Sentencia nº 868 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Noviembre de 2017.

Fecha de Resolución:29 de Noviembre de 2017
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 868

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 29 de noviembre del 2017, que dice así:

TERCERA SALA

Rechaza Audiencia pública del 29 de noviembre de 2017.

Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los señores Milagros Mercedes, L.A., R.V., R.P., M.A., F. delR., P.M. y M.A., de apellidos P.S., dominicanos, mayores de edad, Cédula de Identidad y Electoral núms. 041-0004255-7, 001-0794894-5, 041-0002408-4, 041-0001287-3, 041-0001286-5, 001-021941-0, 041-0002407-6 y 001-0185474-3, respectivamente, domiciliados y residentes en Montecristi, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 10 de marzo de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. M.P.S., por sí y Dr. R.A.G.S., abogados de los recurrentes, los señores Milagros Mercedes, L.A., R.V., R.P., M.A., F. delR., P.M. y M.A., de apellidos P.S.;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. F.S., por sí y Licdos. J.G.E.R. y M. de Tupete Quezada, abogados de los recurridos, Punta Mangle, S.A., y el señor J.F.M. De León;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de mayo de 2014, suscrito por el Dr. R.A.G.S. y el Licdo. M.P.S., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 041-0010178-3 y 001-0185474-3, abogados de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de julio de 2014, suscrito por los Licdos. J.G.E.R., J. De la Rosa Cabrera y M.Q. de Túpete, Cédulas núms. 031-0301305-2, 081-0007180-5 y 031-0356165-4, respectivamente, abogados de los recurridos, Punta Mangle, S.A. y el señor J.F.M. De León;

Que en fecha 12 de julio de 2017, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: M.R.H.C., P.; E.H.M. y S.I.H.M., asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de Casación;

Visto el auto dictado el 27 de noviembre de 2017, por el magistrado M.R.H.C., Presidente de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado M.A.F.L., Juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Visto la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de una Litis sobre Derechos Registrados en Cancelación de Certificado de Título núm. 137, de la Parcela núm. 127-A, del Distrito Catastral Núm. 6, del municipio de V.V., provincia de Montecristi, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Montecristi, dictó la sentencia núm. 2013-0089, de fecha 4 de abril de 2013, cuyo dispositivo se transcribe en la sentencia ahora impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia núm. 201400160 de fecha 10 de marzo de 2014, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge, en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el Dr. R.A.G.S., actuando en representación de los señores M.M.P.S., L.A.P.S., R.V.P.S., R.P.P.S., M.A.P.S., F. delR.P.S., P.M.P.S. y M.A.P.S., y rechaza en cuanto al fondo por improcedente según los motivos que contiene la presente decisión; Segundo: Acoge, las conclusiones presentada por los Licdos. J. De la Rosa Cabrera, M.Q. y J.G.E.R. en representación de la sociedad comercial Punta Mangle, S.A., debidamente representada por el señor J.F.M. De León (parte recurrida) por los motivos expuestos en los considerandos de esta sentencia; Tercero: Confirma, la decisión 2013-0089, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Montecristi, en fecha cuatro (4) del mes de abril del año 2013, con relación a la litis sobre derechos registrados en cancelación de Certificado de Título núm. 137, de la Parcela núm. 127-A, del Distrito Catastral núm. 6, del municipio de V.V., provincia Montecristi, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Se rechaza en todas sus partes los tres medios de inadmisión propuestos por la parte demandada Punta Angle S. A., y J.F.M. De León, por conducto de sus abogados: L.. M. Quezada De Túpete, por sí y por los Licdos. J.G.E.R. y Yulissa De la Rosa Cabrera, presentados en las audiencias de fechas 27-4-2010 y 31 de mayo del año 2012, por ser improcedentes y mal fundados en derecho, tal y como hemos establecido en las consideraciones de esta sentencia al respecto; Segundo: Se declara regular, buena y válida la presente demanda en cuanto a la forma por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a la ley, sin embargo, en cuanto al fondo se rechaza la presente demanda titulada: Cancelación Certificado de Título núm. 127-A del Distrito Catastral núm. 6 de V.V., incoada por los señores M.M.P.S., Cédula núm. 041-00422550-7; L.A.P.S., Cédula núm. 001-0794897-5; R.V.P.S., Cédula núm. 041-0002408-4; F.D.R.P.S., Cédula núm. 001-0002407-6; P.M.P.S., Cédula núm. 001-0185474-3, todos domiciliados y residentes en la ciudad de Montecristi, cuya parte estuvo representada en el proceso por el Dr. R.A.G.S., en contra de L.R.A.M. y/o Empresa Punta Mangle, S.A., y J.F.M. De León, por ser improcedente y mal fundada en derecho, tal y como consta en las consideraciones de esta sentencia, por haberse establecido lo siguientes; Que con la decisión núm. 1 de fecha 26 del mes de abril del año 1979, emitida por este Tribunal de Jurisdicción Original de Montecristi respecto del saneamiento y adjudicación de una porción de la Parcela 127, del D.C. 6 de V.V., así como, del cálculo de los rumbos y distancias del plano de origen de la Parcela 127-A, del D.C. 6 de V.V., la porción valorada , establecida y adjudicada de la Parcela 127, del D.C. 6 de V.V., provincia de Montecristi, a favor del Sr. L.R.A.M., que luego deslindada como parcela 127-A del D. C. 6 de V.V., real y efectivamente es la cantidad de: cientos nueve (109) Hectáreas, noventa y cinco (95) áreas y veintinueve punto dos (29.2) centiáreas; Tercero: Se declara que la intervención voluntaria hecha en el caso que nos ocupe por Longbay Holdings Investment Group, LTD, en virtud de lo que persigue y solicita, es improcedente y mal funda porque viola el principio de inmutabilidad del presente proceso, como hemos establecido en las consideraciones contenidas en esta sentencia al respecto; Cuarto: Se condena a la parte demandante M.M.P.S., L.A.P.S., R.V.P.S., R.P.P.S., M.A.P.S., F. delR.P.S., P.M.P.S. y M.A.P.S., y a la entidad interviniente Lomgbay Holdyng Investment, Group LTD., al pago de las costas ocasionadas por cada parte, en provecho de los abogados de la parte demandada Licda. M.Q. de Túpete, L.. J.G.E.R. y J. De la Rosa Cabrera; Quinto: Se ordena al Registrador de Títulos de Montecristi proceder al levantamiento de cualquier inscripción o nota precautoria surgida en ocasión de la presente litis”;

Considerando, que los recurrentes proponen como medios que sustentan su recurso los siguientes; Primer Medio: Desnaturalización de las pruebas y falta de ponderación para el valor probatorio; Segundo Medio: Violación al Artículo 1315 del Código Civil;

Considerando, que del desarrollo del primer y segundo medios de casación, los cuales se reúnen por su similitud, los recurrentes alegan en síntesis lo siguiente: “que el Tribunal a-quo juzgó ligeramente la motivación del juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Montecristi, incurriendo en errores que afectan la decisión dada en el Tribunal de Jurisdicción Original; que el Tribunal a-quo no observó las pruebas que les fueron presentadas, todo lo contrario, las desnaturalizó”;

Considerando, que la sentencia impugnada estableció lo siguiente; “Que, del estudio y ponderación del expediente, este tribunal ha podido comprobar, que el presente caso, de lo que se trata es de una cancelación de Certificado de Título núm. 137 por el hecho de que el Decreto de Registro que dio origen al mismo fue fruto de una alteración en el área de la Parcela 127-A, del Distrito Catastral núm. 6, del municipio de V.V., ya que en decreto consta con una área de 109 Has, 29 As, 02 Cas., cuando debió de ser 09 Has,. 29As, 02 Cas., sin embargo, ciertamente como considera la Juez a-quo en la sentencia recurrida, en el Decreto núm. 79-1595 de fecha 4 de diciembre del 1979 existe añadido al área de la parcela el término de “ciento” en letras y el número (1) a la cantidad 09 Has., con la finalidad de corregir el error cometido en cuanto a la superficie territorial de la parcela de referencia conforme al área que indica la sentencia de saneamiento y el plano definitivo que son los documentos que sirven de base y fundamento para que la secretaría general del tribunal superior de tierras del departamento correspondiente emita el correspondiente decreto de registro.”;

Considerando, que sigue diciendo el Tribunal a-quo; “Que, es un hecho no controvertido que el Decreto núm. 79-1595 de fecha 4 de diciembre del 1979 que declara investido con derecho de propiedad de la Parcela núm. 127-A, del Distrito Catastral núm. 6, del municipio de V.V. al señor L.R.A.M., al momento de transcribirlo se cometió un error, y que por inobservancia del secretario, al emitir dicho decreto, se hiciera figurar por error u omisión el área como 09 Has., 29 As., 02 Cas., situación ésta que no implica que todo haya sido fruto de un fraude como alega la parte recurrente, ya que lo que se hizo fue corregir el referido decreto agregando la palabra “ciento” donde decía Cero Nueve y poniendo el número (1) donde estaba (09), para que se lea “Ciento Cero Nueve (109) Hectáreas, Veinte y Nueve (29) Áreas y Cero Dos (02) Centiáreas” por ser la forma correcta lo cual ha sido comprobado por el Tribunal a-quo y este Tribunal Superior de Tierras, en virtud de las documentaciones que reposan en el expediente.”;

Considerando, que para formular su fallo el Tribunal a-quo lo hizo a la vista de los siguientes documentos; a) Copia Certificada del plano aprobado por la resolución de fecha 10 de octubre, por el Director General de Mensuras Catastrales la cual hace constar que la Parcela 127-A, del Distrito Catastral núm. 6 del municipio de V.V., tiene una extensión superficial de 109 Has, 95 As, 29.02 Cas; Decreto núm. 79-1595 de fecha 4 de diciembre del 1979 mediante el cual se declaró investido con el derecho de propiedad de la Parcela núm. 127-A, del Distrito Catastral núm. 6 del municipio de V.V., con una extensión superficial de 109 Has, 29 As, 02 C., al señor L.R.A.M.; Certificación núm. 15334 expedida en fecha 23 de noviembre del 2010 por el Director Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Norte mediante la cual se hace constar que los cálculos de los rumbos y la distancia de la parcela en litis son iguales, tanto el plano catastral como en la hoja de cómputos presentada por la agrimensora actuante, existiendo una diferencia de área 115.16 metros cuadrados por el cálculo del área de faja;

Considerando, que de lo transcrito anteriormente y del análisis de la sentencia impugnada esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha podido verificar que el caso de que se trata tiene como razón de ser la cancelación del Certificado de Título núm. 137 por el hecho de que el Decreto de Registro que dio origen al mismo, fue fruto de una alteración en el área de la Parcela núm. 127-A del Distrito Catastral núm. 6, del municipio de V.V.; que dicho decreto el cual se le hizo la enmienda o corrección estuvo a la vista de los Jueces del Tribunal a-quo, los cuales tuvieron la oportunidad de valorar la legalidad o no de dicho documento;

Considerando, que para poder comprobar su veracidad y si en el mismo se realizo algún acto fraudulento al momento de su enmienda, se hizo presente ante los jueces de fondo y se hicieron valer tanto la sentencia de saneamiento, la cual viene del proceso de saneamiento que se lleva a cabo, previo a la emisión del decreto, así como del plano definitivo el cual es previamente aprobado por la Dirección General de Mensuras Catastrales;

Considerando, que tanto el análisis de la sentencia de saneamiento así como el plano definitivo arrojaron que la Parcela núm. 127-A, del Distrito Catastral núm. 6 del municipio de V.V. posee una extensión superficial de 109 Has, 29 As., 02 C.; que ciertamente al momento de transcribirse el Decreto núm. 79-1595 de fecha 4 de diciembre del 1979 el cual declaraba el derecho de propiedad de la Parcela 127.-A del Distrito Catastral núm. 6 del municipio de V.V. al señor L.R.A.M., se cometió un error, y que dicha inobservancia del secretario al transcribir dicho decreto, en el cual figuraba la omisión en el área que en vez de decir 109 Has, 29 As., 02 Cas. Decía 09 Has., 29 As., 02 C. fue subsanada por el mismo secretario quien hizo la corrección en el mismo decreto;

Considerando, que conforme lo establecieron soberanamente, tanto el Juez del tribunal de Jurisdicción Original así como los jueces del Tribunal Superior de Tierras en sus respectivas decisiones, ciertamente hubo un error al momento de la transcripción del Decreto núm. 79-1595 de fecha 4 de diciembre del 1979, sin embargo, el mismo fue corregido por el secretario actuante; en ese entendido, somos de opinión que habiéndose comprobado la veracidad del mismo, a través de los documentos pertinentes, hace evidente que en la corrección del antes mencionado decreto no se incurrió en ningún tipo de fraude, por lo que la valoración de ambos tribunales se hizo de manera adecuada;

Considerando, que en cuanto a las violaciones invocadas por los recurrentes en sus medios de casación, el examen de la sentencia en su conjunto, muestra que ella contiene motivos suficientes que justifican plenamente su dispositivo, así como una exposición completa de los hechos y una descripción de las circunstancias de la causa que han permitido verificar que el Tribunal a-quo hizo en el caso de la especie, una correcta aplicación de la ley de los hechos soberanamente comprobados, sin incurrir en desnaturalización alguna; por todo lo cual los medios del recurso carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Milagros Mercedes, L.A., R.V., R.P., M.A., F. delR., P.M. y M.A., todos de apellidos P.S., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 10 de marzo de 2014, en relación con la Parcela núm. 127-A del Distrito Catastral núm. 6 del municipio de V.V., provincia Montecristi, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae a favor y provecho de los abogados de la parte recurrida, los Licdos. J.G.E.R., J. De la Rosa Cabrera y M.Q. de Tupete, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 29 de diciembre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la Restauración.

(Firmados) M.R.H.C.-EdgarH.M.-M.A.F.L.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.