Sentencia nº 859 de Suprema Corte de Justicia, del 19 de Agosto de 2015.

Fecha de Resolución:19 de Agosto de 2015
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 859

G.A. de S., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una resolución de fecha 19 de agosto del 2015, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 19 de agosto de 2015. Rechaza Preside: Julio César Castaños Guzmán

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la razón social Inmobiliaria Freddy, S. A. (INFRESA), sociedad de comercio constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principal establecido en la avenida Sabana Larga, apartamento 2-7, E.O., municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, representada por su presidente señor F.W.V.M., dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-

pág. 1 1001086-5, contra la sentencia núm. 774, dictada el 15 de diciembre de 2006, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. V.R., por sí y por el Dr. J.A.M.C., abogados de la parte recurrida Ana Celeste Paredes;

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces de fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de marzo de 2007, suscrito por los Dres. P.R.A. y S.S. De León, abogados de la parte recurrente Inmobiliaria Freddy, S. A. (INFRESA), en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

pág. 2 Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 1ro. de mayo de 2007, suscrito por los Dres. V.R. y J.A.M.C., abogados de la parte recurrida A.C.P.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 20 de mayo de 2009, estando presentes los magistrados, J.E.H.M., juez en funciones de P.; E.M.E. y A.R.B.D. asistidos de la Secretaria;

Visto el auto dictado el 17 de agosto de 2015, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su

pág. 3 indicada calidad, y a los magistrados V.J.C.E., M.O.G.S. y F.A.J.M., jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 del 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta: a) que con motivo de la demanda en incumplimiento de contrato y reparación de alegados daños y perjuicios, interpuesta por la señora A.C.P. contra la entidad comercial Inmobiliaria Freddy, S. A. (INFRESA), representada por el señor F.W.V.M., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 10 de octubre de 2004, la sentencia civil núm. 744, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada, INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA), por falta de concluir; SEGUNDO: RECHAZA la Demanda en Incumplimiento de Contrato y Reparación de Alegados Daños y Perjuicios, incoada por la señora, ANA CELESTE PAREDES en contra de INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA), mediante Acto No. 957/2003, de fecha 8 de septiembre de 2003, del ministerial

pág. 4 J.A.A.P., Alguacil Ordinario de este tribunal; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento, por los motivos expuestos; SEXTO: COMISIONA al ministerial P.J.C., Alguacil de Estrados de este tribunal, para la notificación de la presente sentencia”(sic); b) que no conforme con dicha decisión la señora A.C.P. interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 172, de fecha 11 de abril de 2006, instrumentado por el ministerial P.J.C., alguacil de estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera nstancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 15 de diciembre de 2006, la sentencia núm. 774, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la señora ANA CELESTE PAREDES, contra la sentencia No. 744, relativa al expediente No. 034-2003-2076, de fecha 10 de octubre de 2004, expedido por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; por haber sido interpuesto de conformidad con las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo el presente recurso, y en consecuencia REVOCA en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos antes señalados; TERCERO: ACOGE en parte la presente demanda y en consecuencia

pág. 5 ordena la resolución del contrato de compra-venta No. 0060, de fecha 6 de noviembre de 2002, suscrito entre la señora ANA CELESTE PAREDES y la compañía INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA); CUARTO : ORDENA a la compañía INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA) a devolver la suma de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$316,000.00) a favor de la señora ANA CELESTE PAREDES, como consecuencia del efecto retroactivo de la resolución del contrato de marras; QUINTO : CONDENA a la compañía INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA) al pago de la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS (RD$150,000.00) a favor de la señora ANA CELESTE PAREDES, como justa reparación de los daños y perjuicios ocasionados; SEXTO : CONDENA a la parte recurrida, compañía INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA), al pago de las costas del procedimiento, distrayendo las mismas a favor y provecho de los DRES. V. ROSARIO y J.A.M.C., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y violación de autoridad de cosa juzgada; Tercer Medio: Mala

pág. 6 aplicación del derecho. Errada interpretación de los artículos 59, 61 y siguientes del Código de Procedimiento Civil Dominicana.”(sic);

Considerando, que en el tercer medio de casación, el cual será abordado en primer término por resultar conveniente a la solución del caso, la recurrente señala de manera sucinta que el juez a-quo hizo una errada interpretación de los artículos 59 y 61 del Código de Procedimiento Civil al divorciarse ampliamente del contenido que ellos indican, ya que en ninguna parte ellos indican que el domicilio del demandante debe de estar solamente plasmado en el de su abogado, ya que los abogados no están obligados a empezar y terminar un procedimiento como es el caso que nos ocupa;

Considerando, que sobre la violación denunciada por la recurrida en el medio que se examina cabe señalar, que la corte a-qua estableció lo siguiente: “Que la parte recurrida solicitó en la última audiencia celebrada por el tribunal en fecha 10 de agosto de 2006, la excepción de nulidad del acto contentivo del recurso por no cumplir con los requerimientos del artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, alegando en su escrito de conclusiones únicamente su violación en el sentido de que en dicho emplazamiento la señora A.C.P. no tiene domicilio conocido en la República Dominicana, a lo cual la parte recurrida concluyó solicitando su rechazo, conclusiones estas últimas que serán acogidas por este tribunal toda vez que el mismo acto contentivo del

pág. 7 recurso de apelación menciona que la parte recurrente hace elección de domicilio en el mismo elegido por sus abogados constituidos, el cual es a saber: ‘la oficina del Dr. W.M.V., ubicada en la calle D.N. 256, de la Zona Colonial de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional’, por lo que fue cumplida dicha formalidad, y no se lesionó el derecho de defensa de la parte recurrida, valiendo decisión la presente deliberación sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia” (sic);

Considerando, que es preciso indicar que para fines legales el domicilio de elección es el domicilio de la persona que actúa en justicia, tal y como se infiere de las disposiciones combinadas de los artículos 59 de dicho código y 111 del Código Civil, los cuales disponen que en caso de elección de domicilio para la ejecución de un acto, las notificaciones, demandas y demás diligencias, podrán ser hechas en el domicilio elegido durante la instancia; que cuando la parte recurrida constituye abogado dentro del plazo legal y produce sus medios de defensa en tiempo oportuno, como aconteció en la especie, no procede declarar la nulidad del acto de apelación, ante la evidente inexistencia del agravio a la parte que invoca la nulidad, como lo exige el artículo 37 de la Ley núm. 834 de 1978, para las nulidades de forma; que siendo así las cosas la corte a-qua hizo bien en rechazar la excepción en nulidad del acto contentivo

pág. 8 del recurso de apelación del cual fue apoderada, pues nada impide al apelante hacer elección de domicilio con motivo del recurso de apelación en la oficina de sus abogados, máxime cuando esto no le ocasiona daño alguno a la otrora recurrida, por lo que procede rechazar el medio que se examina;

Considerando, que decidido el punto anterior, y siguiendo un correcto orden procesal procede resolver el segundo medio de casación, en el cual la recurrente se refiere a un pedimento de sobreseimiento de la demanda en cuestión propuesto ante el tribunal de primer grado, el cual aduce fue acogido hasta tanto se conociera de una querella presentada por la señora A.C.P. contra el señor F.W.V., por alegada “violación a los artículos 295 y 408 del Código Penal” (sic), alegando además en ocasión del recurso de casación que nos ocupa que la decisión que declaró el auto de no ha lugar sobre la referida acción no le había sido notificada ni había adquirido la autoridad de cosa juzgada, requisito indispensable para que el procedimiento civil pudiera seguir su curso normal, planteamientos que no fueron sometidos ante la corte a-qua;

Considerando, que sobre dichos planteamientos es preciso indicar, que si bien versan sobre un sobreseimiento de la demanda en resolución de contrato de que se trata, tales alegatos entrañan una presunta violación al principio de la autoridad de la cosa juzgada de lo penal sobre lo civil; que siendo esto así, es

pág. 9 preciso destacar, que a pesar de que durante mucho tiempo se imposibilitó someter por primera vez en casación la excepción de cosa juzgada por haber sido instituida a favor del interés privado de los litigantes, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, varió dicho criterio y en la actualidad se inclina por reconocer que el principio de la cosa juzgada reviste un interés público ya que su aplicación materializa el respeto a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 69 de nuestra Carta Magna, particularmente, la establecida en el numeral 5 según la cual “Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”, así como a la seguridad jurídica derivada de la irrevocabilidad de los derechos establecidos definitivamente mediante sentencia judicial; que, además, dicho interés público se manifiesta porque es indudable que la efectividad de la tutela judicial a que tienen derecho todos los ciudadanos se vería afectada si se admite la posibilidad de que un litigante apodere reiteradamente a los tribunales del orden judicial de un mismo asunto prevaliéndose de la creatividad de sus abogados para replantear los alegatos jurídicos en que basa sus pretensiones y en ausencia de un hecho o circunstancia nueva que razonable y objetivamente justifique tal apoderamiento; que bajo este criterio, a pesar de no haber ponderado la corte a-qua este aspecto del caso en estudio, procede ponderar los argumentos planteados por la recurrente;

pág. 10 Considerando, que en ese sentido, esta jurisdicción ha podido establecer que en la especie la corte a-qua con su decisión no transgredió ni puso en riesgo el principio de la autoridad de la cosa juzgada de lo penal sobre lo civil dando una solución definitiva a la demanda en resolución de contrato y reparación de daños y perjuicios interpuesta por la señora A.C.P. contra la Inmobiliaria Freddy, S. A. (INFRESA), pues conforme a la ordenanza núm. 001-2005, dictada en fecha 28 de enero de 2005 por la Cámara de Calificación del Departamento Judicial de Santo Domingo, confirmó el Auto de No Ha Lugar a la persecución criminal marcado con el número 249-2004, de fecha 28 de junio de 2004, dictado por el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, a favor del nombrado F.W.V., quien había sido acusado de violar las disposiciones del Art. 405 del Código Penal, y no a los artículos a que se refiere el recurrente en su memorial; de ahí que, no era necesario en el caso en cuestión el sobreseimiento de la demanda en resolución de contrato y daños y perjuicios de que se trata, por lo que procede desestimar el medio que se examina;

Considerando, que en fundamento del primer medio de casación la recurrente alega, en síntesis que “en la sentencia de la corte a-qua se observa que dicha corte ha fundado sus decisiones en las motivaciones de la sentencia

pág. 11 de primer grado, sin embargo con esas motivaciones dicho tribunal no prueba nada, y ha incurrido en desnaturalización de los hechos y falta de motivos”;

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo la corte a-qua estableció lo siguiente: “Que se encuentran depositados en el expediente la solicitud para compra de propiedad No. 0060, de fecha 6 de noviembre de 2002, mediante la cual la señora A.C.P. acuerda comprar a la compañía Inmobiliaria Freddy, S. A. (INFRESA), una casa de dos niveles del residencial ‘Sol Naciente’, por el monto de RD$1,450,000.00, pagaderos de la siguiente manera: RD$507,500.00, como inicial y RD$942,500.00 bajo financiamiento, haciendo en el mismo la siguiente observación: ‘Nota: La casa será comenzada con el segundo avance en febrero del año 2003, que será de RD$200,000.00 y luego pagos parciales hasta completar el inicial en 8 meses a partir de la presente fecha y el resto para completar el inicial en 8 meses a partir de la presente fecha y el resto para completar el total mediante un préstamo bancario; Que en la fecha del mismo contrato la señora A.C.P. pagó la suma de RD$80,000.00 a la compañía Inmobiliaria Freddy, S.
A. (INFRESA), por concepto de separación del referido inmueble, así como en fecha 26 de febrero de 2003, pagó la suma de RD$236,000.00 por concepto de abono a inicial, sin que en la misma fecha del pago de esta última cifra, tal como se acordó en el mencionado contrato, se haya iniciado la construcción

pág. 12 del referido inmueble, evidenciándose el incumplimiento de la parte recurrida, en tal sentido procede acoger en parte la presente demanda, ordenar la resolución del contrato de compra-venta y en consecuencia de su efecto retroactivo, la devolución del dinero pagado por el comprador; Que la parte recurrente solicita que se condene a la vendedora al pago de una indemnización, valorándola en la suma de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), pedimento que este tribunal estima pertinente acoger en parte toda vez que concurren en la especie, como se ha visto, los elementos constitutivos de la responsabilidad civil contractual: A) existencia de un contrato válido entre las partes; y B) un perjuicio resultante del incumplimiento del contrato, traducible en el retraso en la construcción del inmueble, así de los beneficios que este pudiera haber obtenido el comprador por el tiempo que ha transcurrido sin el goce de su derecho de propiedad o de su dinero, ya que el vendedor se obligó a comenzar la construcción con el segundo pago del inicial en el mes de febrero de 2003, sin que hasta la fecha es decir más de tres años haya comenzado dicha construcción, sin embargo que haciendo uso del poder soberano de apreciación de los jueces sobre el daño ocasionado tanto en materia de responsabilidad civil contractual como cuasidelictual, estimamos pertinente condenar a la parte demandada al pago de ciento cincuenta mil pesos dominicanos (RD$150,000.00) (sic)”;

pág. 13 Considerando, que el examen del fallo atacado pone de manifiesto que la corte a-qua, contrariamente a lo afirmado por la recurrente en el medio que se examina, la corte a-qua no adoptó los motivos de la sentencia de primer grado, lo que en modo alguno pudo hacer, pues revocó dicha decisión, ni tampoco incurre en falta de motivos, pues para declarar la resolución del contrato de venta suscrito en fecha 6 de noviembre de 2002, ordenar consecuentemente la restitución de la parte del precio de venta pagado, y condenar a la vendedora a una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la compradora por el incumplimiento contractual, lo hizo en base a motivos pertinentes y suficientes, jurídicamente bien fundamentados, y que justifican plenamente el dispositivo de la sentencia objetada; que, por lo tanto, los agravios examinados deben ser desestimados;

Considerando, que las circunstancias que anteceden en los motivos que sirven de soporte a la sentencia impugnada ponen de relieve que la corte a-qua hizo una adecuada apreciación de los hechos de la causa, exponiendo, además, motivos pertinentes y suficientes que justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Corte de Casación verificar que en el caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios denunciados por la recurrente en los medios de casación propuestos, motivo por el cual procede rechazar el presente recurso.

pág. 14 Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Inmobiliaria Freddy, S. A. (INFRESA), contra la sentencia núm. 774, de fecha 15 de diciembre de 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente Inmobiliaria Freddy, S. A. (INFRESA), al pago de las costas a favor de los Dres. V.R. y J.A.M.C., abogados de la recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 19 de agosto de 2015, años 172º de la Independencia y 53º de la Restauración.

(Firmados): J.C.C.G..- V.J.C.E..- F.A.J.M..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

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