Sentencia nº 860 de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.

Fecha de Resolución: 2 de Octubre de 2017
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 2 de octubre de 2017

Sentencia núm. 860

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una resolución de fecha de 2 de octubre de 2017, que dice:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 2 de octubre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por R.V., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 005-0014378-9, domiciliado y residente en la calle Los Almendro Calvario núm. 10, del municipio de Yamasá, provincia Monte Plata; P.E.R., dominicano, mayor de edad, soltero, cédula de Fecha: 2 de octubre de 2017

identidad y electoral núm. 005-0014989-3, domiciliado y residente en la calle Los Calmito núm. 116, sector Los Calmito del municipio de Yamasá, provincia Monte Plata; S.B.Q., dominicano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad y electoral núm. 005-0014029-8, domiciliado y residente en la calle Principal de Antonci s/n del municipio de Yamasá, provincia M.P.; y P.F. de la Cruz, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad y electoral núm. 005-0014136-1, domiciliado y residente en la calle Principal de Antonci s/n del municipio de Yamasá, provincia Monte Plata, imputados, contra la sentencia núm. 459-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 20 de octubre de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído a la Jueza Presidente dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la secretaria verificar la presencia de las partes, como a Fecha: 2 de octubre de 2017

Oído al Licdo. A. de la Cruz, por sí y el Licdo. C.P. de los Santos, en la formulación de sus conclusiones, en representación de H.F.R.M., parte recurrida;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado mediante el cual R.V., P.E.R., S.B.Q. y P.F. de la Cruz, a través del defensor técnico, Dr. J.L.S., interponen recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 29 de enero de 2016;

Visto la resolución núm. 3581-2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 31 de octubre del 2016, mediante la cual declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso, fijándose audiencia para el día 21 de diciembre de 2016, a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables, consecuentemente Fecha: 2 de octubre de 2017

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. que el 28 de mayo de 2014, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Monte Plata, L.. S.G.A., presentó acusación y requerimiento de apertura a juicio, contra R.V., P.E.R., S.B.Q. y P.F. de la Cruz, por el hecho de que: “En el mes de abril de 2013, los imputados R.V., P.E.R., S.B.Q. y P.F. de la Cruz, penetraron a la propiedad de la víctima armados de machetes, palos, cortaron los alambres de la empalizada y con Fecha: 2 de octubre de 2017

    cuchillas de cortar arroz procedieron a cortar la cantidad de seis tareas de arroz, que la mismas produjeron la cantidad de treinta sacos de arroz a razón de un valor de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00) cada uno, de los cuales ascienden a un monto de Sesenta Mil Pesos (RD$60,000.00) y amenazaron a los presentes en razón de que los mismos estaban armados como se estableció precedentemente”; en presunta infracción de las disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 384 y 388 del Código Penal, y 50 y 56 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, en perjuicio de H.F.R.M.; acusación ésta que fue acogida parcialmente por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monte Plata, dictando, en consecuencia, auto de apertura a juicio contra dichos encartados, variando la calificación jurídica a la de robo cometido en los campos, en infracción a los artículos 379 y 388 del Código Penal;

  2. que apoderado para la celebración del juicio el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata emitió el 19 de febrero de 2015, la sentencia núm. 00014/2015, cuyo dispositivo figura en el del fallo recurrido;

  3. que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el Fecha: 2 de octubre de 2017

    decisión, intervino la sentencia hoy recurrida, núm. 459-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 20 de octubre de 2015, que dispuso lo siguiente:

    “PRIMERO: Declara con lugar, el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. A.O. y C.P. de los Santos, en nombre y representación del señor H.F.R.M., en fecha veintiocho (28) del mes de mayo del año dos mil quince (2015), en contra de la sentencia 00014/2015 de fecha diecinueve (19) del mes de febrero del año dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, revocando en todas sus partes la sentencia recurrida y dictando sentencia propia en los términos siguientes: ‘ Primero: Declara a los ciudadanos P.E.R., S.B., R.V. y P.F. de la Cruz, culpables de violar los artículos 379 y 388 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la víctima H.F.R.M., Segundo: Condena a los ciudadanos P.E.R., S.B., R.V. y P.F. de la Cruz, a dos (2) años de reclusión menor, y aplicando la figura de la suspensión condicional de la pena suspende la pena impuesta de forma total, debiendo cumplir los coimputados con las reglas siguientes: a) residir en un domicilio fijo y ante cualquier cambio debe notificar al Juez de Ejecución de Pena; b) no acercarse a la víctima ni a los terrenos de su Fecha: 2 de octubre de 2017

    E.R., S.B., R.V. y P.F. de la Cruz, culpables al pago de las costas penales; Aspecto civil: Cuarto : Declara regular y válida la constitución en parte civil interpuesta por el señor H.F.R.M., en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo, acoge la misma condenando a los coimputados P.E.R., S.B., R.V. y P.F. de la Cruz al pago solidario de una indemnización por la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00) por los daños y perjuicios materiales sufridos por la víctima como resultado de la conducta de los coimputados; Quinto: Condena a los coimputados al pago de las costas civiles con distracción a los abogados representantes del recurrente’; SEGUNDO: Ordena a la secretaria de esta Sala la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”;

    Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:

    Considerando, que los recurrentes R.V., P.E.R., S.B.Q. y P.F. de la Cruz, proponen en su recurso de casación, los medios siguientes:

    Primer Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. Que la sentencia dictada por el tribunal a-quo está manifiestamente infundada, toda vez que en el caso de la especie quedó demostrado que se trata de una litis sobre los terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar y no de Fecha: 2 de octubre de 2017

    un robo, el cual no se percató mediante las pruebas depositadas que los recurrentes en el presente proceso residían en dichos terrenos de toda una vida, dedicándose al cultivo de mango, productos cítricos, aguacate y una producción de arroz, como personas laboriosas de la tierra, cosa esta que fue tomada como base por el tribunal del primer grado para descargar a los imputados, toda vez que no se encontraban los elementos constitutivos de robo; por lo que la honorable Corte de Apelación no ha dado una motivación razonable en la sentencia hoy recurrida en casación, por lo que en ese sentido dicha sentencia debe ser revocada en todas sus partes para una nueva valoración de la prueba. Del análisis de la sentencia objeto del presente recurso de casación, pone de manifiesto que la Corte a-qua de manera genérica ha establecido que la sentencia del primer grado, no está correctamente motivada, sin indicar cuáles fueron de manera específica, las comprobaciones de hecho y de derecho que le permitieron fallar como lo hizo, motivo por el cual la sentencia hoy recurrida debe ser casada; Segundo motivo: Falta de estatuir. Que no hace referencia la sentencia impugnada, de los elementos de pruebas que fueron presentados por los imputados hoy recurrentes, sino más bien que la Corte procedió a decidir el fondo tomando como base los motivos de apelación presentados por la parte hoy recurrida, procediendo a ponderar el recurso de apelación interpuesto por las supuestas víctimas hoy recurridas, sin antes percatarse de que en el caso de la especie no existió ningún tipo de robo, toda vez que los recurrentes eran los verdaderos dueños de los cultivos que se encontraban en dichos terrenos como fuente de ingreso de su familia, por lo que no pueden Fecha: 2 de octubre de 2017

    robarse lo que le pertenece; en ese sentido la sentencia debe

    ser revocada en todas sus partes”;

    Considerando, que en los medios esbozados, reunidos para su examen por la estrecha vinculación de lo argumentado, los reclamantes recriminan que la alzada acoge la apelación del querellante sin examinar exhaustivamente el caso, toda vez, que quedó demostrado en primer grado, que no se trataba de un robo, pues no se encontraban reunidos sus elementos constitutivos; del mismo modo, denuncian los procesados recurrentes, que tampoco se estableció una motivación razonable en la sentencia hoy recurrida, dado que no está correctamente motivada, sino que se adopta sin indicar cuáles fueron de manera específica, las comprobaciones de hecho y de derecho que le permitieron fallar como lo hizo, forjando un fallo manifiestamente infundado, motivo por lo cual, a su entender, la sentencia impugnada debe ser casada;

    Considerando, que para acoger la apelación formulada por el querellante ahora recurrido en casación, la Corte a-qua estableció:

    “3) Que los dos motivos planteados por la parte recurrente se resumen en falta de valoración de la prueba a cargo, tergiversación de los hechos de la causa y falta de Fecha: 2 de octubre de 2017

    conjunto al referirse ambos al tema de errares en la valoración de pruebas y falta de motivación de las decisiones; 4) que de la lectura y análisis de la sentencia impugnada quedan evidenciados los aspectos siguientes: a) de acuerdo a lo establecido ante el Tribunal de sentencia en la página 25 son hechos no controvertidos que el querellante, actor civil y hoy recurrente, H.F.R., era el propietario de los terrenos en los que se encontraba el arroz que fue descosechado y objeto de controversia y que los coimputados P.E.R., S.B., R.V. y P.F. de la Cruz, fueron las personas que descosecharon el arroz objeto de controversia; b) que de la sentencia recurrida se extrae que el testimonio de la víctima y del resto de los testigos a cargo, analizados por el Tribunal a-quo, indicaron la forma violenta en que los imputados armados de machetes y acompañados de un grupo de personas, rompieron las cercas de la propiedad del querellante y descosecharon el arroz, versión que fue corroborada por los dos policías que llegaron al lugar de los hechos; c) que, pese a lo antes indicado, el Tribunal a-quo en la página 26 señala haber observado dos contradicciones en las declaraciones de los testigos a cargo, en el sentido de que J.O.H. dijo que la tierra y el arroz sembrado eran propiedad del señor H.F., que trabajaba con él pero no como seguridad sino que atendía a las personas que van, que la contradicción consiste además en la cantidad de tareas sembradas, pues el testigo T.M. indicó que fueron 350 y el querellante 1,200 tareas; d) que otra de las contradicciones alegadas por el tribunal es en cuanto a la presencia de los dos policías en el Fecha: 2 de octubre de 2017

    declaraciones del testigo B.L.C. la policía llegó cuando la turba ya había cortado el arroz y el querellante afirmó que mientras el arroz era cortado la policía estaba allí; 4) que en cuanto a las alegadas contradicciones, la sentencia recurrida arroja las situaciones siguientes: a) sobre la cantidad de tareas sembradas, el tribunal obvió los hechos no controvertidos en el presente caso y es que el arroz en controversia fue efectivamente descosechado por los imputados; por lo que la cantidad de tareas sembradas o no es irrelevante ante la afirmación antes dicha; que el hecho de que el propietario del terreno haya afirmado que sembró 1,200 tareas de arroz y que le sustrajeron 30 sacos de arroz, no constituye contradicción alguna con lo afirmado por el Testigo Teodoro; b) que en cuanto a la presencia de los dos oficiales de policía durante el corte del arroz o al momento de finalizar el corte no resulta suficiente para evidenciar una contradicción, puesto que el mismo querellante reconoció que fue informado por sus empleados de lo que estaba ocurriendo en su propiedad y que llamaron a la policía, que la policía le informó que los dos policías que estaban en el lugar no hicieron nada puesto que era una turba, situación que fue corroborada con las declaraciones del resto de los testigos a cargo; 5) que el Tribunal otorgó entera credibilidad a los testigos a descargo C.M., que indicó, que todos estaban asociados para ayudar a los coimputados a cortar el arroz; F.T., que indicó que los coimputados fueron los que sembraron el arroz; y el testigo A.P., que indicó que él fue que prestó las semillas y fue de los que ayudó a sembrar el arroz; es decir, que parte de los testigos a descargo formaron parte Fecha: 2 de octubre de 2017

    descosecharon el arroz objeto de controversia, por lo que resulta contradictoria e ilógica la credibilidad y coherencia que le atribuye el Tribunal de sentencia a estos testigos; 6) que la ilogicidad y contradicción se evidencia además en el considerando núm. 30, página 27 de la sentencia recurrida, puesto que, pese a haberse establecido de forma indubitable que el hoy recurrente señor H.F. era el propietario del terrero y consecuentemente del arroz sustraído, el Tribunal a-quo dio por establecido que los terrenos eran del CEA y que eran cultivados por los coimputados, para más adelante reconocer que el recurrente había adquirido dichos terrenos; 7) que tal como se desprende del considerando núm. 30 a pesar de reconocer que los imputados descosecharon un arroz en terrero ajeno, el tribunal justificó su accionar bajo el alegato de que dichos terrenos habían sido cultivados por los recurridos; que la Corte entiende que si los recurridos se entendían acreedores sobre los cultivos de arroz debieron agotar el procedimiento legal establecido y no irrumpir de forma violenta y sustraer el arroz en cuestión; 8) que por lo antes indicado la Corte ha constatado evidente ilogicidad, contradicción en la motivación y errores en la valoración de las pruebas puestas a su cargo, por lo que sobre la base de los hechos establecidos procede que la Corte declare con lugar el presente recurso y tome decisión propia sobre la base de los hechos evidentemente probados”;

    Considerando, que es criterio sostenido por esta S. en Fecha: 2 de octubre de 2017

    legitimación del juez y de su arbitrio, permitiendo que el fallo pueda ser objetivamente valorado y criticado, constituye una garantía contra el prejuicio y la arbitrariedad, mostrando los fundamentos de la decisión adoptada, así como facilita el control jurisdiccional en ocasión de los recursos;

    Considerando, que en efecto, como lo reclaman los impugnantes, la motivación ofrecida por la alzada es insuficiente, esto así, ya que en la sentencia atacada la Corte a-qua, si bien en su examen del recurso de apelación del que estaba apoderada establece cuáles fueron las ilogicidades y errores en la valoración de la prueba que advirtió y por los que procedía acoger el querellante; al adoptar la decisión propia y dictar sentencia directa condenando a los procesados entonces descargados, soslaya justificar cuáles son los hechos retenidos como probados, no efectúa su subsunción con las normas endilgadas en la acusación como infringidas, tampoco brinda motivos adecuados sobre los puntos que incidieron para imposición de la sanción a los reclamantes en la modalidad dispuesta, conforme los criterios para la determinación de la pena, así como tampoco establece, motivadamente, los criterios que tomó en cuenta para la acogencia de la constitución en actor civil y la fijación del monto de Quinientos Mil Pesos a favor del Fecha: 2 de octubre de 2017

    querellante, con lo cual incurrió en un significativo vicio de fundamentación, lo que afecta la decisión de nulidad al tenor de las disposiciones contenidas en los artículos 23 y 24 del Código Procesal Penal, sobre la obligación de decidir y de motivar;

    Considerando, que evidentemente, con esta actuación la Corte aqua no satisface el requerimiento de una efectiva tutela judicial y acarrea una falta de fundamentación sobre estos extremos que no puede ser suplida por esta Sala; por vía de consecuencia, procede acoger los medios argüidos, en virtud de que se ha observado un vicio que anula la decisión, procediendo al envío que se ordena en el dispositivo;

    Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

    Considerando, que mediante Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015, el legislador incorpora numerosas modificaciones al Código Procesal Penal, entre ellas, a las disposiciones contenidas en el artículo 427 que regula el procedimiento de decisión de la Sala de Casación; en Fecha: 2 de octubre de 2017

    nos confiere la potestad de decidir directamente sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas; insertando además una novedad: la facultad de envío directo, al tribunal de juicio, cuando sea necesaria una nueva valoración de pruebas que requiera inmediación;

    Considerando, que el criterio que soporta esta novedad se enfoca en la reducción de burocracias innecesarias, la dinamización de plazos, como medio de eficientizar y maximizar la economía procesal, ofreciendo una solución del caso dentro de un plazo razonable, sin que de ningún modo estos principios pretendan reñir con la naturaleza de los recursos, ni con otros principios de mayor sustancialidad, en razón de las garantías que entrañan dentro del debido proceso;

    Considerando, que al encontrarnos ante casos con características como el de la especie, donde la cuestión fundamental a tratar, por la naturaleza del recurso de casación, no puede ser abordada por esta Sala de casación al encontrarse estrechamente ligada a aspectos fácticos, ni tampoco estimamos necesaria una nueva ponderación del cúmulo probatorio; nada impide que la Suprema Corte de Justicia envíe el asunto ante una Corte del mismo grado de donde procede la decisión siempre y cuando no se encuentre en las situaciones señaladas por la Fecha: 2 de octubre de 2017

    norma;

    Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

    FALLA:

    Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por incoado por R.V., P.E.R., S.B.Q. y P.F. de la Cruz, contra la sentencia núm. 459-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 20 de octubre de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;

    Segundo: Casa la indicada decisión y envía el asunto por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, con distinta conformación, a fines de examinar nueva vez el recurso de apelación;

    Tercero: Compensa las costas; Fecha: 2 de octubre de 2017

    Cuarto: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes.

    (Firmados).- M.C.G.B..- E.E.A.C..- A.A.M.S..- F.E.S.S..- H.R..

    Nos, Secretaria General, certifico que la presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, el mismo día, mes y año en él expresados.-