Sentencia nº 87 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Marzo de 2013.

Fecha de Resolución18 de Marzo de 2013
EmisorSegunda Sala

Fecha: 18/03/2013

Materia: Penal

Recurrente(s): A.G.R.

Abogado(s): L.. R.F.F., C.A. de O.F.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s): D.M.C.A.

Abogado(s): L.. Roberto Morillo Segura

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S. y F.E.S.S., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 18 de marzo de 2013, años 170° de la Independencia y 150° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por A.G.R., dominicano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad y electoral núm. 079-0004208-1, domiciliado y residente en la calle R.D. núm. 13, del distrito municipal de Canoa del municipio de V.N., provincia B., imputado, contra la sentencia núm. 00179-12, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de B. el 5 de julio de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. R.F.F. y C.A. de O.F., a nombre y representación de A.G.R., depositado el 7 de agosto de 2012, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de B., mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de noviembre de 2012, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente A.G.R., y fijó audiencia para conocerlo el 14 de enero de 2012;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 3143, sobre Trabajo Realizado y No Pagado y Trabajo Pagado y No Realizado; la Ley núm. 76-02, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 1ro. de junio de 2010, los señores J.M.M. y C.T.M. presentaron querella con constitución en actor civil por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Barahona, en contra de A.R., imputándolo de trabajo pagado y no realizado, en virtud de los artículos 1 y 3 de la Ley núm. 3143 y artículo 401 del Código Penal Dominicano; b) que el Ministerio Público solicitó medida de coerción en contra del imputado, siendo apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de B., el cual dictó la medida de coerción núm. 00006-2011, el 15 de febrero de 2011; c) que en fecha 31 de marzo de 2011, los querellantes y actores civiles le solicitaron al Ministerio Público la conversión de acción pública en acción privada, la cual fue autorizada el 6 de agosto de 2011; d) que en virtud de la conversión fue apoderada la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de B., la cual dictó la sentencia núm. 107-2012-00009, el 20 de febrero de 2012, cuyo dispositivo establece lo siguiente: "PRIMERO: Desestima las conclusiones vertidas en audiencia por el imputado A.G.R. por mediación de su defensa técnica, por improcedentes e infundadas; SEGUNDO: Declara culpable al prevenido A.G.R., de violar las disposiciones de los artículos 1 y 3 de la Ley núm. 3143 de fecha 11 de diciembre de 1951, G.O. 7363; que tipifican y sancionan el delito de trabajo pagado y no realizado, en agravio de los querellantes y actores civiles los señores J.M.M. y C.T.M.; y en consecuencia, lo condena a dos meses de prisión correccional, a ser cumplidos en la cárcel pública de Barahona; a una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00) más las costas penales, acogiendo circunstancias atenuantes a favor; TERCERO: Dispone la suspensión total de la prisión impuesta bajo la condición que deberá cumplir con el trabajo acordado con los querellantes; CUARTO: Declara buena y válida en la forma, la constitución en actor civil presentada por los señores J.M.M. y C.T.M., por mediación de su abogado constituido, por haberla presentado en tiempo hábil y conforme al derecho; QUINTO: En cuanto al fondo, condena al señor A.G.R., a pagar una indemnización de Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00), a favor de los señores J.M.M. y C.T.M., como justo pago a los daños y perjuicios ocasionados por su hecho ilícito; SEXTO: Condena al señor A.G.R., al pago de las costas civiles del proceso a favor del L.. Y.R., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SÉTIMO: D. lectura íntegra de la presente sentencia para el día jueves quince (15) de marzo del año 2012 a las 3:00 P.M., valiendo convocatoria para las partes presentes y representadas"; e) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, siendo apodera la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de B., la cual dictó la sentencia núm. 00179-12, objeto del presente recurso de casación, el 5 de julio de 2012, cuyo dispositivo establece lo siguiente: "PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado A.G.R., contra la sentencia núm. 107-201-00009, de fecha 20 de febrero del año 2012, leída íntegramente el día 15 de marzo del mismo año, por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones de los abogados de la defensa del imputado, por improcedentes; TERCERO: Condena al imputado recurrente al pago de las costas penales y civiles, estas últimas en provecho del L.. Y.R.";

Considerando, que el recurrente A.G.R., por intermedio de sus abogados, propone contra la sentencia impugnada, el siguiente medio: "Único: La ilogicidad en motivación de la sentencia y falta de valoración de las pruebas";

Considerando, que en el desarrollo de su medio, el recurrente plantea en síntesis lo siguiente: "Que el Tribunal a-quo no valoró las declaraciones del imputado en lo referente al contrato de trabajo de las partes en el proceso, al momento de que las declaraciones del imputado, ha dicho toda la verdad de los acuerdos de trabajo, en el sentido de que los querellantes no aportaron en su demanda, la falta que él había cometido, muy por el contrario él laboró en la limpieza de esos terrenos, dándole cumplimiento a lo acordado en dicho contrato, había terminado el 90% de los trabajos realizados y la parte querellante sólo le había dado Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de lo acordado que eran Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00), restándole Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00); en consecuencia, la parte querellante y actores civiles fueron que incumplieron con el pago de los acuerdos entre las partes que las pruebas aportadas por la parte querellante lo único que sustentaba como prueba era la declaración de los testigos aportados, la cual eran los mismos querellantes; que los jueces debieron motivar en cuanto al recurso de apelación del imputado, ya que había dicho toda la verdad, y al momento de fallar debieron tomar en cuenta que este proceso se inició de manera formal por la jurisdicción de instrucción como acción pública a instancia privada, en la cual debió acudir el Ministerio Público a las audiencias para de esta forma el representante del Ministerio Público haga la investigación de lugar y pueda rendir su informe si hubo o no violación a los trabajos pagados y no realizados y no la parte querellante; que los magistrados debieron de examinar su competencia con lo referente al contrato, ya que estos son las voluntades de las partes; que los querellantes debieron demandar por ante los tribunales civiles por incumplimiento de contrato";

Considerando, que la Corte a-qua para referirse a la valoración de las declaraciones del imputado, dijo lo siguiente: "Que contrario a lo planteado por el imputado recurrente, el Tribunal a-quo valoró los medios de pruebas sometidos a su consideración, valorando el testimonio del querellante y actor civil J.M.M., en el sentido de que ese órgano judicial les ha dado entero crédito y las ha retenido como ciertas por lucirle más sinceras que las expresadas por el procesado A.G.R., por ser más concretas, coherentes y ajustadas a los hechos y circunstancias de la causa. En cuanto al testimonio del querellante y actor civil señor C.T.M., el Tribunal a-quo dijo que han sido retenidas como expresiones más sinceras que las expresadas por el acusado, toda vez que no sólo por el hecho de guardar mayor afinidad con las expresadas por J.M.M., sino porque la coherencia y sinceridad exhibidas en audiencia por ambos crearon un ambiente de certeza y credibilidad de que realmente así fue como aconteció el hecho atribuido al encartado, quien luego de recibir jugosas partidas de dinero y combustibles, no cumpliera a cabalidad con su compromiso pactado con dichos querellantes, acudiendo a métodos evasivos y rebeldes, pudiendo ser destruida su presunción de inocencia. En cuanto al testimonio de C.N., el tribunal dice que si bien con dicho testimonio no se comprueba que el acusado incumplió con el trabajo acordado, se comprueba que dicho acuerdo se practicó en su presencia y que al imputado se le entregó dinero en su oficina para tales fines, lo cual fortalece la prueba presentada por los querellantes y actores civiles en contra de dicho justiciable, estando las declaraciones de estos testigos recogidas en otra parte de la presente sentencia, haciendo el Tribunal a-quo una correcta valoración de los testimonios sometidos a su consideración y debatidos en el juicio oral, público y contradictorio";

Considerando, que en cuanto al argumento de que no se valoró su declaración, en el sentido de que cumplió su trabajo en un 90%, que le pagaron RD$100,000.00, restándole la cantidad de RD$50,000.00, que la parte querellante y actores civiles fueron que incumplieron con el pago de lo acordado y que los querellantes no aportaron en la demanda su falta, la Corte a-qua le dijo lo siguiente: "Que respecto a los argumentos expuestos por el imputado por intermedio de su defensa técnica, el Tribunal a-quo dijo que el acusado no demostró al tribunal que trabajó en los terrenos de los querellantes el 90% que ha pagado, pues si bien a este no le competía demostrar su inocencia en el juicio, sí le competía demostrar que ha realizado el 90% del trabajo que alegadamente hizo, lo cual por no haber mostrado pruebas fehacientes al respecto carecen de relevancia sus argumentaciones y por ende han de ser desestimadas, consideraciones estas que frente a la valoración de los testimonios de los querellantes y actores civiles lucen correctas, y en ese sentido el medio argüido debe ser desestimado";

Considerando, que en términos de función jurisdiccional de los tribunales, la valoración de los elementos probatorios no es una arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del juzgador, sino que se trata de una tarea que se realiza mediante una discrecionalidad racional jurídicamente vinculada a las pruebas que hayan sido sometidas al proceso en forma legítima y que se hayan presentado regularmente en el juicio oral, mediante razonamientos lógicos y objetivos;

Considerando, que en la especie, la Corte a-qua le dio entera credibilidad a las declaraciones de J.M.M. y C.T.M., deponentes en la audiencia de primer grado en calidad de testigos-víctimas, quienes contrataron al imputado para la limpieza y nivelamiento de una propiedad agrícola ubicada en la sección Monte Grande del municipio de V.N., en su condición de tractorista, para determinar el incumplimiento del trabajo, no obstante al momento de dicha valoración deja de lado la lógica y las máximas de la experiencia, toda vez que, no establece cuál fue el motivo que conllevó a la paralización del trabajo, no brinda una motivación adecuada sobre cuál era la cantidad de trabajo a realizar y pese a la discrepancia existente entre las partes sobre la cantidad concluida, no hace una valoración conforme al principio de igualdad al asumir como válido sin otro medio de prueba, sólo lo expuesto por los querellantes y actores civiles (quienes expresaron que el imputado cumplió en un 20% su trabajo, en otra ocasión refieren que solo cumplió en un 30% con lo que habían pactado, un equivalente a 16 tareas de tierras; que se trata de un terreno grande de unas 100 tareas); sin embargo, la Corte a-qua consideró que el imputado debió probar que él cumplió con el 90% del trabajo encomendado, cuando dicha sentencia no precisa qué cantidad de trabajo debió realizar el imputado, además de que ambas partes reconocen de manera fehaciente que para la ejecución de los trabajos el imputado recibió la suma de RD$100,000.00, como avance a lo pactado y que le entregaría RD$10,000.00 a los querellantes y actores civiles como comisión por haberle asignado dicho trabajo, ya que la propiedad no es de éstos; por lo que, en ese tenor, las motivaciones brindadas por la Corte a-qua resultan insuficientes para sostener una correcta aplicación de los hechos conforme al derecho; en consecuencia, procede acoger dicho aspecto;

Considerando, que respecto al planteamiento de que el proceso inició por la jurisdicción de la instrucción como acción pública a instancia privada, en la cual se debió acudir al Ministerio Público para que haga la investigación de lugar y pueda rendir su informe de si hubo o no violación a los trabajos pagados y no realizados; la Corte a-qua contestó lo siguiente: "Que el imputado recurrente alega que el Tribunal a-quo al momento de fallar debió tomar en cuenta que este proceso se inició de manera formal por la jurisdicción de la instrucción como acción pública a instancia privada, en la cual debió acudir el Ministerio Público a las audiencias, para que de esta forma haga la investigación de lugar y pueda rendir su informe si hubo o no violación a los trabajos pagados y no realizados, y no la parte querellante, pero viene a ser que según se puede comprobar del análisis de la sentencia recurrida, mediante auto sin número de fecha 6 de agosto de 2011, el Magistrado M.E.C.R., a pedimento del L.. Y.R., en representación de los querellantes y actores civiles J.M.M. y C.T.M., autoriza la conversión de la acción pública a privada del proceso seguido al nombrado A.G.R., por violación a la Ley 3143, sobre Trabajo Pagado y No Realizado, estando esta disposición contenida en el artículo 33 del Código Procesal Penal, el cual establece que el Ministerio Público puede, a petición de la víctima autorizar la conversión de la acción pública en privada, sino existe un interés público gravemente comprometido en los siguientes casos: 1.- Cuando se trate de un hecho punible que requiera instancia privada, salvo en los casos de excepción previstos en el artículo 31; 2.- Cuando se trate de un hecho punible contra la propiedad realizada sin violencia grave contra la persona; cuando el Ministerio Público dispone la aplicación de un criterio de oportunidad…; que las excepciones previstas en el artículo 31 del Código Procesal Penal, se refieren a que cuando el hecho punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o representante legal, el Ministerio Público ejerce directamente la acción pública. En el caso que nos ocupa no es en perjuicio de un incapaz, por lo que el Ministerio Público tenía calidad para convertir la acción pública en privada a petición de los querellantes, por lo que el planteamiento hecho por la parte recurrente carece de fundamento";

Considerando, que ciertamente el proceso inició como acción pública a instancia privada, pero al ser concedida la conversión de la acción pública a instancia privada, en acción privada quedaba excluida la actuación del Ministerio Público durante el transcurso del proceso y sólo podría realizar algunas gestiones si la parte querellante y actora civil solicitaba al juez el auxilio judicial previo, a fin de que autorice a este funcionario (Ministerio Público) a realizar alguna medida para el esclarecimiento del proceso, en virtud de lo que dispone el artículo 360 del Código Procesal Penal, lo cual no ocurrió en el caso de que se trata; en tal sentido, dicha conversión no le causó ningún agravio al hoy recurrente y la motivación brindada por la Corte a-qua fue suficiente, precisa y conforme al derecho, por lo que dicho aspecto carece de fundamento;

Considerando, que con relación al último planteamiento expuesto por el hoy recurrente de que la Corte a-qua no observó lo relativo a su competencia, por ser los hechos de naturaleza civil; se advierte que contrario a lo expuesto por el recurrente, la Corte a-qua sí motivó de manera adecuada lo relativo a su competencia, al establecer lo siguiente: "Que alega también el imputado recurrente que el Magistrado a-quo debió examinar su competencia con lo referente al contrato, ya que los contratos son las voluntades de las partes; que lo que debieron hacer las partes querellantes era demandar ante los tribunales civiles por el incumplimiento de contrato, pero viene a ser que si bien es cierto los contratos entre partes vienen a ser la ley entre ellos, y en ese sentido ciertamente los tribunales civiles son los competentes para dirimir los conflictos por incumplimiento de contratos, no es menos cierto que en muchos casos el contenido de lo tratado entre las partes y que se hace constar mediante contrato, la violación es de carácter penal y no civil, como ocurre en la especie, en que el incumplimiento de realizar el trabajo que le fue pagado conlleva una sanción penal según lo establece la Ley núm. 3143, de fecha 11 de diciembre de 1951, por lo que la jurisdicción competente para juzgar el caso, es la jurisdicción penal, y en ese sentido, el argumento esgrimido carece de fundamento"; por consiguiente, dicho planteamiento carece de fundamento y de base legal; en tal virtud, se desestima;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto A.G.R., contra la sentencia núm. 00179-12, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de B. el 5 de julio de 2012, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; en consecuencia, casa dicha sentencia; Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, a fin de que realice una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación en cuanto al punto delimitado; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.

Firmado: M.C.G.B., E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.