Secretaria General, y vistos los textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha posterior;

V.: el auto dictado el dieciséis (16) de junio de 2016, por el magistrado M.G.M., Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo y en su indicada calidad, y a los magistrados M.G.B., M.R.H.C., M.O.G.S. y S.I.H.M., para integrar Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes No. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Considerando: que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes:

1) Con motivo de una demanda en referimiento interpuesta por los señores K.A.K.D., O.M. de los Santos, C.E.C.G., Inversiones y Proyectos Caribeños, S.A., C.E.S.S., Dulce M.S.S., J.C.S.; el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná, dictó en fecha 19 de noviembre de 2007, una ordenanza con el siguiente dispositivo: Primero: Declarar inadmisible la demanda en referimiento incoada por los señores K.A.K.D., O.M. de los Santos, C.E.C.G., Inversiones y Proyectos Caribeños, S.A., C.E.S.S., Dulce M.S.S., J.C.S., por improcedente, e infundada; Segundo: Condena a la parte demandante señores K.A.K.D., O.M. de los Santos, C.E.C.G., Inversiones y Proyectos Caribeños, S.A., C.E.S.S., Dulce M.S.S., J.C.S., al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor del L.. Máximo M.B.D. quien afirma haberlas avanzando en su totalidad”

2) Con motivo de un recurso en apelación, interpuesto por los señores K.A.K.D., O.M. de los Santos, C.E.C.G., Inversiones y Proyectos Caribeños, S.A., C.E.S.S., Dulce M.S.S., J.C.S., el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noroeste, dictó en fecha 28 de febrero de 2008, una ordenanza con el siguiente dispositivo:

Primero: Acoge el recurso de apelación en la forma, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y bajo las formalidades de la Ley 108-05, art. 50; Segundo: Rechaza las conclusiones de la parte recurrente representada por los Licdos. C.S.Á. y R.T.L., por improcedente; Tercero: Revoca la Ordenanza No.005/2007, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de Samaná, pues no procede la inadmisión sino la irrecibilidad de instancia; Cuarto: Acoger en parte las conclusiones de las partes recurridas en representación de sí mismo por el Licdo. Máximo M.B.D., y rechaza la solicitud de servidumbre de paso por improcedente; Quinto: Condena a la parte demandante al pago de las costas del procedimiento a favor del L.. Máximo M.B.D., quien afirma haberlas avanzando en su totalidad”; 3) Que dicha sentencia fue recurrida en casación, dictando al respecto la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia la decisión del 18 de enero de 2012, mediante la cual casó la decisión impugnada por falta de base legal;

4) Que a los fines de conocimiento del envío dispuesto, fue apoderado el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el cual actuando como tribunal de envío, dictó la sentencia, ahora impugnada, de fecha 06 de marzo de 2013, siendo su parte dispositiva la siguiente:

Primero : Declarar bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto contra la Ordenanza No. 0005 de fecha 19 del mes de noviembre del año 2007, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original con asiendo en el Distrito Judicial de Samaná, por los señores K.A.K.D., O.M. de los Santos, C.E.C.G., Inversiones y Proyectos Caribeños, S.A., C.E.S.S., Dulce M.S.S., J.C.S., en contra del señor M.M.B.D., mediante instancia de fecha 7 de diciembre del 2007, por ser conforme a la ley; Segundo : Acoge en cuanto al fondo el indicado recurso, revoca la indicada ordenanza por las razones invocadas y avoca el conocimiento de la demanda en referimiento en apertura provisional de servidumbre de paso, y en ese sentido; Tercero : Rechaza la demanda en apertura provisional de servidumbre de paso, interpuesta por los señores K.A.K.D., O.M. de los Santos, C.E.C.G., Inversiones y Proyectos Caribeños, S.A., C.E.S.S., Dulce M.S.S., J.C.S., en perjuicio del señor M.M.B.D., por las razones indicadas” (sic);

Considerando: que el recurrente hace valer en su escrito de casación depositado por ante esta Suprema Corte de Justicia, los siguientes medios de casación:

Primer medio: No ponderación de los documentos aportados a la causa y desnaturalización de los hechos; Segundo medio: Violación a la ley y la Constitución; Tercero medio: Falta de base legal”; Considerando: que, en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se reúnen para su examen y solución, el recurrente alega, en síntesis, que:

1) El tribunal a quo no ponderó todos los documentos aportados por las partes en el expediente;

2) El tribunal a quo no realizó una exposición completa y clara de la apreciación que llevó a declarar como no ilícitas las perturbaciones causadas por la parte recurrida;

Considerando: que el Tribunal a quo para fundamentar su fallo consignó que:

“Considerando: que no ha sido probado, que no exista otra vía que permita a los actuales recurrentes acceder a sus predios y haces uso pleno de su derecho de propiedad, sin tener que utilizar la servidumbre que reclaman, pues si bien alegan que el juez de primer grado realizó un descenso donde pudo constatarlo, esto no se verifica de la sentencia, pues el juez en ninguna parte da por establecido este hecho y ante este tribunal no se realizó medida de instrucción alguna que permita establecer la necesidad de la medida solicitada, por lo tanto la urgencia tampoco se verifica en este caso”(sic);

Considerando: que asimismo estableció lo siguiente:

“Considerando: que por otra parte, el recurrido reconoce que existía un camino y un puente dentro de la propiedad, más afirma “que hace más de 20 años que él cerró los camino y el puente que construyó en su propiedad y que hace más de 20 años que tanto él como los recurrentes entran a sus respectivas propiedades por el camino de los Messina”, mientras que en las declaraciones que se recogen en las transcripciones de actas de audiencias de fechas 16 de abril del 2009 y 4 de junio del 2009, celebradas por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, San Francisco de Macorís, el señor B.M.E. declara que hace “como 10 años que ese señor (B.) quitó el puente”, mientras que el señor F. de la Cruz Maestro, declara que el puente se quitó “6 años o 5 años…”, por lo que para este tribunal es un hecho cierto, que el camino o puente que se comunicaba a las propiedades de los recurrentes, cualquiera que fueran las razones, hoy en día no es utilizado por la parte recurrente declarando además el indicado señor que existe otro camino de acceso a los terrenos involucrados”;

Considerando: que del estudio de la sentencia impugnada, contrario a lo planteado por la recurrente, con relación a que el tribunal a quo no ponderó todos los documentos aportados por las partes en el expediente, ha sido criterio de estas S.R. el reconocer como facultad de los jueces del fondo la apreciación de las pruebas que se les aporten y de esa apreciación formar su criterio sobre la realidad de los hechos en que las partes sustentan sus respectivas pretensiones; lo que permite a éstos, entre pruebas disímiles, fundamentar sus fallos en aquellas que les merezcan más créditos y descartar las que, a su juicio, no guarden armonía con los hechos de la causa;

Considerando: que al examinar una prueba y restarle valor para el establecimiento del hecho que se pretende probar, el tribunal no está ignorando la misma, ni incurriendo en el vicio de falta de ponderación de la prueba, sino que hace un uso correcto de ese poder de apreciación de que dispone, siempre que al hacerlo no incurra en desnaturalización, lo que sólo ocurre cuando no se les ha dado en el proceso, el verdadero sentido y alcance a los hechos y documentos, por parte de los jueces del fondo; lo que no ha ocurrido en el caso de que se trata;

Considerando: que igualmente, contrario a lo planteado por la parte recurrente con relación a que el tribunal a quo no realizó una exposición completa y clara de la apreciación que llevó a declarar como no ilícitas las perturbaciones causadas por la parte recurrida, puede advertirse que el tribunal de envío, consignó: “Considerando: que reposa en el expediente el contrato de fecha 2 de febrero de 1979, en donde, según los recurrentes, se acuerda el establecimiento de una servidumbre de paso entre las Parcelas Nos. (antes 12) actualmente 12-006.9080 del Distrito Catastral No. 6 y No. 2923 del Distrito Catastral No. 7, ambas de la provincia de Samaná, y si bien no es potestad del juez de los Referimientos interpretar en busca de la intención de las partes, sino el juez de fondo, la misma parte recurrente reconoce en sus escritos, “que aunque el Contrato de 1979 no haya expresado nada sobre la servidumbre de paso pese a que en el Contrato…”, y que “no se consignaron las Parcelas donde iba a pasar el referido camino, al momento de la suscripción del mismo”, y que “…los derechos de servidumbre de P. no habían podido ser inscritos por los reclamantes en relación a la Parcela No. 2924, en razón de que sus derechos de propiedad habían sido perturbados…”; por lo tanto, del solo contrato no se evidencia la existencia de la servidumbre ni que esto haya sido acordado por las partes que firmaron el contrato, y ante la inexistencia de registro de la servidumbre, la turbación que haya podido causar el cierre del camino o del puentes no se evidencia ilícita”;

Considerando: que el análisis de la sentencia impugnada y los medios presentados por la parte hoy recurrente, pone en evidencia que el Tribunal a quo hizo una correcta ponderación de los medios de prueba debidamente aportados por las partes, dándoles el valor probatorio adecuado; que, tras la ponderación de los mismos, y, en uso de su soberano poder de apreciación llegó a la conclusión de que las pretensiones de la parte recurrente, no se encontraban fundamentadas en pruebas legales; lo que le llevó a rechazar sus reclamaciones, sin incurrir en los vicios denunciados en los medios de casación que se examinan; dando motivos suficientes para justificar su fallo;

Considerando: que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes, razonables y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y por lo tanto rechazado el recurso de casación;

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, FALLAN:

PRIMERO:

Rechazan el recurso de casación interpuesto por K.A.K.D., O.M. de los Santos y compartes contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 06 de marzo del 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo;

SEGUNDO

Condenan a la parte recurrente al pago de las costas y las
distrae en favor de los Licdos. M.Ó.B.C.,
M.B.D., M.M.B.C.,
abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas
avanzado en su totalidad.

Así ha sido juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil dieciséis (2016); y leída en la audiencia pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión.

(Firmados).-M.G.M..-Julio C.C.G..-M.C.G.B.-DulceM.R. de Goris.-Edgar H.M..-S.I.H.M..-J.A.C.A..-F.E.S.S..-A.A.M.S.-FranciscoA.J.M.-JuanH.R.C.-FranciscoO.P..-

Nos, Secretaria General, certifico que la presente resolución ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran como signatarios más arriba, el mismo día, mes y año expresados.-