Sentencia nº 867 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Agosto de 2016.

Fecha de Resolución:15 de Agosto de 2016
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 15 de agosto de 2016

Sentencia núm. 867

M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 15 de agosto de 2016, que dice:

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces F.E.S.S. en funciones de Presidente; E.E.A.C. e H.R., asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 15 de agosto de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por C.R.G., dominicano, mayor de edad, unión libre, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0215420-4, domiciliado y residente en la calle W casa núm.58, sector Los Guaricanos, Santo Domingo Fecha: 15 de agosto de 2016

núm.401/2015, de fecha 3 de septiembre de 2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Licdo. M.Á.O. por sí y por la Licda. D.L.M., defensora pública, en representación del recurrente, en sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. D.L.M., defensora pública, en representación del recurrente, depositado el 25 de septiembre de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, fijando audiencia para el conocimiento el día miércoles 1ro. de junio de 2015; Fecha: 15 de agosto de 2016

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Leyes núms. 156 de 1997, y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

  1. Que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, presentó acusación y solicitó apertura a juicio en contra de C.R.G., por el hecho de haberle dado muerte a J.J.P.E. (a) C., hecho calificado como violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y el articulo 36 sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas; Fecha: 15 de agosto de 2016

  2. Que regularmente apoderado el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, mediante resolución núm.257 de fecha 19 de junio de 2012, dictó auto de apertura a juicio en contra de C.R.G., por violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 párrafo II, y 39 párrafo III de la Ley 36, y procedió al envío del proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia a fin de que apodere el correspondiente para el conocimiento del caso;

  3. Que apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, para el conocimiento de la causa seguida a C.R.G., por violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 párrafo II, y 39 párrafo III de la ley 36, dictó en fecha 3 de septiembre de 2014, la sentencia núm. 404/2014, cuyo dispositivo es el siguiente:

    “PRIMERO: Declara al ciudadano C.R.G., (Libre-Presente), dominicano, mayor de edad, unión libre, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0215420-4, domiciliado y residente en la calle W, núm. 25, sector Los Guaricanos, Santo Domingo Oeste, culpable de violar las disposiciones consagradas en los artículos 295 y 304 del Código Penal, y el artículo 39 párrafo III de la Ley 36, sobre comercio, P. y Tenencia de Armas en Perjuicio de J.J.P.E. (occiso); SEGUNDO: Condena al ciudadano Fecha: 15 de agosto de 2016

    C.R.G., a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de esta ciudad de Santiago, la pena de quince (15) años de reclusión mayor; TERCERO: Condena al ciudadano C.R.G., al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: Ordena la confiscación de las pruebas materiales consistentes en: Un palo de 35 pulgadas, un machete con cabo negro, una pistola con numeración limada, color niquelado y cacha blanca y una gorra color rosado con la letra LS, propiedad del acusado”;

  4. que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 401-2015, ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago el 4 de septiembre de 2015, y su dispositivo es el siguiente:

    “PRIMERO: En cuanto a la forma, ratifica la regularidad del recurso de apelación incoado por el imputado C.R.G., por intermedio de la Licda. D.L.M., defensora pública, adscrita a la Defensa Pública del Departamento Judicial de Santiago, en contra de la sentencia núm. 404-2014, de fecha 3 del mes de septiembre del año 2014, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: En cuanto al fondo, desestima el recurso, quedando confirmada en todas sus partes la sentencia impugnada; TERCERO: Exime las costas”;

    Considerando, que el recurrente C.R.G., por intermedio de su abogado defensor, propone como fundamento de su Fecha: 15 de agosto de 2016

    Primer motivo: Violación a la ley por inobservancia de orden legal, violación al artículo 24 del Código Procesal Penal, en razón de que la sentencia es manifiestamente infundada en cuanto a la motivación de la pena. Que la Corte lo que hace es transcribir 2 de los elementos establecidos en el artículo 339 del cpp, sin establecer razones fácticas y jurídicas que nos justifiquen el porqué escoger dicha pena, lo que no suple una verdadera motivación y evidentemente se traduce en una franca violación al artículo 24 del Código Procesal Penal; Segundo Medio : Errónea aplicación de disposiciones de orden legal contenidas en el artículo 339 de nuestra normativa procesal penal, pues la sentencia impone una condena mayor de 10 años sin tomar como parámetros todos los elementos estipulados en dicho artículo

    ;

    Considerando, que para fallar en la manera que lo hizo, la Corte aqua estableció lo siguiente:

    “1) no lleva razón en su queja el recurrente de endilgarle a los jueces del a-quo la violación a la ley por errónea aplicación de una norma jurídica, errónea aplicación del artículo 339 del cpp… porque para aplicar esta disposición el tribunal de sentencia razonó estableciendo lo siguiente: “1) el grado de participación del imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho; 7) la agravante del daño causado en la victima, su familia o la sociedad en general. La forma brutal y salvaje con que fue ejecutada la víctima, propinándole más de un disparo y dejándola abandonada en un solar baldío. Que en tal sentido la pena de quince (15) años de reclusión mayor solicitada por el ministerio publico resulta consecuente con la magnitud del hecho delictual perpetrado y Fecha: 15 de agosto de 2016

    resulta un tiempo justo, prudente y suficiente para que el imputado al cumplir dicha pena, pueda regresar a la sociedad en condiciones de someterse al imperio de la ley” de ahí la pena aplicada resulta pena adecuada tomando en consideración el punto de vista preventiva, es decir, el fin de la pena es disuadir al autor de futuros hechos punibles, evitar las reincidencias (versión moderna de la teoría) y solo es indispensable aquella pena que necesite para lograrlo […]. 2) En el caso de la especie la Corte no advierte las alegadas violaciones en que ha incurrido el tribunal de sentencia al aplicar los parámetros del artículo 339 de la norma procesal vigente, por lo que no hay nada que reprocharle a los jueces de juicio, pues han dictado una sentencia apegada a lo establecido a las disposiciones consagradas en la norma de que se trata; por lo que dicha queja debe ser desestimada;

    Considerando, que esta Sala procede al análisis de manera conjunta de los medios propuestos por el recurrente, dada la vinculación existente entre ambos, los cuales versan sobre la falta de motivación de la decisión en cuanto a la motivación de la pena, lo cual es violatorio al artículo 24 del Código Procesal Penal, inobservancia al artículo 339 del mismo código, lo que hace que la sentencia sea manifiestamente infundada;

    Considerando, de lo antes dicho se colige, que contrario a lo alegado la Corte a-qua motivó correctamente el aspecto relativo a la violación al artículo 339 del Código Procesal Penal, que oportuno es precisar que dicho texto legal por su propia naturaleza no es susceptible de ser violado, toda Fecha: 15 de agosto de 2016

    vez que lo que provee son parámetros a considerar por el juzgador a la hora de imponer una sanción, pero nunca constituye una camisa de fuerza que lo ciñe hasta el extremo de coartar su función jurisdiccional; que además los criterios para la aplicación de la pena establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal no son limitativos en su contenido y el tribunal no está obligado a explicar detalladamente porqué no acogió tal o cual criterio o porqué no le impuso la pena mínima u otra pena, que la individualización judicial de la sanción es una facultad soberana del tribunal y puede ser controlada por un tribunal superior cuando esta atribución ha sido ejercida de manera arbitraria, cuando se trate de una indebida aplicación del derecho, o cuando el juez aplica indebidamente los aspectos de la determinación de la pena, siendo suficiente que exponga los motivos de la aplicación de la misma, tal y como hizo la Corte a-qua, en consecuencia se rechazan los alegatos del recurrente, quedando confirmada la decisión.

    Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado H.R., quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. Fecha: 15 de agosto de 2016

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia:

    FALLA:

    Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por C.R.G., contra la sentencia núm. 401/2015, de fecha 3 de septiembre de 2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;

    Segundo: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada;

    Tercero: Se eximen las costas del proceso;

    Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago.

    (Firmados).-F.E.S.S..-E.E.A.C.-HirohitoR..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.