Sentencia nº 82 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Junio de 2016.

Fecha de Resolución:29 de Junio de 2016
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 29 de junio de 2016.

Sentencia No. 82

M.A.M.A., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 29 de junio de 2016, que dice así:

SALAS REUNIDAS Rechazan

Audiencia pública del 29 de junio de 2016. Preside: M.G.M..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,

dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal

Superior de Tierras del Departamento Norte, el 27 de enero de 2014, como tribunal de

envío, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante, incoado por:

 F.C.J., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula

de identidad y electoral número 028-0008245-1, casado, domiciliado y residente

en el Edifico 38 de la calle Primera, U.R.M.M., de la

provincia de S.D.; quien tiene como abogado constituido y apoderado

al Licdo. R.F.E., abogado de los Tribunales de la República,

dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No.

040-0007100-3, con estudio profesional abierto en la oficina Sued-Echavarría &

Asociados, ubicada en la calle A.A.N. 20, Los Jardines Fecha: 29 de junio de 2016.

Metropolitanos, de la ciudad de Santiago y domicilio ad-hoc en la avenida

A.L. No. 1003, torre Profesional Biltmore, suite 705, sector P.

de esta ciudad; donde la parte recurrente hace formal elección de domicilio para

todos los fines y consecuencias legales del presente acto;

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído: a la Licda. T.M.F., por sí y por el Dr. R.E., en

representación de la parte recurrente, F.C.J., en la lectura de sus

conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto: el memorial de casación depositado el 08 de abril de 2014, en la Secretaría

de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual la parte recurrente interpuso su

recurso de casación, por intermedio de su abogado;

V.: el escrito de defensa depositado el 23 de abril de 2014, en la Secretaría de la

Suprema Corte de Justicia, a cargo del Dr. R.G.M. y los Licdos. Víctor

Flores Valdez, R.M.G. y D.J.R., abogados constituidos de la

parte recurrida, señor R.M.;

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte

de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo

recurso de casación sobre el mismo punto, según lo dispone el artículo 15 de la Ley No. Fecha: 29 de junio de 2016.

25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada

por la Ley No. 156 de 1997, en audiencia pública del 14 de enero de 2015, estando

presentes los jueces: J.C.C.G., M.G.B., Víctor José

Castellanos Estrella, E.H.M., M.O.G.S., Sara I.

Henríquez Marín, J.A.C.A., F.E.S.S., Robert

  1. Placencia Álvarez y F.O.P., jueces de esta Suprema Corte de

Justicia; y los magistrados B.R.F.G., J.P. y Víctor

Manuel Peña Félix, miembro de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la

Corte de Apelación del Distrito Nacional; asistidos de la Secretaria General, y vistos los

textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1 y 65 de la Ley

sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata,

reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha posterior;

V.: el auto dictado el 09 de junio de 2016, por el magistrado Mariano Germán

Mejía, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo

y en su indicada calidad y llama a los magistrados M.R.H.C.,

A.A.M.S., E.E.A.C., Francisco Antonio

Jerez Mena y J.H.R.C., jueces de esta Suprema Corte, para integrar Las

Salas Reunidas para la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, según

las Ley No. 684, de fecha 24 de mayo de 1934 y la Ley No. 926, de fecha 21 de junio de

1935;

Considerando: que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella

refiere consta que: Fecha: 29 de junio de 2016.

1) Con motivo de una litis sobre derechos registrados con relación a la resolución

de una operación de venta sobre la Parcela No. 67-B-47, del Distrito Catastral núm.

11/3ra. Parte, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, el Tribunal de Tierras

de Jurisdicción Original, debidamente apoderado, dictó en fecha 30 de enero de 2008, la

sentencia No. 25, cuyo dispositivo es el siguiente:

“Primero: Rechazar, como al efecto rechaza, las conclusiones del L.. R.F.E., en representación del señor F.C.J., por las mismas ser improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Segundo: Acoger como al efecto acoge, las conclusiones subsidiarias vertidas por el Dr. J.M.N., en representación del señor R.M., por las mismas ser procedentes y estar amparadas en base legal; Tercero: Ordenar, como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del Departamento de Higüey, lo siguiente: a) Mantener con toda su fuerza jurídica la Constancia de Título (Duplicado del Dueño) anotada en el Certificado de Título núm. 91-124, que ampara el derecho de propiedad de la Parcela núm. 67-B-47, del Distrito Catastral núm. 11/3ra. parte, del municipio de Higüey, expedida a favor del señor R.M.; b) Levantar la oposición que figura inscrita sobre una porción de terrenos ascendente a 51 Has., 64 As., 05.99 Cas., registrados a favor del señor R.M., en la Parcela núm. 67-B-47, del Distrito Catastral núm. 11/3ra. parte, del municipio de Higüey, a requerimiento del señor F.C.J.”;

2) Con motivo del recurso de apelación interpuesto, en fecha 27 de enero de 2009,

el referido Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó la decisión, con

el dispositivo siguiente:

Primero: Acoge, en cuanto a la forma la apelación interpuesta por el Lic. R.E., actuando a nombre y representación del señor F.C.J., contra la Decisión núm. 25 de fecha 30 del mes de enero del año 2008, dictada por un Juez de Tierras de Jurisdicción Original, con asiento en el municipio de Higüey, referente a una litis sobre Derechos Registrados, en Fecha: 29 de junio de 2016.

relación con la Parcela núm. 67-B-47, del Distrito Catastral núm. 11/3ra. parte, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia; Segundo : En cuanto al fondo revocar la Decisión núm. 25, de fecha 30 del mes de enero del año 2008, dictada por el Juez de Tierras de Jurisdicción Original, con asiento en el municipio de Higüey, referente a una litis sobre Derechos Registrados, en relación a la Parcela núm. 67-B-47, del Distrito Catastral núm. 11/3ra. parte, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia; Tercero : S. el conocimiento del fondo de este expediente en cuanto a la transferencia solicitada, hasta que la Suprema Corte de Justicia falle el recurso de casación de que está apoderada, contra la sentencia de adjudicación por embargo de la Parcela núm. 67-B-47, del Distrito Catastral núm. 11/3ra. parte, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, en cuanto a la litis de los señores R.M. y F.C.J.; Cuarto: Se ordena al Secretario del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, enviar una copia certificada de esta sentencia al Registrador de Títulos del Departamento de Higüey; Quinto: Se ordena al Registrador de Títulos del Departamento de Higüey, hacer la anotación correspondiente a los derechos del señor R.M. en la Parcela núm. 67-B-47, del Distrito Catastral núm. 11/3ra. parte, del municipio de Higüey, provincia, con una extensión superficial de 51 Has., 64 As., 5.99 Cas., hasta que el Tribunal Superior de Tierras, se pronuncie respecto a la litis que está apoderada, todo en virtud del artículo 135 de los Reglamentos de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria; Sexto : Compensa las costas del procedimiento; Séptimo : La parte más diligente debe solicitar fijación de audiencia, previo fallo de la Suprema Corte de Justicia y notificación a la otra parte”;

3) Dicha sentencia fue recurrida en casación, dictando al respecto la Tercera Sala

de esta Suprema Corte de Justicia la decisión, del 8 de agosto de 2012, mediante la cual

casó la decisión impugnada, indicando en sus motivaciones que:

“Cuando se pacta bajo una condición resolutoria tal como se advierte del contrato de fecha 12 de julio del 2004, en el que el Tribunal Superior de Tierras copió la cláusula tercera, disposición que ambas partes reconocen, se pautó lo siguiente: “queda entendido que en caso que la presente transacción no se dé en un período no mayor de 30 días, contados a la firma del presente acto, el mismo Fecha: 29 de junio de 2016.

queda sin efecto en todo su contenido y consecuencia”; los jueces deben solo limitarse en verificar si la causa resolutoria se ha concretizado; en el caso que nos ocupa, bastaba con establecer, si el derecho en copropiedad había surgido en beneficio de ambas partes, o si de lo contrario, las cosas volverían a su estado original; que al tribunal a-quo, pasar a examinar otros puntos que no formaban parte del acuerdo de transacción que fue lo que los condujo a sobreseer, incurrieron en un desconocimiento del objeto de la demanda y del artículo 1184 del Código Civil, lo que es igual a una desnaturalización de los acordado”;

5) Para conocer nuevamente el proceso y dentro de los límites del envío fue

apoderado el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el cual, como

tribunal de envío, dictó la sentencia ahora impugnada, en fecha 27 de enero de 2014;

siendo su parte dispositiva:

Primero: Acoge en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto mediante la instancia de fecha 29 de febrero de 2008, por el Licdo. R.F.E., en representación del Sr. F.C.J., contra la decisión No. 25 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Higüey, en fecha 30 de enero de 2008, con relación a la litis sobre derechos registrados, en la parcela No. 67-B-47, del Distrito Catastral No. 11/3, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, por haber sido realizado de conformidad con la ley; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto mediante la instancia de fecha 29 de febrero de 2008, por el Licdo. R.F.E., en representación del señor F.C.J., contra la decisión No. 25 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Higüey, en fecha 30 de enero de 2008, con relación a la litis sobre derechos registrados, en la parcela No. 67-B-47, del Distrito Catastral No. 11/3, del municipio de Higüey, Provincia La Altagracia, por los motivos que se señala en esta decisión y por vía de consecuencia se confirma en todas y cada una de sus partes la decisión antes referida, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechazar, como al efecto rechaza, las conclusiones del L.. R.F.E., en representación del señor F.C.J., por las mismas ser improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; SEGUNDO: Acoger Fecha: 29 de junio de 2016.

como al efecto acoge, las conclusiones subsidiarias vertidas por el Dr. J.M.N., en representación del señor R.M., por las mismas ser procedentes y estar emparadas en base legal; TERCERO: Ordenar, como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del Departamento de Higüey, lo siguiente: a) Mantener con toda su fuerza jurídica la Constancia de Título (Duplicado del Dueño) anotada en el Certificado de Título núm. 91-124, que ampara el derecho de propiedad de la la Parcela núm. 67-B-47, del Distrito Catastral núm. 11/3ra. parte, del municipio de Higüey, expedida a favor del señor R.M.; b) Levantar la oposición que figura inscrita sobre una porción de terrenos ascendente a 51 Has., 64 As., 05.99 Cas., registraos a favor del señor R.M., en la Parcela núm. 67-B-47, del Distrito Catastral núm. 11/3ra. parte, del municipio de Higüey, a requerimiento del señor F.C.J.”;

Considerando: que el recurrente hace valer en su escrito de casación depositado

por ante esta Suprema Corte de Justicia, el siguiente de casación:

Primero medio : Desnaturalización de los hechos, violación a los arts. 1134, 1135, 245, 246, 248, 249, 252, 253, 254, 256 del Código Civil Dominicano; Segundo medio: Desnaturalización de los hechos, violación a los artículos 1354, 1356, 1184 y 1162 del Código Civil, confesión de parte o relevo de pruebas; Tercer medio: Violación a los artículos 1170, 1174, 1108 del Código Civil Dominicano, a los criterios jurisprudenciales siguientes: Sentencia No. 9 de fecha 14 de junio de 2006, dictada por la SCJ; sentencia No. 7 de fecha 14 de junio de 2006; sentencia No. 6 del 11 de abril de 2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia; Cuarto medio: Violación al debido proceso de ley y a la Ley 3726 sobre Procedimiento de Casación, en cuanto a la decisión que ordena un apoderamiento; Art. 69 numeral 10 de la Constitución, Arts. 2 y 20 de la Ley 3726 sobre Procedimiento de Casación”;

Considerando: que, en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se

reúnen para su solución, la parte recurrente alega, en síntesis, que:

1) Lo único que iba a ser juzgado por el tribunal de envío era lo relativo a la Fecha: 29 de junio de 2016.

interpretación de la cláusula Tercera del Convenio Amigable suscrito en fecha 12

de julio por las partes en litis, porque había quedado admitido que el inmueble

era de ambas partes litigantes en un 50% para cada uno;

2) La cláusula que ha dado lugar a la presente controversia es una cláusula

potestativa que dependía exclusivamente de la voluntad de la parte recurrida, en

virtud de que el título que sostiene la propiedad del inmueble en litis se

encuentra registrado a nombre de ésta; por lo que se trata de una falta atribuida

única y exclusivamente a la parte recurrida;

Considerando: que el Tribunal a quo hizo constar como hechos comprobados

que:

1) El señor R.M. es propietario de una porción de terreno de

516,405.99 mts2, dentro de la parcela No. 67-B-47, del D.C.N. 11/3ra del

municipio de Higüey, cuyos derechos fueron adquiridos en virtud de la

sentencia de adjudicación No. 45-2001, de fecha 13 de febrero de 2001, dictada

por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo el Juzgado de Primera Instancia del

Distrito Judicial de La Altagracia, sentencia que desató una lluvia de demandas

penales y civiles entre los señores F.C.J. (recurrente) y

R.M. (recurrido);

2) Mediante contrato de acuerdo amigable suscrito en fecha 12 de julio de 2004, por

los señores F.C.J. y V.C. de C., de una Fecha: 29 de junio de 2016.

parte y el señor R.M., de la otra (…), las partes convinieron y

pactaron lo siguiente:

Párrafo: los 405.99 mts2 quedaron en provecho del Dr. J.M. y su grupo para ser distribuido según lo hayan convenido ellos. Por tanto, el Sr. F.C.J. y el Sr. R.M. recibieron sus respectivos pagos a base de la cantidad de 16,000.00 mts2;

PRIMERO : Del producto de la venta de la parcela No. 67-B-47 del D.C. No. 11/3er parte del municipio de Higüey, amparada en el certificado de título No. 91-124, con una extensión superficial de 51 Has., 64 As., 05.99 Cas., se efectuara la siguiente división del emolumento económico obtenido de dicha venta: (US6.00) dólares del valor de cada mts, para el Sr. R.M., (US$2.50) dólares del valor de cada metro, para el Dr. J.M., y su grupo, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, provisto de la cédula de identificación personal y electoral No. 01-0057026-6, con estudio profesional abierto en la calle El Número, No. 52-1, del sector Ciudad Nueva, Distrito Nacional;

SEGUNDO : Para el Sr. F.C. a (US$6.50) dólares del valor de cada metro, el cual lo tiene que compartir en partes iguales, con el Licdo. R.F.E., dominicano, (…), es decir, le corresponde (US$3.25) dólares del valor por cada metros;

TERCERO : Queda entendido que en caso que la presente transacción no se dé en un período no mayor de 30 días, contados a la firma del presente acto, el mismo queda sin efecto en todo su contenido y consecuencia; (…);

3) Que por acuerdo amigable suscrito de fecha 12 de julio de 2004, por los señores

F.C.J., V.C. de C. de una parte y el

señor R.M. de la otra (…) pactaron lo siguiente: Fecha: 29 de junio de 2016.

Primero : La primera parte, Sr. F.C.J., renuncia y desiste desde ahora y para siempre, al beneficio de la sentencia número 129-2002, dictada en su provecho por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís;

Segundo: La segunda parte acepta la renuncia y desistimiento ofrecido por la Primera Parte y renuncia de su parte en provecho de la Primera Parte a reclamar daños y perjuicios a cualquier otro tipo de reclamación originada en el proceso penal que existió y al cual se le pone término de común acuerdo;

Tercero : Es muestra del interés de las partes de poner término la diferencia originada por el proceso penal las partes asumen la obligación de fijar audiencia en la Corte Penal de Santo Domingo Este y someter este documento para que su homologación por el tribunal y para que se expida la correspondiente sentencia de homologación de acuerdo;

Cuarto: Las partes declaran haber celebrado el presente contrato de buena fe, en 2 originales de un mismo tenor, uno para cada una de las partes contratantes, y otro para ser depositado en la Corte de Apelación Penal de Santo Domingo Este, para los fines de su homologación (…)”;

Considerando: que el Tribunal a quo consigna en la sentencia impugnada las

siguientes motivaciones:

1) “Del estudio de la sentencia impugnada y las piezas anexas al expediente de referencia este Tribunal puede observar que el contrato de acuerdo amigable suscrito, es un acuerdo cuya obligación está sujeta a una condición resolutoria establecida en la parte principal del artículo 1176 del Código Civil, que dice: “Cuando se pacta una obligación bajo condición de que tal y tal cosa sucederá, dentro del tiempo fijo, se considera sin efecto esta condición, luego que haya expirado el término sin haberse verificado el suceso (…)”; tal como lo dispone el juez a-quo”; Fecha: 29 de junio de 2016.

2) “Las partes suscribieron un acuerdo donde los señores F.C.J., V.C., de una parte y el señor R.M., de otra parte, convienen que de lo producido de la venta de la parcela en litis, se efectuará la siguiente división del emolumento económico obtenido de dicha venta: (U$S6.00) dólares del valor de cada mts, para el Sr. R.M., (US$2.50) dólares del valor de cada metro, para el Dr. J.M., y su grupo; y para el Sr. F.C. a (US$6.50) dólares del valor de cada metro, el cual lo tiene que compartir en partes iguales, con el Licdo. R.F.E., es decir, le corresponde (US$3.25) dólares del valor por cada metro, todo esto sujeto a la condición de que el inmueble objeto de litis fuese vendido en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la firma del presente acto, hecho que no ocurrió, impidiendo así la ejecución del acuerdo al no haberse concretizado la causa resolutoria dentro del plazo acordado por las partes”;

3) “El contrato crea una ley privada entre las partes que debe ser respetada también por el juez, que el artículo 1134 del Código Civil dispone entre otras cosas que: “No pueden ser revocada, sino por su mutuo consentimiento…”; de las partes que convienen, que el artículo 1135 del mismo texto legal, establece: Las convenciones obligan, no solo a lo que se expresa en ellas, sino también a todas las consecuencias que la equidad, el uso o la ley dan a la obligación según su naturaleza”. Por lo que esta disposición legal obliga a los compromisos claros y precisos que las partes han asumido libremente, ya que la facultad de los jueces de fondo de recurrir a la equidad, el uso o la ley de una obligación, solamente debe ser usada cuando no conlleve una modificación a la voluntad de las partes”;

Considerando: que la sentencia de la Tercera Sala de este Corte de Casación casó,

en fecha 08 de agosto de 2012, la sentencia entonces recurrida, bajo el siguiente criterio:

“Cuando se pacta bajo una condición resolutoria tal como se advierte del contrato de fecha 12 de julio del 2004, en el que el Tribunal Superior de Tierras copió la cláusula tercera, disposición que ambas partes reconocen, se pautó lo siguiente: “queda entendido que en caso que la presente transacción no se dé en un período no mayor de 30 días, contados a la firma del presente acto, el mismo Fecha: 29 de junio de 2016.

queda sin efecto en todo su contenido y consecuencia”; los jueces deben solo limitarse en verificar si la causa resolutoria se ha concretizado; que en el caso que nos ocupa, bastaba con establecer, si el derecho en copropiedad había surgido en beneficio de ambas partes, o si de lo contrario, las cosas volverían a su estado original (…)”;

Considerando: que, por regla general, el principio de intangibilidad de las

convenciones consagrado en el artículo 1134 del Código Civil concede a las partes poder

de disposición sobre sus respectivos intereses, de manera que puedan decidir, de

manera libre y voluntaria, sobre el contenido de las estipulaciones o cláusulas en las que

se consignan las obligaciones contraídas, así como la forma y los plazos para su

ejecución;

Considerando: que el artículo 1183 del Código Civil, establece:

“La condición resolutoria es aquella que, una vez verificada, produce la revocación de la obligación, y vuelve a poner las cosas en el mismo estado que tendrían si no hubiese existido la obligación. No suspende el cumplimiento de la obligación, sólo se obliga al acreedor a restituir lo que recibió, en caso de que el acontecimiento previsto en la condición llegue a verificarse”;

Considerando: que el artículo 1184 del Código Civil, reza lo siguiente:

“La condición resolutoria se sobreentiende siempre en los contratos sinalagmáticos, para el caso que una de las partes no cumpla su obligación. En este caso no queda disuelto el contrato de pleno derecho. La parte a quien no se cumplió lo pactado, será árbitra de precisar a la otra a la ejecución de la convención, siendo posible, o de pedir la rescisión de aquella y el abono de daños y perjuicios”; Fecha: 29 de junio de 2016.

Considerando: que según artículo 1183 del Código Civil, cuando se ordena la

resolución de un contrato por incumplimiento del mismo esto supone de pleno derecho

la puesta de las cosas en el mismo estado en que se encontraban antes de que existiese la

obligación, sin necesidad de que se indique expresamente en la decisión que lo ordena,

sino que basta con que sea ordenada la resolución del contrato;

Considerando: que es preciso resaltar que una vez comprobada la condición

resolutoria por el Tribunal a quo, conforme lo establece el artículo 1183 del Código Civil,

la misma produce la revocación de la obligación y vuelve a poner las cosas en el mismo

estado en que se encontraban antes de firmado el acuerdo;

Considerando: que como ha quedado fehacientemente establecido que:

1) Las partes envueltas en la litis de que se trata acordaron la división del

emolumento económico obtenido de la venta del inmueble objeto de litis;

2) Este convenio estaba sujeto a la condición de que dicho inmueble fuese vendido

en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la firma del acuerdo; lo que

no ocurrió;

3) Al no haberse concretizado la venta del inmueble dentro del plazo acordado por

las partes, la condición resolutoria quedó evidenciada; por vía de consecuencia y

en aplicación de los artículos 1183 y siguientes del Código Civil, la obligación de

ejecutoriedad del contrato en cuestión quedó revocada; Fecha: 29 de junio de 2016.

Considerando: que, como es posible apreciar en las cláusulas contractuales

copiadas precedentemente, así como en los elementos de hecho y de derecho

consignados por el Tribunal de envío en la sentencia recurrida, la convención suscrita

estipuló, en efecto, el plazo en que debió concretizarse el cumplimiento de lo pactado;

por lo que, estas S.R. juzgan conforme dispuso el Tribunal a quo, en el

sentido de que al haberse comprobado la existencia de una condición resolutoria y no

cumplirse la obligación convenida dentro del plazo pactado, procede “mantener la

constancia de título anotada en el Certificado de Título No. 91-124 a favor del Sr. Raymundo

Mojica”;

Considerando: que tanto por el examen de la sentencia impugnada como de todo

lo anteriormente expuesto se evidencia que el fallo impugnado contiene motivos de

hecho y de derecho suficientes, pertinentes y congruentes que justifican lo decidido por

el Tribunal a quo; comprobándose además que a los hechos establecidos se les ha dado

su verdadero alcance, sin que se compruebe desnaturalización alguna; que, por lo tanto,

los medios del recurso que se han examinado carecen de fundamento y deben ser

desestimados;

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, FALLAN:

PRIMERO:

Rechazan el recurso de casación interpuesto por el señor F.C.J. contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 27 de enero de 2014, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Fecha: 29 de junio de 2016.

SEGUNDO

Condenan a la parte recurrente al pago de las costas y las distrae en favor del Dr. R.G.M. y los Licdos. V.F., R.M. y D.J., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha nueve (09) de junio del año dos mil dieciséis (2016); y leída en la audiencia pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión.

(Firmados): M.G.M..- Julio C.C.G..- M.C.G.B..- M.R.H.C..- Dulce R. De Goris.- E.H.M..- S.I.H.M..- J.A.C.A..- E.E.A.C..- F.A.J.M..- J.H.R.C..- F.O.P.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 25 de noviembre de 2016, a solicitud de la parte interesada. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de Impuestos Internos.

MERCEDES A. MINERVINO A.

Secretaria General