Sentencia nº 88 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Julio de 2015.

Fecha de Resolución:15 de Julio de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

Procesada: Dra. N.C. Sosa Rodríguez

Sentencia Núm. 88

G.A. De Subero, secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha 15 de julio de 2015, que dice:

Audiencia del 15 de julio del 2015. Preside: M.G.M..

República Dominicana

En Nombre de la República, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, como jurisdicción disciplinaria, dicta la sentencia siguiente:

Con relación a la causa disciplinaria seguida a la procesada Dra. N.C.S.R., dominicana, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No. 001-04805697-6, abogada de los tribunales de la República, Notario Público de los del número para el Distrito Nacional, domiciliada y residente en la calle Puerto Rico No. 91, Altos, Alma Rosa Primero, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, procesada por alegada violación a los Artículos 8, 56 y 61 de la Ley No. 301, del 30 de junio de 1964, sobre N.;

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol y llamar a la procesada Dra. N.C.S.R., Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, quien estando presente declaró ser: dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-04805697-6, domiciliada y residente en la calle Puerto

Dios, Patria y Libertad Procesada: Dra. N.C. Sosa Rodríguez

Rico No. 91, Altos, Alma Rosa Primero, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo;

Oído: al alguacil llamar a la querellante, Sra. A.M.H., quien no ha comparecido a la audiencia;

Oído: al Dr. H.R.M.C., quien tiene la defensa de la procesada, Dra. N.C.S.R., en el presente proceso;

Oído: al representante del Ministerio Público en la presentación del caso, dejar apoderada a la Suprema Corte de Justicia;

Oído: al abogado de la parte querellada, Dr. H.R.M.C., confirmar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la debida citación de la querellante, A.M.H., mediante acto de alguacil No. 580/2014, del diecinueve (19) de agosto del 2014, notificado por R.P.R., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a requerimiento de la procesada N.S.R., hablando personalmente con ella;

Oído: al representante del Ministerio Público en la presentación del caso y dejar apoderada a la Suprema Corte de Justicia;

Vista: la querella disciplinaria del treinta (30) de julio del Dos Mil Trece (2013) interpuesta por la señora A.M.H., en contra de la abogada notario público para el Distrito Nacional, Dra. N.C.S.R., por presunta irregularidad en el ejercicio de sus funciones notariales; Procesada: Dra. N.C. Sosa Rodríguez

V.: el escrito de defensa, del trece (13) de septiembre del Dos Mil Trece (2013), depositado por la procesada, Dra. N.C.S.R.;

V.: el escrito de conclusiones, depositado por el Ministerio Público ante esta Suprema Corte de Justicia, en la audiencia del día dos (02) de septiembre del Dos Mil Catorce (2014);

Vista: la Constitución de la República, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, de los cuales la República Dominicana es signataria, y la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio del año 2011;

Vista: la Ley No. 301, del 30 de junio de 1964, sobre N.;

V.: la Ley No. 76-02, del 19 de julio del 2002, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana;

Vista: la Ley No. 111-1942, del 3 de noviembre de 1942, sobre exequátur;

V.: el Reglamento No. 6050, del 10 de octubre de 1949, para la policía de las profesiones jurídicas;

V.: el Decreto No. 1290, del 2 de agosto de 1983, que ratifica el Código de Ética del Colegio de Abogados de la República Dominicana;

Resulta: que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se encuentra apoderado de una querella disciplinaria, contra la Notaria Pública N.C.S.R., interpuesta por la señora A.M.H., por alegadas irregularidades en el Procesada: Dra. N.C.S.R.

ejercicio de sus funciones como Notaria, violando los artículos 8, 56 y 61 de la Ley No. 301, del 30 de junio de 1964, sobre N.;

Resulta: que con motivo de una querella disciplinaria de fecha treinta (30) de julio de 2013, contra la Notario Público Dra. N.C.S.R., por presunta violación a los Artículos 8, 56 y 61 de la Ley No. 301, del 30 de Junio del 1964, sobre N.; el magistrado M.R.H.C., en funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por Auto No. 49-2014, de fecha primero (1ro.) de julio de 2014, llamó a la magistrada B.B. de G., Jueza Presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para completar el quórum del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, para conocer este caso en Cámara de Consejo;

Considerando: que el Art. 8 de la Ley No. 301, del 30 de junio de 1964, sobre N. establece:

“Los notarios serán juzgados disciplinariamente por la Suprema Corte de
Justicia constituida en Cámara Disciplinaria, pudiendo aplicar como penas,
multas que no excedan de Quinientos pesos oro (RD$500.00) y suspensión temporal que no pase de dos años o la destitución, según la gravedad del
caso”.

Considerando: que, en ese mismo sentido, el Art. 61 de Ley No. 301, del 30 de junio de 1964, sobre N. dispone:

“Los Notarios solo podrán ser destituidos por la Suprema Corte de Justicia. La destitución se aplicará: 1ro. Por inconducta notoria; 2do. Por faltas graves en el ejercicio de sus funciones que no estén previstas en la presente Ley; 3ro. Cuando el Notario hubiere sido condenado más de tres veces en un año, por infracciones a la presente ley; 4to. Cuando la destitución es pronunciada por la Ley”; Procesada: Dra. N.C. Sosa Rodríguez

Considerando: que, por aplicación de las dos disposiciones legales precedentemente transcritas, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia es la jurisdicción competente para conocer de los procesos disciplinarios llevados en contra de los Notarios Públicos de la República Dominicana;

Resulta: que, luego del apoderamiento y presentación del caso, por parte del Ministerio Público, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia cedió la palabra a la abogada de la parte denunciante, L.da. O.G., para referirse al apoderamiento;

Resulta: que, con relación al pedimento que realizó la abogada de la parte denunciante, L.da. O.G., sobre la suspensión del proceso a los fines de realizar una experticia caligráfica a la firma de la procesada, en la audiencia del primero (1ro.) de julio de 2014, la jurisdicción falló:

Primero: Rechaza la solicitud de suspensión a los fines de que se realice una experticia caligráfica a la firma de la señora N.C.S.R.; Segundo: Ordena la continuación del proceso”;

Resulta: que, con relación al pedimento que realizó la abogada de la parte denunciante, L.da. O.G., sobre el aplazamiento de la audiencia a los fines de que se encuentre presente la querellante y el abogado titular, en la audiencia del primero (1ro.) de julio de 2014, la jurisdicción falló:

Primero: Pospone el conocimiento de la presente audiencia a los fines de dar oportunidad a la parte accionante y su abogado titular de estar presentes y presentar su estrategia de defensa; Segundo: Fija la próxima audiencia para el día dos (02) de septiembre de 2014, a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), quedando citadas las partes presentes y representadas y la testigo presente en esta audiencia, señora M.M.; Tercero: Ordena la citación de la parte no presente, Sra. Azize Procesada: Dra. N.C. Sosa Rodríguez

M., quedando a cargo del Ministerio Público la citación correspondiente”;

Resulta: que en la audiencia de fecha dos (02) de septiembre de 2014, fue conocido el fondo del caso de que se trata y al efecto, antes de referirse a las pruebas documentales, el Ministerio Público le manifestó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia:

Antes de hacer la referencia a la pruebas, queremos manifestarle a este honorable Tribunal que en fecha 20 de febrero del año 1997, la Dra. N.C.S.R., Notaria Pública de los del Número del Distrito Nacional, instrumentó, certificó y legalizó un poder para la venta de una mejora, donde supuestamente la señora querellante, A.M.H., autoriza al señor V.M.H. a vender dicha mejora, edificada dentro del solar No. 98, de la manzana No. 39, del Distrito Catastral No. 1, del municipio de Neyba, provincia Bahoruco, propiedad de la sucesión W.M. y N.H., donde se falsificó la firma de la querellante, Sra. A.M.H., ya que ésta nunca ha comparecido ante la procesada, Dra. N.C.S.R., a estampar su firma, en el poder de referencia, ni ningún otro poder autorizando a vender bienes muebles ni inmuebles de dicha sucesión. Lo que constituye una violación a las disposiciones contenidas en los artículos 8, 56 y 61 de la Ley No. 301, del 30 de junio de e1964, sobre N., lo cual conlleva una sanción consistente en la destitución de la notaría

.

Resulta: que, luego de la instrucción de la causa disciplinaria, el Ministerio Público concluyó:

“Primero: Que la Dra. N.C.S.R., sea declarada culpable de violar los Artículos 8, 56 y 61 de la Ley 301 del 30 de junio del 1964, sobre N. y en consecuencia sea sancionada con la destitución, por haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones de notaría. Procesada: Dra. N.C. Sosa Rodríguez

Segundo: Que la sentencia a intervenir sea notificada al Colegio de
Notarios de la República Dominicana, a las partes y publicar en el boletín
judicial, para los fines correspondientes.”

Resulta: que en la querella interpuesta contra la Dra. N.C.S.R., el treinta (30) de julio de 2013, la querellante, Sra. A.M.H. solicitó:

“ÚNICO: Presentar formal querella en acción disciplinaria en contra de la Dra. N.C.S.R., Notario Público del Distrito Nacional, Exequátur No. 230-92, de fecha 20 de julio de 1992, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0480567-6, (…) por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de A.M.H.”.

Resulta: que, en la querella disciplinaria del treinta (30) de julio del 2013, la Sra. A.M.H., representada por el Dr. M.A.R.M., fundamenta la presente acción en los siguientes hechos:
1. Que, alegadamente, la Dra. N.C.S.R., en fecha 20 de febrero del 1997, legalizó la firma supuestamente en su presencia, de la señora A.M.H., en un poder para venta de mejoras a favor del Sr. V.M.H., mediante el cual lo autoriza a vender una mejora consistente en una casa de madera criolla, techada de zinc y con pisos de cemento, edificada dentro del Solar No.9, de la manzana No.39, del Distrito Catastral No.1, del municipio de Neyba, provincia Bahoruco, propiedad de la sucesión W.M. y N.H.;

  1. Que la Sra. A.M.H. nunca ha comparecido ante la Notario Público Dra. N.C.S.R., Abogada Notario Público del Distrito Nacional, a estampar su firma en el Poder de referencia, ni en ningún Procesada: Dra. N.C.S.R.

otro poder autorizando a V.M.H., ni a otra persona a vender bienes muebles ni inmuebles de la sucesión W.M. y N.H.;
3. Que, supuestamente, la procesada certificó la firma en presencia de dos testigos, de nombres L.. R.A.P.G. y L.da. B.B.N.;

Resulta: que en su escrito de defensa, la procesada, Dra. N.C.S.R., y su abogado, Dr. H.M.C., concluyeron:

“PRIMERO: Que sea acogido el presente escrito y conclusiones de defensa
en respuesta de la denuncia incoada por la señora A.M.H., presentada por conducto de su abogado, Dr. M.A.R.M.,
en fecha 30 de julio del año 2013, por ante esa Honorable Corte, en sus atribuciones disciplinarias;

SEGUNDO: Que no se retenga ninguna infracción en contra de la Dra.

N.C.S.R., por no haber actuado ni por lucro, ni por mala fe,
al estampar su firma y sello notarial en el citado poder para venta de
mejoras, de fecha 20 de febrero de 1997, firmado por la prestante y pundonorosa familia M., sino que actuó confiada y en solidaridad profesional. Y HAREIS JUSTICIA. BAJO RESERVAS. En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 22 días del mes de agosto del año 2013”.
Considerando: que, como se consigna al inicio de esta sentencia, se trata de un proceso disciplinario seguido contra la Dra. N.C.S.R., en ocasión de una querella de fecha treinta (30) de julio de 2013, interpuesta por la Sra. A.M.H., por presunta violación a los Arts. 8, 56 y 61 de la Ley No. 301, del 30 de junio de 1964, sobre el N. Dominicano;

Considerando: que según el Artículo 1 de la Ley No. 301, del 30 de junio de 1964: “Los Notarios son los Oficiales Públicos instituidos para recibir los actos a los
cuales las partes deban o quieran dar el carácter de autenticidad inherente a los
actos de la autoridad pública y para darles fecha cierta, conservarlos en
Procesada: Dra. N.C.S.R.

depósito y expedir copias de los mismos. Tendrán facultad además, para legalizar las firmas o las huellas digitales de las partes, en la forma establecida por la presente Ley”;

Considerando: que según el Artículo 56 de la Ley No. 301, del 30 de junio de 1964: “Los Notarios tendrán facultad para dar carácter de autenticidad a las firmas estampadas por los otorgantes de un acto bajo firma privada. El Notario dará
carácter de autenticidad a dichas firmas sea declarando haber visto poner las
mismas voluntariamente, sea dando constancia de la declaración jurada de
aquella persona cuya firma legaliza, de que la misma es suya y que fue puesta voluntariamente en la fecha indicada en el acto
”;

Considerando: que, en síntesis, la formal acusación en contra de la Notario Público para el Distrito Nacional, Dra. N.C.S.R., consiste en haber instrumentado, certificado y legalizado un acto notarial, contentivo de un poder de venta, cuya supuesta poderdante, la Sra. A.M.H., no firmó en su presencia, violando lo dispuesto en la legislación que regula el ejercicio notarial;

Considerando: que la procesada, Dra. N.C.S.R., explica, en síntesis, que ciertamente legalizó las firmas contenidas en dicho acto debido a que ésto le fue solicitado por la Dra. M.M.V.. E., con quien mantiene una relación de alta confianza y afecto desde hacía años atrás a la legalización del documento;

Considerando: que la L.da. F.V.V., Asistente de la División de Oficiales de la Justicia de la Dirección de Carrera Judicial y Administrativa, realizó un informe como consecuencia de la presente querella disciplinaria, cuya conclusión es:

“La Dra. N.C.S.R. incurrió en falta al legalizar el contrato de fecha 20 de febrero de 1997, ya que la señora A.M.H. no firmó en su Procesada: Dra. N.C.S.R.

presencia ni le declaró que la firma estampada fuera suya, lo que violenta el artículo 56 de la Ley No. 301, de 1964, sobre N.”.

Considerando: que, con relación a los medios de prueba escrita, el Ministerio Público depositó copia del acta notarial contentiva del Poder para la venta de una mejora, instrumentado por la Notario Público Dra. N.C.S.R., de fecha 20 de febrero del 1997; con el cual pretende demostrar la falta cometida por la Notario Público procesada, quien, alegadamente, incurrió en la violación de los Arts. 8, 56 y 61 de la Ley 301, del 30 de junio de 1964, sobre N.;

Considerando: que, tanto en su escrito de defensa, como en la investigación realizada por la L.da. F.V.V., quien pertenece a la División de Oficiales de la Justicia de la Dirección de Carrera Judicial y Administrativa, la procesada admitió haber legalizado la firma de la Sra. A.M.H., sin su presencia, en el poder para venta de mejoras, del 20 de febrero de 1997;

Considerando: que, al haber reconocido los hechos que se le atribuyen en el ejercicio de la Notaría Pública, mediante la legalización de la supuesta firma de la Sra. A.M.H., contenida en el Poder de venta de mejora, del 20 de febrero del 1997, sin haber estado presente la firmante, releva de la necesidad de otros medios probatorios, debido a que los hechos imputados dejan de ser controvertidos de manera inmediata;

Considerando: que, en las circunstancias fácticas descritas, este Pleno es de criterio que el procesado ha cometido faltas en el ejercicio de la notaría, al autenticar la supuesta firma de la señora A.M.H., quien no estuvo presente al momento de la legalización y nunca se presentó ante la procesada; lo que evidencia que Procesada: Dra. N.C.S.R.

la Dra. N.C.S.R. no cumplió con su deber de verificar que la indicada firma fuera puesta por dicha señora;

Considerando: que el comportamiento de la procesada constituye un descuido inaceptable jurídicamente, lo que confirma la comisión de la falta que se le imputa y justifica que el mismo sea sancionado;

Considerando: que, siendo la confesión una expresión voluntaria y libre del procesado, en la cual reconoce la comisión de la falta imputada, se debe entender como una unidad y, por lo que, en principio, no puede ser dividida en perjuicio del procesado; por ejemplo, aceptando aquello que lo perjudique e ignorando el aspecto que lo beneficie o atenúe su responsabilidad;

Considerando: que la potestad disciplinaria, enmarcada dentro del Derecho Administrativo Sancionador, está regida por importantes Principios Generales del Derecho, tales como el Principio de Legalidad y el principio nulla poena sine previa lege;

Considerando: que, en orden a estos y otros principios y garantías fundamentales, la jurisdicción disciplinaria está dotada de una potestad de carácter reglado, por lo que debe ser cuidadosamente ejercida con sujeción a la normativa sobre la materia; sin embargo, esta jurisdicción comparte igualmente el criterio de renombrada doctrina, que expone la necesidad de una razonable discrecionalidad, tanto en la escala de las sanciones como en el carácter abierto de los tipos que describen las conductas sancionables;

Considerando: que la acción disciplinaria cuyo objeto es la supervisión de los Notarios, en su condición de Oficiales Públicos, se fundamenta en la preservación de la moralidad profesional y el mantenimiento del respeto a las leyes en interés del público; Procesada: Dra. N.C. Sosa Rodríguez

Considerando: que durante el presente proceso disciplinario llevado en contra de la Dra. N.C.S.R., Notario Público para el Distrito Nacional, se han respetado todas las garantías procesales, y de manera particular, el derecho a la no autoincriminación, aún cuando la procesada admitió las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones como Notario Público;

Considerando: que, para la decisión del presente proceso, esta jurisdicción ha estimado las situaciones fácticas que condujeron a la Notario Público a la comisión de los hechos que se les imputa y que mitigan las sanciones disciplinarias imponibles a este tipo de inconducta, por lo que, en orden al Principio de Equidad, resultan esenciales para concluir con una resolución justa, particularmente, en cuanto a la sanción correspondiente;

Por tales motivos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones disciplinarias y vistas las disposiciones legales que sirven de fundamentación a la presente decisión, FALLA:

PRIMERO:

Declara a la Dra. N.C.S.R., Notario Públicopara el Distrito Nacional, culpable de haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones como Notario Público, violando las disposiciones de los Artículos 8 y 56 de la Ley 301, del 30 de junio de 1964, sobre N. Dominicano;

SEGUNDO:

Impone una sanción de seis (06) meses de suspensión en el ejercicio de sus funciones notariales, a la Dra. N.C. Procesada: Dra. N.C. Sosa Rodríguez

Sosa Rodríguez, Notario Público para el Distrito Nacional, a partir de la publicación de la presente decisión;

TERCERO:

Ordena que la presente decisión sea comunicada al Colegio Dominicano de Notarios, al Procurador General de la República, a las partes interesadas y publicada en el Boletín Judicial.

Así ha sido hecho y juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, como jurisdicción disciplinaria, y la sentencia pronunciada por el mismo, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, en su audiencia del día quince
(15) de julio de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.

(Firmados).-M.G.M..-Julio C.C.G..-M.G.B.R.H.C.íctor J.C.E.I.H.M..-J.A.C.A..-F.E.S.S..-A.A.M.S.A.J.M.H.R.C.C.P.Á..-F.A.O.P..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.